Este martes, el presidente de la República José Antonio Kast, firmó dos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Uno de los proyectos presentados por el Gobierno, propone modificar el Código Penal, para establecer nuevas responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales. Específicamente, tiene como objetivo sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes de la educación, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como también los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas. En tanto, la segunda iniciativa se denomina “Escuelas Protegidas” está enfocada a prevenir actos delictivos dentro de los establecimientos, mediante la creación de una serie de medidas de seguridad que estarán reguladas en la Ley General de Educación. La iniciativa, plantea las siguientes medidas: Revisión de mochilas: El proyecto permite implementar medidas para evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros, dañar la infraestructura escolar. La medida propuesta consiste en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes; lo que debe ser incorporada al reglamento interno del establecimiento. Docentes empoderados: Los docentes tendrán la capacidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa; las que serán obligatorias para los estudiantes. Sanciones por interrupción de clases. Inhabilidad para acceder a la gratuidad: El proyecto incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública. Escolares a cara descubierta: Los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro que impida la identificación facial, y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada, tanto al interior del establecimiento como fuera de él. Además, deberán prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.
Las congeladoras se han convertido en un electrodoméstico muy útil para organizar mejor la alimentación en casa. Permiten almacenar carnes, verduras, comidas preparadas o productos congelados durante largos periodos, evitando desperdicios y facilitando las compras en mayor cantidad. Hoy existen distintos formatos en el mercado, desde freezers horizontales de gran capacidad hasta congeladores verticales que priorizan la organización interna. A continuación revisamos algunos modelos populares de congeladoras y freezers , junto con su precio estimado y las características que explican en qué se diferencian. Midea MDRC100FZ (99 litros) Precio estimado: entre $130.000 y $170.000 CLP. Este freezer horizontal destaca por su tamaño compacto y su funcionamiento simple. Con cerca de 100 litros de capacidad, permite guardar alimentos congelados para varios días o complementar el espacio de un refrigerador tradicional. Es una alternativa frecuente para hogares pequeños o para quienes buscan un equipo adicional donde almacenar carnes, verduras o productos congelados. Su diseño horizontal aprovecha bien el espacio interior y permite conservar alimentos a temperaturas estables durante largos periodos. La principal diferencia frente a otros modelos es su formato reducido , que facilita ubicarlo en logias o cocinas sin ocupar demasiado espacio. Mabe FDHM200BY2 (198 litros) Precio estimado: entre $210.000 y $270.000 CLP. Cuando se necesita congelar alimentos para varias semanas, los freezers horizontales de mayor tamaño resultan más convenientes. Este modelo de Mabe ofrece casi 200 litros de capacidad, lo que permite almacenar grandes cantidades de carne, pescado o comidas preparadas. Su interior incluye canastillos que ayudan a organizar distintos productos y acceder con mayor facilidad a lo que se necesita sin tener que mover todo el contenido. Además, mantiene una temperatura estable incluso cuando se abre con frecuencia. Este freezer se diferencia principalmente por ofrecer una buena combinación entre capacidad y precio , siendo una alternativa común para familias que compran alimentos en mayor volumen. Sindelen SFH-152BL (141 litros) Precio estimado: entre $170.000 y $220.000 CLP. Este freezer horizontal se ubica en un punto intermedio entre modelos compactos y los de gran capacidad. Con aproximadamente 140 litros de almacenamiento, ofrece suficiente espacio para congelar alimentos durante varias semanas sin ocupar demasiado lugar en el hogar. Su diseño interior permite organizar los productos mediante compartimentos que facilitan separar carnes, verduras u otros alimentos congelados. Además, destaca por su funcionamiento sencillo y eficiente. La diferencia principal frente a otros equipos es que ofrece un tamaño intermedio que equilibra capacidad, espacio y consumo energético , lo que lo hace adecuado para hogares de tamaño medio. Midea MDRC411FZE01 (293 litros) Precio estimado: entre $250.000 y $320.000 CLP. Este freezer horizontal está pensado para quienes necesitan almacenar grandes volúmenes de alimentos. Con cerca de 300 litros de capacidad, permite congelar carnes, pescados, verduras o comidas preparadas para varias semanas. Su amplio interior facilita almacenar productos en mayor cantidad y mantener reservas de alimentos por más tiempo. Por este motivo suele utilizarse en hogares con mayor consumo de alimentos o en lugares donde se realizan compras grandes con menor frecuencia. La principal característica que lo diferencia es su gran volumen de almacenamiento , ideal para quienes necesitan un espacio amplio de congelación. Mademsa MFV645B (157 litros) Precio estimado: entre $260.000 y $330.000 CLP. A diferencia de los freezers horizontales, este congelador funciona con un diseño vertical similar al de un refrigerador. Su interior cuenta con compartimentos y repisas que permiten ordenar mejor los alimentos y encontrarlos con mayor facilidad. Este formato resulta especialmente útil cuando se necesita acceder con frecuencia a distintos productos congelados, ya que evita tener que mover otros alimentos para llegar a lo que se busca. Lo que diferencia a este modelo es su organización interna y acceso más cómodo a los alimentos , una ventaja importante frente a los freezers horizontales. Qué tipo de congeladora conviene elegir Antes de comprar una congeladora conviene analizar el espacio disponible en el hogar y la cantidad de alimentos que se congelan regularmente. Los freezers horizontales suelen ofrecer mayor capacidad y mejor aprovechamiento del espacio interior, por lo que son una buena alternativa cuando se necesita almacenar grandes cantidades de comida. En cambio, los congeladores verticales facilitan la organización y el acceso a los alimentos gracias a sus compartimentos. También es recomendable considerar la capacidad. Los modelos más pequeños, cercanos a los 100 litros, funcionan bien como complemento de un refrigerador. En cambio, las congeladoras de más de 200 litros están pensadas para quienes necesitan almacenar alimentos durante varias semanas. Las congeladoras actuales ofrecen soluciones para distintos tipos de hogares y necesidades. Los modelos compactos son útiles cuando se busca un espacio adicional para congelar alimentos, mientras que los freezers de mayor capacidad permiten almacenar grandes cantidades de productos por más tiempo. Por otro lado, los congeladores verticales destacan por facilitar la organización y el acceso a lo que se guarda. Elegir el modelo adecuado dependerá principalmente del espacio disponible en casa, el volumen de alimentos que se congelan con frecuencia y el nivel de organización que se busca dentro del equipo.
Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial la esperada Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, una normativa que busca fortalecer la seguridad, la prevención de la violencia y el bienestar al interior de los establecimientos educacionales del país. Entre sus principales disposiciones, la ley establece que los sostenedores de colegios podrán implementar recursos tecnológicos destinados a detectar armas u objetos peligrosos en el ingreso de los recintos educacionales. Dentro de estas herramientas se encuentran los detectores de metales u otros dispositivos que permitan identificar elementos que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios. La medida cobra especial relevancia en el actual contexto, luego del grave ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un alumno de 18 años protagonizó un violento hecho con arma blanca que terminó con la vida de una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas, generando conmoción en la comunidad educativa y a nivel nacional. Tras ese hecho, el Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la necesidad de adoptar medidas más estrictas para resguardar la seguridad en los establecimientos. En esa línea, señaló que será necesario avanzar en mecanismos de mayor control en el acceso a los colegios. “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, sostuvo el mandatario, agregando que algunas iniciativas se incorporarán en reglamentos y otras serán discutidas como proyectos de ley en el Congreso. Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que el ministerio ya trabaja en los reglamentos y orientaciones que acompañarán la implementación de la nueva ley, con el objetivo de que los establecimientos puedan avanzar en la aplicación de estas medidas de prevención. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la normativa, los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar recursos tecnológicos para detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos peligrosos, siempre que exista acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa. No obstante, la ley establece que estas medidas deberán aplicarse solo cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una acción proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos dentro del recinto educacional. La normativa también contempla otras medidas estructurales para mejorar la convivencia escolar. Entre ellas destaca la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con una vigencia de ocho años, que coordinará acciones junto a distintos ministerios, entre ellos Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género. Asimismo, se establece que todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deberán contar con un coordinador o coordinadora de convivencia escolar con dedicación exclusiva, con el fin de fortalecer la gestión preventiva y el acompañamiento a las comunidades educativas. La ley también incorpora la creación de un programa de bienestar socioemocional, orientado a apoyar a estudiantes y equipos educativos en materias de salud mental y convivencia. Esta iniciativa ya comenzó a implementarse de manera piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública de Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur. Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar en una política integral que permita prevenir hechos de violencia, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos educativos más seguros para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación en todo el país.
La implementación de la Ley de 40 horas continúa avanzando en Chile y durante 2026 marcará un nuevo hito en el proceso de reducción de la jornada laboral. A partir del 26 de abril de este año, el límite semanal de trabajo disminuirá de 44 a 42 horas, como parte del calendario progresivo que culminará en 2028 con una jornada máxima de 40 horas semanales. La normativa, establecida en la Ley 21.561, busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiendo mayor tiempo de descanso y conciliación entre la vida laboral y personal, sin afectar las remuneraciones. El proceso comenzó en 2024 con la reducción inicial desde 45 a 44 horas semanales, y continuará aplicándose de manera gradual hasta completar el objetivo final dentro de dos años. Sin embargo, la disminución de la jornada no será automática para todos los trabajadores del país. De acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección del Trabajo, existen ciertos grupos que quedan excluidos de esta reducción. Entre ellos se encuentran los altos cargos dentro de las empresas, como gerentes, administradores o directores, quienes ejercen funciones de confianza y toma de decisiones estratégicas. En estos casos, la naturaleza de sus responsabilidades implica una mayor flexibilidad en la organización de sus horarios laborales. Asimismo, la ley tampoco se aplica a trabajadores que no cuentan con fiscalización superior directa, es decir, aquellos cuyas funciones no están sujetas a un control horario tradicional debido a la autonomía con la que desarrollan sus labores. A estas excepciones se suman otros grupos que, por el tipo de vínculo laboral que mantienen, quedan fuera del alcance de la normativa. La ley de 40 horas rige exclusivamente para trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo, lo que significa que funcionarios públicos y personas que prestan servicios a honorarios no se verán beneficiados con esta reducción. En el caso de los trabajadores del sector público, sus condiciones laborales se regulan a través del Estatuto Administrativo, mientras que quienes trabajan a honorarios no cuentan con un contrato laboral tradicional que los vincule bajo las normas del Código del Trabajo. De esta forma, la implementación de la ley continuará su avance durante los próximos años, aunque con ajustes que buscan adaptarla a las distintas realidades laborales existentes en el país. Las autoridades han reiterado que el objetivo principal de esta reforma es avanzar hacia una jornada laboral más equilibrada, que permita mejorar el bienestar de los trabajadores sin afectar el funcionamiento de las empresas ni la productividad del país.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
Este martes, el presidente de la República José Antonio Kast, firmó dos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Uno de los proyectos presentados por el Gobierno, propone modificar el Código Penal, para establecer nuevas responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales. Específicamente, tiene como objetivo sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes de la educación, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como también los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas. En tanto, la segunda iniciativa se denomina “Escuelas Protegidas” está enfocada a prevenir actos delictivos dentro de los establecimientos, mediante la creación de una serie de medidas de seguridad que estarán reguladas en la Ley General de Educación. La iniciativa, plantea las siguientes medidas: Revisión de mochilas: El proyecto permite implementar medidas para evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros, dañar la infraestructura escolar. La medida propuesta consiste en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes; lo que debe ser incorporada al reglamento interno del establecimiento. Docentes empoderados: Los docentes tendrán la capacidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa; las que serán obligatorias para los estudiantes. Sanciones por interrupción de clases. Inhabilidad para acceder a la gratuidad: El proyecto incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública. Escolares a cara descubierta: Los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro que impida la identificación facial, y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada, tanto al interior del establecimiento como fuera de él. Además, deberán prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.
Las congeladoras se han convertido en un electrodoméstico muy útil para organizar mejor la alimentación en casa. Permiten almacenar carnes, verduras, comidas preparadas o productos congelados durante largos periodos, evitando desperdicios y facilitando las compras en mayor cantidad. Hoy existen distintos formatos en el mercado, desde freezers horizontales de gran capacidad hasta congeladores verticales que priorizan la organización interna. A continuación revisamos algunos modelos populares de congeladoras y freezers , junto con su precio estimado y las características que explican en qué se diferencian. Midea MDRC100FZ (99 litros) Precio estimado: entre $130.000 y $170.000 CLP. Este freezer horizontal destaca por su tamaño compacto y su funcionamiento simple. Con cerca de 100 litros de capacidad, permite guardar alimentos congelados para varios días o complementar el espacio de un refrigerador tradicional. Es una alternativa frecuente para hogares pequeños o para quienes buscan un equipo adicional donde almacenar carnes, verduras o productos congelados. Su diseño horizontal aprovecha bien el espacio interior y permite conservar alimentos a temperaturas estables durante largos periodos. La principal diferencia frente a otros modelos es su formato reducido , que facilita ubicarlo en logias o cocinas sin ocupar demasiado espacio. Mabe FDHM200BY2 (198 litros) Precio estimado: entre $210.000 y $270.000 CLP. Cuando se necesita congelar alimentos para varias semanas, los freezers horizontales de mayor tamaño resultan más convenientes. Este modelo de Mabe ofrece casi 200 litros de capacidad, lo que permite almacenar grandes cantidades de carne, pescado o comidas preparadas. Su interior incluye canastillos que ayudan a organizar distintos productos y acceder con mayor facilidad a lo que se necesita sin tener que mover todo el contenido. Además, mantiene una temperatura estable incluso cuando se abre con frecuencia. Este freezer se diferencia principalmente por ofrecer una buena combinación entre capacidad y precio , siendo una alternativa común para familias que compran alimentos en mayor volumen. Sindelen SFH-152BL (141 litros) Precio estimado: entre $170.000 y $220.000 CLP. Este freezer horizontal se ubica en un punto intermedio entre modelos compactos y los de gran capacidad. Con aproximadamente 140 litros de almacenamiento, ofrece suficiente espacio para congelar alimentos durante varias semanas sin ocupar demasiado lugar en el hogar. Su diseño interior permite organizar los productos mediante compartimentos que facilitan separar carnes, verduras u otros alimentos congelados. Además, destaca por su funcionamiento sencillo y eficiente. La diferencia principal frente a otros equipos es que ofrece un tamaño intermedio que equilibra capacidad, espacio y consumo energético , lo que lo hace adecuado para hogares de tamaño medio. Midea MDRC411FZE01 (293 litros) Precio estimado: entre $250.000 y $320.000 CLP. Este freezer horizontal está pensado para quienes necesitan almacenar grandes volúmenes de alimentos. Con cerca de 300 litros de capacidad, permite congelar carnes, pescados, verduras o comidas preparadas para varias semanas. Su amplio interior facilita almacenar productos en mayor cantidad y mantener reservas de alimentos por más tiempo. Por este motivo suele utilizarse en hogares con mayor consumo de alimentos o en lugares donde se realizan compras grandes con menor frecuencia. La principal característica que lo diferencia es su gran volumen de almacenamiento , ideal para quienes necesitan un espacio amplio de congelación. Mademsa MFV645B (157 litros) Precio estimado: entre $260.000 y $330.000 CLP. A diferencia de los freezers horizontales, este congelador funciona con un diseño vertical similar al de un refrigerador. Su interior cuenta con compartimentos y repisas que permiten ordenar mejor los alimentos y encontrarlos con mayor facilidad. Este formato resulta especialmente útil cuando se necesita acceder con frecuencia a distintos productos congelados, ya que evita tener que mover otros alimentos para llegar a lo que se busca. Lo que diferencia a este modelo es su organización interna y acceso más cómodo a los alimentos , una ventaja importante frente a los freezers horizontales. Qué tipo de congeladora conviene elegir Antes de comprar una congeladora conviene analizar el espacio disponible en el hogar y la cantidad de alimentos que se congelan regularmente. Los freezers horizontales suelen ofrecer mayor capacidad y mejor aprovechamiento del espacio interior, por lo que son una buena alternativa cuando se necesita almacenar grandes cantidades de comida. En cambio, los congeladores verticales facilitan la organización y el acceso a los alimentos gracias a sus compartimentos. También es recomendable considerar la capacidad. Los modelos más pequeños, cercanos a los 100 litros, funcionan bien como complemento de un refrigerador. En cambio, las congeladoras de más de 200 litros están pensadas para quienes necesitan almacenar alimentos durante varias semanas. Las congeladoras actuales ofrecen soluciones para distintos tipos de hogares y necesidades. Los modelos compactos son útiles cuando se busca un espacio adicional para congelar alimentos, mientras que los freezers de mayor capacidad permiten almacenar grandes cantidades de productos por más tiempo. Por otro lado, los congeladores verticales destacan por facilitar la organización y el acceso a lo que se guarda. Elegir el modelo adecuado dependerá principalmente del espacio disponible en casa, el volumen de alimentos que se congelan con frecuencia y el nivel de organización que se busca dentro del equipo.
Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial la esperada Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, una normativa que busca fortalecer la seguridad, la prevención de la violencia y el bienestar al interior de los establecimientos educacionales del país. Entre sus principales disposiciones, la ley establece que los sostenedores de colegios podrán implementar recursos tecnológicos destinados a detectar armas u objetos peligrosos en el ingreso de los recintos educacionales. Dentro de estas herramientas se encuentran los detectores de metales u otros dispositivos que permitan identificar elementos que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios. La medida cobra especial relevancia en el actual contexto, luego del grave ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un alumno de 18 años protagonizó un violento hecho con arma blanca que terminó con la vida de una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas, generando conmoción en la comunidad educativa y a nivel nacional. Tras ese hecho, el Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la necesidad de adoptar medidas más estrictas para resguardar la seguridad en los establecimientos. En esa línea, señaló que será necesario avanzar en mecanismos de mayor control en el acceso a los colegios. “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, sostuvo el mandatario, agregando que algunas iniciativas se incorporarán en reglamentos y otras serán discutidas como proyectos de ley en el Congreso. Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que el ministerio ya trabaja en los reglamentos y orientaciones que acompañarán la implementación de la nueva ley, con el objetivo de que los establecimientos puedan avanzar en la aplicación de estas medidas de prevención. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la normativa, los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar recursos tecnológicos para detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos peligrosos, siempre que exista acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa. No obstante, la ley establece que estas medidas deberán aplicarse solo cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una acción proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos dentro del recinto educacional. La normativa también contempla otras medidas estructurales para mejorar la convivencia escolar. Entre ellas destaca la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con una vigencia de ocho años, que coordinará acciones junto a distintos ministerios, entre ellos Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género. Asimismo, se establece que todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deberán contar con un coordinador o coordinadora de convivencia escolar con dedicación exclusiva, con el fin de fortalecer la gestión preventiva y el acompañamiento a las comunidades educativas. La ley también incorpora la creación de un programa de bienestar socioemocional, orientado a apoyar a estudiantes y equipos educativos en materias de salud mental y convivencia. Esta iniciativa ya comenzó a implementarse de manera piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública de Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur. Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar en una política integral que permita prevenir hechos de violencia, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos educativos más seguros para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación en todo el país.
La implementación de la Ley de 40 horas continúa avanzando en Chile y durante 2026 marcará un nuevo hito en el proceso de reducción de la jornada laboral. A partir del 26 de abril de este año, el límite semanal de trabajo disminuirá de 44 a 42 horas, como parte del calendario progresivo que culminará en 2028 con una jornada máxima de 40 horas semanales. La normativa, establecida en la Ley 21.561, busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiendo mayor tiempo de descanso y conciliación entre la vida laboral y personal, sin afectar las remuneraciones. El proceso comenzó en 2024 con la reducción inicial desde 45 a 44 horas semanales, y continuará aplicándose de manera gradual hasta completar el objetivo final dentro de dos años. Sin embargo, la disminución de la jornada no será automática para todos los trabajadores del país. De acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección del Trabajo, existen ciertos grupos que quedan excluidos de esta reducción. Entre ellos se encuentran los altos cargos dentro de las empresas, como gerentes, administradores o directores, quienes ejercen funciones de confianza y toma de decisiones estratégicas. En estos casos, la naturaleza de sus responsabilidades implica una mayor flexibilidad en la organización de sus horarios laborales. Asimismo, la ley tampoco se aplica a trabajadores que no cuentan con fiscalización superior directa, es decir, aquellos cuyas funciones no están sujetas a un control horario tradicional debido a la autonomía con la que desarrollan sus labores. A estas excepciones se suman otros grupos que, por el tipo de vínculo laboral que mantienen, quedan fuera del alcance de la normativa. La ley de 40 horas rige exclusivamente para trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo, lo que significa que funcionarios públicos y personas que prestan servicios a honorarios no se verán beneficiados con esta reducción. En el caso de los trabajadores del sector público, sus condiciones laborales se regulan a través del Estatuto Administrativo, mientras que quienes trabajan a honorarios no cuentan con un contrato laboral tradicional que los vincule bajo las normas del Código del Trabajo. De esta forma, la implementación de la ley continuará su avance durante los próximos años, aunque con ajustes que buscan adaptarla a las distintas realidades laborales existentes en el país. Las autoridades han reiterado que el objetivo principal de esta reforma es avanzar hacia una jornada laboral más equilibrada, que permita mejorar el bienestar de los trabajadores sin afectar el funcionamiento de las empresas ni la productividad del país.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
