Durante este fin de semana, Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de la Prefectura de Antofagasta, lograron detener a un sujeto prófugo de la justicia. El individuo mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, emanada el 15 de octubre de 2025. Tras diversas diligencias del persona especializado, los funcionarios lograron dar con el paradero del sujeto en la intersección de calle Los Chungos con Mario Silva Iriarte, en el sector norte de la capital regional. El detenido estaba condenado a un cumplir una pena de 1.748 días de privación de libertad. El ilícito por el que fue condenado ocurrió el 5 de marzo de 2016 en calle Lima de Antofagasta. El sujeto, que en ese entonces era menor de edad, le disparó a un hombre de 27 años, dejándolo herido en la vía pública y que luego falleció en el Hospital Regional.
En el Centro de Justicia de Santiago, la mañana de este lunes, se dio a conocer la sentencia en contra del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, y su cónyuge, María Magdalena Neira. En la sala 801 del edificio D, el 4° Tribunal Oral en lo Penal informó que Espinosa deberá cumplir una condena total de 17 años de cárcel, de los cuales se descontarán los cuatro años que permaneció en prisión preventiva o arresto domiciliario. Además, se acogió la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado, imponiéndosele el pago de 146 millones de pesos por concepto de daño emergente al Estado. Espinosa siguió la lectura de la sentencia conectado desde el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). El pasado 12 de noviembre, el tribunal lo declaró culpable como autor de delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación y uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. La resolución, unánime, fue adoptada por los jueces Cristián Soto Galdames, Pedro Suárez Nieto y Carolina Escandón Cox. En el caso de Neira, el tribunal dictó un veredicto condenatorio por delito culposo de lavado de activos, imponiéndole una pena de 541 días. Según la Fiscalía Oriente, la mujer fue “un elemento fundamental” en la trama defraudatoria. El juicio se extendió por 45 días, con la declaración de más de 90 testigos, y el Ministerio Público había solicitado inicialmente 20 años de cárcel para el exjefe policial. La investigación contra Espinosa comenzó en octubre de 2021, tras detectarse irregularidades en el uso de gastos reservados asignados a la PDI entre 2015 y 2017. Según la formalización, $146 millones fueron desviados mediante 53 depósitos a su nombre y al de Neira. En sus seis años al mando de la institución, Espinosa tuvo a disposición más de $1.300 millones por este concepto. La indagatoria se aceleró cuando, el 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó operaciones sospechosas vinculadas al exdirector. La sentencia establece para Espinosa 12 años de presidio mayor por malversación y falsificación reiteradas, junto con inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y el pago de 15 UTM. A ello se suman 5 años y un día por lavado de activos, más otra inhabilitación perpetua y una multa de 200 UTM. El tribunal ordenó además el comiso de bienes ubicados en Rosario Sur, en Las Condes —incluyendo un departamento, bodega y estacionamientos—, al considerarlos producto de las operaciones ilícitas. La causa se convierte así en una de las condenas más relevantes en materia de corrupción dentro de las policías chilenas, marcando un precedente en el control del uso de recursos públicos y la supervisión de gastos reservados.
Carabineros del OS9 de la Prefectura de Antofagasta durante los últimos días. Luego de una operación que contó con la colaboración de distintas secciones de la institución, funcionarios policiales lograron la recuperación de 110 láminas de cobre que fueron sustraídas desde un tren en movimiento y que se mantenían enterradas en las cercanías de la comuna de Baquedano. El operativo contó con la colaboración de la 6ª Comisaría COP, a través de su Sección DRON, y de personal del GOPE, quienes realizaron la búsqueda en un terreno conformado por cerros y quebradas. Tras ello, Carabineros logró dar con el cargamento que estaba enterrado en una zona aislada del desierto y estaría avaluado en más de 80 millones de pesos. Aún no habrían detenidos por el caso, por lo que continúan las investigaciones. La empresa propietaria procedió a entregar los medios logísticos para su recuperación y así se dieron las cuentas respectivas al Ministerio Público. Carabineros continúa con las diligencias investigativas para dar con el paradero de los sujetos que sustrajeron las placas, señaló el Comandante Néstor Romo, Prefecto (s) Carabineros Antofagasta. El robo se habría producido durante la noche del miércoles 26 de noviembre.
Por instrucción de la Fiscalía Sur, La Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI se trasladó hasta la región de Antofagasta por un importante operativo, denominado Operación Norte Grande, el que terminó con dos ciudadanos chilenos detenidos. La investigación contó con el apoyo de personal policial de la Brianco Copiapó y Brianco Antofagasta, y permitió la incautación de poco más de 1.897 kilos de drogas, los que corresponden a: 1.595 kg 400 gramos de cannabis sativa, 225 kg 700 gramos de cocaína base, 76 kg 300 gramos de clorhidrato de cocaína. Los funcionarios policiales tenían como antecedente la existencia de una banda encargada de transportar remesas de drogas desde la zona norte del país hasta la región Metropolitana. Por ello, se desplazaban hasta el sector de Minera Escondida, donde recepcionaban las sustancias por parte de proveedores extranjeros. Lugar donde ocurrió la incautación y detención de los imputados. De acuerdo al Prefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, los sujetos cumplían labores de recepción. Las dos personas detenidas eran los encargados de la logística, en especial de la recepción de la sustancia ilícita, de parte de ciudadanos bolivianos, en la Región de Antofagasta, y de su transporte hasta la Región Metropolitana, señaló. La detención de la organización se realizó con la utilización de técnicas especiales de la Ley 20.000, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del tribunal, quedando ambos en prisión preventiva. En virtud de los distintos antecedentes investigativos se decretó su prisión preventiva por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, en donde además de la droga se incautaron vehículos y dinero en efectivo, ratificó Milibor Bugueño, Fiscal Jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Fiscalía Sur.
Un sacerdote de la Iglesia Católica fue detenido este viernes en la localidad de La Tirana, comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá, tras ser acusado de abuso sexual. La detención fue realizada por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, en el marco de una investigación iniciada luego de una denuncia presentada en julio de este año. Según informó la policía, el imputado es un sacerdote de 44 años, mientras que la víctima corresponde a una mujer de 29 años. El religioso fue aprehendido al interior del cuartel policial de La Tirana y será puesto a disposición del tribunal este sábado para su control de detención. De acuerdo con información recopilada por BioBioChile, el detenido se desempeñaba como vicario pastoral de la Catedral de Iquique. Tras conocerse la denuncia, el Obispado de Iquique emitió un comunicado confirmando que adoptó como medida cautelar inmediata la suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras se desarrollan las diligencias investigativas que permitan esclarecer los hechos. Asimismo, la diócesis informó que, tras recibir el relato de la mujer, el obispo dispuso el inicio de una investigación previa conforme a las normas del Código de Derecho Canónico. En el comunicado, el Obispado expresó su compromiso con la creación de ambientes seguros dentro de las comunidades eclesiales y con la acogida de toda persona que se sienta vulnerada.
Durante este fin de semana, Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de la Prefectura de Antofagasta, lograron detener a un sujeto prófugo de la justicia. El individuo mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, emanada el 15 de octubre de 2025. Tras diversas diligencias del persona especializado, los funcionarios lograron dar con el paradero del sujeto en la intersección de calle Los Chungos con Mario Silva Iriarte, en el sector norte de la capital regional. El detenido estaba condenado a un cumplir una pena de 1.748 días de privación de libertad. El ilícito por el que fue condenado ocurrió el 5 de marzo de 2016 en calle Lima de Antofagasta. El sujeto, que en ese entonces era menor de edad, le disparó a un hombre de 27 años, dejándolo herido en la vía pública y que luego falleció en el Hospital Regional.
En el Centro de Justicia de Santiago, la mañana de este lunes, se dio a conocer la sentencia en contra del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, y su cónyuge, María Magdalena Neira. En la sala 801 del edificio D, el 4° Tribunal Oral en lo Penal informó que Espinosa deberá cumplir una condena total de 17 años de cárcel, de los cuales se descontarán los cuatro años que permaneció en prisión preventiva o arresto domiciliario. Además, se acogió la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado, imponiéndosele el pago de 146 millones de pesos por concepto de daño emergente al Estado. Espinosa siguió la lectura de la sentencia conectado desde el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). El pasado 12 de noviembre, el tribunal lo declaró culpable como autor de delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación y uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. La resolución, unánime, fue adoptada por los jueces Cristián Soto Galdames, Pedro Suárez Nieto y Carolina Escandón Cox. En el caso de Neira, el tribunal dictó un veredicto condenatorio por delito culposo de lavado de activos, imponiéndole una pena de 541 días. Según la Fiscalía Oriente, la mujer fue “un elemento fundamental” en la trama defraudatoria. El juicio se extendió por 45 días, con la declaración de más de 90 testigos, y el Ministerio Público había solicitado inicialmente 20 años de cárcel para el exjefe policial. La investigación contra Espinosa comenzó en octubre de 2021, tras detectarse irregularidades en el uso de gastos reservados asignados a la PDI entre 2015 y 2017. Según la formalización, $146 millones fueron desviados mediante 53 depósitos a su nombre y al de Neira. En sus seis años al mando de la institución, Espinosa tuvo a disposición más de $1.300 millones por este concepto. La indagatoria se aceleró cuando, el 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó operaciones sospechosas vinculadas al exdirector. La sentencia establece para Espinosa 12 años de presidio mayor por malversación y falsificación reiteradas, junto con inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y el pago de 15 UTM. A ello se suman 5 años y un día por lavado de activos, más otra inhabilitación perpetua y una multa de 200 UTM. El tribunal ordenó además el comiso de bienes ubicados en Rosario Sur, en Las Condes —incluyendo un departamento, bodega y estacionamientos—, al considerarlos producto de las operaciones ilícitas. La causa se convierte así en una de las condenas más relevantes en materia de corrupción dentro de las policías chilenas, marcando un precedente en el control del uso de recursos públicos y la supervisión de gastos reservados.
Carabineros del OS9 de la Prefectura de Antofagasta durante los últimos días. Luego de una operación que contó con la colaboración de distintas secciones de la institución, funcionarios policiales lograron la recuperación de 110 láminas de cobre que fueron sustraídas desde un tren en movimiento y que se mantenían enterradas en las cercanías de la comuna de Baquedano. El operativo contó con la colaboración de la 6ª Comisaría COP, a través de su Sección DRON, y de personal del GOPE, quienes realizaron la búsqueda en un terreno conformado por cerros y quebradas. Tras ello, Carabineros logró dar con el cargamento que estaba enterrado en una zona aislada del desierto y estaría avaluado en más de 80 millones de pesos. Aún no habrían detenidos por el caso, por lo que continúan las investigaciones. La empresa propietaria procedió a entregar los medios logísticos para su recuperación y así se dieron las cuentas respectivas al Ministerio Público. Carabineros continúa con las diligencias investigativas para dar con el paradero de los sujetos que sustrajeron las placas, señaló el Comandante Néstor Romo, Prefecto (s) Carabineros Antofagasta. El robo se habría producido durante la noche del miércoles 26 de noviembre.
Por instrucción de la Fiscalía Sur, La Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI se trasladó hasta la región de Antofagasta por un importante operativo, denominado Operación Norte Grande, el que terminó con dos ciudadanos chilenos detenidos. La investigación contó con el apoyo de personal policial de la Brianco Copiapó y Brianco Antofagasta, y permitió la incautación de poco más de 1.897 kilos de drogas, los que corresponden a: 1.595 kg 400 gramos de cannabis sativa, 225 kg 700 gramos de cocaína base, 76 kg 300 gramos de clorhidrato de cocaína. Los funcionarios policiales tenían como antecedente la existencia de una banda encargada de transportar remesas de drogas desde la zona norte del país hasta la región Metropolitana. Por ello, se desplazaban hasta el sector de Minera Escondida, donde recepcionaban las sustancias por parte de proveedores extranjeros. Lugar donde ocurrió la incautación y detención de los imputados. De acuerdo al Prefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, los sujetos cumplían labores de recepción. Las dos personas detenidas eran los encargados de la logística, en especial de la recepción de la sustancia ilícita, de parte de ciudadanos bolivianos, en la Región de Antofagasta, y de su transporte hasta la Región Metropolitana, señaló. La detención de la organización se realizó con la utilización de técnicas especiales de la Ley 20.000, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del tribunal, quedando ambos en prisión preventiva. En virtud de los distintos antecedentes investigativos se decretó su prisión preventiva por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, en donde además de la droga se incautaron vehículos y dinero en efectivo, ratificó Milibor Bugueño, Fiscal Jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Fiscalía Sur.
Un sacerdote de la Iglesia Católica fue detenido este viernes en la localidad de La Tirana, comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá, tras ser acusado de abuso sexual. La detención fue realizada por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, en el marco de una investigación iniciada luego de una denuncia presentada en julio de este año. Según informó la policía, el imputado es un sacerdote de 44 años, mientras que la víctima corresponde a una mujer de 29 años. El religioso fue aprehendido al interior del cuartel policial de La Tirana y será puesto a disposición del tribunal este sábado para su control de detención. De acuerdo con información recopilada por BioBioChile, el detenido se desempeñaba como vicario pastoral de la Catedral de Iquique. Tras conocerse la denuncia, el Obispado de Iquique emitió un comunicado confirmando que adoptó como medida cautelar inmediata la suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras se desarrollan las diligencias investigativas que permitan esclarecer los hechos. Asimismo, la diócesis informó que, tras recibir el relato de la mujer, el obispo dispuso el inicio de una investigación previa conforme a las normas del Código de Derecho Canónico. En el comunicado, el Obispado expresó su compromiso con la creación de ambientes seguros dentro de las comunidades eclesiales y con la acogida de toda persona que se sienta vulnerada.
