Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Una auditoría interna realizada por Codelco detectó una grave sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025, situación que derivó en el pago de bonos por más de US$14,3 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz de la estatal minera. Según antecedentes conocidos en las últimas horas, las irregularidades investigadas apuntan a una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre informadas a fines del año pasado. De ese total, aproximadamente 20 mil toneladas corresponderían a óxidos provenientes de Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas estarían asociadas a polvos metalúrgicos vinculados al depósito de residuos mineros Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las cifras infladas impactaron directamente en el cálculo de incentivos y bonos internos de producción, los cuales dependen del cumplimiento de metas operacionales. Altas fuentes de la estatal señalaron que ahora la empresa deberá recalcular los incentivos ya pagados para intentar recuperar los recursos desembolsados. La investigación interna concluyó además con medidas disciplinarias contra ocho ejecutivos vinculados a la cadena de decisiones y controles asociados al reconocimiento de producción. Uno de ellos fue desvinculado de la compañía, mientras que otros siete recibieron sanciones administrativas. De acuerdo con información conocida por medios nacionales, cinco de los ejecutivos involucrados pertenecen a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, mientras que los otros tres forman parte de la casa matriz. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que las desviaciones detectadas en la aplicación de normas de contabilización habrían tenido como objetivo mostrar un mejor desempeño productivo respecto a las metas del año anterior. Debido a que el pago de bonos compromete recursos públicos, Codelco anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El caso además abrió cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión del saliente presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, instalando preocupación en distintos sectores respecto a los mecanismos de control y transparencia dentro de la principal empresa minera del país. La polémica ocurre en momentos especialmente sensibles para la minera estatal, en medio de desafíos productivos, presión por resultados financieros y crecientes exigencias de eficiencia en la principal productora de cobre del mundo.
Luego de su aprobación en general durante esta mañana en el Congreso Nacional, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y fue despachado para su discusión en el Senado. Durante la tramitación en Sala, se aprobó uno de los artículos claves para el Gobierno, como lo es la rebaja al impuesto de primera categoría o impuesto corporativo para grandes empresas, pasando de 27% a 23%. Además, se aprobó la invariabilidad tributaria por 25 años para nuevas inversiones. Sin embargo, otros artículos fueron rechazados, como el que incluía cambios a la Ley de Propiedad Intelectual, el que eliminaba la franquicia tributaria Sence y el que modificaba normas para suscribir convenios del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Por otra parte, fue aprobado por 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones, el artículo 9 bis del proyecto, que establece la Sala Cuna Universal. Eso sí, el Ejecutivo presentó reserva de constitucionalidad, lo que abre la posibilidad de que la iniciativa sea revisada por el Tribunal Constitucional. En tanto, se rechazó la condonación en caso de cumplir con el pago del Crédito con Aval del Estado, pero se respaldó la facultad de la Tesorería General de la República para entregar facilidades de pago a los deudores del CAE.
Este miércoles, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast. La idea de legislar el proyecto, fue aprobada en Sala por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención; correspondiente al diputado Jaime Mulet, de Federación Regionalista Verde Social (FRVS). El respaldo al proyecto se concretó con votos del oficialismo y apoyo de parlamentarios del Partido de la Gente. Tras la aprobación general, la Sala comenzó la votación en particular de la reforma, donde la Cámara revisará cada artículo e indicación. Son más de 40 artículos, 119 indicaciones y cada votación está contemplada en 3 minutos, por lo que se proyecta que la votación en particular se extienda hasta avanzada la tarde de esta jornada.
A menos de dos semanas de la primera Cuenta Pública del Gobierno y cuando recién se cumplen poco más de dos meses desde la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, el Mandatario concretó este martes su primer cambio de gabinete, marcado por enroques ministeriales y la salida de autoridades que alcanzaron a permanecer apenas 69 días en sus cargos. La ceremonia se desarrolló en el Palacio de La Moneda y fue encabezada por el jefe de Estado junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien actuó como ministro de fe durante el ajuste ministerial. El movimiento ocurre en medio de la preparación de la primera Cuenta Pública de la administración, fijada para el próximo 1 de junio. Uno de los principales cambios se registró en la Secretaría General de Gobierno. Mara Sedini dejó el cargo tras poco más de dos meses como vocera. En su reemplazo asumió Claudio Alvarado, quien mantendrá además el Ministerio del Interior, transformándose en biministro. El ajuste también alcanzó al Ministerio de Seguridad Pública. Trinidad Steinert dejó la cartera y fue reemplazada por Martín Arrau, quien abandonó el Ministerio de Obras Públicas para asumir una de las áreas prioritarias del Gobierno. Con ello, el Ejecutivo volvió a recurrir a la fórmula de los biministros. El ministro de Transportes, Louis de Grange, quedará además a cargo del MOP. Tras concretar los cambios, Kast reconoció que no esperaba realizar un ajuste tan temprano, pero sostuvo que el “sentido de urgencia” y las demandas del país hicieron necesario reestructurar su equipo de gobierno, especialmente en materias de seguridad y gestión política.
Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Una auditoría interna realizada por Codelco detectó una grave sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025, situación que derivó en el pago de bonos por más de US$14,3 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz de la estatal minera. Según antecedentes conocidos en las últimas horas, las irregularidades investigadas apuntan a una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre informadas a fines del año pasado. De ese total, aproximadamente 20 mil toneladas corresponderían a óxidos provenientes de Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas estarían asociadas a polvos metalúrgicos vinculados al depósito de residuos mineros Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las cifras infladas impactaron directamente en el cálculo de incentivos y bonos internos de producción, los cuales dependen del cumplimiento de metas operacionales. Altas fuentes de la estatal señalaron que ahora la empresa deberá recalcular los incentivos ya pagados para intentar recuperar los recursos desembolsados. La investigación interna concluyó además con medidas disciplinarias contra ocho ejecutivos vinculados a la cadena de decisiones y controles asociados al reconocimiento de producción. Uno de ellos fue desvinculado de la compañía, mientras que otros siete recibieron sanciones administrativas. De acuerdo con información conocida por medios nacionales, cinco de los ejecutivos involucrados pertenecen a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, mientras que los otros tres forman parte de la casa matriz. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que las desviaciones detectadas en la aplicación de normas de contabilización habrían tenido como objetivo mostrar un mejor desempeño productivo respecto a las metas del año anterior. Debido a que el pago de bonos compromete recursos públicos, Codelco anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El caso además abrió cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión del saliente presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, instalando preocupación en distintos sectores respecto a los mecanismos de control y transparencia dentro de la principal empresa minera del país. La polémica ocurre en momentos especialmente sensibles para la minera estatal, en medio de desafíos productivos, presión por resultados financieros y crecientes exigencias de eficiencia en la principal productora de cobre del mundo.
Luego de su aprobación en general durante esta mañana en el Congreso Nacional, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y fue despachado para su discusión en el Senado. Durante la tramitación en Sala, se aprobó uno de los artículos claves para el Gobierno, como lo es la rebaja al impuesto de primera categoría o impuesto corporativo para grandes empresas, pasando de 27% a 23%. Además, se aprobó la invariabilidad tributaria por 25 años para nuevas inversiones. Sin embargo, otros artículos fueron rechazados, como el que incluía cambios a la Ley de Propiedad Intelectual, el que eliminaba la franquicia tributaria Sence y el que modificaba normas para suscribir convenios del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Por otra parte, fue aprobado por 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones, el artículo 9 bis del proyecto, que establece la Sala Cuna Universal. Eso sí, el Ejecutivo presentó reserva de constitucionalidad, lo que abre la posibilidad de que la iniciativa sea revisada por el Tribunal Constitucional. En tanto, se rechazó la condonación en caso de cumplir con el pago del Crédito con Aval del Estado, pero se respaldó la facultad de la Tesorería General de la República para entregar facilidades de pago a los deudores del CAE.
Este miércoles, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast. La idea de legislar el proyecto, fue aprobada en Sala por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención; correspondiente al diputado Jaime Mulet, de Federación Regionalista Verde Social (FRVS). El respaldo al proyecto se concretó con votos del oficialismo y apoyo de parlamentarios del Partido de la Gente. Tras la aprobación general, la Sala comenzó la votación en particular de la reforma, donde la Cámara revisará cada artículo e indicación. Son más de 40 artículos, 119 indicaciones y cada votación está contemplada en 3 minutos, por lo que se proyecta que la votación en particular se extienda hasta avanzada la tarde de esta jornada.
A menos de dos semanas de la primera Cuenta Pública del Gobierno y cuando recién se cumplen poco más de dos meses desde la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, el Mandatario concretó este martes su primer cambio de gabinete, marcado por enroques ministeriales y la salida de autoridades que alcanzaron a permanecer apenas 69 días en sus cargos. La ceremonia se desarrolló en el Palacio de La Moneda y fue encabezada por el jefe de Estado junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien actuó como ministro de fe durante el ajuste ministerial. El movimiento ocurre en medio de la preparación de la primera Cuenta Pública de la administración, fijada para el próximo 1 de junio. Uno de los principales cambios se registró en la Secretaría General de Gobierno. Mara Sedini dejó el cargo tras poco más de dos meses como vocera. En su reemplazo asumió Claudio Alvarado, quien mantendrá además el Ministerio del Interior, transformándose en biministro. El ajuste también alcanzó al Ministerio de Seguridad Pública. Trinidad Steinert dejó la cartera y fue reemplazada por Martín Arrau, quien abandonó el Ministerio de Obras Públicas para asumir una de las áreas prioritarias del Gobierno. Con ello, el Ejecutivo volvió a recurrir a la fórmula de los biministros. El ministro de Transportes, Louis de Grange, quedará además a cargo del MOP. Tras concretar los cambios, Kast reconoció que no esperaba realizar un ajuste tan temprano, pero sostuvo que el “sentido de urgencia” y las demandas del país hicieron necesario reestructurar su equipo de gobierno, especialmente en materias de seguridad y gestión política.
