Este domingo alrededor de las 08:20 horas, el sargento de Carabineros de iniciales F.N.M. y el cabo primero C.R.R. transitaban por calle El Roble, sector norte de Antofagasta, momento en que intentaron fiscalizar a dos personas que se encontraban en el lugar.
Uno de ellos -el imputado de iniciales J.L.G.- al ver la presencia policíal se da a la fuga por calle El Roble hacia el sur, siendo perseguido por los funcionarios, instante en que al verse perseguido extrajo desde sus vestimentas un arma de fogueo con la cual apuntó y amenazó al cabo 1°, percutando un disparo a quemarropa a la altura del cuello del funcionario.
El carabinero resultó con un eritema leve en el sector izquierdo del cuello. El sujeto continuó escapando hasta un sitio eriazo ubicado en calle Juan Bolívar con Victor Farías, lugar donde arrojó el arma con la cual disparó al piso.
Además, el individuo se despojó del chaleco que llevaba puesto y se escondió tras un sofá, lugar donde el personal policial procedió a detenerlo. Instante, en el que sujeto habría manifestado "quería pitiarme a un paco culiao".
En tanto, fue recuperada el arma que corresponde a una pistola de fogueo calibre 9 mm, la que en su cargador mantenía cinco cartuchos de fogueo del mismo calibre y un cartucho de fogueo adaptado para el disparo -por un arma de fuego convencional- ya que introdujeron en su punta un proyectil de plomo, con el objeto de ser disparado al espacio.
El fiscal Liborio Fajardo, a cargo de la investigación del caso, sostuvo que "del análisis del arma utilizada en el ataque se ha establecido que se trata de una a fogueo, la cual, no es apta para el disparo de municiones y tampoco para poner en riesgo la vida humana. Por lo cual, se descartó el delito de homicidio frustrado".
"Sin embargo, este ataque permitió formalizarlo por tres delitos diversos: amenazas a carabineros en servicio, maltrato de obra a carabineros en servicio (por las lesiones provocadas al funcionario); y porte de una munición artesanal", detalló el fiscal.
Tras la formalización, el Juzgado de Garantía impuso las cautelares de arraigo y prohibición de acercamiento a la víctima, fijando un plazo de 90 días para realizar la investigación.
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