“Recibimos un país devastado, con una economía quebrada, inflación, escasez, deuda y desconfianza”, afirmó el nuevo presidente de Bolivia, Paz, al asumir en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El mandatario, de 58 años, apuntó directamente a sus antecesores, Evo Morales y Luis Arce, por la crisis económica, y llamó a la unidad nacional: “¿Qué carajo hicieron con la bonanza?”, exclamó. En su primer discurso, destacó su compromiso con la descentralización, la producción y la simplificación del Estado, mediante créditos accesibles, reformas tributarias y la eliminación de trabas burocráticas. A la ceremonia asistieron los presidentes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador, además de una delegación de Estados Unidos, simbolizando un cambio histórico en la política exterior boliviana tras décadas de distanciamiento diplomático. “Nunca más una Bolivia aislada del mundo”, declaró, en sintonía con la ola liberal que recorre la región. Economista y político de larga trayectoria, Paz sorprendió al ganar la presidencia en primera vuelta con el 54% de los votos, impulsado por su compañero de fórmula, Edmand Lara, un ex policía popular por sus denuncias anticorrupción. Su lema de campaña, “capitalismo para todos”, conectó con el electorado informal y la nueva burguesía urbana de origen indígena. Aunque prometió no recurrir a créditos externos, rápidamente negoció con organismos internacionales y la CAF para estabilizar las finanzas. Enfrenta ahora una economía en recesión, con déficit fiscal, inflación y reservas al límite. En su discurso final pidió un “acuerdo nacional del Bicentenario” para reconstruir el país. “Estamos de pie, firmes por la patria y decididos a salir de esta”, concluyó.
Tras casi tres años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a los ocho acusados en el denominado caso SQM, investigación que se extendió por más de una década y que buscaba esclarecer eventuales delitos de corrupción asociados al financiamiento irregular de la política. La decisión del tribunal benefició al exsenador Pablo Longueira, al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, a su exasesor Cristián Warner y al exgerente general de la minera, Patricio Contesse. También fueron absueltos la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la exsecretaria general de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado DC Roberto León, y el militante de la misma colectividad, Marcelo Rozas. El fallo —dictado por mayoría y con voto disidente de la jueza Carolina Paredes— estableció que no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas y facturas cuestionadas. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 5 de agosto de 2026. El tribunal además formuló duros cuestionamientos al Ministerio Público, señalando que la decisión de agrupar diversas causas antes de su cierre provocó una “demora excesiva” y una “merma evidente en la calidad de las probanzas”. Según los magistrados, la extensión del proceso —que acumuló 559 audiencias y pruebas relativas a hechos ocurridos entre 2008 y 2015— afectó la memoria de testigos y peritos. La investigación fue encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y contempló la presentación de más de 14 mil documentos, 651 testigos y 52 peritos. El Ministerio Público intentó demostrar delitos de cohecho, soborno y tributarios, acusando a Contesse de financiar campañas por más de $6.700 millones mediante boletas falsas, y a Longueira de recibir pagos para influir en la tramitación del royalty minero. Con este veredicto, se cierra uno de los procesos judiciales más extensos y emblemáticos en la historia política y judicial reciente de Chile, marcado por la caída de figuras históricas y un largo debate sobre los límites del financiamiento político empresarial.
La mañana de este jueves se desarrolló la audiencia número 558 del juicio oral por el caso SQM, en la sala 201 del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Se trata de la última sesión del extenso proceso iniciado en 2015, que investiga presuntos delitos de corrupción vinculados al financiamiento ilegal de la política. La Fiscalía Regional de Valparaíso acusa por cohecho, soborno y delitos tributarios al exsenador UDI Pablo Longueira, al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO) y al exgerente general de SQM, Patricio Contesse. También están imputados Carmen Valdivieso, exsecretaria de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; Cristián Warner, exsecretario general del PRO; Roberto León, exdiputado DC; y Marcelo Rozas, histórico militante de la DC. El juicio, encabezado por la fiscal Claudia Perivancich, comenzó el 13 de febrero de 2023, con extensas jornadas en que se expusieron los antecedentes del caso, en el que el Servicio de Impuestos Internos actúa como querellante. Durante esta semana se desarrollaron las réplicas, en las que intervino la defensa de Longueira, liderada por Johanna Heskia, mientras que la defensa de Enríquez-Ominami optó por no ejercer su turno. Tras la sesión de este jueves, el tribunal decretó receso hasta el martes 21 de octubre, día en que los acusados podrán ejercer su derecho a declarar por última vez. El miércoles 22, el tribunal, presidido por la jueza María Teresa Barrientos, entregará su veredicto. La pena más alta solicitada por la Fiscalía es de nueve años de prisión para Patricio Contesse.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva y de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte. Según el Poder Judicial, la instancia se desarrollará desde las 8:30 horas y continuará los días que sean necesarios. La audiencia había sido suspendida tras un requerimiento de la defensa de Daniel Andrade, lo que llevó a la Fiscalía a realizar nuevas diligencias y volver a cerrar la investigación, presentando nuevamente la acusación la semana pasada. El Ministerio Público solicita penas de 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, imputados por tres delitos consumados de fraude al fisco. La Fiscalía estima que, una vez completada la preparación, el juicio podría extenderse entre tres y seis meses, marcando una de las etapas más relevantes del caso que remeció al sistema de fundaciones del país.
El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó el sorteo oficial que definió el orden de aparición de los ocho candidatos presidenciales en la franja electoral 2025. La primera en abrir el espacio será la representante del oficialismo, Jeannette Jara, mientras que el cierre estará a cargo del abanderado republicano, José Antonio Kast. Según lo informado por el organismo, la franja televisiva comenzará sus transmisiones el viernes 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre, con dos emisiones diarias: la primera a las 12:45 horas, correspondiente al bloque presidencial, y una segunda a las 20:45 horas, destinada a la franja parlamentaria. El orden sorteado para el primer día será el siguiente: Jeannette Jara, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, secuencia que se rotará en los días posteriores para asegurar equidad. Cada candidato presidencial dispondrá de 2 minutos y 30 segundos para presentar sus mensajes y propuestas, mientras que los aspirantes al Parlamento tendrán tiempos proporcionales al desempeño electoral de sus partidos en 2021. El presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, explicó que el rol del organismo es garantizar que “los tiempos calcen, que los clips cumplan con los estándares técnicos y que todos incluyan lengua de señas”. Además, recalcó que el Consejo no tiene facultades para intervenir en los contenidos: “Revisarlos sería censura, y en Chile no hay censura. Los mensajes son responsabilidad exclusiva de las campañas”. Muñoz añadió que, si se considera que algún contenido vulnera la ley, “es la justicia la que debe resolver”. De esta manera, enfatizó que la responsabilidad legal y política de las piezas audiovisuales “recae íntegramente en los partidos y candidatos que las emiten”. La franja electoral 2025 busca garantizar pluralidad, transparencia y acceso igualitario a la información, consolidándose como uno de los espacios de mayor visibilidad e impacto en el proceso democrático chileno.
“Recibimos un país devastado, con una economía quebrada, inflación, escasez, deuda y desconfianza”, afirmó el nuevo presidente de Bolivia, Paz, al asumir en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El mandatario, de 58 años, apuntó directamente a sus antecesores, Evo Morales y Luis Arce, por la crisis económica, y llamó a la unidad nacional: “¿Qué carajo hicieron con la bonanza?”, exclamó. En su primer discurso, destacó su compromiso con la descentralización, la producción y la simplificación del Estado, mediante créditos accesibles, reformas tributarias y la eliminación de trabas burocráticas. A la ceremonia asistieron los presidentes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador, además de una delegación de Estados Unidos, simbolizando un cambio histórico en la política exterior boliviana tras décadas de distanciamiento diplomático. “Nunca más una Bolivia aislada del mundo”, declaró, en sintonía con la ola liberal que recorre la región. Economista y político de larga trayectoria, Paz sorprendió al ganar la presidencia en primera vuelta con el 54% de los votos, impulsado por su compañero de fórmula, Edmand Lara, un ex policía popular por sus denuncias anticorrupción. Su lema de campaña, “capitalismo para todos”, conectó con el electorado informal y la nueva burguesía urbana de origen indígena. Aunque prometió no recurrir a créditos externos, rápidamente negoció con organismos internacionales y la CAF para estabilizar las finanzas. Enfrenta ahora una economía en recesión, con déficit fiscal, inflación y reservas al límite. En su discurso final pidió un “acuerdo nacional del Bicentenario” para reconstruir el país. “Estamos de pie, firmes por la patria y decididos a salir de esta”, concluyó.
Tras casi tres años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a los ocho acusados en el denominado caso SQM, investigación que se extendió por más de una década y que buscaba esclarecer eventuales delitos de corrupción asociados al financiamiento irregular de la política. La decisión del tribunal benefició al exsenador Pablo Longueira, al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, a su exasesor Cristián Warner y al exgerente general de la minera, Patricio Contesse. También fueron absueltos la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la exsecretaria general de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado DC Roberto León, y el militante de la misma colectividad, Marcelo Rozas. El fallo —dictado por mayoría y con voto disidente de la jueza Carolina Paredes— estableció que no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas y facturas cuestionadas. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 5 de agosto de 2026. El tribunal además formuló duros cuestionamientos al Ministerio Público, señalando que la decisión de agrupar diversas causas antes de su cierre provocó una “demora excesiva” y una “merma evidente en la calidad de las probanzas”. Según los magistrados, la extensión del proceso —que acumuló 559 audiencias y pruebas relativas a hechos ocurridos entre 2008 y 2015— afectó la memoria de testigos y peritos. La investigación fue encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y contempló la presentación de más de 14 mil documentos, 651 testigos y 52 peritos. El Ministerio Público intentó demostrar delitos de cohecho, soborno y tributarios, acusando a Contesse de financiar campañas por más de $6.700 millones mediante boletas falsas, y a Longueira de recibir pagos para influir en la tramitación del royalty minero. Con este veredicto, se cierra uno de los procesos judiciales más extensos y emblemáticos en la historia política y judicial reciente de Chile, marcado por la caída de figuras históricas y un largo debate sobre los límites del financiamiento político empresarial.
La mañana de este jueves se desarrolló la audiencia número 558 del juicio oral por el caso SQM, en la sala 201 del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Se trata de la última sesión del extenso proceso iniciado en 2015, que investiga presuntos delitos de corrupción vinculados al financiamiento ilegal de la política. La Fiscalía Regional de Valparaíso acusa por cohecho, soborno y delitos tributarios al exsenador UDI Pablo Longueira, al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO) y al exgerente general de SQM, Patricio Contesse. También están imputados Carmen Valdivieso, exsecretaria de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; Cristián Warner, exsecretario general del PRO; Roberto León, exdiputado DC; y Marcelo Rozas, histórico militante de la DC. El juicio, encabezado por la fiscal Claudia Perivancich, comenzó el 13 de febrero de 2023, con extensas jornadas en que se expusieron los antecedentes del caso, en el que el Servicio de Impuestos Internos actúa como querellante. Durante esta semana se desarrollaron las réplicas, en las que intervino la defensa de Longueira, liderada por Johanna Heskia, mientras que la defensa de Enríquez-Ominami optó por no ejercer su turno. Tras la sesión de este jueves, el tribunal decretó receso hasta el martes 21 de octubre, día en que los acusados podrán ejercer su derecho a declarar por última vez. El miércoles 22, el tribunal, presidido por la jueza María Teresa Barrientos, entregará su veredicto. La pena más alta solicitada por la Fiscalía es de nueve años de prisión para Patricio Contesse.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva y de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte. Según el Poder Judicial, la instancia se desarrollará desde las 8:30 horas y continuará los días que sean necesarios. La audiencia había sido suspendida tras un requerimiento de la defensa de Daniel Andrade, lo que llevó a la Fiscalía a realizar nuevas diligencias y volver a cerrar la investigación, presentando nuevamente la acusación la semana pasada. El Ministerio Público solicita penas de 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, imputados por tres delitos consumados de fraude al fisco. La Fiscalía estima que, una vez completada la preparación, el juicio podría extenderse entre tres y seis meses, marcando una de las etapas más relevantes del caso que remeció al sistema de fundaciones del país.
El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó el sorteo oficial que definió el orden de aparición de los ocho candidatos presidenciales en la franja electoral 2025. La primera en abrir el espacio será la representante del oficialismo, Jeannette Jara, mientras que el cierre estará a cargo del abanderado republicano, José Antonio Kast. Según lo informado por el organismo, la franja televisiva comenzará sus transmisiones el viernes 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre, con dos emisiones diarias: la primera a las 12:45 horas, correspondiente al bloque presidencial, y una segunda a las 20:45 horas, destinada a la franja parlamentaria. El orden sorteado para el primer día será el siguiente: Jeannette Jara, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, secuencia que se rotará en los días posteriores para asegurar equidad. Cada candidato presidencial dispondrá de 2 minutos y 30 segundos para presentar sus mensajes y propuestas, mientras que los aspirantes al Parlamento tendrán tiempos proporcionales al desempeño electoral de sus partidos en 2021. El presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, explicó que el rol del organismo es garantizar que “los tiempos calcen, que los clips cumplan con los estándares técnicos y que todos incluyan lengua de señas”. Además, recalcó que el Consejo no tiene facultades para intervenir en los contenidos: “Revisarlos sería censura, y en Chile no hay censura. Los mensajes son responsabilidad exclusiva de las campañas”. Muñoz añadió que, si se considera que algún contenido vulnera la ley, “es la justicia la que debe resolver”. De esta manera, enfatizó que la responsabilidad legal y política de las piezas audiovisuales “recae íntegramente en los partidos y candidatos que las emiten”. La franja electoral 2025 busca garantizar pluralidad, transparencia y acceso igualitario a la información, consolidándose como uno de los espacios de mayor visibilidad e impacto en el proceso democrático chileno.
