La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión financiera del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, tras una auditoría que abarcó el periodo entre enero y septiembre de 2024. El informe de fiscalización N°810 de 2024 dio cuenta de múltiples observaciones respecto al uso y destino de los recursos públicos, particularmente en lo referente a transferencias al sector privado. Uno de los focos del análisis fue descartar eventuales conflictos de interés y asegurar que los fondos no fueran destinados a actividades de campaña electoral ni a fines publicitarios o de difusión política. En este sentido, la entidad de control también verificó que los recursos materiales, humanos y tecnológicos del GORE no fueran utilizados para fines distintos a los institucionales. Sin embargo, se detectó un saldo pendiente de rendición por parte de organismos receptores que asciende a $4.202 millones, evidenciando la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno regional para exigir la rendición de cuentas correspondiente, incluso desde el año 2021. Además, al 30 de septiembre de 2024, el GORE mantenía montos observados o solicitados para reintegro por más de $4.856 millones, lo que confirma un deficiente resguardo de los fondos entregados a entidades privadas. Entre otras irregularidades, el informe constató problemas en el registro de uso de vehículos fiscales, utilización indebida de redes institucionales y contratación de personal a honorarios para funciones permanentes, contraviniendo la normativa vigente. Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, mientras la Contraloría emplazó al GORE a adoptar medidas correctivas urgentes para salvaguardar la correcta administración de los recursos públicos.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta acogió este lunes 20 de mayo de 2025 el requerimiento presentado por seis concejales de la Municipalidad de Antofagasta en contra del exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez, por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa. La acción fue impulsada por los concejales Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar, Ignacio Pozo Piña, Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias, y fue patrocinada por los abogados Eladio Cuadra, Rolando Lorca y Axel Villar. En consecuencia, el tribunal resolvió inhabilitar a Jonathan Velásquez para ejercer cualquier cargo público por un período de cinco años, sanción que se hará efectiva una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Según el fallo, el TER acogió 10 de los 14 hechos presentados en el requerimiento, entre ellos se acreditó que el exalcalde modificó unilateralmente un contrato aprobado por el concejo municipal, acción que constituye una grave infracción a sus deberes como autoridad. El tribunal consideró probado además que Velásquez incurrió en diversas faltas a la probidad y en el incumplimiento de obligaciones legales propias del cargo. Con esta sentencia, se marca un precedente en el control de la gestión pública en la región, fortaleciendo el rol fiscalizador de los concejales y reafirmando la importancia de la probidad en la administración municipal.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus, expsiquiatra del Presidente Gabriel Boric y exesposa de Alberto Larraín, en el marco del caso ProCultura. La acción judicial surgió luego de que la Fiscalía interceptara su teléfono sin que ella tuviera la calidad de imputada, lo que el tribunal calificó como una interceptación groseramente ilegal. Huneeus alegó que en ese momento era testigo y no sospechosa, por lo que se vulneraron sus derechos. La Fiscalía intentó justificar la diligencia alegando sospechas de presuntos delitos como fraude al Fisco y tráfico de influencias, con base en conversaciones personales, incluso con el Mandatario. La Corte, sin embargo, determinó que las escuchas no guardaban relación con la causa y ordenó anular las resoluciones que las autorizaron. También exigió eliminar del expediente toda la información obtenida mediante dichas interceptaciones.
Para las 8:30 horas de este lunes 12 de mayo está programada la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva. La exparlamentaria, cuyo desafuero fue ratificado el pasado 7 de abril, enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco, vinculados al convenio suscrito en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta —entonces liderada por Carlos Contreras— y la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja de Pérez y también militante de Revolución Democrática. Contreras, por su parte, fue jefe de gabinete de la diputada. La causa, que dio origen al escándalo conocido como “caso Convenios”, fue destapada el 16 de junio de 2023 por el medio regional Timeline, y desde entonces ha generado un fuerte impacto político. Según el fiscal Cristian Aguilar, los antecedentes demostrarían que existió una operación planificada para acceder a recursos públicos con fines políticos. Pese a ello, la diputada ha reiterado su inocencia y ha declarado no haber cometido fraude. Su abogado, Gonzalo Medina, afirmó que desde el inicio han colaborado con la Fiscalía y que la legisladora comparecerá voluntariamente a la audiencia.
La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión financiera del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, tras una auditoría que abarcó el periodo entre enero y septiembre de 2024. El informe de fiscalización N°810 de 2024 dio cuenta de múltiples observaciones respecto al uso y destino de los recursos públicos, particularmente en lo referente a transferencias al sector privado. Uno de los focos del análisis fue descartar eventuales conflictos de interés y asegurar que los fondos no fueran destinados a actividades de campaña electoral ni a fines publicitarios o de difusión política. En este sentido, la entidad de control también verificó que los recursos materiales, humanos y tecnológicos del GORE no fueran utilizados para fines distintos a los institucionales. Sin embargo, se detectó un saldo pendiente de rendición por parte de organismos receptores que asciende a $4.202 millones, evidenciando la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno regional para exigir la rendición de cuentas correspondiente, incluso desde el año 2021. Además, al 30 de septiembre de 2024, el GORE mantenía montos observados o solicitados para reintegro por más de $4.856 millones, lo que confirma un deficiente resguardo de los fondos entregados a entidades privadas. Entre otras irregularidades, el informe constató problemas en el registro de uso de vehículos fiscales, utilización indebida de redes institucionales y contratación de personal a honorarios para funciones permanentes, contraviniendo la normativa vigente. Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, mientras la Contraloría emplazó al GORE a adoptar medidas correctivas urgentes para salvaguardar la correcta administración de los recursos públicos.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta acogió este lunes 20 de mayo de 2025 el requerimiento presentado por seis concejales de la Municipalidad de Antofagasta en contra del exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez, por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa. La acción fue impulsada por los concejales Luis Aguilera Villegas, Camilo Kong Pineda, Waldo Valderrama Salazar, Ignacio Pozo Piña, Norma Leiva Escalona y Karina Guzmán Arias, y fue patrocinada por los abogados Eladio Cuadra, Rolando Lorca y Axel Villar. En consecuencia, el tribunal resolvió inhabilitar a Jonathan Velásquez para ejercer cualquier cargo público por un período de cinco años, sanción que se hará efectiva una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Según el fallo, el TER acogió 10 de los 14 hechos presentados en el requerimiento, entre ellos se acreditó que el exalcalde modificó unilateralmente un contrato aprobado por el concejo municipal, acción que constituye una grave infracción a sus deberes como autoridad. El tribunal consideró probado además que Velásquez incurrió en diversas faltas a la probidad y en el incumplimiento de obligaciones legales propias del cargo. Con esta sentencia, se marca un precedente en el control de la gestión pública en la región, fortaleciendo el rol fiscalizador de los concejales y reafirmando la importancia de la probidad en la administración municipal.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus, expsiquiatra del Presidente Gabriel Boric y exesposa de Alberto Larraín, en el marco del caso ProCultura. La acción judicial surgió luego de que la Fiscalía interceptara su teléfono sin que ella tuviera la calidad de imputada, lo que el tribunal calificó como una interceptación groseramente ilegal. Huneeus alegó que en ese momento era testigo y no sospechosa, por lo que se vulneraron sus derechos. La Fiscalía intentó justificar la diligencia alegando sospechas de presuntos delitos como fraude al Fisco y tráfico de influencias, con base en conversaciones personales, incluso con el Mandatario. La Corte, sin embargo, determinó que las escuchas no guardaban relación con la causa y ordenó anular las resoluciones que las autorizaron. También exigió eliminar del expediente toda la información obtenida mediante dichas interceptaciones.
Para las 8:30 horas de este lunes 12 de mayo está programada la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva. La exparlamentaria, cuyo desafuero fue ratificado el pasado 7 de abril, enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco, vinculados al convenio suscrito en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta —entonces liderada por Carlos Contreras— y la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja de Pérez y también militante de Revolución Democrática. Contreras, por su parte, fue jefe de gabinete de la diputada. La causa, que dio origen al escándalo conocido como “caso Convenios”, fue destapada el 16 de junio de 2023 por el medio regional Timeline, y desde entonces ha generado un fuerte impacto político. Según el fiscal Cristian Aguilar, los antecedentes demostrarían que existió una operación planificada para acceder a recursos públicos con fines políticos. Pese a ello, la diputada ha reiterado su inocencia y ha declarado no haber cometido fraude. Su abogado, Gonzalo Medina, afirmó que desde el inicio han colaborado con la Fiscalía y que la legisladora comparecerá voluntariamente a la audiencia.
