El Concejal de Antofagasta, Dinko Tomislav Rendic Véliz, ha hecho pública su renuncia a Renovación Nacional (RN) a través de un comunicado fechado hoy. La decisión fue tomada tras enfrentar lo que describió como dificultades en su labor dentro de la estructura partidaria local, la cual, según sus palabras,lejos de ser un apoyo, se transformó en una dificultad. Rendic mencionó que su experiencia reciente ha demostrado lo contrario a su entendimiento de la política como un esfuerzo colectivo. Señaló que fue víctima deobstrucciones a proyectos regionales, hostilidad interna y situaciones inaceptables que lo llevaron a dar un paso al costado por coherencia con sus principios. El concejal, quien inició su carrera en el servicio público como independiente, anunció que a partir de ahora continuará su gestión como Concejal Independiente. Aseguró que esta condición le permitirá enfocarse al100% en la fiscalización y las necesidades de Antofagasta, sin distracciones internas. En el ámbito nacional, Rendic comunicó que, manteniendo su coherencia con los principios de orden y seguridad que la ciudad necesita, apoyará con total convicción a José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. Finalmente, el Concejal Rendic expresó que mantendrá su condición de independiente hasta encontrar un proyecto político serio al cual pueda sumarse y aportar, siempre en beneficio directo de los vecinos y vecinas.
El caso Democracia Viva experimentó un giro significativo luego de que el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolviera excluir a los querellantes de carácter político que participaban en la causa. Entre ellos se encontraban el representante de los diputados del Partido Republicano, Sergio Rodríguez; el abogado Pablo Toloza, en representación de parlamentarios de la UDI; el senador socialista Fidel Espinoza; y el partido Revolución Democrática. El tribunal declaró el abandono de las querellas por diversas razones, principalmente por incumplimientos procesales como no asistir a audiencias, no impulsar las causas o no realizar gestiones dentro de los plazos legales. Según señaló BioBio, En el caso de los diputados republicanos, su abogado explicó que la exclusión se debió a que la parte querellante no contaba con un domicilio válido en Antofagasta, requisito esencial para continuar en el proceso. La resolución también incluyó un fuerte reproche al Ministerio Público, ya que el magistrado acogió los reclamos de las defensas por inconsistencias en la acusación y por la entrega incompleta de antecedentes. En consecuencia, se ordenó a la Fiscalía Regional entregar copia íntegra de toda la investigación en un plazo de cinco días, además de corregir y organizar la acusación en seis días, clasificando con precisión la prueba ofrecida. El tribunal estableció que, si las defensas detectan información faltante, deberán informarlo antes del 19 de enero para evitar nuevos retrasos en la audiencia de preparación del juicio oral. Desde la defensa de Daniel Andrade, el abogado José Ignacio Figueroa valoró la decisión y destacó que la Fiscalía no imputa apropiación de dinero en su acusación.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó instruir un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, tras denunciarse presuntas vulneraciones al principio de probidad administrativa en el contexto de la candidatura a diputada de la directora de Dideco, Yantiel Calderón (Evópoli). Las denuncias, ingresadas por Patricio Riveros y Marcelo Brunet, apuntan al uso de recursos públicos para favorecer su campaña, además de supuestas infracciones al deber de prescindencia política por parte de funcionarios municipales. Según el documento del ente fiscalizador, los denunciantes acusan que incluso el alcalde Sacha Razmilic y funcionarios habrían utilizado su cargo y jornada laboral para apoyar a Calderón. También señalan que la directora habría seguido impartiendo instrucciones pese a estar con permiso sin goce de sueldo. Contraloría detalla que los antecedentes sugieren el uso de redes sociales institucionales y material municipal para fines personales, lo que configuraría faltas a los principios de apoliticidad, legalidad y probidad. El órgano contralor recordó además que las instituciones públicas no pueden enlazar cuentas personales de autoridades ni anticipar información oficial a través de perfiles privados, según lo establecido en el dictamen E545210 de 2024. Asimismo, destacó que los bienes y plataformas institucionales no pueden utilizarse para potenciar posicionamientos individuales. Consultada por este medio, la Municipalidad de Antofagasta señaló no haber sido notificada del proceso. Pese a que el municipio y la CMDS defendieron su actuación ante la Contraloría, el organismo estimó que los antecedentes ameritan investigación, ordenando un sumario para determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
“Recibimos un país devastado, con una economía quebrada, inflación, escasez, deuda y desconfianza”, afirmó el nuevo presidente de Bolivia, Paz, al asumir en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El mandatario, de 58 años, apuntó directamente a sus antecesores, Evo Morales y Luis Arce, por la crisis económica, y llamó a la unidad nacional: “¿Qué carajo hicieron con la bonanza?”, exclamó. En su primer discurso, destacó su compromiso con la descentralización, la producción y la simplificación del Estado, mediante créditos accesibles, reformas tributarias y la eliminación de trabas burocráticas. A la ceremonia asistieron los presidentes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador, además de una delegación de Estados Unidos, simbolizando un cambio histórico en la política exterior boliviana tras décadas de distanciamiento diplomático. “Nunca más una Bolivia aislada del mundo”, declaró, en sintonía con la ola liberal que recorre la región. Economista y político de larga trayectoria, Paz sorprendió al ganar la presidencia en primera vuelta con el 54% de los votos, impulsado por su compañero de fórmula, Edmand Lara, un ex policía popular por sus denuncias anticorrupción. Su lema de campaña, “capitalismo para todos”, conectó con el electorado informal y la nueva burguesía urbana de origen indígena. Aunque prometió no recurrir a créditos externos, rápidamente negoció con organismos internacionales y la CAF para estabilizar las finanzas. Enfrenta ahora una economía en recesión, con déficit fiscal, inflación y reservas al límite. En su discurso final pidió un “acuerdo nacional del Bicentenario” para reconstruir el país. “Estamos de pie, firmes por la patria y decididos a salir de esta”, concluyó.
Tras casi tres años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a los ocho acusados en el denominado caso SQM, investigación que se extendió por más de una década y que buscaba esclarecer eventuales delitos de corrupción asociados al financiamiento irregular de la política. La decisión del tribunal benefició al exsenador Pablo Longueira, al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, a su exasesor Cristián Warner y al exgerente general de la minera, Patricio Contesse. También fueron absueltos la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la exsecretaria general de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado DC Roberto León, y el militante de la misma colectividad, Marcelo Rozas. El fallo —dictado por mayoría y con voto disidente de la jueza Carolina Paredes— estableció que no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas y facturas cuestionadas. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 5 de agosto de 2026. El tribunal además formuló duros cuestionamientos al Ministerio Público, señalando que la decisión de agrupar diversas causas antes de su cierre provocó una “demora excesiva” y una “merma evidente en la calidad de las probanzas”. Según los magistrados, la extensión del proceso —que acumuló 559 audiencias y pruebas relativas a hechos ocurridos entre 2008 y 2015— afectó la memoria de testigos y peritos. La investigación fue encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y contempló la presentación de más de 14 mil documentos, 651 testigos y 52 peritos. El Ministerio Público intentó demostrar delitos de cohecho, soborno y tributarios, acusando a Contesse de financiar campañas por más de $6.700 millones mediante boletas falsas, y a Longueira de recibir pagos para influir en la tramitación del royalty minero. Con este veredicto, se cierra uno de los procesos judiciales más extensos y emblemáticos en la historia política y judicial reciente de Chile, marcado por la caída de figuras históricas y un largo debate sobre los límites del financiamiento político empresarial.
El Concejal de Antofagasta, Dinko Tomislav Rendic Véliz, ha hecho pública su renuncia a Renovación Nacional (RN) a través de un comunicado fechado hoy. La decisión fue tomada tras enfrentar lo que describió como dificultades en su labor dentro de la estructura partidaria local, la cual, según sus palabras,lejos de ser un apoyo, se transformó en una dificultad. Rendic mencionó que su experiencia reciente ha demostrado lo contrario a su entendimiento de la política como un esfuerzo colectivo. Señaló que fue víctima deobstrucciones a proyectos regionales, hostilidad interna y situaciones inaceptables que lo llevaron a dar un paso al costado por coherencia con sus principios. El concejal, quien inició su carrera en el servicio público como independiente, anunció que a partir de ahora continuará su gestión como Concejal Independiente. Aseguró que esta condición le permitirá enfocarse al100% en la fiscalización y las necesidades de Antofagasta, sin distracciones internas. En el ámbito nacional, Rendic comunicó que, manteniendo su coherencia con los principios de orden y seguridad que la ciudad necesita, apoyará con total convicción a José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. Finalmente, el Concejal Rendic expresó que mantendrá su condición de independiente hasta encontrar un proyecto político serio al cual pueda sumarse y aportar, siempre en beneficio directo de los vecinos y vecinas.
El caso Democracia Viva experimentó un giro significativo luego de que el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolviera excluir a los querellantes de carácter político que participaban en la causa. Entre ellos se encontraban el representante de los diputados del Partido Republicano, Sergio Rodríguez; el abogado Pablo Toloza, en representación de parlamentarios de la UDI; el senador socialista Fidel Espinoza; y el partido Revolución Democrática. El tribunal declaró el abandono de las querellas por diversas razones, principalmente por incumplimientos procesales como no asistir a audiencias, no impulsar las causas o no realizar gestiones dentro de los plazos legales. Según señaló BioBio, En el caso de los diputados republicanos, su abogado explicó que la exclusión se debió a que la parte querellante no contaba con un domicilio válido en Antofagasta, requisito esencial para continuar en el proceso. La resolución también incluyó un fuerte reproche al Ministerio Público, ya que el magistrado acogió los reclamos de las defensas por inconsistencias en la acusación y por la entrega incompleta de antecedentes. En consecuencia, se ordenó a la Fiscalía Regional entregar copia íntegra de toda la investigación en un plazo de cinco días, además de corregir y organizar la acusación en seis días, clasificando con precisión la prueba ofrecida. El tribunal estableció que, si las defensas detectan información faltante, deberán informarlo antes del 19 de enero para evitar nuevos retrasos en la audiencia de preparación del juicio oral. Desde la defensa de Daniel Andrade, el abogado José Ignacio Figueroa valoró la decisión y destacó que la Fiscalía no imputa apropiación de dinero en su acusación.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó instruir un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, tras denunciarse presuntas vulneraciones al principio de probidad administrativa en el contexto de la candidatura a diputada de la directora de Dideco, Yantiel Calderón (Evópoli). Las denuncias, ingresadas por Patricio Riveros y Marcelo Brunet, apuntan al uso de recursos públicos para favorecer su campaña, además de supuestas infracciones al deber de prescindencia política por parte de funcionarios municipales. Según el documento del ente fiscalizador, los denunciantes acusan que incluso el alcalde Sacha Razmilic y funcionarios habrían utilizado su cargo y jornada laboral para apoyar a Calderón. También señalan que la directora habría seguido impartiendo instrucciones pese a estar con permiso sin goce de sueldo. Contraloría detalla que los antecedentes sugieren el uso de redes sociales institucionales y material municipal para fines personales, lo que configuraría faltas a los principios de apoliticidad, legalidad y probidad. El órgano contralor recordó además que las instituciones públicas no pueden enlazar cuentas personales de autoridades ni anticipar información oficial a través de perfiles privados, según lo establecido en el dictamen E545210 de 2024. Asimismo, destacó que los bienes y plataformas institucionales no pueden utilizarse para potenciar posicionamientos individuales. Consultada por este medio, la Municipalidad de Antofagasta señaló no haber sido notificada del proceso. Pese a que el municipio y la CMDS defendieron su actuación ante la Contraloría, el organismo estimó que los antecedentes ameritan investigación, ordenando un sumario para determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
“Recibimos un país devastado, con una economía quebrada, inflación, escasez, deuda y desconfianza”, afirmó el nuevo presidente de Bolivia, Paz, al asumir en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El mandatario, de 58 años, apuntó directamente a sus antecesores, Evo Morales y Luis Arce, por la crisis económica, y llamó a la unidad nacional: “¿Qué carajo hicieron con la bonanza?”, exclamó. En su primer discurso, destacó su compromiso con la descentralización, la producción y la simplificación del Estado, mediante créditos accesibles, reformas tributarias y la eliminación de trabas burocráticas. A la ceremonia asistieron los presidentes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador, además de una delegación de Estados Unidos, simbolizando un cambio histórico en la política exterior boliviana tras décadas de distanciamiento diplomático. “Nunca más una Bolivia aislada del mundo”, declaró, en sintonía con la ola liberal que recorre la región. Economista y político de larga trayectoria, Paz sorprendió al ganar la presidencia en primera vuelta con el 54% de los votos, impulsado por su compañero de fórmula, Edmand Lara, un ex policía popular por sus denuncias anticorrupción. Su lema de campaña, “capitalismo para todos”, conectó con el electorado informal y la nueva burguesía urbana de origen indígena. Aunque prometió no recurrir a créditos externos, rápidamente negoció con organismos internacionales y la CAF para estabilizar las finanzas. Enfrenta ahora una economía en recesión, con déficit fiscal, inflación y reservas al límite. En su discurso final pidió un “acuerdo nacional del Bicentenario” para reconstruir el país. “Estamos de pie, firmes por la patria y decididos a salir de esta”, concluyó.
Tras casi tres años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a los ocho acusados en el denominado caso SQM, investigación que se extendió por más de una década y que buscaba esclarecer eventuales delitos de corrupción asociados al financiamiento irregular de la política. La decisión del tribunal benefició al exsenador Pablo Longueira, al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, a su exasesor Cristián Warner y al exgerente general de la minera, Patricio Contesse. También fueron absueltos la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; la exsecretaria general de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado DC Roberto León, y el militante de la misma colectividad, Marcelo Rozas. El fallo —dictado por mayoría y con voto disidente de la jueza Carolina Paredes— estableció que no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas y facturas cuestionadas. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 5 de agosto de 2026. El tribunal además formuló duros cuestionamientos al Ministerio Público, señalando que la decisión de agrupar diversas causas antes de su cierre provocó una “demora excesiva” y una “merma evidente en la calidad de las probanzas”. Según los magistrados, la extensión del proceso —que acumuló 559 audiencias y pruebas relativas a hechos ocurridos entre 2008 y 2015— afectó la memoria de testigos y peritos. La investigación fue encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y contempló la presentación de más de 14 mil documentos, 651 testigos y 52 peritos. El Ministerio Público intentó demostrar delitos de cohecho, soborno y tributarios, acusando a Contesse de financiar campañas por más de $6.700 millones mediante boletas falsas, y a Longueira de recibir pagos para influir en la tramitación del royalty minero. Con este veredicto, se cierra uno de los procesos judiciales más extensos y emblemáticos en la historia política y judicial reciente de Chile, marcado por la caída de figuras históricas y un largo debate sobre los límites del financiamiento político empresarial.
