A menos de un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias fijadas para el próximo 16 de noviembre, una de las principales interrogantes es quiénes deberán cumplir con la tarea de ser vocal de mesa. El voto es obligatorio en estos comicios, y también lo es el rol de vocal para quienes sean designados. La fecha clave para salir de dudas es el 25 de octubre, día en que el Secretario de la Junta Electoral publicará la nómina de vocales de mesa. ¿Cómo saber si soy vocal de mesa? Para verificar si fuiste designado, puedes consultar la información en el sitio web del Servicio Electoral (Servel), en la sección de consulta de datos electorales, ingresando tu RUT. También estarán disponibles los números telefónicos 600 6000 166 (nacional) y +56 229153265 (desde el extranjero). Excusas y reemplazos Quienes no puedan cumplir con la función de vocal de mesa tienen un periodo para presentar sus excusas. Las justificaciones aceptadas son diversas e incluyen: Ser designado miembro del colegio escrutador. Estar ausente del país o residir a más de 300 kilómetros de su local de votación. Tener más de 70 años. Estar impedido física o mentalmente (acreditado con certificado médico). Trabajar en establecimientos hospitalarios los días de elección. Mujeres gestantes en periodo de embarazo. Padres o madres de un hijo menor de dos años. Estar al cuidado de adultos mayores dependientes o personas en situación de discapacidad. Cumplir otras funciones encomendadas por ley en los mismos días. Una vez finalizado el periodo de excusas, la nómina definitiva de reemplazantes se informará el 1 de noviembre. Multas por no cumplir la obligación De no presentarse a desempeñar la función de vocal de mesa o miembro del colegio escrutador sin una justificación aceptada, la persona se expone a multas que van entre 2 y 8 UTM, lo que se traduce en un monto aproximado de entre $137.000 y $549.000. Finalmente, en caso de ser citado por el Juzgado de Policía Local, es fundamental contar con los antecedentes o documentos que acrediten la situación que impidió la asistencia para justificar la inasistencia.
El proyecto de ley que busca prohibir el uso de teléfonos celulares en todos los niveles educativos de los colegios ha dado un paso significativo en el Congreso. La Comisión de Educación del Senado aprobó en particular la iniciativa, dejándola lista para ser discutida en Sala. El objetivo principal es regular y vetar la utilización de dispositivos móviles electrónicos dentro de los establecimientos educacionales durante el desarrollo de las actividades curriculares en la sala de clases. La prohibición se extendería, además, a todos los integrantes de la comunidad educativa, salvo las excepciones contempladas en la normativa. Para detallar, la propuesta establece que los reglamentos internos de cada institución deberán incorporar las medidas necesarias para materializar esta restricción. Si bien la iniciativa es restrictiva, considera diversas excepciones a la prohibición, priorizando la inclusión y la seguridad: Necesidades Educativas Especiales (NEE): Se permitirá su uso si el dispositivo es considerado una ayuda técnica para el aprendizaje del estudiante. Esto deberá ser acreditado con un certificado profesional por el apoderado. Situaciones de Emergencia: Se contempla su uso en casos de emergencia, desastre o catástrofe. Condiciones de Salud: Si el alumno requiere monitoreo periódico por una enfermedad o condición de salud diagnosticada, a través de medios tecnológicos móviles. Uso Pedagógico: Si la utilización de los dispositivos resulta útil para la enseñanza en función de la naturaleza de una actividad curricular o extracurricular, especialmente en educación básica o media. Seguridad Personal o Familiar: Podrá solicitarse su uso de forma temporal por el apoderado, fundamentado únicamente en razones de seguridad del estudiante o su familia. Finalmente, en el caso particular de la educación media, se otorga a los colegios la facultad de disponer en sus reglamentos de espacios, horarios o actividades específicas en que se autorice la utilización de estos dispositivos.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló diferencias de hasta 200% en los precios de los anticonceptivos hormonales orales, según su último 'Informe Estudio de Caracterización del Mercado de Pastillas Anticonceptivas 2025'. El estudio expuso que, en el grupo de mayor presencia en el mercado, la diferencia entre el precio mínimo y máximo alcanza un 131%, con el anticonceptivo Jolian como el más económico ($10.795) y Yaz como el más caro ($24.972). El informe además concluyó que la aplicación de la Ley Cenabast es casi nula, representando menos del 1% de los precios analizados, y su disponibilidad es baja, concentrándose en farmacias independientes. Respecto a la oferta, el Sernac evidenció que las farmacias independientes ofrecen precios más competitivos para algunas marcas, aunque con una menor variedad de productos (54 distintos en promedio), en contraste con las cadenas que concentran una oferta más diversa (74 distintos). Ante estas disparidades, los afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) tienen la posibilidad de acceder a anticonceptivos hormonales orales a un costo menor gracias a un convenio que incluye más de mil medicamentos con descuento. Finalmente, Fonasa ha implementado un buscador en línea https://medicamentos.fonasa.cl/buscador-farmacias que permite a los afiliados encontrar de manera práctica el medicamento que necesitan y conocer las farmacias adheridas al convenio. Al ingresar la dirección de domicilio y los detalles del medicamento, el sistema indicará si el precio está rebajado y el lugar donde se puede adquirir, facilitando el acceso a descuentos preferentes en más de 2.700 medicamentos.
La Sala del Senado aprobó y despachó a tercer trámite constitucional el proyecto de ley que busca reducir significativamente los plazos y trámites para la ampliación y construcción de establecimientos penitenciarios. La medida responde a la urgente necesidad de enfrentar el hacinamiento y la sobrepoblación de reclusos que afecta a diversas cárceles del país. El objetivo central de la iniciativa es establecer reglas especiales paraeximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos, buscando una tramitación expeditaacorde a la urgencia para dar respuesta oportuna a las actuales necesidades de seguridad. Según lo despachado desde la Sala, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Constitución, las nuevas disposiciones permitiránla ampliación oportuna de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y módulos de máxima seguridad. Durante el debate parlamentario, se destacó que la sobrepoblación y el hacinamiento actual obstaculizan las labores esenciales de Gendarmería. Entre ellas, se mencionó la dificultad parasegregar de manera adecuada a la población penal y la imposibilidad de favorecer la rehabilitación y reinserción de los internos, haciendo imperativa la modernización y expansión de la infraestructura carcelaria.
La mañana de este jueves se desarrolló la audiencia número 558 del juicio oral por el caso SQM, en la sala 201 del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Se trata de la última sesión del extenso proceso iniciado en 2015, que investiga presuntos delitos de corrupción vinculados al financiamiento ilegal de la política. La Fiscalía Regional de Valparaíso acusa por cohecho, soborno y delitos tributarios al exsenador UDI Pablo Longueira, al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO) y al exgerente general de SQM, Patricio Contesse. También están imputados Carmen Valdivieso, exsecretaria de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; Cristián Warner, exsecretario general del PRO; Roberto León, exdiputado DC; y Marcelo Rozas, histórico militante de la DC. El juicio, encabezado por la fiscal Claudia Perivancich, comenzó el 13 de febrero de 2023, con extensas jornadas en que se expusieron los antecedentes del caso, en el que el Servicio de Impuestos Internos actúa como querellante. Durante esta semana se desarrollaron las réplicas, en las que intervino la defensa de Longueira, liderada por Johanna Heskia, mientras que la defensa de Enríquez-Ominami optó por no ejercer su turno. Tras la sesión de este jueves, el tribunal decretó receso hasta el martes 21 de octubre, día en que los acusados podrán ejercer su derecho a declarar por última vez. El miércoles 22, el tribunal, presidido por la jueza María Teresa Barrientos, entregará su veredicto. La pena más alta solicitada por la Fiscalía es de nueve años de prisión para Patricio Contesse.
A menos de un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias fijadas para el próximo 16 de noviembre, una de las principales interrogantes es quiénes deberán cumplir con la tarea de ser vocal de mesa. El voto es obligatorio en estos comicios, y también lo es el rol de vocal para quienes sean designados. La fecha clave para salir de dudas es el 25 de octubre, día en que el Secretario de la Junta Electoral publicará la nómina de vocales de mesa. ¿Cómo saber si soy vocal de mesa? Para verificar si fuiste designado, puedes consultar la información en el sitio web del Servicio Electoral (Servel), en la sección de consulta de datos electorales, ingresando tu RUT. También estarán disponibles los números telefónicos 600 6000 166 (nacional) y +56 229153265 (desde el extranjero). Excusas y reemplazos Quienes no puedan cumplir con la función de vocal de mesa tienen un periodo para presentar sus excusas. Las justificaciones aceptadas son diversas e incluyen: Ser designado miembro del colegio escrutador. Estar ausente del país o residir a más de 300 kilómetros de su local de votación. Tener más de 70 años. Estar impedido física o mentalmente (acreditado con certificado médico). Trabajar en establecimientos hospitalarios los días de elección. Mujeres gestantes en periodo de embarazo. Padres o madres de un hijo menor de dos años. Estar al cuidado de adultos mayores dependientes o personas en situación de discapacidad. Cumplir otras funciones encomendadas por ley en los mismos días. Una vez finalizado el periodo de excusas, la nómina definitiva de reemplazantes se informará el 1 de noviembre. Multas por no cumplir la obligación De no presentarse a desempeñar la función de vocal de mesa o miembro del colegio escrutador sin una justificación aceptada, la persona se expone a multas que van entre 2 y 8 UTM, lo que se traduce en un monto aproximado de entre $137.000 y $549.000. Finalmente, en caso de ser citado por el Juzgado de Policía Local, es fundamental contar con los antecedentes o documentos que acrediten la situación que impidió la asistencia para justificar la inasistencia.
El proyecto de ley que busca prohibir el uso de teléfonos celulares en todos los niveles educativos de los colegios ha dado un paso significativo en el Congreso. La Comisión de Educación del Senado aprobó en particular la iniciativa, dejándola lista para ser discutida en Sala. El objetivo principal es regular y vetar la utilización de dispositivos móviles electrónicos dentro de los establecimientos educacionales durante el desarrollo de las actividades curriculares en la sala de clases. La prohibición se extendería, además, a todos los integrantes de la comunidad educativa, salvo las excepciones contempladas en la normativa. Para detallar, la propuesta establece que los reglamentos internos de cada institución deberán incorporar las medidas necesarias para materializar esta restricción. Si bien la iniciativa es restrictiva, considera diversas excepciones a la prohibición, priorizando la inclusión y la seguridad: Necesidades Educativas Especiales (NEE): Se permitirá su uso si el dispositivo es considerado una ayuda técnica para el aprendizaje del estudiante. Esto deberá ser acreditado con un certificado profesional por el apoderado. Situaciones de Emergencia: Se contempla su uso en casos de emergencia, desastre o catástrofe. Condiciones de Salud: Si el alumno requiere monitoreo periódico por una enfermedad o condición de salud diagnosticada, a través de medios tecnológicos móviles. Uso Pedagógico: Si la utilización de los dispositivos resulta útil para la enseñanza en función de la naturaleza de una actividad curricular o extracurricular, especialmente en educación básica o media. Seguridad Personal o Familiar: Podrá solicitarse su uso de forma temporal por el apoderado, fundamentado únicamente en razones de seguridad del estudiante o su familia. Finalmente, en el caso particular de la educación media, se otorga a los colegios la facultad de disponer en sus reglamentos de espacios, horarios o actividades específicas en que se autorice la utilización de estos dispositivos.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló diferencias de hasta 200% en los precios de los anticonceptivos hormonales orales, según su último 'Informe Estudio de Caracterización del Mercado de Pastillas Anticonceptivas 2025'. El estudio expuso que, en el grupo de mayor presencia en el mercado, la diferencia entre el precio mínimo y máximo alcanza un 131%, con el anticonceptivo Jolian como el más económico ($10.795) y Yaz como el más caro ($24.972). El informe además concluyó que la aplicación de la Ley Cenabast es casi nula, representando menos del 1% de los precios analizados, y su disponibilidad es baja, concentrándose en farmacias independientes. Respecto a la oferta, el Sernac evidenció que las farmacias independientes ofrecen precios más competitivos para algunas marcas, aunque con una menor variedad de productos (54 distintos en promedio), en contraste con las cadenas que concentran una oferta más diversa (74 distintos). Ante estas disparidades, los afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) tienen la posibilidad de acceder a anticonceptivos hormonales orales a un costo menor gracias a un convenio que incluye más de mil medicamentos con descuento. Finalmente, Fonasa ha implementado un buscador en línea https://medicamentos.fonasa.cl/buscador-farmacias que permite a los afiliados encontrar de manera práctica el medicamento que necesitan y conocer las farmacias adheridas al convenio. Al ingresar la dirección de domicilio y los detalles del medicamento, el sistema indicará si el precio está rebajado y el lugar donde se puede adquirir, facilitando el acceso a descuentos preferentes en más de 2.700 medicamentos.
La Sala del Senado aprobó y despachó a tercer trámite constitucional el proyecto de ley que busca reducir significativamente los plazos y trámites para la ampliación y construcción de establecimientos penitenciarios. La medida responde a la urgente necesidad de enfrentar el hacinamiento y la sobrepoblación de reclusos que afecta a diversas cárceles del país. El objetivo central de la iniciativa es establecer reglas especiales paraeximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos, buscando una tramitación expeditaacorde a la urgencia para dar respuesta oportuna a las actuales necesidades de seguridad. Según lo despachado desde la Sala, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Constitución, las nuevas disposiciones permitiránla ampliación oportuna de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y módulos de máxima seguridad. Durante el debate parlamentario, se destacó que la sobrepoblación y el hacinamiento actual obstaculizan las labores esenciales de Gendarmería. Entre ellas, se mencionó la dificultad parasegregar de manera adecuada a la población penal y la imposibilidad de favorecer la rehabilitación y reinserción de los internos, haciendo imperativa la modernización y expansión de la infraestructura carcelaria.
La mañana de este jueves se desarrolló la audiencia número 558 del juicio oral por el caso SQM, en la sala 201 del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Se trata de la última sesión del extenso proceso iniciado en 2015, que investiga presuntos delitos de corrupción vinculados al financiamiento ilegal de la política. La Fiscalía Regional de Valparaíso acusa por cohecho, soborno y delitos tributarios al exsenador UDI Pablo Longueira, al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO) y al exgerente general de SQM, Patricio Contesse. También están imputados Carmen Valdivieso, exsecretaria de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; Cristián Warner, exsecretario general del PRO; Roberto León, exdiputado DC; y Marcelo Rozas, histórico militante de la DC. El juicio, encabezado por la fiscal Claudia Perivancich, comenzó el 13 de febrero de 2023, con extensas jornadas en que se expusieron los antecedentes del caso, en el que el Servicio de Impuestos Internos actúa como querellante. Durante esta semana se desarrollaron las réplicas, en las que intervino la defensa de Longueira, liderada por Johanna Heskia, mientras que la defensa de Enríquez-Ominami optó por no ejercer su turno. Tras la sesión de este jueves, el tribunal decretó receso hasta el martes 21 de octubre, día en que los acusados podrán ejercer su derecho a declarar por última vez. El miércoles 22, el tribunal, presidido por la jueza María Teresa Barrientos, entregará su veredicto. La pena más alta solicitada por la Fiscalía es de nueve años de prisión para Patricio Contesse.