La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
En una emotiva ceremonia realizada este martes 19 de mayo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, fueron reconocidos 27 ex jueces y juezas que contribuyeron al esclarecimiento de causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en Chile. Entre los homenajeados destacó el exmagistrado Jorge Cortés Monroy de la Fuente, reconocido por su labor en las diligencias realizadas en la mina La Veleidosa, ubicada en la Región de Antofagasta, caso emblemático relacionado con detenidos desaparecidos de Tocopilla. La actividad reunió a representantes del ámbito jurídico, organizaciones de familiares de víctimas y agrupaciones de derechos humanos, quienes valoraron el trabajo realizado por magistrados que, en distintos momentos y bajo complejos contextos, impulsaron investigaciones fundamentales para avanzar en verdad y justicia. El reconocimiento a Cortés Monroy se relaciona especialmente con las diligencias efectuadas a comienzos de los años noventa en la mina La Veleidosa, lugar donde se buscaban restos de víctimas de desaparición forzada. En aquella época, pese a la escasez de recursos técnicos y tecnológicos, el magistrado encabezó excavaciones y procedimientos judiciales que permitieron exhumar restos parciales de Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos y Agustín Villarroel Carmona, posteriormente entregados a sus familias. Más de tres décadas después, las diligencias investigativas continúan. Durante 2024, familiares de víctimas de desaparición forzada de Tocopilla, junto al equipo del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, retomaron las labores en la mina con apoyo de la ONG Rescate Atacama y el Programa PRAIS. Estas acciones forman parte de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, política de Estado formalizada en 2023, cuyo objetivo es esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas y avanzar en la reparación de las familias. Las nuevas diligencias buscan hallar restos humanos aún no encontrados, además de profundizar investigaciones respecto de posibles víctimas que nunca fueron registradas oficialmente como desaparecidas en la región. Testimonios incorporados a la causa incluso apuntan a la eventual presencia de una mujer entre las víctimas. Actualmente, la investigación judicial se encuentra bajo la conducción del ministro en visita extraordinaria Sergio Troncoso, tras haber sido inicialmente instruida por el ministro Vicente Hormazábal en la causa Rol N°64-2016 B. Durante las recientes exploraciones, equipos especializados lograron completar una primera fase de inspección y evaluación técnica del interior del pique minero, determinando puntos de anclaje para futuras bajadas y trabajos de prospección forense. Posteriormente se espera avanzar en análisis antropológicos y genéticos de cualquier evidencia que pueda ser encontrada. Las organizaciones de familiares valoraron el reconocimiento realizado en el Museo de la Memoria, destacando que el trabajo de jueces, investigadores y agrupaciones de derechos humanos ha sido fundamental para mantener viva la búsqueda de verdad, justicia y reparación en casos que aún siguen abiertos en Chile.
A menos de dos semanas de la primera Cuenta Pública del Gobierno y cuando recién se cumplen poco más de dos meses desde la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, el Mandatario concretó este martes su primer cambio de gabinete, marcado por enroques ministeriales y la salida de autoridades que alcanzaron a permanecer apenas 69 días en sus cargos. La ceremonia se desarrolló en el Palacio de La Moneda y fue encabezada por el jefe de Estado junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien actuó como ministro de fe durante el ajuste ministerial. El movimiento ocurre en medio de la preparación de la primera Cuenta Pública de la administración, fijada para el próximo 1 de junio. Uno de los principales cambios se registró en la Secretaría General de Gobierno. Mara Sedini dejó el cargo tras poco más de dos meses como vocera. En su reemplazo asumió Claudio Alvarado, quien mantendrá además el Ministerio del Interior, transformándose en biministro. El ajuste también alcanzó al Ministerio de Seguridad Pública. Trinidad Steinert dejó la cartera y fue reemplazada por Martín Arrau, quien abandonó el Ministerio de Obras Públicas para asumir una de las áreas prioritarias del Gobierno. Con ello, el Ejecutivo volvió a recurrir a la fórmula de los biministros. El ministro de Transportes, Louis de Grange, quedará además a cargo del MOP. Tras concretar los cambios, Kast reconoció que no esperaba realizar un ajuste tan temprano, pero sostuvo que el “sentido de urgencia” y las demandas del país hicieron necesario reestructurar su equipo de gobierno, especialmente en materias de seguridad y gestión política.
En una decisión que tomó por sorpresa a buena parte del oficialismo y a las propias autoridades de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast concretó este martes el primer cambio de gabinete de su administración, a solo 68 días de haber asumido el mando del país. Las salidas corresponden a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y a la vocera de Gobierno, Mara Sedini, quienes en las últimas semanas aparecían entre las autoridades peor evaluadas del gabinete en distintas encuestas de opinión pública, entre ellas Cadem. La determinación ya fue comunicada por el Mandatario a los presidentes de los partidos oficialistas y de oposición, mientras que la ceremonia oficial de ajuste ministerial quedó programada para las 20:00 horas en el Palacio de La Moneda. El movimiento generó sorpresa en el Ejecutivo, debido a que en el entorno presidencial se esperaba que cualquier modificación ministerial ocurriera después de la Cuenta Pública del próximo 1 de junio ante el Congreso Pleno. Además, el ajuste ocurre a pocas horas de una importante votación económica en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno tendría asegurados los respaldos necesarios. Hasta ahora, trascendió que Claudio Alvarado permanecería al mando del Ministerio del Interior, sumando además la vocería de Gobierno como biministro. En tanto, el actual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, asumiría la cartera de Seguridad. Otra de las fórmulas que evalúa el Ejecutivo es que Louis de Grange pase a encabezar simultáneamente Transportes y Obras Públicas. El ajuste de este martes se transforma en el cambio de gabinete más rápido realizado por un gobierno recién asumido desde el retorno a la democracia. El antecedente más cercano ocurrió en 2006, cuando el entonces ministro del Interior, Andrés Zaldívar, dejó el cargo tras 128 días.
La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
En una emotiva ceremonia realizada este martes 19 de mayo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, fueron reconocidos 27 ex jueces y juezas que contribuyeron al esclarecimiento de causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en Chile. Entre los homenajeados destacó el exmagistrado Jorge Cortés Monroy de la Fuente, reconocido por su labor en las diligencias realizadas en la mina La Veleidosa, ubicada en la Región de Antofagasta, caso emblemático relacionado con detenidos desaparecidos de Tocopilla. La actividad reunió a representantes del ámbito jurídico, organizaciones de familiares de víctimas y agrupaciones de derechos humanos, quienes valoraron el trabajo realizado por magistrados que, en distintos momentos y bajo complejos contextos, impulsaron investigaciones fundamentales para avanzar en verdad y justicia. El reconocimiento a Cortés Monroy se relaciona especialmente con las diligencias efectuadas a comienzos de los años noventa en la mina La Veleidosa, lugar donde se buscaban restos de víctimas de desaparición forzada. En aquella época, pese a la escasez de recursos técnicos y tecnológicos, el magistrado encabezó excavaciones y procedimientos judiciales que permitieron exhumar restos parciales de Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos y Agustín Villarroel Carmona, posteriormente entregados a sus familias. Más de tres décadas después, las diligencias investigativas continúan. Durante 2024, familiares de víctimas de desaparición forzada de Tocopilla, junto al equipo del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, retomaron las labores en la mina con apoyo de la ONG Rescate Atacama y el Programa PRAIS. Estas acciones forman parte de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, política de Estado formalizada en 2023, cuyo objetivo es esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas y avanzar en la reparación de las familias. Las nuevas diligencias buscan hallar restos humanos aún no encontrados, además de profundizar investigaciones respecto de posibles víctimas que nunca fueron registradas oficialmente como desaparecidas en la región. Testimonios incorporados a la causa incluso apuntan a la eventual presencia de una mujer entre las víctimas. Actualmente, la investigación judicial se encuentra bajo la conducción del ministro en visita extraordinaria Sergio Troncoso, tras haber sido inicialmente instruida por el ministro Vicente Hormazábal en la causa Rol N°64-2016 B. Durante las recientes exploraciones, equipos especializados lograron completar una primera fase de inspección y evaluación técnica del interior del pique minero, determinando puntos de anclaje para futuras bajadas y trabajos de prospección forense. Posteriormente se espera avanzar en análisis antropológicos y genéticos de cualquier evidencia que pueda ser encontrada. Las organizaciones de familiares valoraron el reconocimiento realizado en el Museo de la Memoria, destacando que el trabajo de jueces, investigadores y agrupaciones de derechos humanos ha sido fundamental para mantener viva la búsqueda de verdad, justicia y reparación en casos que aún siguen abiertos en Chile.
A menos de dos semanas de la primera Cuenta Pública del Gobierno y cuando recién se cumplen poco más de dos meses desde la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, el Mandatario concretó este martes su primer cambio de gabinete, marcado por enroques ministeriales y la salida de autoridades que alcanzaron a permanecer apenas 69 días en sus cargos. La ceremonia se desarrolló en el Palacio de La Moneda y fue encabezada por el jefe de Estado junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien actuó como ministro de fe durante el ajuste ministerial. El movimiento ocurre en medio de la preparación de la primera Cuenta Pública de la administración, fijada para el próximo 1 de junio. Uno de los principales cambios se registró en la Secretaría General de Gobierno. Mara Sedini dejó el cargo tras poco más de dos meses como vocera. En su reemplazo asumió Claudio Alvarado, quien mantendrá además el Ministerio del Interior, transformándose en biministro. El ajuste también alcanzó al Ministerio de Seguridad Pública. Trinidad Steinert dejó la cartera y fue reemplazada por Martín Arrau, quien abandonó el Ministerio de Obras Públicas para asumir una de las áreas prioritarias del Gobierno. Con ello, el Ejecutivo volvió a recurrir a la fórmula de los biministros. El ministro de Transportes, Louis de Grange, quedará además a cargo del MOP. Tras concretar los cambios, Kast reconoció que no esperaba realizar un ajuste tan temprano, pero sostuvo que el “sentido de urgencia” y las demandas del país hicieron necesario reestructurar su equipo de gobierno, especialmente en materias de seguridad y gestión política.
En una decisión que tomó por sorpresa a buena parte del oficialismo y a las propias autoridades de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast concretó este martes el primer cambio de gabinete de su administración, a solo 68 días de haber asumido el mando del país. Las salidas corresponden a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y a la vocera de Gobierno, Mara Sedini, quienes en las últimas semanas aparecían entre las autoridades peor evaluadas del gabinete en distintas encuestas de opinión pública, entre ellas Cadem. La determinación ya fue comunicada por el Mandatario a los presidentes de los partidos oficialistas y de oposición, mientras que la ceremonia oficial de ajuste ministerial quedó programada para las 20:00 horas en el Palacio de La Moneda. El movimiento generó sorpresa en el Ejecutivo, debido a que en el entorno presidencial se esperaba que cualquier modificación ministerial ocurriera después de la Cuenta Pública del próximo 1 de junio ante el Congreso Pleno. Además, el ajuste ocurre a pocas horas de una importante votación económica en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno tendría asegurados los respaldos necesarios. Hasta ahora, trascendió que Claudio Alvarado permanecería al mando del Ministerio del Interior, sumando además la vocería de Gobierno como biministro. En tanto, el actual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, asumiría la cartera de Seguridad. Otra de las fórmulas que evalúa el Ejecutivo es que Louis de Grange pase a encabezar simultáneamente Transportes y Obras Públicas. El ajuste de este martes se transforma en el cambio de gabinete más rápido realizado por un gobierno recién asumido desde el retorno a la democracia. El antecedente más cercano ocurrió en 2006, cuando el entonces ministro del Interior, Andrés Zaldívar, dejó el cargo tras 128 días.
