La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
La Región de Antofagasta registró una tasa de desocupación de 6,7% durante el trimestre móvil febrero-abril de 2026, según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra representa una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior y confirma una mejora en algunos indicadores del mercado laboral regional. El descenso se explica porque el crecimiento de las personas ocupadas, que alcanzó un 3,1% en doce meses, superó el aumento de la fuerza de trabajo, que se expandió en 2,6%. En tanto, el número de personas desocupadas disminuyó un 3,5% en comparación con igual trimestre de 2025. Los indicadores muestran además un fortalecimiento de la participación laboral. La tasa de participación llegó a 65,7%, aumentando 1,0 punto porcentual en un año, mientras que la tasa de ocupación se ubicó en 61,4%, con un incremento de 1,3 puntos porcentuales. Paralelamente, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,2%, impulsada por una reducción de las personas inactivas habituales. Sin embargo, las cifras evidencian importantes diferencias entre hombres y mujeres. Mientras la tasa de desocupación masculina se ubicó en 5,6%, con una baja de 1,4 puntos porcentuales, la desocupación femenina alcanzó 8,1%, aumentando 0,9 puntos porcentuales en doce meses. La creación de empleo estuvo impulsada principalmente por los sectores de enseñanza, que creció 17,7%; construcción, con un alza de 17,4%; y transporte, que aumentó 8,4%. En cuanto a las categorías ocupacionales, destacaron los asalariados formales y los trabajadores por cuenta propia. Otro dato que genera preocupación es el avance de la informalidad. La tasa de ocupación informal llegó a 20,8%, aumentando 1,5 puntos porcentuales respecto del año anterior. Las personas ocupadas en condiciones informales crecieron 11,3%, especialmente entre los hombres. En materia de subutilización de la fuerza laboral, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 14,4%, manteniéndose sin variación en doce meses. Este indicador llegó a 10,0% en hombres y a 20,0% en mujeres, reflejando una brecha de género de 10 puntos porcentuales. En Chile A nivel nacional, el panorama es más complejo. El INE informó que la tasa de desocupación llegó a 9,1%, alcanzando su nivel más alto desde junio de 2021 y completando 39 meses consecutivos sobre el 8%. Además, la informalidad laboral llegó a 26,8%, con una mayor incidencia entre las mujeres, cuya tasa alcanzó 28,6%, frente al 25,4% registrado por los hombres.
Un alivio para los automovilistas y especialmente para el transporte de carga traerá la nueva variación en el precio de los combustibles anunciada por Empresa Nacional del Petróleo, la que comenzará a regir desde este jueves 28 de mayo. Según informó la estatal, las gasolinas frenarán la tendencia al alza registrada en las últimas semanas y anotarán leves bajas en sus valores de referencia. La gasolina de 93 octanos disminuirá $0,3 por litro, mientras que la de 97 octanos caerá $0,4 por litro. Sin embargo, la principal variación estará marcada por el diésel, cuyo precio registrará una importante baja de $65 por litro, superando ampliamente las proyecciones iniciales de distintos centros de estudio y especialistas del mercado energético. En contraste, el GLP vehicular tendrá un incremento de $37,3 por litro, mientras que el kerosene o parafina mantendrá su valor sin modificaciones. La nueva fijación de precios representa un cambio respecto al ajuste realizado el pasado 7 de mayo, cuando las gasolinas habían registrado leves alzas y el diésel había bajado $47,3 por litro. Previamente, el centro de estudios Clapes UC había estimado que, bajo el funcionamiento actual del Mepco, las gasolinas podrían subir hasta $35 por litro, mientras que el diésel bajaría cerca de $33 por litro. Sin embargo, las cifras definitivas entregadas por Empresa Nacional del Petróleo mostraron un escenario distinto, especialmente favorable para quienes utilizan diésel. Los precios de referencia definidos por la estatal se actualizan cada tres semanas y son observados con atención por distintos sectores productivos, especialmente en regiones como Antofagasta, donde el transporte y la actividad minera dependen fuertemente del consumo de combustibles.
Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Una auditoría interna realizada por Codelco detectó una grave sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025, situación que derivó en el pago de bonos por más de US$14,3 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz de la estatal minera. Según antecedentes conocidos en las últimas horas, las irregularidades investigadas apuntan a una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre informadas a fines del año pasado. De ese total, aproximadamente 20 mil toneladas corresponderían a óxidos provenientes de Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas estarían asociadas a polvos metalúrgicos vinculados al depósito de residuos mineros Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las cifras infladas impactaron directamente en el cálculo de incentivos y bonos internos de producción, los cuales dependen del cumplimiento de metas operacionales. Altas fuentes de la estatal señalaron que ahora la empresa deberá recalcular los incentivos ya pagados para intentar recuperar los recursos desembolsados. La investigación interna concluyó además con medidas disciplinarias contra ocho ejecutivos vinculados a la cadena de decisiones y controles asociados al reconocimiento de producción. Uno de ellos fue desvinculado de la compañía, mientras que otros siete recibieron sanciones administrativas. De acuerdo con información conocida por medios nacionales, cinco de los ejecutivos involucrados pertenecen a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, mientras que los otros tres forman parte de la casa matriz. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que las desviaciones detectadas en la aplicación de normas de contabilización habrían tenido como objetivo mostrar un mejor desempeño productivo respecto a las metas del año anterior. Debido a que el pago de bonos compromete recursos públicos, Codelco anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El caso además abrió cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión del saliente presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, instalando preocupación en distintos sectores respecto a los mecanismos de control y transparencia dentro de la principal empresa minera del país. La polémica ocurre en momentos especialmente sensibles para la minera estatal, en medio de desafíos productivos, presión por resultados financieros y crecientes exigencias de eficiencia en la principal productora de cobre del mundo.
La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
La Región de Antofagasta registró una tasa de desocupación de 6,7% durante el trimestre móvil febrero-abril de 2026, según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra representa una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior y confirma una mejora en algunos indicadores del mercado laboral regional. El descenso se explica porque el crecimiento de las personas ocupadas, que alcanzó un 3,1% en doce meses, superó el aumento de la fuerza de trabajo, que se expandió en 2,6%. En tanto, el número de personas desocupadas disminuyó un 3,5% en comparación con igual trimestre de 2025. Los indicadores muestran además un fortalecimiento de la participación laboral. La tasa de participación llegó a 65,7%, aumentando 1,0 punto porcentual en un año, mientras que la tasa de ocupación se ubicó en 61,4%, con un incremento de 1,3 puntos porcentuales. Paralelamente, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,2%, impulsada por una reducción de las personas inactivas habituales. Sin embargo, las cifras evidencian importantes diferencias entre hombres y mujeres. Mientras la tasa de desocupación masculina se ubicó en 5,6%, con una baja de 1,4 puntos porcentuales, la desocupación femenina alcanzó 8,1%, aumentando 0,9 puntos porcentuales en doce meses. La creación de empleo estuvo impulsada principalmente por los sectores de enseñanza, que creció 17,7%; construcción, con un alza de 17,4%; y transporte, que aumentó 8,4%. En cuanto a las categorías ocupacionales, destacaron los asalariados formales y los trabajadores por cuenta propia. Otro dato que genera preocupación es el avance de la informalidad. La tasa de ocupación informal llegó a 20,8%, aumentando 1,5 puntos porcentuales respecto del año anterior. Las personas ocupadas en condiciones informales crecieron 11,3%, especialmente entre los hombres. En materia de subutilización de la fuerza laboral, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 14,4%, manteniéndose sin variación en doce meses. Este indicador llegó a 10,0% en hombres y a 20,0% en mujeres, reflejando una brecha de género de 10 puntos porcentuales. En Chile A nivel nacional, el panorama es más complejo. El INE informó que la tasa de desocupación llegó a 9,1%, alcanzando su nivel más alto desde junio de 2021 y completando 39 meses consecutivos sobre el 8%. Además, la informalidad laboral llegó a 26,8%, con una mayor incidencia entre las mujeres, cuya tasa alcanzó 28,6%, frente al 25,4% registrado por los hombres.
Un alivio para los automovilistas y especialmente para el transporte de carga traerá la nueva variación en el precio de los combustibles anunciada por Empresa Nacional del Petróleo, la que comenzará a regir desde este jueves 28 de mayo. Según informó la estatal, las gasolinas frenarán la tendencia al alza registrada en las últimas semanas y anotarán leves bajas en sus valores de referencia. La gasolina de 93 octanos disminuirá $0,3 por litro, mientras que la de 97 octanos caerá $0,4 por litro. Sin embargo, la principal variación estará marcada por el diésel, cuyo precio registrará una importante baja de $65 por litro, superando ampliamente las proyecciones iniciales de distintos centros de estudio y especialistas del mercado energético. En contraste, el GLP vehicular tendrá un incremento de $37,3 por litro, mientras que el kerosene o parafina mantendrá su valor sin modificaciones. La nueva fijación de precios representa un cambio respecto al ajuste realizado el pasado 7 de mayo, cuando las gasolinas habían registrado leves alzas y el diésel había bajado $47,3 por litro. Previamente, el centro de estudios Clapes UC había estimado que, bajo el funcionamiento actual del Mepco, las gasolinas podrían subir hasta $35 por litro, mientras que el diésel bajaría cerca de $33 por litro. Sin embargo, las cifras definitivas entregadas por Empresa Nacional del Petróleo mostraron un escenario distinto, especialmente favorable para quienes utilizan diésel. Los precios de referencia definidos por la estatal se actualizan cada tres semanas y son observados con atención por distintos sectores productivos, especialmente en regiones como Antofagasta, donde el transporte y la actividad minera dependen fuertemente del consumo de combustibles.
Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Una auditoría interna realizada por Codelco detectó una grave sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025, situación que derivó en el pago de bonos por más de US$14,3 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz de la estatal minera. Según antecedentes conocidos en las últimas horas, las irregularidades investigadas apuntan a una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre informadas a fines del año pasado. De ese total, aproximadamente 20 mil toneladas corresponderían a óxidos provenientes de Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas estarían asociadas a polvos metalúrgicos vinculados al depósito de residuos mineros Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las cifras infladas impactaron directamente en el cálculo de incentivos y bonos internos de producción, los cuales dependen del cumplimiento de metas operacionales. Altas fuentes de la estatal señalaron que ahora la empresa deberá recalcular los incentivos ya pagados para intentar recuperar los recursos desembolsados. La investigación interna concluyó además con medidas disciplinarias contra ocho ejecutivos vinculados a la cadena de decisiones y controles asociados al reconocimiento de producción. Uno de ellos fue desvinculado de la compañía, mientras que otros siete recibieron sanciones administrativas. De acuerdo con información conocida por medios nacionales, cinco de los ejecutivos involucrados pertenecen a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, mientras que los otros tres forman parte de la casa matriz. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que las desviaciones detectadas en la aplicación de normas de contabilización habrían tenido como objetivo mostrar un mejor desempeño productivo respecto a las metas del año anterior. Debido a que el pago de bonos compromete recursos públicos, Codelco anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El caso además abrió cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión del saliente presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, instalando preocupación en distintos sectores respecto a los mecanismos de control y transparencia dentro de la principal empresa minera del país. La polémica ocurre en momentos especialmente sensibles para la minera estatal, en medio de desafíos productivos, presión por resultados financieros y crecientes exigencias de eficiencia en la principal productora de cobre del mundo.
