El Juzgado de Garantía de Antofagasta realizará este viernes, a partir de las 10:00 horas, una audiencia clave para definir el futuro penitenciario de la exalcaldesa Karen Rojo Venegas. La instancia, que se desarrollará por videoconferencia, abordará la solicitud de reconocimiento de los años que permaneció privada de libertad en Países Bajos y el lugar donde continuará cumpliendo la condena que pesa en su contra. Rojo fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo como autora del delito consumado de fraude al fisco, ilícito cometido durante su gestión al frente de la Municipalidad de Antofagasta. Sin embargo, antes de que la sentencia quedara firme, abandonó Chile con destino a Europa para evitar el cumplimiento de la pena. La exjefa comunal fue detenida el 13 de julio de 2022 en Ámsterdam, iniciando un proceso de extradición que la mantuvo recluida durante cuatro años en la Penitenciaría de Utrecht. Tras autorizarse su entrega a Chile por parte de la justicia neerlandesa, regresó al país el pasado 15 de julio e ingresó en calidad de condenada al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en Santiago. La audiencia de este viernes será dirigida por el juez Andrés Santelices, quien dispuso que el recinto penitenciario facilite los medios tecnológicos para que Rojo participe de forma remota a través de la plataforma Zoom. Asimismo, el magistrado instruyó a las partes presentar todos los antecedentes necesarios para sustentar sus posiciones, incluyendo documentación original y certificados debidamente legalizados o apostillados, conforme a las exigencias de la legislación chilena y los tratados internacionales vigentes. El principal punto en discusión será determinar si los cuatro años que Rojo permaneció privada de libertad en Europa pueden ser considerados como abono a la condena que cumple en Chile. De acogerse esta solicitud, la exalcaldesa habría cumplido más de la mitad de la pena impuesta, lo que le permitiría acceder a beneficios intrapenitenciarios, como permisos de salida, o incluso postular en el próximo proceso semestral de libertad condicional, siempre que reúna los requisitos establecidos por la normativa. En paralelo, trascendió que el abogado Juan Carlos Manríquez se incorporaría al equipo defensor encabezado por Fidel Castro Allendes, reforzando la estrategia jurídica de la exalcaldesa en esta nueva etapa del proceso judicial.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó en entrevista con Antofagasta Televisión los principales desafíos de su rol en la Cámara Alta, la agenda legislativa nacional y la importancia de mantener presencia institucional en regiones, especialmente en zonas extremas y territorios estratégicos como la macrozona norte. La senadora por Antofagasta reconoció que asumir la presidencia del Senado ha significado una agenda altamente demandante, con sesiones, reuniones de comité y coordinación permanente entre las prioridades del Gobierno, el oficialismo y la oposición. En ese contexto, destacó la relevancia de trasladar el trabajo legislativo a las regiones, señalando que se ha propuesto que las comisiones del Senado sesionen al menos una vez en cada región del país durante su periodo. Núñez valoró la reciente visita a Arica, donde participó en una sesión de la Comisión de Zonas Extremas junto a senadores, ministros, autoridades locales y representantes de la sociedad civil. A su juicio, la presencia de las autoridades en terreno permite comprender de mejor manera las necesidades de las comunidades, como ocurre con demandas en salud, infraestructura y conectividad. En materia fronteriza, la presidenta del Senado destacó los avances del sistema de seguridad en la macrozona norte, incluyendo zanjas, cámaras infrarrojas, drones y presencia militar. Según indicó, estas medidas han permitido reducir en cerca de un 70% los ingresos irregulares, enfatizando que antes de aumentar expulsiones es clave evitar nuevos ingresos clandestinos al país. La parlamentaria también se refirió al debate por el levantamiento del secreto bancario, en el marco de investigaciones vinculadas al crimen organizado. Si bien afirmó que existe disposición a avanzar, sostuvo que debe mantenerse un control judicial para resguardar garantías, aunque con plazos más breves que permitan agilizar las diligencias. Además, abordó la megareforma de reconstrucción, indicando que el proyecto debe aprobarse con la mayor cantidad de votos posible y no solo con una mayoría mínima. Según explicó, la discusión continuará en el Senado y podría definirse hacia fines de julio o comienzos de agosto. Finalmente, Núñez subrayó que el combate al crimen organizado debe asumirse como una política de Estado, lejos de disputas ideológicas, y con apoyo efectivo a policías, Fuerzas Armadas y seguridad pública.
La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
En una emotiva ceremonia realizada este martes 19 de mayo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, fueron reconocidos 27 ex jueces y juezas que contribuyeron al esclarecimiento de causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en Chile. Entre los homenajeados destacó el exmagistrado Jorge Cortés Monroy de la Fuente, reconocido por su labor en las diligencias realizadas en la mina La Veleidosa, ubicada en la Región de Antofagasta, caso emblemático relacionado con detenidos desaparecidos de Tocopilla. La actividad reunió a representantes del ámbito jurídico, organizaciones de familiares de víctimas y agrupaciones de derechos humanos, quienes valoraron el trabajo realizado por magistrados que, en distintos momentos y bajo complejos contextos, impulsaron investigaciones fundamentales para avanzar en verdad y justicia. El reconocimiento a Cortés Monroy se relaciona especialmente con las diligencias efectuadas a comienzos de los años noventa en la mina La Veleidosa, lugar donde se buscaban restos de víctimas de desaparición forzada. En aquella época, pese a la escasez de recursos técnicos y tecnológicos, el magistrado encabezó excavaciones y procedimientos judiciales que permitieron exhumar restos parciales de Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos y Agustín Villarroel Carmona, posteriormente entregados a sus familias. Más de tres décadas después, las diligencias investigativas continúan. Durante 2024, familiares de víctimas de desaparición forzada de Tocopilla, junto al equipo del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, retomaron las labores en la mina con apoyo de la ONG Rescate Atacama y el Programa PRAIS. Estas acciones forman parte de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, política de Estado formalizada en 2023, cuyo objetivo es esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas y avanzar en la reparación de las familias. Las nuevas diligencias buscan hallar restos humanos aún no encontrados, además de profundizar investigaciones respecto de posibles víctimas que nunca fueron registradas oficialmente como desaparecidas en la región. Testimonios incorporados a la causa incluso apuntan a la eventual presencia de una mujer entre las víctimas. Actualmente, la investigación judicial se encuentra bajo la conducción del ministro en visita extraordinaria Sergio Troncoso, tras haber sido inicialmente instruida por el ministro Vicente Hormazábal en la causa Rol N°64-2016 B. Durante las recientes exploraciones, equipos especializados lograron completar una primera fase de inspección y evaluación técnica del interior del pique minero, determinando puntos de anclaje para futuras bajadas y trabajos de prospección forense. Posteriormente se espera avanzar en análisis antropológicos y genéticos de cualquier evidencia que pueda ser encontrada. Las organizaciones de familiares valoraron el reconocimiento realizado en el Museo de la Memoria, destacando que el trabajo de jueces, investigadores y agrupaciones de derechos humanos ha sido fundamental para mantener viva la búsqueda de verdad, justicia y reparación en casos que aún siguen abiertos en Chile.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta realizará este viernes, a partir de las 10:00 horas, una audiencia clave para definir el futuro penitenciario de la exalcaldesa Karen Rojo Venegas. La instancia, que se desarrollará por videoconferencia, abordará la solicitud de reconocimiento de los años que permaneció privada de libertad en Países Bajos y el lugar donde continuará cumpliendo la condena que pesa en su contra. Rojo fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo como autora del delito consumado de fraude al fisco, ilícito cometido durante su gestión al frente de la Municipalidad de Antofagasta. Sin embargo, antes de que la sentencia quedara firme, abandonó Chile con destino a Europa para evitar el cumplimiento de la pena. La exjefa comunal fue detenida el 13 de julio de 2022 en Ámsterdam, iniciando un proceso de extradición que la mantuvo recluida durante cuatro años en la Penitenciaría de Utrecht. Tras autorizarse su entrega a Chile por parte de la justicia neerlandesa, regresó al país el pasado 15 de julio e ingresó en calidad de condenada al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en Santiago. La audiencia de este viernes será dirigida por el juez Andrés Santelices, quien dispuso que el recinto penitenciario facilite los medios tecnológicos para que Rojo participe de forma remota a través de la plataforma Zoom. Asimismo, el magistrado instruyó a las partes presentar todos los antecedentes necesarios para sustentar sus posiciones, incluyendo documentación original y certificados debidamente legalizados o apostillados, conforme a las exigencias de la legislación chilena y los tratados internacionales vigentes. El principal punto en discusión será determinar si los cuatro años que Rojo permaneció privada de libertad en Europa pueden ser considerados como abono a la condena que cumple en Chile. De acogerse esta solicitud, la exalcaldesa habría cumplido más de la mitad de la pena impuesta, lo que le permitiría acceder a beneficios intrapenitenciarios, como permisos de salida, o incluso postular en el próximo proceso semestral de libertad condicional, siempre que reúna los requisitos establecidos por la normativa. En paralelo, trascendió que el abogado Juan Carlos Manríquez se incorporaría al equipo defensor encabezado por Fidel Castro Allendes, reforzando la estrategia jurídica de la exalcaldesa en esta nueva etapa del proceso judicial.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó en entrevista con Antofagasta Televisión los principales desafíos de su rol en la Cámara Alta, la agenda legislativa nacional y la importancia de mantener presencia institucional en regiones, especialmente en zonas extremas y territorios estratégicos como la macrozona norte. La senadora por Antofagasta reconoció que asumir la presidencia del Senado ha significado una agenda altamente demandante, con sesiones, reuniones de comité y coordinación permanente entre las prioridades del Gobierno, el oficialismo y la oposición. En ese contexto, destacó la relevancia de trasladar el trabajo legislativo a las regiones, señalando que se ha propuesto que las comisiones del Senado sesionen al menos una vez en cada región del país durante su periodo. Núñez valoró la reciente visita a Arica, donde participó en una sesión de la Comisión de Zonas Extremas junto a senadores, ministros, autoridades locales y representantes de la sociedad civil. A su juicio, la presencia de las autoridades en terreno permite comprender de mejor manera las necesidades de las comunidades, como ocurre con demandas en salud, infraestructura y conectividad. En materia fronteriza, la presidenta del Senado destacó los avances del sistema de seguridad en la macrozona norte, incluyendo zanjas, cámaras infrarrojas, drones y presencia militar. Según indicó, estas medidas han permitido reducir en cerca de un 70% los ingresos irregulares, enfatizando que antes de aumentar expulsiones es clave evitar nuevos ingresos clandestinos al país. La parlamentaria también se refirió al debate por el levantamiento del secreto bancario, en el marco de investigaciones vinculadas al crimen organizado. Si bien afirmó que existe disposición a avanzar, sostuvo que debe mantenerse un control judicial para resguardar garantías, aunque con plazos más breves que permitan agilizar las diligencias. Además, abordó la megareforma de reconstrucción, indicando que el proyecto debe aprobarse con la mayor cantidad de votos posible y no solo con una mayoría mínima. Según explicó, la discusión continuará en el Senado y podría definirse hacia fines de julio o comienzos de agosto. Finalmente, Núñez subrayó que el combate al crimen organizado debe asumirse como una política de Estado, lejos de disputas ideológicas, y con apoyo efectivo a policías, Fuerzas Armadas y seguridad pública.
La alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República luego que el organismo fiscalizador la incluyera en una nómina de 15 jefes comunales del país que no habrían cumplido oportunamente con la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), exigencia establecida por la legislación vigente en materia de probidad y transparencia. La medida forma parte de un amplio proceso de fiscalización impulsado por el ente contralor, que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de diversas autoridades municipales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la Región de Antofagasta, la comuna de Sierra Gorda aparece junto a Arica como una de las administraciones comunales observadas por la falta de actualización de estos antecedentes. Según informó la Contraloría, a partir del 27 de mayo comenzaron a ser enviados los respectivos oficios a las autoridades involucradas. Mediante estos documentos se les notificó formalmente de la situación y se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar sus declaraciones y presentar toda la información requerida en la plataforma oficial dispuesta para estos efectos. Las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituyen una herramienta fundamental para resguardar la transparencia en el ejercicio de la función pública. A través de ellas, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, participaciones societarias, actividades económicas y otros antecedentes patrimoniales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La fiscalización se encuentra amparada en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La normativa establece sanciones para quienes incumplan esta obligación, contemplando multas que pueden fluctuar entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la ley considera medidas más severas en caso de persistir la omisión. Si una autoridad mantiene la irregularidad por un período superior a cuatro meses desde la aplicación de la primera sanción, se abre la posibilidad legal de iniciar procedimientos que podrían derivar incluso en la destitución del cargo. Frente a este escenario, los equipos jurídicos y administrativos de las municipalidades observadas trabajan para reunir los antecedentes requeridos y regularizar la situación dentro del plazo establecido por la Contraloría, evitando así la apertura de procesos sancionatorios. El caso ha generado atención en la Región de Antofagasta debido a que Sierra Gorda es la única comuna regional incluida en este proceso de apercibimiento, situación que ahora deberá ser aclarada ante el organismo fiscalizador dentro de los plazos legales establecidos.
La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
En una emotiva ceremonia realizada este martes 19 de mayo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, fueron reconocidos 27 ex jueces y juezas que contribuyeron al esclarecimiento de causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en Chile. Entre los homenajeados destacó el exmagistrado Jorge Cortés Monroy de la Fuente, reconocido por su labor en las diligencias realizadas en la mina La Veleidosa, ubicada en la Región de Antofagasta, caso emblemático relacionado con detenidos desaparecidos de Tocopilla. La actividad reunió a representantes del ámbito jurídico, organizaciones de familiares de víctimas y agrupaciones de derechos humanos, quienes valoraron el trabajo realizado por magistrados que, en distintos momentos y bajo complejos contextos, impulsaron investigaciones fundamentales para avanzar en verdad y justicia. El reconocimiento a Cortés Monroy se relaciona especialmente con las diligencias efectuadas a comienzos de los años noventa en la mina La Veleidosa, lugar donde se buscaban restos de víctimas de desaparición forzada. En aquella época, pese a la escasez de recursos técnicos y tecnológicos, el magistrado encabezó excavaciones y procedimientos judiciales que permitieron exhumar restos parciales de Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos y Agustín Villarroel Carmona, posteriormente entregados a sus familias. Más de tres décadas después, las diligencias investigativas continúan. Durante 2024, familiares de víctimas de desaparición forzada de Tocopilla, junto al equipo del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, retomaron las labores en la mina con apoyo de la ONG Rescate Atacama y el Programa PRAIS. Estas acciones forman parte de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, política de Estado formalizada en 2023, cuyo objetivo es esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas y avanzar en la reparación de las familias. Las nuevas diligencias buscan hallar restos humanos aún no encontrados, además de profundizar investigaciones respecto de posibles víctimas que nunca fueron registradas oficialmente como desaparecidas en la región. Testimonios incorporados a la causa incluso apuntan a la eventual presencia de una mujer entre las víctimas. Actualmente, la investigación judicial se encuentra bajo la conducción del ministro en visita extraordinaria Sergio Troncoso, tras haber sido inicialmente instruida por el ministro Vicente Hormazábal en la causa Rol N°64-2016 B. Durante las recientes exploraciones, equipos especializados lograron completar una primera fase de inspección y evaluación técnica del interior del pique minero, determinando puntos de anclaje para futuras bajadas y trabajos de prospección forense. Posteriormente se espera avanzar en análisis antropológicos y genéticos de cualquier evidencia que pueda ser encontrada. Las organizaciones de familiares valoraron el reconocimiento realizado en el Museo de la Memoria, destacando que el trabajo de jueces, investigadores y agrupaciones de derechos humanos ha sido fundamental para mantener viva la búsqueda de verdad, justicia y reparación en casos que aún siguen abiertos en Chile.
