La Universidad Católica del Norte (UCN) se pronunció finalmente sobre la controversia en torno al proyecto Transient Objects Monitoring (TOM), desarrollado junto al Observatorio Astronómico Nacional de China (NAOC) en cerro Ventarrones, Antofagasta. Mediante un comunicado, la UCN defendió la legalidad del acuerdo, firmado en enero de 2023, asegurando que ha cumplido con la institucionalidad vigente y que colabora activamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), que encabeza la revisión del convenio. La evaluación fue activada tras cuestionamientos legales y presiones diplomáticas, principalmente desde Estados Unidos, que advierte un posible riesgo estratégico en la iniciativa. “Estamos trabajando estrechamente con Cancillería, entregando toda la información necesaria para una evaluación clara y con visión de futuro”, afirmó la universidad, destacando que el proyecto refleja su vocación científica y su compromiso con el desarrollo regional. El proyecto TOM, con una inversión superior a los 80 millones de dólares, ha sido centro de un intenso debate científico, legal y geopolítico. Mientras Washington alerta sobre un potencial uso dual de la tecnología, la embajada de China en Chile ha denunciado presiones de EE.UU., calificándolas como una “manifestación de hegemonismo”. A casi un mes de que el Minrel congelara temporalmente el proyecto para revisar su viabilidad, la cartera reiteró que persisten dudas sobre el alcance del acuerdo, debido a que involucra a una universidad privada y a una institución extranjera.
Antofagasta fue el escenario donde Franco Parisi, precandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), presentó una batería de propuestas en una entrevista realizada por un medio regional, en la que abordó con tono directo temas como seguridad, inmigración, salud y descentralización, criticando duramente al actual Gobierno y al sistema político en general. “Esta región me representa y yo la represento. Es trabajadora, meritocrática y ha sido injustamente postergada”, afirmó Parisi, destacando que pretende repetir su alto respaldo electoral obtenido en la zona en las elecciones pasadas, y respaldar una lista parlamentaria fuerte del PDG. Seguridad: cárceles flotantes, minas y penas más duras Uno de los ejes centrales de su discurso fue la seguridad. Parisi propuso un enfoque radical para combatir el crimen y el narcotráfico. Entre sus principales ideas se encuentra la creación de cárceles flotantes: “Arrendaremos dos barcos y los instalaremos en zonas como Cabo de Hornos para que los delincuentes lo pasen mal. Incluso planteo cobrar a sus familias o a los países de origen los costos del encarcelamiento”, aseguró. Además, sugirió reinstalar minas antitanque en la frontera con Bolivia para frenar el ingreso ilegal de personas y mercancías, y amenazó con cortar el suministro de combustibles a Bolivia si no se permite la redirección de migrantes ilegales: “No pasará una gota de gasolina si no cooperan”. También propuso iniciar la discusión para restituir la pena de muerte, aunque reconoció que un proceso así tomaría más de una década. Migración: test de ADN y cierre de embajadas En materia migratoria, Parisi fue categórico: “Vamos a terminar con la inmigración ilegal”. Propuso la exigencia de test de ADN para quienes lleguen al país por supuesta reunificación familiar, además de prohibir vuelos chárter desde Haití y cerrar la embajada de Chile en ese país. Críticas al Gobierno y al sistema político Parisi disparó contra el actual gobierno de Gabriel Boric, al que acusó de introducir corrupción en el Estado a través de fundaciones y favores políticos. “Boric prometió que nadie ganaría más de cinco millones y no lo cumplió. Yo sí lo haré, y quien no esté de acuerdo, que se vaya”, afirmó. También cuestionó el rol del Ministerio de Cultura, calificándolo como un espacio de “frescura” con más de 140 periodistas contratados. Anunció que, de llegar a La Moneda, lo transformará en una subsecretaría dependiente del Ministerio de Economía. Además, prometió fusionar otros ministerios y trasladar el Ministerio de Minería, Ciencia y Medio Ambiente a la región de Antofagasta. Salud y educación: nuevas facultades y hospitales Sobre la crítica situación de salud en el norte, Parisi planteó volver a la asociación público-privada para resolver listas de espera, además de abrir una segunda facultad de Medicina en la región y gestionar alianzas con fundaciones internacionales, como la López Pérez y hospitales estadounidenses. “Queremos que Chile sea un polo de turismo médico”, aseguró. Política y futuro electoral El líder del PDG afirmó que ha recibido múltiples llamados desde otros sectores para establecer alianzas, pero exigió definiciones claras: “Yo converso con todos, pero quiero saber quién es el jefe de campaña de cada uno. No estoy para perder el tiempo”. Respecto a su tercera candidatura presidencial, indicó que “el romanticismo de idealizar a la izquierda se acabó. La gente se dio cuenta de que hay muchos flojos que no terminan ni sus carreras, pero viven del Estado”. Finalmente, cerró señalando que su proyecto busca “ordenar la casa”, comenzando por Antofagasta, y reiteró su consigna: “A los delincuentes, o cárcel o bala”.
Hasta las 11:00 horas de este martes 15 de abril, el Servicio Electoral (Servel) registraba 345 personas inscritas como aspirantes a candidaturas independientes para la Presidencia de la República, una cifra inusualmente alta que ha llamado la atención. Según cooperativa, esto se debe a la facilidad del proceso inicial: basta con tener Clave Única para ingresar al sitio del Servel e inscribirse. Sin embargo, existe un importante filtro legal. Cada postulante debe reunir al menos el 0,5% de los votos emitidos en la última elección de diputados, lo que equivale a 35.361 patrocinios. En total, los 345 aspirantes tendrían que movilizar a más de 12 millones de personas para validar sus candidaturas. Según el Servel, estos patrocinios deben realizarse en línea o ante notario, tanto en Chile como en el extranjero, y sólo pueden ser otorgados por ciudadanos habilitados para votar. Además, cada persona puede patrocinar a un solo candidato y el patrocinio es irreversible, salvo que el propio postulante retire su inscripción. El plazo para reunir los apoyos vence el 30 de abril. Curiosamente, mientras cientos buscan llegar a La Moneda, solo 25 personas están intentando reunir patrocinios para postular a la Cámara de Diputados, donde se requieren apenas 203 firmas en el distrito más pequeño. Para postular a la Presidencia se exige nacionalidad chilena, 35 años cumplidos y estar habilitado para sufragar. La elección presidencial está programada para el 16 de noviembre, y una eventual segunda vuelta se realizaría el 14 de diciembre.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
En la ciudad de Copiapó se llevó a cabo la primera asamblea ordinaria del año de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (AMUNOCHI), donde los 22 municipios que la integran acordaron respaldar la Ley de Seguridad Municipal, actualmente en trámite legislativo y a la espera de su discusión final en la Cámara de Diputados. Durante dos jornadas, alcaldes y concejales abordaron diversas temáticas clave para la región, como el fortalecimiento de los gobiernos locales, la creación de comisiones de trabajo, el proyecto de ley de Fiscalización Municipal y la Ley de Seguridad Municipal y Prevención del Delito, recientemente despachada desde el Senado. El presidente de AMUNOCHI y alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, valoró el avance de la ley, destacando que permitirá mayores medidas de protección para los funcionarios municipales, incluyendo el uso de armas no letales. No obstante, enfatizó en la necesidad de abordar temas pendientes como la inmovilidad tributaria de bienes investigados por ley de drogas, lo que permitiría a los municipios expropiar esos activos para el beneficio comunitario. También propuso decretar un plan de emergencia territorial en comunas donde la tasa de delitos supere la proyección del Ministerio del Interior. Asimismo, se acordó que una comitiva de AMUNOCHI viajará próximamente al Congreso para presentar indicaciones a la Ley de Medioambiente 19.300, solicitando que las medidas de mitigación en proyectos mineros comiencen en la etapa de exploración. Además, exigirán mayor celeridad en la resolución de listas de espera en los centros de salud del norte, las que actualmente superan las 500 mil personas. Desde la asociación se hizo un balance positivo del encuentro, destacando el trabajo colaborativo entre municipios, clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades de la macrozona norte del país.
La Universidad Católica del Norte (UCN) se pronunció finalmente sobre la controversia en torno al proyecto Transient Objects Monitoring (TOM), desarrollado junto al Observatorio Astronómico Nacional de China (NAOC) en cerro Ventarrones, Antofagasta. Mediante un comunicado, la UCN defendió la legalidad del acuerdo, firmado en enero de 2023, asegurando que ha cumplido con la institucionalidad vigente y que colabora activamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), que encabeza la revisión del convenio. La evaluación fue activada tras cuestionamientos legales y presiones diplomáticas, principalmente desde Estados Unidos, que advierte un posible riesgo estratégico en la iniciativa. “Estamos trabajando estrechamente con Cancillería, entregando toda la información necesaria para una evaluación clara y con visión de futuro”, afirmó la universidad, destacando que el proyecto refleja su vocación científica y su compromiso con el desarrollo regional. El proyecto TOM, con una inversión superior a los 80 millones de dólares, ha sido centro de un intenso debate científico, legal y geopolítico. Mientras Washington alerta sobre un potencial uso dual de la tecnología, la embajada de China en Chile ha denunciado presiones de EE.UU., calificándolas como una “manifestación de hegemonismo”. A casi un mes de que el Minrel congelara temporalmente el proyecto para revisar su viabilidad, la cartera reiteró que persisten dudas sobre el alcance del acuerdo, debido a que involucra a una universidad privada y a una institución extranjera.
Antofagasta fue el escenario donde Franco Parisi, precandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), presentó una batería de propuestas en una entrevista realizada por un medio regional, en la que abordó con tono directo temas como seguridad, inmigración, salud y descentralización, criticando duramente al actual Gobierno y al sistema político en general. “Esta región me representa y yo la represento. Es trabajadora, meritocrática y ha sido injustamente postergada”, afirmó Parisi, destacando que pretende repetir su alto respaldo electoral obtenido en la zona en las elecciones pasadas, y respaldar una lista parlamentaria fuerte del PDG. Seguridad: cárceles flotantes, minas y penas más duras Uno de los ejes centrales de su discurso fue la seguridad. Parisi propuso un enfoque radical para combatir el crimen y el narcotráfico. Entre sus principales ideas se encuentra la creación de cárceles flotantes: “Arrendaremos dos barcos y los instalaremos en zonas como Cabo de Hornos para que los delincuentes lo pasen mal. Incluso planteo cobrar a sus familias o a los países de origen los costos del encarcelamiento”, aseguró. Además, sugirió reinstalar minas antitanque en la frontera con Bolivia para frenar el ingreso ilegal de personas y mercancías, y amenazó con cortar el suministro de combustibles a Bolivia si no se permite la redirección de migrantes ilegales: “No pasará una gota de gasolina si no cooperan”. También propuso iniciar la discusión para restituir la pena de muerte, aunque reconoció que un proceso así tomaría más de una década. Migración: test de ADN y cierre de embajadas En materia migratoria, Parisi fue categórico: “Vamos a terminar con la inmigración ilegal”. Propuso la exigencia de test de ADN para quienes lleguen al país por supuesta reunificación familiar, además de prohibir vuelos chárter desde Haití y cerrar la embajada de Chile en ese país. Críticas al Gobierno y al sistema político Parisi disparó contra el actual gobierno de Gabriel Boric, al que acusó de introducir corrupción en el Estado a través de fundaciones y favores políticos. “Boric prometió que nadie ganaría más de cinco millones y no lo cumplió. Yo sí lo haré, y quien no esté de acuerdo, que se vaya”, afirmó. También cuestionó el rol del Ministerio de Cultura, calificándolo como un espacio de “frescura” con más de 140 periodistas contratados. Anunció que, de llegar a La Moneda, lo transformará en una subsecretaría dependiente del Ministerio de Economía. Además, prometió fusionar otros ministerios y trasladar el Ministerio de Minería, Ciencia y Medio Ambiente a la región de Antofagasta. Salud y educación: nuevas facultades y hospitales Sobre la crítica situación de salud en el norte, Parisi planteó volver a la asociación público-privada para resolver listas de espera, además de abrir una segunda facultad de Medicina en la región y gestionar alianzas con fundaciones internacionales, como la López Pérez y hospitales estadounidenses. “Queremos que Chile sea un polo de turismo médico”, aseguró. Política y futuro electoral El líder del PDG afirmó que ha recibido múltiples llamados desde otros sectores para establecer alianzas, pero exigió definiciones claras: “Yo converso con todos, pero quiero saber quién es el jefe de campaña de cada uno. No estoy para perder el tiempo”. Respecto a su tercera candidatura presidencial, indicó que “el romanticismo de idealizar a la izquierda se acabó. La gente se dio cuenta de que hay muchos flojos que no terminan ni sus carreras, pero viven del Estado”. Finalmente, cerró señalando que su proyecto busca “ordenar la casa”, comenzando por Antofagasta, y reiteró su consigna: “A los delincuentes, o cárcel o bala”.
Hasta las 11:00 horas de este martes 15 de abril, el Servicio Electoral (Servel) registraba 345 personas inscritas como aspirantes a candidaturas independientes para la Presidencia de la República, una cifra inusualmente alta que ha llamado la atención. Según cooperativa, esto se debe a la facilidad del proceso inicial: basta con tener Clave Única para ingresar al sitio del Servel e inscribirse. Sin embargo, existe un importante filtro legal. Cada postulante debe reunir al menos el 0,5% de los votos emitidos en la última elección de diputados, lo que equivale a 35.361 patrocinios. En total, los 345 aspirantes tendrían que movilizar a más de 12 millones de personas para validar sus candidaturas. Según el Servel, estos patrocinios deben realizarse en línea o ante notario, tanto en Chile como en el extranjero, y sólo pueden ser otorgados por ciudadanos habilitados para votar. Además, cada persona puede patrocinar a un solo candidato y el patrocinio es irreversible, salvo que el propio postulante retire su inscripción. El plazo para reunir los apoyos vence el 30 de abril. Curiosamente, mientras cientos buscan llegar a La Moneda, solo 25 personas están intentando reunir patrocinios para postular a la Cámara de Diputados, donde se requieren apenas 203 firmas en el distrito más pequeño. Para postular a la Presidencia se exige nacionalidad chilena, 35 años cumplidos y estar habilitado para sufragar. La elección presidencial está programada para el 16 de noviembre, y una eventual segunda vuelta se realizaría el 14 de diciembre.
Durante la entrevista para el programa Hasta Cuando de Mega, Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, desde el Centro Penitenciario de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva hace un año por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho, criticó duramente al Ministerio Público y puso en duda la solidez de la investigación. Aseguró que los antecedentes reunidos no prueban su participación en un fraude: “Ninguno de los chats o mensajes que se han filtrado o que tiene la Fiscalía demuestra que alguien, ni siquiera yo, estuviera fraguando un fraude”, insiste. En la sala de visitas del penal, reiteró su inocencia, aunque admitió haber cometido un error político. “Estoy arrepentido de haber dañado la fe pública con ese criterio político, de haber firmado con el pololo temporal de Catalina Pérez”, afirma, pero aclara que jamás conversó sobre los convenios ni con Daniel Andrade ni con la entonces diputada, hoy desaforada. El capítulo inaugural del programa, emitido este domingo, profundiza no solo en su situación judicial, sino también en los eventos que marcaron el origen del llamado Caso Convenios. Uno de ellos ocurrió el 6 de junio de 2023, cuando Contreras y Andrade participaron en una reunión por Zoom con la directiva de Revolución Democrática, encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre. En ese encuentro, se buscó transparentar los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, en un intento por proteger políticamente a Catalina Pérez, en medio de uno de los escándalos más complejos que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric y su coalición.
En la ciudad de Copiapó se llevó a cabo la primera asamblea ordinaria del año de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (AMUNOCHI), donde los 22 municipios que la integran acordaron respaldar la Ley de Seguridad Municipal, actualmente en trámite legislativo y a la espera de su discusión final en la Cámara de Diputados. Durante dos jornadas, alcaldes y concejales abordaron diversas temáticas clave para la región, como el fortalecimiento de los gobiernos locales, la creación de comisiones de trabajo, el proyecto de ley de Fiscalización Municipal y la Ley de Seguridad Municipal y Prevención del Delito, recientemente despachada desde el Senado. El presidente de AMUNOCHI y alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, valoró el avance de la ley, destacando que permitirá mayores medidas de protección para los funcionarios municipales, incluyendo el uso de armas no letales. No obstante, enfatizó en la necesidad de abordar temas pendientes como la inmovilidad tributaria de bienes investigados por ley de drogas, lo que permitiría a los municipios expropiar esos activos para el beneficio comunitario. También propuso decretar un plan de emergencia territorial en comunas donde la tasa de delitos supere la proyección del Ministerio del Interior. Asimismo, se acordó que una comitiva de AMUNOCHI viajará próximamente al Congreso para presentar indicaciones a la Ley de Medioambiente 19.300, solicitando que las medidas de mitigación en proyectos mineros comiencen en la etapa de exploración. Además, exigirán mayor celeridad en la resolución de listas de espera en los centros de salud del norte, las que actualmente superan las 500 mil personas. Desde la asociación se hizo un balance positivo del encuentro, destacando el trabajo colaborativo entre municipios, clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades de la macrozona norte del país.
