Este jueves se reveló una nueva arista de rebajas de condenas aprobadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que habría firmado otras 115 decretos de rebajas de condenas, esta vez, a extranjeros sentenciados por delitos de drogas. Al igual que las rebajas por delitos sexuales, la información entregada en un reportaje de Interferencia, tras una revisión a 150 decretos de rebaja de condena a extranjeros. De acuerdo medio, al menos 13 de los beneficiados fueron detenidos realizando los ilícitos en la frontera norte del país o en controles de rutas aledañas, mientras que cinco de dichos casos, se acreditó que los sujetos ingresaron a Chile a través de pasos no habilitados. Los decretos fueron firmados por el ministro Fernando Rabat, y por el ex subsecretario Luis Silva, que firmó en calidad de ministro subrogante. En ninguno de los casos hubo oposición del ministerio, sino que fue citado un fallo de la Corte de Santiago y otros dos de la Corte Suprema, argumentando inhabilidades de la cartera. Este Ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido, señala. Entre los casos destacados, figura el caso de Jhoel Ramos Antesana, quien fue condenado a cinco años y un día de cárcel tras su detención en julio de 2021 en la región de Tarapacá, por tráfico de un cargamento de 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base. El 12 de mayo de este año, el ministerio redujo su condena en tres meses, por lo que terminó dos días después de la firma. Cabe destacar, que entre los decretos el Ministerio de Justicia utilizó el mismo argumento sobre atribuciones que fue impuesto en las rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores.
Ese martes, diputados de la Región de Antofagasta presentaron el proyecto de ley Ley Javiera Jiménez, iniciativa que tiene po objetivo fortalecer la investigación temprana de desapariciones, sancionar la obstrucción de las búsquedas y además, robustecer las medidas cautelares para presuntos responsables responsables. La iniciativa fue impulsada por el crimen de Javiera Jiménez Galleguillos, joven antofagastina de 23 años, quien desapareció en agosto de 2022 y cuyos restos fueron hallados en el desierto de la región de Antofagasta en 2024. Además, se suma el caso de Fernanda Maciel. El proyecto incorpora modificaciones al Código Penal, con el objetivo de establecer tempranamente el último paradero de la persona que se encuentre desaparecida e incluso la última persona que tuvo contacto directo. Además, incorpora penas para quienes incurran en la obstrucción de la búsqueda. Entre las principales medidas el proyecto propone que una vez realizada la denuncia, dentro de las primeras 24 horas las policías, deberán trabajar para identificar a la última persona o personas que tuvieron contacto directo con quien se encuentra desaparecido, en el caso que existan antecedentes verificables sobre aquello. En ese sentido, también contempla recopilación búsqueda de información sobre el último lugar conocido de la persona desaparecida, considerando vehículos, trayectos o cualquier componente que permita contribuir a identificar el último paradero. Por otra parte, la iniciativa también incorpora al A rtículo 269 ter, un nuevo Artículo 269 quáter; que tiene por objetivo sancionar con presidio menor en su grado medio, a quienes obstruyan las búsquedas. Finalmente, el proyecto busca que los tribunales consideren expresamente determinadas restricciones cuando un imputado no quede con la medida cautelar de prisión preventiva, aunque no sean solicitadas por las partes.
Este jueves, se revelaron nuevos sobre decretos de reducción de condena dictados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el inicio del Gobierno de José Antonio Kast, los que también habrían alcanzado a dos condenados por secuestros y torturas que cumplen su condena en Punta Peuco. Según información entregada por Biobío, se trata tres decretos por esos delitos dictados desde el 11 de marzo, el que contempla a los dos condenados en Centro de Detención preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco, y otro condenado también por secuestro calificado. Entre los casos mencionados, corresponderían a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que cometieron delitos de lesa humanidad; uno de ellos es un condenado por secuestro calificado y el otro por el delito de tortura. En tanto, el tercer caso no estaría recluido en el mismo recinto, pero también se enmarcaría a un delito de gravedad. Sin embargo, el oficio de la subsecretaría de Justicia donde estaría la información, no individualizaría a los beneficiados con la reducción, sus causas, ni tampoco cuantos meses fueron descontados de cada condena. Los antecedentes, se suman a la polémica por los 56 decretos de rebaja a condenados por delitos de abuso sexual y violación que fueron firmados por el Ministerio de Justicia. En dicho caso, el ministro titular de la cartera, Fernando Rabat, la firma de las rebajas estaría respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, de acuerdo al medio citado anteriormente, en cuatro causas por delitos sexuales el máximo tribunal respaldó negar el beneficio por hechos anteriores a la reforma de 2022; justamente, tres de ellas corresponden a las resueltas durante el actual gobierno.
La Comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), proyecto que busca volver a permitir la selección de estudiantes por parte de los establecimientos educacionales. La iniciativa actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional y que pasará a su discusión en la Sala del Senado. El proyecto de ley propone reemplazar el actual modelo de tómbola por un sistema mixto de postulación, donde operarán dos mecanismos complementarios, Elección Mutua y Asignación Aleatoria, ambos procesos se mantendrán dentro de una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación (Mineduc). Al respecto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que con este proyecto Estamos devolviendo la importancia del mérito y el reconocimiento del esfuerzo de las familias, quitando peso al protagonismo que hoy tiene el azar en el sistema de admisión escolar. En tanto, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, aclaró que esta iniciativa busca perfeccionar el sistema existente, no eliminarlo. Lo que busca es incorporar mecanismos que permitan reconocer de mejor manera las particularidades de los proyectos educativos, junto con resguardar la equidad y la inclusión. La iniciativa incorpora el Mecanismo de Elección Mutua, una etapa previa destinada a verificar criterios de prioridad propios de los establecimientos que lo utilicen, sin constituir una vía paralela de admisión. Asimismo, el proyecto establece resguardos de equidad e inclusión. Mientras que por otra parte, los establecimientos que utilicen el Mecanismo de Elección Mutua deberán reservar al menos un 20% de sus cupos, por cada curso, para estudiantes prioritarios y un 10% para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. Además, contempla mayores garantías para el desarrollo de las entrevistas informativas.
Este miércoles, se expuso que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó 56 decretos de rebaja a condenados por delitos sexuales contra menores entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, período correspondiente al Gobierno de José Antonio Kast. La información fue revelada a través de un reportaje de Interferencia, c uya información fue obtenida en el ORD. 7067, a la que tuvieron acceso a través de una solicitud de transparencia, respondida por la Subsecretaría de Justicia. De acuerdo al sitio, durante el período donde se aprobaron las rebajas, el promedio desde un decreto cada 3 días. De ellos, 27 corresponden a abuso sexual y 29 a violación ; en el caso de abuso sexual de menor, sólo una solicitud fue rechazada. Además, según consigna el medio, ninguna de las rebajas fue aprobada por medio de un recurso de amparo o cualquier mecanismo judicial, sino que las solicitudes ingresaron directamente al ministerio, que las acogió. En este escenario, el ministro de la cartera, Fernando Rabat, abordó las circunstancias en el Congreso, donde vinculó la situación a la doctrina de la Suprema. La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio —incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos— fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema, sostuvo el ministro. Tras ello, fue consultado por la opinión del Gobierno al respecto y el Secretario de Estado agregó que: El gobierno no comenta los fallos judiciales. Con todo lo anterior el Partido Comunista anunció que buscará interpelar al Ministro de Justicia, por lo que iniciará el proceso de reunir las firmas necesarias para la interpelación. El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable; indultar a criminales que son violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación, afirmó el diputado de la bancada PC, Marcos Barraza.
Este jueves se reveló una nueva arista de rebajas de condenas aprobadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que habría firmado otras 115 decretos de rebajas de condenas, esta vez, a extranjeros sentenciados por delitos de drogas. Al igual que las rebajas por delitos sexuales, la información entregada en un reportaje de Interferencia, tras una revisión a 150 decretos de rebaja de condena a extranjeros. De acuerdo medio, al menos 13 de los beneficiados fueron detenidos realizando los ilícitos en la frontera norte del país o en controles de rutas aledañas, mientras que cinco de dichos casos, se acreditó que los sujetos ingresaron a Chile a través de pasos no habilitados. Los decretos fueron firmados por el ministro Fernando Rabat, y por el ex subsecretario Luis Silva, que firmó en calidad de ministro subrogante. En ninguno de los casos hubo oposición del ministerio, sino que fue citado un fallo de la Corte de Santiago y otros dos de la Corte Suprema, argumentando inhabilidades de la cartera. Este Ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido, señala. Entre los casos destacados, figura el caso de Jhoel Ramos Antesana, quien fue condenado a cinco años y un día de cárcel tras su detención en julio de 2021 en la región de Tarapacá, por tráfico de un cargamento de 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base. El 12 de mayo de este año, el ministerio redujo su condena en tres meses, por lo que terminó dos días después de la firma. Cabe destacar, que entre los decretos el Ministerio de Justicia utilizó el mismo argumento sobre atribuciones que fue impuesto en las rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores.
Ese martes, diputados de la Región de Antofagasta presentaron el proyecto de ley Ley Javiera Jiménez, iniciativa que tiene po objetivo fortalecer la investigación temprana de desapariciones, sancionar la obstrucción de las búsquedas y además, robustecer las medidas cautelares para presuntos responsables responsables. La iniciativa fue impulsada por el crimen de Javiera Jiménez Galleguillos, joven antofagastina de 23 años, quien desapareció en agosto de 2022 y cuyos restos fueron hallados en el desierto de la región de Antofagasta en 2024. Además, se suma el caso de Fernanda Maciel. El proyecto incorpora modificaciones al Código Penal, con el objetivo de establecer tempranamente el último paradero de la persona que se encuentre desaparecida e incluso la última persona que tuvo contacto directo. Además, incorpora penas para quienes incurran en la obstrucción de la búsqueda. Entre las principales medidas el proyecto propone que una vez realizada la denuncia, dentro de las primeras 24 horas las policías, deberán trabajar para identificar a la última persona o personas que tuvieron contacto directo con quien se encuentra desaparecido, en el caso que existan antecedentes verificables sobre aquello. En ese sentido, también contempla recopilación búsqueda de información sobre el último lugar conocido de la persona desaparecida, considerando vehículos, trayectos o cualquier componente que permita contribuir a identificar el último paradero. Por otra parte, la iniciativa también incorpora al A rtículo 269 ter, un nuevo Artículo 269 quáter; que tiene por objetivo sancionar con presidio menor en su grado medio, a quienes obstruyan las búsquedas. Finalmente, el proyecto busca que los tribunales consideren expresamente determinadas restricciones cuando un imputado no quede con la medida cautelar de prisión preventiva, aunque no sean solicitadas por las partes.
Este jueves, se revelaron nuevos sobre decretos de reducción de condena dictados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el inicio del Gobierno de José Antonio Kast, los que también habrían alcanzado a dos condenados por secuestros y torturas que cumplen su condena en Punta Peuco. Según información entregada por Biobío, se trata tres decretos por esos delitos dictados desde el 11 de marzo, el que contempla a los dos condenados en Centro de Detención preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco, y otro condenado también por secuestro calificado. Entre los casos mencionados, corresponderían a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que cometieron delitos de lesa humanidad; uno de ellos es un condenado por secuestro calificado y el otro por el delito de tortura. En tanto, el tercer caso no estaría recluido en el mismo recinto, pero también se enmarcaría a un delito de gravedad. Sin embargo, el oficio de la subsecretaría de Justicia donde estaría la información, no individualizaría a los beneficiados con la reducción, sus causas, ni tampoco cuantos meses fueron descontados de cada condena. Los antecedentes, se suman a la polémica por los 56 decretos de rebaja a condenados por delitos de abuso sexual y violación que fueron firmados por el Ministerio de Justicia. En dicho caso, el ministro titular de la cartera, Fernando Rabat, la firma de las rebajas estaría respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, de acuerdo al medio citado anteriormente, en cuatro causas por delitos sexuales el máximo tribunal respaldó negar el beneficio por hechos anteriores a la reforma de 2022; justamente, tres de ellas corresponden a las resueltas durante el actual gobierno.
La Comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), proyecto que busca volver a permitir la selección de estudiantes por parte de los establecimientos educacionales. La iniciativa actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional y que pasará a su discusión en la Sala del Senado. El proyecto de ley propone reemplazar el actual modelo de tómbola por un sistema mixto de postulación, donde operarán dos mecanismos complementarios, Elección Mutua y Asignación Aleatoria, ambos procesos se mantendrán dentro de una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación (Mineduc). Al respecto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que con este proyecto Estamos devolviendo la importancia del mérito y el reconocimiento del esfuerzo de las familias, quitando peso al protagonismo que hoy tiene el azar en el sistema de admisión escolar. En tanto, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, aclaró que esta iniciativa busca perfeccionar el sistema existente, no eliminarlo. Lo que busca es incorporar mecanismos que permitan reconocer de mejor manera las particularidades de los proyectos educativos, junto con resguardar la equidad y la inclusión. La iniciativa incorpora el Mecanismo de Elección Mutua, una etapa previa destinada a verificar criterios de prioridad propios de los establecimientos que lo utilicen, sin constituir una vía paralela de admisión. Asimismo, el proyecto establece resguardos de equidad e inclusión. Mientras que por otra parte, los establecimientos que utilicen el Mecanismo de Elección Mutua deberán reservar al menos un 20% de sus cupos, por cada curso, para estudiantes prioritarios y un 10% para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. Además, contempla mayores garantías para el desarrollo de las entrevistas informativas.
Este miércoles, se expuso que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó 56 decretos de rebaja a condenados por delitos sexuales contra menores entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, período correspondiente al Gobierno de José Antonio Kast. La información fue revelada a través de un reportaje de Interferencia, c uya información fue obtenida en el ORD. 7067, a la que tuvieron acceso a través de una solicitud de transparencia, respondida por la Subsecretaría de Justicia. De acuerdo al sitio, durante el período donde se aprobaron las rebajas, el promedio desde un decreto cada 3 días. De ellos, 27 corresponden a abuso sexual y 29 a violación ; en el caso de abuso sexual de menor, sólo una solicitud fue rechazada. Además, según consigna el medio, ninguna de las rebajas fue aprobada por medio de un recurso de amparo o cualquier mecanismo judicial, sino que las solicitudes ingresaron directamente al ministerio, que las acogió. En este escenario, el ministro de la cartera, Fernando Rabat, abordó las circunstancias en el Congreso, donde vinculó la situación a la doctrina de la Suprema. La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio —incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos— fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema, sostuvo el ministro. Tras ello, fue consultado por la opinión del Gobierno al respecto y el Secretario de Estado agregó que: El gobierno no comenta los fallos judiciales. Con todo lo anterior el Partido Comunista anunció que buscará interpelar al Ministro de Justicia, por lo que iniciará el proceso de reunir las firmas necesarias para la interpelación. El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable; indultar a criminales que son violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación, afirmó el diputado de la bancada PC, Marcos Barraza.
