Este miércoles, la Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades tras la polémica publicación en redes sociales, que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”. Según informó el ente contralor, la determinación, fue tomada luego de una serie denuncias recibidas por las publicaciones de la cartera liderada por Mara Sedini. El organismo estableció que efectivamente el ministerio puede informar a través de redes sociales incluso utilizando un lenguaje cotidiano, pero que las comunicaciones deben ajustarse a los principios de probidad. Si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, “y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas, señalan. Además, el oficio remarca la falta de respaldo en los términos utilizados en la publicación, pues la Segegob no logrósustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata. Eso sí, el ente subrayó que la propia secretaría reconoció el mensaje no cumplió con los estándares de moderación exigidos, pudiendo generar confusión en la ciudadanía. Con todo lo anterior, la Contraloría ordenó que el ministerio deberá adoptar medidas para evitar nuevos mensajes imprecisos y además, se instruyó a la cartera iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados; fijando un plazo de cinco días para informar al ente contralor.
Un preocupante escenario en materia de salud reveló un reciente informe del Centro de Políticas Públicas en Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, el cual advierte que el cáncer cervicouterino en Chile experimentó un aumento del 90% en su lista de espera durante el último año, superando los 5 mil casos a diciembre de 2025. El estudio también señala que esta enfermedad concentra el 28% de los retrasos en la atención oncológica del país, principalmente en etapas clave como el tamizaje y el diagnóstico. Ante esta situación, especialistas coinciden en la urgencia de fortalecer el acceso a exámenes preventivos y garantizar diagnósticos oportunos para reducir brechas y mejorar la atención de miles de mujeres. En este contexto, la directora ejecutiva del CIPS, Dra. Paula Daza Narbona, convocó a expertos del área, entre ellos la jefa de carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Antofagasta, Valeria Escobar Méndez, a participar en un seminario donde se presentaron los principales resultados de la investigación. La instancia reunió a académicos, profesionales de la salud y autoridades, con el objetivo de analizar estrategias que permitan fortalecer la prevención, especialmente en grupos con dificultades de acceso al sistema. Desde la región, la Universidad de Antofagasta destacó el avance del proyecto ANT 2493 “La UA se Extiende”, iniciativa que busca acercar exámenes preventivos gratuitos a mujeres que no acceden regularmente a controles ginecológicos. Para este 2026, se proyecta la realización de 400 nuevos auto-muestreos del Virus del Papiloma Humano (VPH) en terreno, utilizando dispositivos de autotoma que facilitan la detección temprana. La académica Valeria Escobar explicó que esta estrategia permite eliminar barreras de acceso, especialmente en sectores vulnerables, comunidades rurales y mujeres fuera del sistema tradicional de salud. En la misma línea, la Dra. Paula Daza valoró estas iniciativas, señalando que es fundamental modernizar las estrategias de prevención y ampliar la cobertura del examen de Papanicolaou. “Los datos son claros, aún existe una brecha importante en la prevención. Acercar estos exámenes a la comunidad no solo mejora la participación, sino que también reduce inequidades en salud”, afirmó. El informe y las acciones impulsadas desde la academia refuerzan la necesidad de avanzar hacia un modelo de salud más accesible, con foco en la detección temprana como herramienta clave para salvar vidas.
Chile avanza en la implementación de la Ley de 40 horas. Desde este domingo 26 de abril, la jornada laboral ordinaria se reducirá de 44 a 42 horas semanales, marcando el segundo hito de esta reforma que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. La medida, establecida en la Ley 21.561, beneficiará a más de cinco millones de personas del sector privado que se rigen por el Código del Trabajo. Uno de los aspectos clave de esta normativa es que la reducción de la jornada no puede significar una disminución en las remuneraciones, lo que ha sido reforzado por autoridades y especialistas. Sin embargo, no todos los trabajadores están incluidos. Quedan fuera quienes no tienen una jornada fiscalizada, como gerentes o cargos de alta dirección, además de trabajadores con sistemas especiales, como en la minería, y quienes prestan servicios a honorarios o pertenecen al sector público. En el caso del teletrabajo, la reducción también aplica, salvo en situaciones donde exista total autonomía y evaluación por metas, lo que debe analizarse caso a caso. La implementación de esta nueva etapa no es opcional para las empresas. Los empleadores deberán ajustar turnos y horarios para cumplir con la normativa. En caso de no hacerlo, los trabajadores pueden recurrir a la Dirección del Trabajo, que tiene facultades para fiscalizar y aplicar multas que van desde 3 a 60 UTM por cada infracción. La ley también establece límites claros: no se puede compensar la reducción de horas disminuyendo el tiempo de colación ni fragmentando los minutos sin acuerdo entre las partes. La rebaja debe ser efectiva y reflejar una disminución real en la jornada laboral. Si no existe acuerdo entre empleador y trabajador sobre cómo aplicar la reducción, la normativa fija criterios. Por ejemplo, en jornadas de cinco días, se deberá reducir una hora en dos días de la semana. En jornadas de seis días, la rebaja se distribuye en bloques definidos. La Dirección del Trabajo ha reforzado su rol fiscalizador en este proceso, anticipando controles para asegurar el cumplimiento de la ley en todo el país. Finalmente, esta reducción es parte de un proceso gradual que culminará el 26 de abril de 2028, cuando la jornada laboral en Chile quedará fijada en 40 horas semanales. Mientras tanto, la nueva etapa representa un desafío tanto para empresas como para trabajadores, en un contexto que busca equilibrar productividad y bienestar laboral.
Este miércoles el Gobierno de José Antonio Kast, oficializó la nominación del presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulic, para integrar la Corte Suprema, tras la destitución de Sergio Muñoz. Según consignó La Tercera, la propuesta fue enviada al Senado a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien hizo oficial la postulación del ministro; seleccionado desde la quina elaborada por el máximo tribunal, donde quedó en el segundo lugar con siete votos. Luego de la nominación, el magistrado deberá presentarse ante la Comisión de Constitución del Senado para exponer su trayectoria. Tras ello, para ser ratificado en el cargo, Franulic deberá obtener el apoyo de al menos 2/3 de los senadores en ejercicio. De acuerdo al citado medio, fuentes ligadas al proceso aseguran que el Ejecutivo optó por el magistrado debido a su trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial; donde inició su carrera en 1992 como secretario del Juzgado de Letras de Los Lagos, tras ello fue juez del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina y posteriormente, relator de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Además, ha ocupado cargos en la Corte de Apelaciones de Copiapó, e integra el tribunal de alzada de Antofagasta desde 2010, siendo presidente en tres ocasiones; 2011, 2019 y 2026. Incluso, participó en la implementación de la Reforma Procesal Penal en 2004. Finalmente, el ministro también contaría con apoyos dentro del Senado, destacando a los senadores Paulina Núñez y Pedro Araya. Este último, quien preside la Comisión de Constitución.
La Contraloría General de la República (CGR) publicó un nuevo informe que vuelve a poner en el foco el uso de recursos públicos en municipios del país, revelando que la Municipalidad de Antofagasta figura entre aquellas que superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas durante los años 2024 y 2025. El análisis, contenido en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, evaluó el gasto en celebraciones, conmemoraciones y festividades en las 345 municipalidades del país, comparándolo con el gasto social destinado directamente a personas. Según el informe, Antofagasta registró en 2024 un gasto de $196.471.134 en este tipo de actividades, posicionándose entre las comunas con mayores desembolsos a nivel nacional. La situación se repite en 2025, donde la capital regional incrementa significativamente su gasto, alcanzando los $275.943.951, ubicándose entre los primeros lugares del listado elaborado por el órgano contralor. Estas cifras superan ampliamente los promedios nacionales establecidos para ambos años: $51 millones en 2024 y $38 millones en 2025. Desde Contraloría aclararon que el análisis excluye festividades reconocidas por ley, así como celebraciones tradicionales o eventos que generan impacto económico y turístico en las comunas, como fiestas costumbristas o celebraciones de fin de año. Sin embargo, sí considera actividades que no cuentan con justificación normativa ni cultural relevante, tales como celebraciones de carácter general como Halloween, Día de la Primavera o similares. El informe surge en medio de cuestionamientos de autoridades municipales a nivel nacional, quienes solicitaron mayor precisión en la información publicada. Ante ello, la CGR optó por transparentar el listado completo de municipios que superaron el gasto promedio, reafirmando la necesidad de fortalecer los criterios de uso de recursos públicos. En la Región de Antofagasta, además de la capital regional, también aparecen otras comunas como Mejillones, Sierra Gorda, san Pedro de Atacama y Tocopilla en el listado de 2025, lo que evidencia una tendencia regional en materia de gasto en celebraciones. Este escenario abre nuevamente el debate sobre la pertinencia y priorización del gasto municipal, especialmente en contextos donde existen demandas sociales relevantes en áreas como salud, educación y seguridad. Autoridades y expertos coinciden en la importancia de revisar los criterios de asignación de recursos para asegurar que respondan efectivamente a las necesidades de la ciudadanía. Gastos en el 2024: Municipalidad de Vitacura: $543.124.462 Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104 Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996 Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738 Municipalidad de La Unión: $265.168.859 Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958 Municipalidad de El Quisco: $230.159.756 Municipalidad de Renca: $223.310.605 Municipalidad de Las Condes: $214.387.673 Municipalidad de La Florida: $208.721.835 Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048 Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887 Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134 Municipalidad de Iquique: $194.606.282 Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265 Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150 Municipalidad de Victoria: $178.671.045 Municipalidad de Valdivia: $174.635.217 Municipalidad de Arica: $153.678.181 Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442 Municipalidad de Teno: $144.271.383 Municipalidad de Providencia: $142.932.581 Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800 Municipalidad de Mostazal: $138.256.543 Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862 Municipalidad de San Clemente: $135.760.048 Municipalidad de Hualpén: $134.291.808 Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497 Municipalidad de Concepción: $128.601.003 Municipalidad de Colina: $127.426.705 Gatos en 2025: Municipalidad de Copiapó: $338.778.168 Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141 Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951 Municipalidad de Iquique: $260.787.222 Municipalidad de Providencia: $231.991.960 Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858 Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836 Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855 Municipalidad de Arica: $188.293.852 Municipalidad de Mejillones: $188.115.677 Municipalidad de Huechuraba: $166.451.943 Municipalidad de Temuco: $166.040.656 Municipalidad de Pozo Almonte: $165.042.916 Municipalidad de Punta Arenas: $164.597.918 Municipalidad de Sierra Gorda: $158.036.760 Municipalidad de Talagante: $153.270.455 Municipalidad de Victoria: $144.724.431 Municipalidad de San Clemente: $144.424.736 Municipalidad de Las Condes: $140.439.457 Municipalidad de Colina: $135.298.514 Municipalidad de El Quisco: $134.606.795 Municipalidad de Tocopilla: $130.307.620 Municipalidad de Colbún: $128.432.548 Municipalidad de Penco: $128.407.835 Municipalidad de Valdivia: $128.000.255 Municipalidad de Concepción: $122.163.482 Municipalidad de Teno: $116.061.380 Municipalidad de Renca: $113.531.732 Municipalidad de Maipú: $105.981.805 Municipalidad de Pudahuel: $104.742.510 🔴AHORA | Ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas. pic.twitter.com/Ko242QFoef — Contraloría (@Contraloriacl) April 20, 2026
Este miércoles, la Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades tras la polémica publicación en redes sociales, que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”. Según informó el ente contralor, la determinación, fue tomada luego de una serie denuncias recibidas por las publicaciones de la cartera liderada por Mara Sedini. El organismo estableció que efectivamente el ministerio puede informar a través de redes sociales incluso utilizando un lenguaje cotidiano, pero que las comunicaciones deben ajustarse a los principios de probidad. Si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, “y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas, señalan. Además, el oficio remarca la falta de respaldo en los términos utilizados en la publicación, pues la Segegob no logrósustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata. Eso sí, el ente subrayó que la propia secretaría reconoció el mensaje no cumplió con los estándares de moderación exigidos, pudiendo generar confusión en la ciudadanía. Con todo lo anterior, la Contraloría ordenó que el ministerio deberá adoptar medidas para evitar nuevos mensajes imprecisos y además, se instruyó a la cartera iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados; fijando un plazo de cinco días para informar al ente contralor.
Un preocupante escenario en materia de salud reveló un reciente informe del Centro de Políticas Públicas en Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, el cual advierte que el cáncer cervicouterino en Chile experimentó un aumento del 90% en su lista de espera durante el último año, superando los 5 mil casos a diciembre de 2025. El estudio también señala que esta enfermedad concentra el 28% de los retrasos en la atención oncológica del país, principalmente en etapas clave como el tamizaje y el diagnóstico. Ante esta situación, especialistas coinciden en la urgencia de fortalecer el acceso a exámenes preventivos y garantizar diagnósticos oportunos para reducir brechas y mejorar la atención de miles de mujeres. En este contexto, la directora ejecutiva del CIPS, Dra. Paula Daza Narbona, convocó a expertos del área, entre ellos la jefa de carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Antofagasta, Valeria Escobar Méndez, a participar en un seminario donde se presentaron los principales resultados de la investigación. La instancia reunió a académicos, profesionales de la salud y autoridades, con el objetivo de analizar estrategias que permitan fortalecer la prevención, especialmente en grupos con dificultades de acceso al sistema. Desde la región, la Universidad de Antofagasta destacó el avance del proyecto ANT 2493 “La UA se Extiende”, iniciativa que busca acercar exámenes preventivos gratuitos a mujeres que no acceden regularmente a controles ginecológicos. Para este 2026, se proyecta la realización de 400 nuevos auto-muestreos del Virus del Papiloma Humano (VPH) en terreno, utilizando dispositivos de autotoma que facilitan la detección temprana. La académica Valeria Escobar explicó que esta estrategia permite eliminar barreras de acceso, especialmente en sectores vulnerables, comunidades rurales y mujeres fuera del sistema tradicional de salud. En la misma línea, la Dra. Paula Daza valoró estas iniciativas, señalando que es fundamental modernizar las estrategias de prevención y ampliar la cobertura del examen de Papanicolaou. “Los datos son claros, aún existe una brecha importante en la prevención. Acercar estos exámenes a la comunidad no solo mejora la participación, sino que también reduce inequidades en salud”, afirmó. El informe y las acciones impulsadas desde la academia refuerzan la necesidad de avanzar hacia un modelo de salud más accesible, con foco en la detección temprana como herramienta clave para salvar vidas.
Chile avanza en la implementación de la Ley de 40 horas. Desde este domingo 26 de abril, la jornada laboral ordinaria se reducirá de 44 a 42 horas semanales, marcando el segundo hito de esta reforma que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. La medida, establecida en la Ley 21.561, beneficiará a más de cinco millones de personas del sector privado que se rigen por el Código del Trabajo. Uno de los aspectos clave de esta normativa es que la reducción de la jornada no puede significar una disminución en las remuneraciones, lo que ha sido reforzado por autoridades y especialistas. Sin embargo, no todos los trabajadores están incluidos. Quedan fuera quienes no tienen una jornada fiscalizada, como gerentes o cargos de alta dirección, además de trabajadores con sistemas especiales, como en la minería, y quienes prestan servicios a honorarios o pertenecen al sector público. En el caso del teletrabajo, la reducción también aplica, salvo en situaciones donde exista total autonomía y evaluación por metas, lo que debe analizarse caso a caso. La implementación de esta nueva etapa no es opcional para las empresas. Los empleadores deberán ajustar turnos y horarios para cumplir con la normativa. En caso de no hacerlo, los trabajadores pueden recurrir a la Dirección del Trabajo, que tiene facultades para fiscalizar y aplicar multas que van desde 3 a 60 UTM por cada infracción. La ley también establece límites claros: no se puede compensar la reducción de horas disminuyendo el tiempo de colación ni fragmentando los minutos sin acuerdo entre las partes. La rebaja debe ser efectiva y reflejar una disminución real en la jornada laboral. Si no existe acuerdo entre empleador y trabajador sobre cómo aplicar la reducción, la normativa fija criterios. Por ejemplo, en jornadas de cinco días, se deberá reducir una hora en dos días de la semana. En jornadas de seis días, la rebaja se distribuye en bloques definidos. La Dirección del Trabajo ha reforzado su rol fiscalizador en este proceso, anticipando controles para asegurar el cumplimiento de la ley en todo el país. Finalmente, esta reducción es parte de un proceso gradual que culminará el 26 de abril de 2028, cuando la jornada laboral en Chile quedará fijada en 40 horas semanales. Mientras tanto, la nueva etapa representa un desafío tanto para empresas como para trabajadores, en un contexto que busca equilibrar productividad y bienestar laboral.
Este miércoles el Gobierno de José Antonio Kast, oficializó la nominación del presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulic, para integrar la Corte Suprema, tras la destitución de Sergio Muñoz. Según consignó La Tercera, la propuesta fue enviada al Senado a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien hizo oficial la postulación del ministro; seleccionado desde la quina elaborada por el máximo tribunal, donde quedó en el segundo lugar con siete votos. Luego de la nominación, el magistrado deberá presentarse ante la Comisión de Constitución del Senado para exponer su trayectoria. Tras ello, para ser ratificado en el cargo, Franulic deberá obtener el apoyo de al menos 2/3 de los senadores en ejercicio. De acuerdo al citado medio, fuentes ligadas al proceso aseguran que el Ejecutivo optó por el magistrado debido a su trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial; donde inició su carrera en 1992 como secretario del Juzgado de Letras de Los Lagos, tras ello fue juez del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina y posteriormente, relator de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Además, ha ocupado cargos en la Corte de Apelaciones de Copiapó, e integra el tribunal de alzada de Antofagasta desde 2010, siendo presidente en tres ocasiones; 2011, 2019 y 2026. Incluso, participó en la implementación de la Reforma Procesal Penal en 2004. Finalmente, el ministro también contaría con apoyos dentro del Senado, destacando a los senadores Paulina Núñez y Pedro Araya. Este último, quien preside la Comisión de Constitución.
La Contraloría General de la República (CGR) publicó un nuevo informe que vuelve a poner en el foco el uso de recursos públicos en municipios del país, revelando que la Municipalidad de Antofagasta figura entre aquellas que superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas durante los años 2024 y 2025. El análisis, contenido en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, evaluó el gasto en celebraciones, conmemoraciones y festividades en las 345 municipalidades del país, comparándolo con el gasto social destinado directamente a personas. Según el informe, Antofagasta registró en 2024 un gasto de $196.471.134 en este tipo de actividades, posicionándose entre las comunas con mayores desembolsos a nivel nacional. La situación se repite en 2025, donde la capital regional incrementa significativamente su gasto, alcanzando los $275.943.951, ubicándose entre los primeros lugares del listado elaborado por el órgano contralor. Estas cifras superan ampliamente los promedios nacionales establecidos para ambos años: $51 millones en 2024 y $38 millones en 2025. Desde Contraloría aclararon que el análisis excluye festividades reconocidas por ley, así como celebraciones tradicionales o eventos que generan impacto económico y turístico en las comunas, como fiestas costumbristas o celebraciones de fin de año. Sin embargo, sí considera actividades que no cuentan con justificación normativa ni cultural relevante, tales como celebraciones de carácter general como Halloween, Día de la Primavera o similares. El informe surge en medio de cuestionamientos de autoridades municipales a nivel nacional, quienes solicitaron mayor precisión en la información publicada. Ante ello, la CGR optó por transparentar el listado completo de municipios que superaron el gasto promedio, reafirmando la necesidad de fortalecer los criterios de uso de recursos públicos. En la Región de Antofagasta, además de la capital regional, también aparecen otras comunas como Mejillones, Sierra Gorda, san Pedro de Atacama y Tocopilla en el listado de 2025, lo que evidencia una tendencia regional en materia de gasto en celebraciones. Este escenario abre nuevamente el debate sobre la pertinencia y priorización del gasto municipal, especialmente en contextos donde existen demandas sociales relevantes en áreas como salud, educación y seguridad. Autoridades y expertos coinciden en la importancia de revisar los criterios de asignación de recursos para asegurar que respondan efectivamente a las necesidades de la ciudadanía. Gastos en el 2024: Municipalidad de Vitacura: $543.124.462 Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104 Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996 Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738 Municipalidad de La Unión: $265.168.859 Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958 Municipalidad de El Quisco: $230.159.756 Municipalidad de Renca: $223.310.605 Municipalidad de Las Condes: $214.387.673 Municipalidad de La Florida: $208.721.835 Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048 Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887 Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134 Municipalidad de Iquique: $194.606.282 Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265 Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150 Municipalidad de Victoria: $178.671.045 Municipalidad de Valdivia: $174.635.217 Municipalidad de Arica: $153.678.181 Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442 Municipalidad de Teno: $144.271.383 Municipalidad de Providencia: $142.932.581 Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800 Municipalidad de Mostazal: $138.256.543 Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862 Municipalidad de San Clemente: $135.760.048 Municipalidad de Hualpén: $134.291.808 Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497 Municipalidad de Concepción: $128.601.003 Municipalidad de Colina: $127.426.705 Gatos en 2025: Municipalidad de Copiapó: $338.778.168 Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141 Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951 Municipalidad de Iquique: $260.787.222 Municipalidad de Providencia: $231.991.960 Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858 Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836 Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855 Municipalidad de Arica: $188.293.852 Municipalidad de Mejillones: $188.115.677 Municipalidad de Huechuraba: $166.451.943 Municipalidad de Temuco: $166.040.656 Municipalidad de Pozo Almonte: $165.042.916 Municipalidad de Punta Arenas: $164.597.918 Municipalidad de Sierra Gorda: $158.036.760 Municipalidad de Talagante: $153.270.455 Municipalidad de Victoria: $144.724.431 Municipalidad de San Clemente: $144.424.736 Municipalidad de Las Condes: $140.439.457 Municipalidad de Colina: $135.298.514 Municipalidad de El Quisco: $134.606.795 Municipalidad de Tocopilla: $130.307.620 Municipalidad de Colbún: $128.432.548 Municipalidad de Penco: $128.407.835 Municipalidad de Valdivia: $128.000.255 Municipalidad de Concepción: $122.163.482 Municipalidad de Teno: $116.061.380 Municipalidad de Renca: $113.531.732 Municipalidad de Maipú: $105.981.805 Municipalidad de Pudahuel: $104.742.510 🔴AHORA | Ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas. pic.twitter.com/Ko242QFoef — Contraloría (@Contraloriacl) April 20, 2026
