La Oficina del Presidente Electo (OPE) dio a conocer este martes los detalles del retrato oficial de José Antonio Kast, imagen que comenzará a exhibirse en todas las reparticiones públicas desde el próximo 11 de marzo, fecha del cambio de mando. Desde la OPE explicaron que la fotografía no responde únicamente a un acto protocolar, sino que constituye una construcción simbólica. “Este retrato presidencial es una declaración. Una imagen con sentido”, señalaron en un comunicado. El elemento central de la composición es el cielo, que domina el fondo de la imagen. Según la interpretación oficial, este recurso busca conectar con un símbolo transversal para los chilenos, evocando incluso versos del Himno Nacional. “El cielo es el manto que cubre Chile y refuerza la idea de unidad nacional y destino compartido”, sostiene el texto difundido por la oficina. La intención, agregan, es transmitir un mensaje que trascienda divisiones políticas o sociales. En cuanto a la expresión del mandatario, la OPE aseguró que el retrato proyecta “esperanza, entusiasmo y convicción ante lo que viene”, reforzando la idea de liderazgo orientado al futuro. La composición, añadieron, apunta a “salir del lugar donde estamos” y enfrentar las dificultades con determinación. Otro elemento destacado es la banda presidencial con el Escudo Nacional bordado al centro. Desde la oficina aclararon que su inclusión responde a la tradición republicana chilena y no a un mensaje partidista. “La banda presidencial (…) responde a la tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas”, subrayaron. Sello antofagastino en la fotografía El retrato fue capturado por el realizador audiovisual y fotógrafo antofagastino Víctor Burgos, profesional con trayectoria en la Región y quien acompañó visualmente la campaña presidencial. La fotografía comenzará a distribuirse en organismos públicos en las próximas semanas, marcando uno de los primeros hitos simbólicos de la nueva administración antes de asumir formalmente sus funciones. Este es el resultado:
Una deuda nominal que supera los $638 millones más intereses mantiene el Club de Deportes Antofagasta con la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, según antecedentes contenidos en el Informe D.C. N°005/2026 de la Dirección de Control, documento que remite sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre ambas partes. De acuerdo con el detalle expuesto en el informe —y respaldado por los cuadros de deuda incorporados en las páginas 9 y 10 del mismo documento— el monto total adeudado asciende a $638.831.205, correspondiente a morosidades por concepto de arriendo del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, además de consumos impagos de agua potable y energía eléctrica entre los años 2016 y 2025. Sin embargo, la transacción extrajudicial propuesta consideraba rebajar dicha deuda a $200.000.000, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, lo que implica una disminución directa de $438.831.205, equivalente aproximadamente a un 68% del total adeudado. Según el oficio ingresado a Contraloría Regional por la concejala Karina Guzmán Arias, esta operación configuraría una “condonación encubierta” de deuda, sin habilitación legal expresa, generando un perjuicio patrimonial para el municipio . En el mismo documento se advierte que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, los órganos de la Administración no pueden renunciar ni rebajar créditos a su favor sin autorización legal fundada. Uno de los puntos más sensibles del caso es que esta rebaja —que compromete casi el 70% de los ingresos devengados— no habría sido puesta en conocimiento de los concejales de la comuna antes de su tramitación, lo que abre cuestionamientos respecto del control político y la transparencia del proceso. La Dirección de Control, en su análisis jurídico, advierte además que el alcalde requiere acuerdo del Concejo Municipal para transigir judicialmente o extrajudicialmente, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, observación que fundamenta la decisión de remitir el decreto sin visar. El caso ya se encuentra en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, instancia a la que se solicitó determinar la legalidad del decreto alcaldicio, establecer si la rebaja constituye una condonación prohibida y definir eventuales responsabilidades administrativas. La controversia no solo pone en el centro el complejo escenario financiero del club, sino que también instala un debate mayor sobre el resguardo del patrimonio municipal y los mecanismos de control interno en decisiones que involucran recursos públicos de alto impacto para la ciudad. La deuda real, es decir más intereses que mantiene el cuadro puma al municipio asciende a $828.067.393 a diciembre de 2025.
Tras varias postergaciones en el marco de su gira internacional, este sábado el presidente electo José Antonio Kast dio a conocer a los 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que conformarán la denominada “segunda línea” de su futuro gobierno, instancia clave para la implementación de las políticas públicas a nivel nacional y regional. En la Región de Antofagasta, la representación política del nuevo mandatario recayó en la administradora pública Katherine López Rivera, quien cuenta con una trayectoria vinculada al servicio público y la gestión regional. López fue gobernadora de la Provincia de Antofagasta durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, experiencia que le permitió conocer en profundidad la realidad territorial y las principales demandas de la zona. La nueva autoridad posee un magíster en Control de Gestión y una amplia experiencia en el área de recursos humanos, además de haberse desempeñado como consejera regional. Desde el entorno del presidente electo se indicó que su gestión estará orientada a reforzar la seguridad pública, fortalecer proyectos de carácter social y articular redes de trabajo que permitan impulsar iniciativas en beneficio directo de la comunidad regional. El anuncio marca el inicio de la conformación operativa del próximo gobierno, con énfasis en perfiles técnicos y experiencia territorial para enfrentar los desafíos del nuevo período presidencial.
La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que presentará un recurso de apelación contra la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que rechazó la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público respecto de cuatro de los cinco imputados en la arista Gore Metropolitano del denominado caso ProCultura. Durante la jornada, el tribunal desestimó tanto la medida cautelar de prisión preventiva como el arresto domiciliario total, resolución adoptada por el magistrado Patricio Álvarez. De esta manera, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme quedaron sujetos únicamente a la medida cautelar de arraigo nacional, manteniéndose en libertad con prohibición de salir del país. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para el desarrollo de las diligencias pendientes. A la salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín se retiró sin entregar declaraciones a la prensa. En tanto, la defensa de los imputados valoró la resolución judicial. Cristian Arias, abogado del representante legal de la Fundación ProCultura, sostuvo que el fallo está debidamente fundado y que no se observaron antecedentes que acrediten una defraudación al Fisco. El jurista afirmó además que la tesis presentada por el Ministerio Público “carecía de sustento serio” y recalcó que Larraín no habría tenido un rol de apropiación de recursos fiscales, agregando que tampoco revestía la calidad de funcionario público. Respecto a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la fundación, Arias indicó que los antecedentes expuestos demostrarían que los proyectos ejecutados no eran iniciativas ficticias, sino programas reales, aunque reconoció que podrían existir observaciones de carácter administrativo. Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, en tanto, reiteraron que la decisión judicial será revisada por un tribunal superior, al considerar que existen fundamentos suficientes para insistir en medidas cautelares de mayor intensidad, atendida la gravedad de los hechos investigados y el volumen de recursos públicos involucrados en esta arista del caso Convenios. La apelación busca revertir el fallo y reforzar la postura del Ministerio Público en una de las investigaciones más relevantes vinculadas al traspaso de fondos públicos desde gobiernos regionales hacia organizaciones privadas.
En el marco de su gira por las regiones de Atacama y Antofagasta, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostuvo este viernes 30 de enero una reunión con representantes del Consejo de Pueblos Atacameños en San Pedro de Atacama, instancia centrada en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y el fortalecimiento del diálogo con las comunidades indígenas. En el encuentro participaron la ministra de Minería, Aurora Williams; la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas; el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; el gobernador regional, Ricardo Díaz; la delegada presidencial regional, Karen Behrens; y el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta. La cita se desarrolló como parte del mandato presidencial de promover un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil, las empresas y los pueblos originarios. Durante la jornada se revisaron avances en demandas históricas del pueblo lickanantay, así como progresos en áreas clave como salud, infraestructura, energía, acceso al agua, restitución de tierras y manejo integral de los recursos hídricos en la cuenca del Salar de Atacama. Tras la reunión, el Presidente Boric destacó el carácter constructivo del diálogo y subrayó la importancia de rendir cuentas en los territorios. “Cualquier proyecto de desarrollo tiene que hacerse con las comunidades y no a costa de ellas. Esto debe traducirse en políticas que realmente cambien el rumbo de lo planificado”, afirmó. Entre los compromisos abordados, el mandatario resaltó el avance del Plan de Tierras Lickanantay, que busca la restitución de tierras fiscales mediante un modelo de diálogo intercultural. Según indicó, a diciembre de 2025 ya se avanzó en los expedientes de superficies a transferir y se espera que en marzo de 2026 estén autorizados los decretos correspondientes. Asimismo, informó sobre obras en sistemas de agua potable rural, como la conservación de matrices en Socaire, mejoras en la planta de tratamiento de aguas servidas de San Pedro de Atacama y la normalización de la planta de Toconao. Por su parte, la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que la Estrategia Nacional del Litio se construye con los territorios, enfatizando que este modelo de trabajo ha permitido ampliar el diálogo con otros pueblos originarios como Colla, Quechua y Aymara, avanzando hacia una minería más equilibrada y participativa.
La Oficina del Presidente Electo (OPE) dio a conocer este martes los detalles del retrato oficial de José Antonio Kast, imagen que comenzará a exhibirse en todas las reparticiones públicas desde el próximo 11 de marzo, fecha del cambio de mando. Desde la OPE explicaron que la fotografía no responde únicamente a un acto protocolar, sino que constituye una construcción simbólica. “Este retrato presidencial es una declaración. Una imagen con sentido”, señalaron en un comunicado. El elemento central de la composición es el cielo, que domina el fondo de la imagen. Según la interpretación oficial, este recurso busca conectar con un símbolo transversal para los chilenos, evocando incluso versos del Himno Nacional. “El cielo es el manto que cubre Chile y refuerza la idea de unidad nacional y destino compartido”, sostiene el texto difundido por la oficina. La intención, agregan, es transmitir un mensaje que trascienda divisiones políticas o sociales. En cuanto a la expresión del mandatario, la OPE aseguró que el retrato proyecta “esperanza, entusiasmo y convicción ante lo que viene”, reforzando la idea de liderazgo orientado al futuro. La composición, añadieron, apunta a “salir del lugar donde estamos” y enfrentar las dificultades con determinación. Otro elemento destacado es la banda presidencial con el Escudo Nacional bordado al centro. Desde la oficina aclararon que su inclusión responde a la tradición republicana chilena y no a un mensaje partidista. “La banda presidencial (…) responde a la tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas”, subrayaron. Sello antofagastino en la fotografía El retrato fue capturado por el realizador audiovisual y fotógrafo antofagastino Víctor Burgos, profesional con trayectoria en la Región y quien acompañó visualmente la campaña presidencial. La fotografía comenzará a distribuirse en organismos públicos en las próximas semanas, marcando uno de los primeros hitos simbólicos de la nueva administración antes de asumir formalmente sus funciones. Este es el resultado:
Una deuda nominal que supera los $638 millones más intereses mantiene el Club de Deportes Antofagasta con la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, según antecedentes contenidos en el Informe D.C. N°005/2026 de la Dirección de Control, documento que remite sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre ambas partes. De acuerdo con el detalle expuesto en el informe —y respaldado por los cuadros de deuda incorporados en las páginas 9 y 10 del mismo documento— el monto total adeudado asciende a $638.831.205, correspondiente a morosidades por concepto de arriendo del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, además de consumos impagos de agua potable y energía eléctrica entre los años 2016 y 2025. Sin embargo, la transacción extrajudicial propuesta consideraba rebajar dicha deuda a $200.000.000, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, lo que implica una disminución directa de $438.831.205, equivalente aproximadamente a un 68% del total adeudado. Según el oficio ingresado a Contraloría Regional por la concejala Karina Guzmán Arias, esta operación configuraría una “condonación encubierta” de deuda, sin habilitación legal expresa, generando un perjuicio patrimonial para el municipio . En el mismo documento se advierte que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, los órganos de la Administración no pueden renunciar ni rebajar créditos a su favor sin autorización legal fundada. Uno de los puntos más sensibles del caso es que esta rebaja —que compromete casi el 70% de los ingresos devengados— no habría sido puesta en conocimiento de los concejales de la comuna antes de su tramitación, lo que abre cuestionamientos respecto del control político y la transparencia del proceso. La Dirección de Control, en su análisis jurídico, advierte además que el alcalde requiere acuerdo del Concejo Municipal para transigir judicialmente o extrajudicialmente, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, observación que fundamenta la decisión de remitir el decreto sin visar. El caso ya se encuentra en conocimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta, instancia a la que se solicitó determinar la legalidad del decreto alcaldicio, establecer si la rebaja constituye una condonación prohibida y definir eventuales responsabilidades administrativas. La controversia no solo pone en el centro el complejo escenario financiero del club, sino que también instala un debate mayor sobre el resguardo del patrimonio municipal y los mecanismos de control interno en decisiones que involucran recursos públicos de alto impacto para la ciudad. La deuda real, es decir más intereses que mantiene el cuadro puma al municipio asciende a $828.067.393 a diciembre de 2025.
Tras varias postergaciones en el marco de su gira internacional, este sábado el presidente electo José Antonio Kast dio a conocer a los 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que conformarán la denominada “segunda línea” de su futuro gobierno, instancia clave para la implementación de las políticas públicas a nivel nacional y regional. En la Región de Antofagasta, la representación política del nuevo mandatario recayó en la administradora pública Katherine López Rivera, quien cuenta con una trayectoria vinculada al servicio público y la gestión regional. López fue gobernadora de la Provincia de Antofagasta durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, experiencia que le permitió conocer en profundidad la realidad territorial y las principales demandas de la zona. La nueva autoridad posee un magíster en Control de Gestión y una amplia experiencia en el área de recursos humanos, además de haberse desempeñado como consejera regional. Desde el entorno del presidente electo se indicó que su gestión estará orientada a reforzar la seguridad pública, fortalecer proyectos de carácter social y articular redes de trabajo que permitan impulsar iniciativas en beneficio directo de la comunidad regional. El anuncio marca el inicio de la conformación operativa del próximo gobierno, con énfasis en perfiles técnicos y experiencia territorial para enfrentar los desafíos del nuevo período presidencial.
La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que presentará un recurso de apelación contra la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que rechazó la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público respecto de cuatro de los cinco imputados en la arista Gore Metropolitano del denominado caso ProCultura. Durante la jornada, el tribunal desestimó tanto la medida cautelar de prisión preventiva como el arresto domiciliario total, resolución adoptada por el magistrado Patricio Álvarez. De esta manera, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme quedaron sujetos únicamente a la medida cautelar de arraigo nacional, manteniéndose en libertad con prohibición de salir del país. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para el desarrollo de las diligencias pendientes. A la salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín se retiró sin entregar declaraciones a la prensa. En tanto, la defensa de los imputados valoró la resolución judicial. Cristian Arias, abogado del representante legal de la Fundación ProCultura, sostuvo que el fallo está debidamente fundado y que no se observaron antecedentes que acrediten una defraudación al Fisco. El jurista afirmó además que la tesis presentada por el Ministerio Público “carecía de sustento serio” y recalcó que Larraín no habría tenido un rol de apropiación de recursos fiscales, agregando que tampoco revestía la calidad de funcionario público. Respecto a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la fundación, Arias indicó que los antecedentes expuestos demostrarían que los proyectos ejecutados no eran iniciativas ficticias, sino programas reales, aunque reconoció que podrían existir observaciones de carácter administrativo. Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, en tanto, reiteraron que la decisión judicial será revisada por un tribunal superior, al considerar que existen fundamentos suficientes para insistir en medidas cautelares de mayor intensidad, atendida la gravedad de los hechos investigados y el volumen de recursos públicos involucrados en esta arista del caso Convenios. La apelación busca revertir el fallo y reforzar la postura del Ministerio Público en una de las investigaciones más relevantes vinculadas al traspaso de fondos públicos desde gobiernos regionales hacia organizaciones privadas.
En el marco de su gira por las regiones de Atacama y Antofagasta, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostuvo este viernes 30 de enero una reunión con representantes del Consejo de Pueblos Atacameños en San Pedro de Atacama, instancia centrada en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y el fortalecimiento del diálogo con las comunidades indígenas. En el encuentro participaron la ministra de Minería, Aurora Williams; la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas; el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; el gobernador regional, Ricardo Díaz; la delegada presidencial regional, Karen Behrens; y el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta. La cita se desarrolló como parte del mandato presidencial de promover un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil, las empresas y los pueblos originarios. Durante la jornada se revisaron avances en demandas históricas del pueblo lickanantay, así como progresos en áreas clave como salud, infraestructura, energía, acceso al agua, restitución de tierras y manejo integral de los recursos hídricos en la cuenca del Salar de Atacama. Tras la reunión, el Presidente Boric destacó el carácter constructivo del diálogo y subrayó la importancia de rendir cuentas en los territorios. “Cualquier proyecto de desarrollo tiene que hacerse con las comunidades y no a costa de ellas. Esto debe traducirse en políticas que realmente cambien el rumbo de lo planificado”, afirmó. Entre los compromisos abordados, el mandatario resaltó el avance del Plan de Tierras Lickanantay, que busca la restitución de tierras fiscales mediante un modelo de diálogo intercultural. Según indicó, a diciembre de 2025 ya se avanzó en los expedientes de superficies a transferir y se espera que en marzo de 2026 estén autorizados los decretos correspondientes. Asimismo, informó sobre obras en sistemas de agua potable rural, como la conservación de matrices en Socaire, mejoras en la planta de tratamiento de aguas servidas de San Pedro de Atacama y la normalización de la planta de Toconao. Por su parte, la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que la Estrategia Nacional del Litio se construye con los territorios, enfatizando que este modelo de trabajo ha permitido ampliar el diálogo con otros pueblos originarios como Colla, Quechua y Aymara, avanzando hacia una minería más equilibrada y participativa.
