El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama condenó a Edwin Pérez González, de 43 años, como autor de femicidio tentado y desacato, contra su ex conviviente y la madre de su hija, de 38 años de edad. Tras comprobarse su autoría en los hechos, Pérez recibió una pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de femicidio tentado y 541 días de presidio menor en su grado medio por desacato. A esta pena deberán descontarse 612 días, tiempo en que el condenado permaneció en prisión preventiva. El hecho se registró el 25 de noviembre de 2024, cuando personal de Carabineros concurrió al domicilio de la víctima tras una llamada de vecinos. En el lugar, efectivos constataron que se encontraba el ex conviviente de la mujer, Edwin Pérez, quien además de agredirla físicamente, intentó asfixiarla. Esto, mientras pesaba sobre Pérez una medida cautelar de no acercamiento desde el 11 de noviembre de 2023. En este escenario, las agresiones fueron acreditadas por el Hospital Carlos Cisternas de Calama. Durante el juicio, se constató que la relación entre ambos se mantuvo bajo “violencia crónica, dominación y control”, desde que se conocieron en 2020. De acuerdo a lo presentado, ambos tienen una hija en común y que durante el embarazo el condenado “la controlaba mucho, no la dejaba ver a su familia y le hacía videollamadas constantes, controlándola por todo. Ante su negativa a costear gastos, él volvía a agredirla”. Así, pena otorgada deberá cumplirse de manera efectiva, sin que proceda sustitución alguna de las penas. En tanto, la mujer sobreviviente continúa recibiendo atención integral en dispositivos que el SernamEG y la Municipalidad de Calama mantienen en esta ciudad. Por ello, la directora regional del SernamEG, Gabriela Araya Seguel, valoró el trabajo coordinado de SernamEG con el Ministerio Público para lograr una condena. Técnicamente es difícil determinar este tipo de delitos, dado que allí confluyen no sólo factores externos al hecho en sí que impidieran consumar el crimen. Y luego agregó que: Este resultado nos motiva como Servicio a seguir fortaleciendo el trabajo del equipo jurídico del SernamEG, de los Centros de las Mujeres y de los Centros de Atención Especializada en Violencia de Género de la región. Con este fallo deseo que nuestro mensaje llegue a cada mujer de nuestra zona para decirles que no están solas y que acá estamos para brindarles una atención integral. Finalmente, la titular del SernamEG reiteró que el Servicio cuenta con el fono de orientación 1455 y el whatsapp +569 9700 7000 para orientar y actuar a tiempo ante todo tipo de violencia contra mujeres.
Con cinco sujetos en prisión preventiva terminó un operativo que permitió desarticular tres puntos de venta de drogas que operaban en domicilios ubicados en distintos sectores de Antofagasta. Tras una investigación en la que se investigó a los tres inmuebles, se estableció que en dichos puntos se habrían estado comercializando sustancias ilícitas, lo que permitió obtener órdenes judiciales de entrada, registro e incautación de los respectivos domicilios, iniciando el operativo desarrollado por Fiscalía SAC de Antofagasta y la Sección OS7 de Carabineros. En este escenario, se llevaron a cabo allanamientos a los tres inmuebles implicados, operativos que terminaron con cinco personas detenidas y la incautación de más de 1,2 kilos de drogas, correspondientes a pasta base de cocaína, marihuana y clorhidrato de cocaína. Además, en los procedimientos también se fueron decomisados $800.000 en efectivo, pesas digitales y otras especies asociadas a la dosificación y comercialización de drogas. Finalmente, después de la detención, los cinco imputados fueron formalizados por delitos contemplados en la Ley N° 20.000 y el tribunal decretó prisión preventiva para todos los implicados; para tres de ellos por peligro para la seguridad de la sociedad y a los otros dos, por peligro de fuga.
Un sujeto detenido y más de 722 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando incautadas dejó un un control vehicular preventivo desarrollado en el sector de Baquedano, luego de interceptar un tractocamión que transportaba la carga al interior de un semirremolque. El procedimiento se desarrolló por Carabineros de la Tenencia Baquedano, en la Ruta 5 Norte, donde efectivos fiscalizaron a un tractocamión, en el que detectaron una gran cantidad de pacas con cigarrillos que no contaban con autorización para su comercialización legal en territorio nacional. Durante la inspección, se constató que el sujeto trasladaba 722.549 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas, las que fueron descargadas del vehículo y tras ello, se concretó la detención del conductor, un ciudadano extranjero de 24 años. El procedimiento fue asesorado por personal especializado del OS9 de Carabineros, mientras que personal de la SEBV quedó a cargo de las diligencias relacionadas con el vehículo y semirremolque.
Una alerta por un supuesto accidente de una aeronave menor movilizó a equipos de emergencia hasta el kilómetro 3 de la Ruta 195, en el sector de Tuina, en la Provincia de El Loa. De acuerdo con los antecedentes recibidos, en el lugar se habría producido la caída de una avioneta, situación que motivó el despliegue de personal para verificar la posible emergencia. Sin embargo, al llegar al sitio indicado, los equipos constataron que el humo observado correspondía a una quema de basura a cielo abierto. Tras recorrer y revisar el sector, se descartó la existencia de una aeronave siniestrada y de cualquier otro hecho relacionado con una emergencia aeronáutica. Como parte del procedimiento, se realizaron coordinaciones con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Aeropuerto El Loa y la respectiva Torre de Control. Ambos organismos informaron que no mantenían antecedentes sobre accidentes aéreos ni registros de operaciones o vuelos en el lugar y horario consultados. Al procedimiento también concurrieron voluntarios de Bomberos y personal de Asistencia Vecinal, quienes realizaron las diligencias de verificación correspondientes. La situación quedó controlada y no se reportaron personas lesionadas.
En prisión preventiva quedaron cinco ciudadanos peruanos, formalizados como presuntos autores de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos y asociación criminal, cometidos en distintos domicilios de Calama. De acuerdo a la investigación, al menos desde el año 2021, la banda habría captado y explotado sexualmente a mujeres extranjeras en condición de vulnerabilidad, obteniendo ganancias económicas. Las víctimas eran contactadas a través de ofertas laborales engañosas. En este escenario, los imputados fueron detenidos por la Agrupación Investigadora de Trata de Personas (BRIANT) de la PDI, durante una serie de allanamientos en Calama, donde además se recuperó diversa evidencia de los delitos investigados y se puso a resguardo a una decena de mujeres extranjeras, víctimas de la agrupación. Tras la formalización, la defensa de los imputados presentó recursos de apelación solicitando el cambio de las medidas cautelares impuestas, solicitud que fue rechazada por los magistrados del tribunal de alzada, quienes finalmente por confirmaron la prisión preventiva.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama condenó a Edwin Pérez González, de 43 años, como autor de femicidio tentado y desacato, contra su ex conviviente y la madre de su hija, de 38 años de edad. Tras comprobarse su autoría en los hechos, Pérez recibió una pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de femicidio tentado y 541 días de presidio menor en su grado medio por desacato. A esta pena deberán descontarse 612 días, tiempo en que el condenado permaneció en prisión preventiva. El hecho se registró el 25 de noviembre de 2024, cuando personal de Carabineros concurrió al domicilio de la víctima tras una llamada de vecinos. En el lugar, efectivos constataron que se encontraba el ex conviviente de la mujer, Edwin Pérez, quien además de agredirla físicamente, intentó asfixiarla. Esto, mientras pesaba sobre Pérez una medida cautelar de no acercamiento desde el 11 de noviembre de 2023. En este escenario, las agresiones fueron acreditadas por el Hospital Carlos Cisternas de Calama. Durante el juicio, se constató que la relación entre ambos se mantuvo bajo “violencia crónica, dominación y control”, desde que se conocieron en 2020. De acuerdo a lo presentado, ambos tienen una hija en común y que durante el embarazo el condenado “la controlaba mucho, no la dejaba ver a su familia y le hacía videollamadas constantes, controlándola por todo. Ante su negativa a costear gastos, él volvía a agredirla”. Así, pena otorgada deberá cumplirse de manera efectiva, sin que proceda sustitución alguna de las penas. En tanto, la mujer sobreviviente continúa recibiendo atención integral en dispositivos que el SernamEG y la Municipalidad de Calama mantienen en esta ciudad. Por ello, la directora regional del SernamEG, Gabriela Araya Seguel, valoró el trabajo coordinado de SernamEG con el Ministerio Público para lograr una condena. Técnicamente es difícil determinar este tipo de delitos, dado que allí confluyen no sólo factores externos al hecho en sí que impidieran consumar el crimen. Y luego agregó que: Este resultado nos motiva como Servicio a seguir fortaleciendo el trabajo del equipo jurídico del SernamEG, de los Centros de las Mujeres y de los Centros de Atención Especializada en Violencia de Género de la región. Con este fallo deseo que nuestro mensaje llegue a cada mujer de nuestra zona para decirles que no están solas y que acá estamos para brindarles una atención integral. Finalmente, la titular del SernamEG reiteró que el Servicio cuenta con el fono de orientación 1455 y el whatsapp +569 9700 7000 para orientar y actuar a tiempo ante todo tipo de violencia contra mujeres.
Con cinco sujetos en prisión preventiva terminó un operativo que permitió desarticular tres puntos de venta de drogas que operaban en domicilios ubicados en distintos sectores de Antofagasta. Tras una investigación en la que se investigó a los tres inmuebles, se estableció que en dichos puntos se habrían estado comercializando sustancias ilícitas, lo que permitió obtener órdenes judiciales de entrada, registro e incautación de los respectivos domicilios, iniciando el operativo desarrollado por Fiscalía SAC de Antofagasta y la Sección OS7 de Carabineros. En este escenario, se llevaron a cabo allanamientos a los tres inmuebles implicados, operativos que terminaron con cinco personas detenidas y la incautación de más de 1,2 kilos de drogas, correspondientes a pasta base de cocaína, marihuana y clorhidrato de cocaína. Además, en los procedimientos también se fueron decomisados $800.000 en efectivo, pesas digitales y otras especies asociadas a la dosificación y comercialización de drogas. Finalmente, después de la detención, los cinco imputados fueron formalizados por delitos contemplados en la Ley N° 20.000 y el tribunal decretó prisión preventiva para todos los implicados; para tres de ellos por peligro para la seguridad de la sociedad y a los otros dos, por peligro de fuga.
Un sujeto detenido y más de 722 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando incautadas dejó un un control vehicular preventivo desarrollado en el sector de Baquedano, luego de interceptar un tractocamión que transportaba la carga al interior de un semirremolque. El procedimiento se desarrolló por Carabineros de la Tenencia Baquedano, en la Ruta 5 Norte, donde efectivos fiscalizaron a un tractocamión, en el que detectaron una gran cantidad de pacas con cigarrillos que no contaban con autorización para su comercialización legal en territorio nacional. Durante la inspección, se constató que el sujeto trasladaba 722.549 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas, las que fueron descargadas del vehículo y tras ello, se concretó la detención del conductor, un ciudadano extranjero de 24 años. El procedimiento fue asesorado por personal especializado del OS9 de Carabineros, mientras que personal de la SEBV quedó a cargo de las diligencias relacionadas con el vehículo y semirremolque.
Una alerta por un supuesto accidente de una aeronave menor movilizó a equipos de emergencia hasta el kilómetro 3 de la Ruta 195, en el sector de Tuina, en la Provincia de El Loa. De acuerdo con los antecedentes recibidos, en el lugar se habría producido la caída de una avioneta, situación que motivó el despliegue de personal para verificar la posible emergencia. Sin embargo, al llegar al sitio indicado, los equipos constataron que el humo observado correspondía a una quema de basura a cielo abierto. Tras recorrer y revisar el sector, se descartó la existencia de una aeronave siniestrada y de cualquier otro hecho relacionado con una emergencia aeronáutica. Como parte del procedimiento, se realizaron coordinaciones con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Aeropuerto El Loa y la respectiva Torre de Control. Ambos organismos informaron que no mantenían antecedentes sobre accidentes aéreos ni registros de operaciones o vuelos en el lugar y horario consultados. Al procedimiento también concurrieron voluntarios de Bomberos y personal de Asistencia Vecinal, quienes realizaron las diligencias de verificación correspondientes. La situación quedó controlada y no se reportaron personas lesionadas.
En prisión preventiva quedaron cinco ciudadanos peruanos, formalizados como presuntos autores de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos y asociación criminal, cometidos en distintos domicilios de Calama. De acuerdo a la investigación, al menos desde el año 2021, la banda habría captado y explotado sexualmente a mujeres extranjeras en condición de vulnerabilidad, obteniendo ganancias económicas. Las víctimas eran contactadas a través de ofertas laborales engañosas. En este escenario, los imputados fueron detenidos por la Agrupación Investigadora de Trata de Personas (BRIANT) de la PDI, durante una serie de allanamientos en Calama, donde además se recuperó diversa evidencia de los delitos investigados y se puso a resguardo a una decena de mujeres extranjeras, víctimas de la agrupación. Tras la formalización, la defensa de los imputados presentó recursos de apelación solicitando el cambio de las medidas cautelares impuestas, solicitud que fue rechazada por los magistrados del tribunal de alzada, quienes finalmente por confirmaron la prisión preventiva.