Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) entregó su Informe de Precios Estimados de Combustibles, correspondientes para la semana que inicia este jueves 7 de mayo, hasta el próximo miércoles 13. Entre otros antecedentes, la ENAP confirmó que uno de los factores clave para la estimación de valores de esta semana es el decreto publicado en el Diario Oficial, donde el Ministerio de Hacienda anunció un cambio en la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). En este escenario, la variación de los combustibles es de: + 0,1 pesos por litro en Gasolina de 93 octanos -0,6 pesos por litro en Gasolina de 97 octanos 0,0 pesos por litro en el caso del Kerosene - 47,3 pesos por litro en el caso del Diésel + 49,3 pesos por litro en el precio GLP de uso vehicular. No obstante, el organismo también aclaró que: No fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo.
Este lunes, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado respaldó de forma unánime la propuesta del Ejecutivo para que el ministro Dinko Franulic Cetinic integre la Corte Suprema, en la vacante dejada por el cese de funciones de Sergio Muñoz Gajardo. El ministro Franulic se presentó ante la comisión donde abordó su visión sobre los desafíos del sistema judicia l, la ética judicial, la gestión razonable en los tiempos de las causas y resaltó la descentralización en la judicatura, basándose en su propia trayectoria íntegramente regional. El actual presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, destacó su formación en la educación pública y su carrera desarrollada íntegramente fuera de la capital, mencionando su paso por las comunas de Los Lagos, San José de la Mariquina, Curicó, Copiapó y Antofagasta. Ello me ha permitido conocer distintas realidades y, jurídicamente, situaciones y controversias de la más distinta naturaleza como, asimismo, las dificultades y anhelos de los habitantes de esas zonas que, muchas veces, desde el centro del país resultan difíciles de entender, señaló. Además, uno de los ejes centrales de su exposición fue la crisis de legitimidad y los desafíos de probidad. El ministro enfatizó que, si bien existen instrumentos como el Código de Ética Judicial, es imperativo avanzar hacia mecanismos de fiscalización y denuncias. Asimismo, propuso una revisión urgente de las causales de implicancia y recusación.Reguladas para una época distinta, no responden a las necesidades actuales de contar con una justicia indubitadamente imparcial, sostuvo el candidato, ejemplificando con la necesidad de que los vínculos de amistad estrecha no sean solo renunciables por las partes, sino que garanticen la transparencia absoluta del proceso. En materia de gestión, el ministro Franulic planteó soluciones innovadoras como la creación de unelenco de jueces permanentes para suplencias y la estandarización de procedimientos administrativos para evitar atrasos injustificados. Propuso, además, aprovechar las herramientas telemáticas para distribuir cargas de trabajo entre tribunales de una misma especialidad, optimizando los recursos humanos y tecnológicos existentes. Respecto al sistema penal, el magistrado expresó su preocupación por el uso de salidas alternativas, como la suspensión condicional del procedimiento. A su juicio, los jueces deben retomar un rol activo para evitar que estas herramientas se conviertan en meros mecanismos formales de término de causas, asegurando que se cumpla el fin para el cual fueron diseñadas. En este escenario, luego de la aprobación de la Comisión de Constitución, la postulación pasará a ser analizada por la Sala del Senado, donde requiere 2/3 de los votos de los senadores en ejercicio para ser ratificada de forma definitva. La instancia está programada para el próximo martes 12 de mayo.
Este miércoles, la Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades tras la polémica publicación en redes sociales, que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”. Según informó el ente contralor, la determinación, fue tomada luego de una serie denuncias recibidas por las publicaciones de la cartera liderada por Mara Sedini. El organismo estableció que efectivamente el ministerio puede informar a través de redes sociales incluso utilizando un lenguaje cotidiano, pero que las comunicaciones deben ajustarse a los principios de probidad. Si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, “y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas, señalan. Además, el oficio remarca la falta de respaldo en los términos utilizados en la publicación, pues la Segegob no logrósustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata. Eso sí, el ente subrayó que la propia secretaría reconoció el mensaje no cumplió con los estándares de moderación exigidos, pudiendo generar confusión en la ciudadanía. Con todo lo anterior, la Contraloría ordenó que el ministerio deberá adoptar medidas para evitar nuevos mensajes imprecisos y además, se instruyó a la cartera iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados; fijando un plazo de cinco días para informar al ente contralor.
Un preocupante escenario en materia de salud reveló un reciente informe del Centro de Políticas Públicas en Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, el cual advierte que el cáncer cervicouterino en Chile experimentó un aumento del 90% en su lista de espera durante el último año, superando los 5 mil casos a diciembre de 2025. El estudio también señala que esta enfermedad concentra el 28% de los retrasos en la atención oncológica del país, principalmente en etapas clave como el tamizaje y el diagnóstico. Ante esta situación, especialistas coinciden en la urgencia de fortalecer el acceso a exámenes preventivos y garantizar diagnósticos oportunos para reducir brechas y mejorar la atención de miles de mujeres. En este contexto, la directora ejecutiva del CIPS, Dra. Paula Daza Narbona, convocó a expertos del área, entre ellos la jefa de carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Antofagasta, Valeria Escobar Méndez, a participar en un seminario donde se presentaron los principales resultados de la investigación. La instancia reunió a académicos, profesionales de la salud y autoridades, con el objetivo de analizar estrategias que permitan fortalecer la prevención, especialmente en grupos con dificultades de acceso al sistema. Desde la región, la Universidad de Antofagasta destacó el avance del proyecto ANT 2493 “La UA se Extiende”, iniciativa que busca acercar exámenes preventivos gratuitos a mujeres que no acceden regularmente a controles ginecológicos. Para este 2026, se proyecta la realización de 400 nuevos auto-muestreos del Virus del Papiloma Humano (VPH) en terreno, utilizando dispositivos de autotoma que facilitan la detección temprana. La académica Valeria Escobar explicó que esta estrategia permite eliminar barreras de acceso, especialmente en sectores vulnerables, comunidades rurales y mujeres fuera del sistema tradicional de salud. En la misma línea, la Dra. Paula Daza valoró estas iniciativas, señalando que es fundamental modernizar las estrategias de prevención y ampliar la cobertura del examen de Papanicolaou. “Los datos son claros, aún existe una brecha importante en la prevención. Acercar estos exámenes a la comunidad no solo mejora la participación, sino que también reduce inequidades en salud”, afirmó. El informe y las acciones impulsadas desde la academia refuerzan la necesidad de avanzar hacia un modelo de salud más accesible, con foco en la detección temprana como herramienta clave para salvar vidas.
Chile avanza en la implementación de la Ley de 40 horas. Desde este domingo 26 de abril, la jornada laboral ordinaria se reducirá de 44 a 42 horas semanales, marcando el segundo hito de esta reforma que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. La medida, establecida en la Ley 21.561, beneficiará a más de cinco millones de personas del sector privado que se rigen por el Código del Trabajo. Uno de los aspectos clave de esta normativa es que la reducción de la jornada no puede significar una disminución en las remuneraciones, lo que ha sido reforzado por autoridades y especialistas. Sin embargo, no todos los trabajadores están incluidos. Quedan fuera quienes no tienen una jornada fiscalizada, como gerentes o cargos de alta dirección, además de trabajadores con sistemas especiales, como en la minería, y quienes prestan servicios a honorarios o pertenecen al sector público. En el caso del teletrabajo, la reducción también aplica, salvo en situaciones donde exista total autonomía y evaluación por metas, lo que debe analizarse caso a caso. La implementación de esta nueva etapa no es opcional para las empresas. Los empleadores deberán ajustar turnos y horarios para cumplir con la normativa. En caso de no hacerlo, los trabajadores pueden recurrir a la Dirección del Trabajo, que tiene facultades para fiscalizar y aplicar multas que van desde 3 a 60 UTM por cada infracción. La ley también establece límites claros: no se puede compensar la reducción de horas disminuyendo el tiempo de colación ni fragmentando los minutos sin acuerdo entre las partes. La rebaja debe ser efectiva y reflejar una disminución real en la jornada laboral. Si no existe acuerdo entre empleador y trabajador sobre cómo aplicar la reducción, la normativa fija criterios. Por ejemplo, en jornadas de cinco días, se deberá reducir una hora en dos días de la semana. En jornadas de seis días, la rebaja se distribuye en bloques definidos. La Dirección del Trabajo ha reforzado su rol fiscalizador en este proceso, anticipando controles para asegurar el cumplimiento de la ley en todo el país. Finalmente, esta reducción es parte de un proceso gradual que culminará el 26 de abril de 2028, cuando la jornada laboral en Chile quedará fijada en 40 horas semanales. Mientras tanto, la nueva etapa representa un desafío tanto para empresas como para trabajadores, en un contexto que busca equilibrar productividad y bienestar laboral.
Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) entregó su Informe de Precios Estimados de Combustibles, correspondientes para la semana que inicia este jueves 7 de mayo, hasta el próximo miércoles 13. Entre otros antecedentes, la ENAP confirmó que uno de los factores clave para la estimación de valores de esta semana es el decreto publicado en el Diario Oficial, donde el Ministerio de Hacienda anunció un cambio en la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). En este escenario, la variación de los combustibles es de: + 0,1 pesos por litro en Gasolina de 93 octanos -0,6 pesos por litro en Gasolina de 97 octanos 0,0 pesos por litro en el caso del Kerosene - 47,3 pesos por litro en el caso del Diésel + 49,3 pesos por litro en el precio GLP de uso vehicular. No obstante, el organismo también aclaró que: No fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo.
Este lunes, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado respaldó de forma unánime la propuesta del Ejecutivo para que el ministro Dinko Franulic Cetinic integre la Corte Suprema, en la vacante dejada por el cese de funciones de Sergio Muñoz Gajardo. El ministro Franulic se presentó ante la comisión donde abordó su visión sobre los desafíos del sistema judicia l, la ética judicial, la gestión razonable en los tiempos de las causas y resaltó la descentralización en la judicatura, basándose en su propia trayectoria íntegramente regional. El actual presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, destacó su formación en la educación pública y su carrera desarrollada íntegramente fuera de la capital, mencionando su paso por las comunas de Los Lagos, San José de la Mariquina, Curicó, Copiapó y Antofagasta. Ello me ha permitido conocer distintas realidades y, jurídicamente, situaciones y controversias de la más distinta naturaleza como, asimismo, las dificultades y anhelos de los habitantes de esas zonas que, muchas veces, desde el centro del país resultan difíciles de entender, señaló. Además, uno de los ejes centrales de su exposición fue la crisis de legitimidad y los desafíos de probidad. El ministro enfatizó que, si bien existen instrumentos como el Código de Ética Judicial, es imperativo avanzar hacia mecanismos de fiscalización y denuncias. Asimismo, propuso una revisión urgente de las causales de implicancia y recusación.Reguladas para una época distinta, no responden a las necesidades actuales de contar con una justicia indubitadamente imparcial, sostuvo el candidato, ejemplificando con la necesidad de que los vínculos de amistad estrecha no sean solo renunciables por las partes, sino que garanticen la transparencia absoluta del proceso. En materia de gestión, el ministro Franulic planteó soluciones innovadoras como la creación de unelenco de jueces permanentes para suplencias y la estandarización de procedimientos administrativos para evitar atrasos injustificados. Propuso, además, aprovechar las herramientas telemáticas para distribuir cargas de trabajo entre tribunales de una misma especialidad, optimizando los recursos humanos y tecnológicos existentes. Respecto al sistema penal, el magistrado expresó su preocupación por el uso de salidas alternativas, como la suspensión condicional del procedimiento. A su juicio, los jueces deben retomar un rol activo para evitar que estas herramientas se conviertan en meros mecanismos formales de término de causas, asegurando que se cumpla el fin para el cual fueron diseñadas. En este escenario, luego de la aprobación de la Comisión de Constitución, la postulación pasará a ser analizada por la Sala del Senado, donde requiere 2/3 de los votos de los senadores en ejercicio para ser ratificada de forma definitva. La instancia está programada para el próximo martes 12 de mayo.
Este miércoles, la Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades tras la polémica publicación en redes sociales, que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”. Según informó el ente contralor, la determinación, fue tomada luego de una serie denuncias recibidas por las publicaciones de la cartera liderada por Mara Sedini. El organismo estableció que efectivamente el ministerio puede informar a través de redes sociales incluso utilizando un lenguaje cotidiano, pero que las comunicaciones deben ajustarse a los principios de probidad. Si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, “y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas, señalan. Además, el oficio remarca la falta de respaldo en los términos utilizados en la publicación, pues la Segegob no logrósustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata. Eso sí, el ente subrayó que la propia secretaría reconoció el mensaje no cumplió con los estándares de moderación exigidos, pudiendo generar confusión en la ciudadanía. Con todo lo anterior, la Contraloría ordenó que el ministerio deberá adoptar medidas para evitar nuevos mensajes imprecisos y además, se instruyó a la cartera iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados; fijando un plazo de cinco días para informar al ente contralor.
Un preocupante escenario en materia de salud reveló un reciente informe del Centro de Políticas Públicas en Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, el cual advierte que el cáncer cervicouterino en Chile experimentó un aumento del 90% en su lista de espera durante el último año, superando los 5 mil casos a diciembre de 2025. El estudio también señala que esta enfermedad concentra el 28% de los retrasos en la atención oncológica del país, principalmente en etapas clave como el tamizaje y el diagnóstico. Ante esta situación, especialistas coinciden en la urgencia de fortalecer el acceso a exámenes preventivos y garantizar diagnósticos oportunos para reducir brechas y mejorar la atención de miles de mujeres. En este contexto, la directora ejecutiva del CIPS, Dra. Paula Daza Narbona, convocó a expertos del área, entre ellos la jefa de carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Antofagasta, Valeria Escobar Méndez, a participar en un seminario donde se presentaron los principales resultados de la investigación. La instancia reunió a académicos, profesionales de la salud y autoridades, con el objetivo de analizar estrategias que permitan fortalecer la prevención, especialmente en grupos con dificultades de acceso al sistema. Desde la región, la Universidad de Antofagasta destacó el avance del proyecto ANT 2493 “La UA se Extiende”, iniciativa que busca acercar exámenes preventivos gratuitos a mujeres que no acceden regularmente a controles ginecológicos. Para este 2026, se proyecta la realización de 400 nuevos auto-muestreos del Virus del Papiloma Humano (VPH) en terreno, utilizando dispositivos de autotoma que facilitan la detección temprana. La académica Valeria Escobar explicó que esta estrategia permite eliminar barreras de acceso, especialmente en sectores vulnerables, comunidades rurales y mujeres fuera del sistema tradicional de salud. En la misma línea, la Dra. Paula Daza valoró estas iniciativas, señalando que es fundamental modernizar las estrategias de prevención y ampliar la cobertura del examen de Papanicolaou. “Los datos son claros, aún existe una brecha importante en la prevención. Acercar estos exámenes a la comunidad no solo mejora la participación, sino que también reduce inequidades en salud”, afirmó. El informe y las acciones impulsadas desde la academia refuerzan la necesidad de avanzar hacia un modelo de salud más accesible, con foco en la detección temprana como herramienta clave para salvar vidas.
Chile avanza en la implementación de la Ley de 40 horas. Desde este domingo 26 de abril, la jornada laboral ordinaria se reducirá de 44 a 42 horas semanales, marcando el segundo hito de esta reforma que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. La medida, establecida en la Ley 21.561, beneficiará a más de cinco millones de personas del sector privado que se rigen por el Código del Trabajo. Uno de los aspectos clave de esta normativa es que la reducción de la jornada no puede significar una disminución en las remuneraciones, lo que ha sido reforzado por autoridades y especialistas. Sin embargo, no todos los trabajadores están incluidos. Quedan fuera quienes no tienen una jornada fiscalizada, como gerentes o cargos de alta dirección, además de trabajadores con sistemas especiales, como en la minería, y quienes prestan servicios a honorarios o pertenecen al sector público. En el caso del teletrabajo, la reducción también aplica, salvo en situaciones donde exista total autonomía y evaluación por metas, lo que debe analizarse caso a caso. La implementación de esta nueva etapa no es opcional para las empresas. Los empleadores deberán ajustar turnos y horarios para cumplir con la normativa. En caso de no hacerlo, los trabajadores pueden recurrir a la Dirección del Trabajo, que tiene facultades para fiscalizar y aplicar multas que van desde 3 a 60 UTM por cada infracción. La ley también establece límites claros: no se puede compensar la reducción de horas disminuyendo el tiempo de colación ni fragmentando los minutos sin acuerdo entre las partes. La rebaja debe ser efectiva y reflejar una disminución real en la jornada laboral. Si no existe acuerdo entre empleador y trabajador sobre cómo aplicar la reducción, la normativa fija criterios. Por ejemplo, en jornadas de cinco días, se deberá reducir una hora en dos días de la semana. En jornadas de seis días, la rebaja se distribuye en bloques definidos. La Dirección del Trabajo ha reforzado su rol fiscalizador en este proceso, anticipando controles para asegurar el cumplimiento de la ley en todo el país. Finalmente, esta reducción es parte de un proceso gradual que culminará el 26 de abril de 2028, cuando la jornada laboral en Chile quedará fijada en 40 horas semanales. Mientras tanto, la nueva etapa representa un desafío tanto para empresas como para trabajadores, en un contexto que busca equilibrar productividad y bienestar laboral.
