El Consejo Regional de Antofagasta, en su última sesión ordinaria del año, aprobó la entrega de mayores recursos para la iniciativa Reposición con Relocalización Tenencia de Ollagüe, que entrará en sus obras finales y cuya entrega se proyecta para febrero de 2026. El CORE aprobó la amplitud del financiamiento del proyecto, que corresponde a $84 millones de pesos, que se suman a los $5 mil millones que ya ha demandado la iniciativa, recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) y sectoriales. La reposición con relocalización de la tenencia de Carabineros, consiste en la construcción de una infraestructura de 934,93 m2, basada en una estructura dde madera laminada encolada, y recintos de estructura metálica y muro de hormigón. El área policial corresponde a 135,77 m2, área de habitabilidad 396,40 m2, área de Servicio 161,47 m2 y almacén de combustible más canil 100,15 m2. La Tenencia de Carabineros Ollagüe cumple funciones de orden, seguridad y de soberanía. Por su ubicación fronteriza, realiza patrullajes de infantería y motorizados, por su gran extensión territorial y ubicación en la frontera con Bolivia; además cumpliendo con labores de fiscalización ante tráfico de drogas, contrabando, ingreso de personas ilegales, entre otros.
Ante la nota publicada por este medio el pasado 16 de diciembre de 2025, que señalaba que Codelco no habría cumplido con la restauración del geoglifo de Talabre, la Estatal emitió una declaración pública para aclarar antecedentes relacionados con una eventual afectación al geoglifo, enfatizando que no existió una mala ejecución de los trabajos realizados en dicho sitio patrimonial. La empresa del Estado descartó categóricamente cualquier daño derivado de las labores de puesta en valor y mitigación del geoglifo, precisando que todas las acciones fueron debidamente autorizadas, monitoreadas y validadas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), organismo que posee la competencia exclusiva en materia de protección del patrimonio arqueológico en Chile. Según detalló Codelco, el CMN se pronunció conforme y sin observaciones, dando por cumplidos los compromisos asociados a esta intervención, proceso que se desarrolló entre 2018 y 2020. La intervención se enmarca en los compromisos voluntarios establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto RT Sulfuros, aprobado mediante la RCA N°22/2016, y fue ejecutada bajo estricto apego a la normativa vigente. Los trabajos estuvieron a cargo de una empresa ambiental con amplia experiencia en conservación patrimonial, aplicando metodologías reconocidas internacionalmente basadas en el principio de mínima intervención, y contando con equipos profesionales especializados en contextos de alta sensibilidad cultural. Asimismo, Codelco destacó la participación activa de comunidades indígenas del territorio, incorporando monitores de San Francisco de Chiu Chiu y del Valle de Lasana, lo que permitió un trabajo colaborativo y la elaboración de un libro testimonial que recoge los aprendizajes y principales hitos del proceso. Finalmente, la compañía reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio cultural, la transparencia institucional y el cumplimiento irrestricto de la normativa, subrayando que toda la documentación técnica y administrativa se encuentra disponible ante las autoridades fiscalizadoras correspondientes.
Un complejo caso remece la Municipalidad de Sierra Gorda. Esto, porque la Alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera Vega, interpuso una querella por el delito de Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda luego de una revisión que reveló la falta de documentación de la rendición de gastos. Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, detectó una situación irregular de una revisión administra, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos.La Fundación noregistra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esosrecursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino delgasto y abre la posibilidad de que estemos frente a un caso de uso indebidode fondos públicos, alertó el nuevo funcionario por medio de un correo electrónico. Tras ello, la alcaldesa en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural inició una revisión que dio cuenta la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los r ecursos fueron utilizados para fines distintos de los destinados, además, se reveló la existencia de egresos para servicios de traslado ycompra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos. En este escenario, la jefa comunal señala los hechos ocurridos bajo las gestiones de los otrora secretarios, Michael Díaz Brito, que ejecutó el cargo desde julio de 2021 a septiembre de 2025 y a Luis Larrea Araya, que cumplió las labores de septiembre a octubre de 2025. De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos, con equipos obsoletos y una deficiente trazabilidad de movimientos bancarios, rendiciones y respaldos contables. Además, identificaron como funcionarios claves a Soledad Chacón Labbé y a Rodrigo Alegre Alay, ambos ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y de las rendiciones. Esto, porque al revisar la cartola de la cuenta corriente de Banco Estado, se expusieron depósitos por montos de $1 peso, $1.600 pesos, $3.500 pesos, que de acuerdo a la funcionaria que manejaba la chequera correspondían a depósitos simbólicos para ajustar diferencias en lasrendiciones de cuentas. Además en las rendiciones al municipio sólo se presentaban montos globales, sin detalles de los gastos. Ante la serie de irregularidades, la querellante aseguró haber pedido explicaciones a los dos funcionarios, quienes se habrían contradicho e incluso se imputaron errores entre ellos, entregando versiones distintas. Así, la actual administración aseguró que estarían ante una bicicleta financiera, que en resumen, consistía en: Utilizar recursos provenientes de la subvención municipal (cuenta BancoEstado) para cubrir gastos que correspondían ser pagados con recursos deproyectos y donaciones (cuenta Banco Santander). Emitir cheques desde la cuenta de Banco Santander que luego aparecíancomo “nulos” en la chequera, mientras que el mismo gasto se financiaba, dehecho, con cargo a la cuenta de Banco Estado. Los cuales eran firmados porel secretario y tesorero de la fundación, eludiendo el control de mi rol comopresidenta. Efectuar depósitos por montos pequeños e incoherentes en una u otracuenta para “cuadrar” las cifras de las rendiciones, de manera que lascuentas aparecieran formalmente equilibradas, ocultando el desvío derecursos. El documento presenta una larga lista de irregularidades en pagos, las que habrían sido aprobadas por Michael Díaz. Incluso, se estipula el financiamiento de trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal, que no tiene relación con la Fundación Cultural de Sierra Gorda. Dentro de las operaciones revisadas, se detectó una operaciónespecialmente significativa: la compra de vestuario por un monto aproximadode $4.700.000 destinada a una agrupación de “caporales”, ajena al objetopropio de la Fundación y cuyos beneficiarios no correspondían al personal nia los fines institucionales financiados con subvención municipal, estipula.
Los geoglifos del norte de Chile vuelven a encender las alarmas del mundo académico y patrimonial. Esta vez, el foco está puesto en los Geoglifos de Talabre, ubicados en la Región de Antofagasta, cerca de Calama, cuya fallida “restauración” —financiada por la minera estatal Codelco en 2019— fue duramente cuestionada por un grupo de especialistas en una reciente publicación internacional. El estudio, difundido en la revista científica Rock Art Research, fue elaborado por Gonzalo Pimentel, Mariana Ugarte, Juan Gli, Javier Arévalo y Claudia Montero Poblete, integrantes de la Fundación Desierto de Atacama, organización que por más de una década ha investigado y difundido el patrimonio del Desierto de Atacama. Según los autores, la intervención realizada por la empresa minera alteró gravemente la morfología original de las figuras, generando un daño patrimonial que califican como comparable al “Ecce Homo de Borja”, símbolo mundial de restauraciones mal ejecutadas. El Geoglifo de Talabre representa una figura humana central de 17 metros de altura, atribuida al Período Formativo, entre 3.000 y 1.600 años de antigüedad, acompañada por otras figuras antropomórficas agregadas siglos después. Estas imágenes habrían servido como hitos visuales para las rutas caravaneras prehispánicas, visibles desde antiguos senderos del desierto. Sin embargo, la expansión extractiva moderna transformó radicalmente su entorno. La antigua laguna y salar de Talabre pasó a convertirse en un tranque de relaves de gran escala, administrado por Codelco. A pesar de ello, los geoglifos sobrevivieron durante décadas, aunque con marcas provocadas por el tránsito de vehículos pesados. La denominada “puesta en valor” anunciada por la minera en 2019 terminó, según el estudio, modificando rasgos esenciales de las figuras: brazos reubicados, vestimentas alteradas, báculos integrados erróneamente al cuerpo y hasta la desaparición de cabezas completas en algunas representaciones. Cambios que, para los investigadores, desvirtúan el sentido histórico y simbólico de este patrimonio ancestral. Los autores cuestionan que una empresa con acceso a tecnología de alta precisión haya ejecutado una intervención sin los estándares adecuados, dejando —según señalan— “un atentado patrimonial para la posteridad”. El caso reabre el debate sobre la protección efectiva del patrimonio arqueológico del norte de Chile y la urgente necesidad de protocolos rigurosos, fiscalización independiente y responsabilidad institucional en territorios sometidos a fuerte presión extractiva. El estudio concluye con una advertencia clara: sin una gestión seria y respetuosa del patrimonio, testimonios milenarios como los Geoglifos de Talabre podrían perderse definitivamente para las futuras generaciones.
Las exportaciones de la Región de Antofagasta registraron un sólido desempeño durante octubre de 2025, alcanzando los US$4.364,6 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 20,1% en comparación con igual mes de 2024. Pese a este positivo resultado, la región experimentó una leve baja de 0,7 puntos porcentuales en su participación nacional respecto de meses anteriores. A nivel sectorial, la Minería continúa siendo el principal motor exportador de la región, concentrando el 96,7% del total exportado, aunque con una disminución de 1,4 puntos porcentuales en doce meses. Dentro de este sector, el subsector más relevante es Cobre y Hierro, que aporta el 84,5% del total regional y registró un aumento de 1,0 punto porcentual en relación con octubre del año pasado. La Industria, en tanto, representó el 3,2% de las exportaciones regionales y mostró un importante crecimiento interanual de 116,7%. Este incremento estuvo impulsado principalmente por Productos Químicos Básicos, que anotaron un alza de 94,0%, además de Material de Transporte y Refinación de Petróleo y productos derivados, con variaciones excepcionales. En contraste, algunos rubros industriales presentaron incidencias negativas, entre ellos Productos Químicos Preparados (-65,5%), Productos Metálicos (-34,0%) e Industrias Básicas de Hierro y Acero (-33,8%). Desde el punto de vista de los destinos, Asia se consolidó como el principal continente receptor de las exportaciones regionales, concentrando el 66,9% del total, con un crecimiento interanual de 20,1%. China lideró ampliamente como país de destino, absorbiendo el 51,5% de los envíos, equivalentes a US$2.248,4 millones. En términos de actividades económicas, la Minería del Cobre y Hierro fue la más relevante del mes, seguida por Minería No Metálica y Productos Químicos Básicos. A nivel acumulado, las cifras confirman el rol estratégico de Antofagasta como eje exportador del país, especialmente en un contexto de precios favorables del cobre y una creciente demanda desde los mercados asiáticos.
El Consejo Regional de Antofagasta, en su última sesión ordinaria del año, aprobó la entrega de mayores recursos para la iniciativa Reposición con Relocalización Tenencia de Ollagüe, que entrará en sus obras finales y cuya entrega se proyecta para febrero de 2026. El CORE aprobó la amplitud del financiamiento del proyecto, que corresponde a $84 millones de pesos, que se suman a los $5 mil millones que ya ha demandado la iniciativa, recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) y sectoriales. La reposición con relocalización de la tenencia de Carabineros, consiste en la construcción de una infraestructura de 934,93 m2, basada en una estructura dde madera laminada encolada, y recintos de estructura metálica y muro de hormigón. El área policial corresponde a 135,77 m2, área de habitabilidad 396,40 m2, área de Servicio 161,47 m2 y almacén de combustible más canil 100,15 m2. La Tenencia de Carabineros Ollagüe cumple funciones de orden, seguridad y de soberanía. Por su ubicación fronteriza, realiza patrullajes de infantería y motorizados, por su gran extensión territorial y ubicación en la frontera con Bolivia; además cumpliendo con labores de fiscalización ante tráfico de drogas, contrabando, ingreso de personas ilegales, entre otros.
Ante la nota publicada por este medio el pasado 16 de diciembre de 2025, que señalaba que Codelco no habría cumplido con la restauración del geoglifo de Talabre, la Estatal emitió una declaración pública para aclarar antecedentes relacionados con una eventual afectación al geoglifo, enfatizando que no existió una mala ejecución de los trabajos realizados en dicho sitio patrimonial. La empresa del Estado descartó categóricamente cualquier daño derivado de las labores de puesta en valor y mitigación del geoglifo, precisando que todas las acciones fueron debidamente autorizadas, monitoreadas y validadas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), organismo que posee la competencia exclusiva en materia de protección del patrimonio arqueológico en Chile. Según detalló Codelco, el CMN se pronunció conforme y sin observaciones, dando por cumplidos los compromisos asociados a esta intervención, proceso que se desarrolló entre 2018 y 2020. La intervención se enmarca en los compromisos voluntarios establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto RT Sulfuros, aprobado mediante la RCA N°22/2016, y fue ejecutada bajo estricto apego a la normativa vigente. Los trabajos estuvieron a cargo de una empresa ambiental con amplia experiencia en conservación patrimonial, aplicando metodologías reconocidas internacionalmente basadas en el principio de mínima intervención, y contando con equipos profesionales especializados en contextos de alta sensibilidad cultural. Asimismo, Codelco destacó la participación activa de comunidades indígenas del territorio, incorporando monitores de San Francisco de Chiu Chiu y del Valle de Lasana, lo que permitió un trabajo colaborativo y la elaboración de un libro testimonial que recoge los aprendizajes y principales hitos del proceso. Finalmente, la compañía reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio cultural, la transparencia institucional y el cumplimiento irrestricto de la normativa, subrayando que toda la documentación técnica y administrativa se encuentra disponible ante las autoridades fiscalizadoras correspondientes.
Un complejo caso remece la Municipalidad de Sierra Gorda. Esto, porque la Alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera Vega, interpuso una querella por el delito de Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda luego de una revisión que reveló la falta de documentación de la rendición de gastos. Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, detectó una situación irregular de una revisión administra, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos.La Fundación noregistra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esosrecursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino delgasto y abre la posibilidad de que estemos frente a un caso de uso indebidode fondos públicos, alertó el nuevo funcionario por medio de un correo electrónico. Tras ello, la alcaldesa en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural inició una revisión que dio cuenta la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los r ecursos fueron utilizados para fines distintos de los destinados, además, se reveló la existencia de egresos para servicios de traslado ycompra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos. En este escenario, la jefa comunal señala los hechos ocurridos bajo las gestiones de los otrora secretarios, Michael Díaz Brito, que ejecutó el cargo desde julio de 2021 a septiembre de 2025 y a Luis Larrea Araya, que cumplió las labores de septiembre a octubre de 2025. De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos, con equipos obsoletos y una deficiente trazabilidad de movimientos bancarios, rendiciones y respaldos contables. Además, identificaron como funcionarios claves a Soledad Chacón Labbé y a Rodrigo Alegre Alay, ambos ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y de las rendiciones. Esto, porque al revisar la cartola de la cuenta corriente de Banco Estado, se expusieron depósitos por montos de $1 peso, $1.600 pesos, $3.500 pesos, que de acuerdo a la funcionaria que manejaba la chequera correspondían a depósitos simbólicos para ajustar diferencias en lasrendiciones de cuentas. Además en las rendiciones al municipio sólo se presentaban montos globales, sin detalles de los gastos. Ante la serie de irregularidades, la querellante aseguró haber pedido explicaciones a los dos funcionarios, quienes se habrían contradicho e incluso se imputaron errores entre ellos, entregando versiones distintas. Así, la actual administración aseguró que estarían ante una bicicleta financiera, que en resumen, consistía en: Utilizar recursos provenientes de la subvención municipal (cuenta BancoEstado) para cubrir gastos que correspondían ser pagados con recursos deproyectos y donaciones (cuenta Banco Santander). Emitir cheques desde la cuenta de Banco Santander que luego aparecíancomo “nulos” en la chequera, mientras que el mismo gasto se financiaba, dehecho, con cargo a la cuenta de Banco Estado. Los cuales eran firmados porel secretario y tesorero de la fundación, eludiendo el control de mi rol comopresidenta. Efectuar depósitos por montos pequeños e incoherentes en una u otracuenta para “cuadrar” las cifras de las rendiciones, de manera que lascuentas aparecieran formalmente equilibradas, ocultando el desvío derecursos. El documento presenta una larga lista de irregularidades en pagos, las que habrían sido aprobadas por Michael Díaz. Incluso, se estipula el financiamiento de trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal, que no tiene relación con la Fundación Cultural de Sierra Gorda. Dentro de las operaciones revisadas, se detectó una operaciónespecialmente significativa: la compra de vestuario por un monto aproximadode $4.700.000 destinada a una agrupación de “caporales”, ajena al objetopropio de la Fundación y cuyos beneficiarios no correspondían al personal nia los fines institucionales financiados con subvención municipal, estipula.
Los geoglifos del norte de Chile vuelven a encender las alarmas del mundo académico y patrimonial. Esta vez, el foco está puesto en los Geoglifos de Talabre, ubicados en la Región de Antofagasta, cerca de Calama, cuya fallida “restauración” —financiada por la minera estatal Codelco en 2019— fue duramente cuestionada por un grupo de especialistas en una reciente publicación internacional. El estudio, difundido en la revista científica Rock Art Research, fue elaborado por Gonzalo Pimentel, Mariana Ugarte, Juan Gli, Javier Arévalo y Claudia Montero Poblete, integrantes de la Fundación Desierto de Atacama, organización que por más de una década ha investigado y difundido el patrimonio del Desierto de Atacama. Según los autores, la intervención realizada por la empresa minera alteró gravemente la morfología original de las figuras, generando un daño patrimonial que califican como comparable al “Ecce Homo de Borja”, símbolo mundial de restauraciones mal ejecutadas. El Geoglifo de Talabre representa una figura humana central de 17 metros de altura, atribuida al Período Formativo, entre 3.000 y 1.600 años de antigüedad, acompañada por otras figuras antropomórficas agregadas siglos después. Estas imágenes habrían servido como hitos visuales para las rutas caravaneras prehispánicas, visibles desde antiguos senderos del desierto. Sin embargo, la expansión extractiva moderna transformó radicalmente su entorno. La antigua laguna y salar de Talabre pasó a convertirse en un tranque de relaves de gran escala, administrado por Codelco. A pesar de ello, los geoglifos sobrevivieron durante décadas, aunque con marcas provocadas por el tránsito de vehículos pesados. La denominada “puesta en valor” anunciada por la minera en 2019 terminó, según el estudio, modificando rasgos esenciales de las figuras: brazos reubicados, vestimentas alteradas, báculos integrados erróneamente al cuerpo y hasta la desaparición de cabezas completas en algunas representaciones. Cambios que, para los investigadores, desvirtúan el sentido histórico y simbólico de este patrimonio ancestral. Los autores cuestionan que una empresa con acceso a tecnología de alta precisión haya ejecutado una intervención sin los estándares adecuados, dejando —según señalan— “un atentado patrimonial para la posteridad”. El caso reabre el debate sobre la protección efectiva del patrimonio arqueológico del norte de Chile y la urgente necesidad de protocolos rigurosos, fiscalización independiente y responsabilidad institucional en territorios sometidos a fuerte presión extractiva. El estudio concluye con una advertencia clara: sin una gestión seria y respetuosa del patrimonio, testimonios milenarios como los Geoglifos de Talabre podrían perderse definitivamente para las futuras generaciones.
Las exportaciones de la Región de Antofagasta registraron un sólido desempeño durante octubre de 2025, alcanzando los US$4.364,6 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 20,1% en comparación con igual mes de 2024. Pese a este positivo resultado, la región experimentó una leve baja de 0,7 puntos porcentuales en su participación nacional respecto de meses anteriores. A nivel sectorial, la Minería continúa siendo el principal motor exportador de la región, concentrando el 96,7% del total exportado, aunque con una disminución de 1,4 puntos porcentuales en doce meses. Dentro de este sector, el subsector más relevante es Cobre y Hierro, que aporta el 84,5% del total regional y registró un aumento de 1,0 punto porcentual en relación con octubre del año pasado. La Industria, en tanto, representó el 3,2% de las exportaciones regionales y mostró un importante crecimiento interanual de 116,7%. Este incremento estuvo impulsado principalmente por Productos Químicos Básicos, que anotaron un alza de 94,0%, además de Material de Transporte y Refinación de Petróleo y productos derivados, con variaciones excepcionales. En contraste, algunos rubros industriales presentaron incidencias negativas, entre ellos Productos Químicos Preparados (-65,5%), Productos Metálicos (-34,0%) e Industrias Básicas de Hierro y Acero (-33,8%). Desde el punto de vista de los destinos, Asia se consolidó como el principal continente receptor de las exportaciones regionales, concentrando el 66,9% del total, con un crecimiento interanual de 20,1%. China lideró ampliamente como país de destino, absorbiendo el 51,5% de los envíos, equivalentes a US$2.248,4 millones. En términos de actividades económicas, la Minería del Cobre y Hierro fue la más relevante del mes, seguida por Minería No Metálica y Productos Químicos Básicos. A nivel acumulado, las cifras confirman el rol estratégico de Antofagasta como eje exportador del país, especialmente en un contexto de precios favorables del cobre y una creciente demanda desde los mercados asiáticos.
