La llegada del año 2026 traerá consigo un nuevo reajuste al sueldo mínimo en Chile. A partir del 1 de enero, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 ascenderá a $539.000, según lo establece la Ley N°21.751, vigente desde junio de este año. Actualmente, el sueldo mínimo se ubica en $529.000, monto que rige desde el pasado 1 de mayo. En el caso de los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el nuevo ingreso mínimo mensual será de $402.082, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa. Este ajuste corresponde al último aumento del salario mínimo durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. Cabe recordar que el mandatario asumió su periodo presidencial con un sueldo mínimo de $350.000, comprometiéndose durante su campaña a elevarlo al menos a $500.000 al final de su mandato, meta que se cumplió anticipadamente con los reajustes sucesivos aprobados por el Congreso. El aumento del sueldo mínimo no solo impacta en los ingresos de los trabajadores, sino que también tiene efectos colaterales en otras obligaciones legales. Uno de ellos es el monto mínimo de la pensión alimenticia, que con este reajuste se incrementará a $215.600. No obstante, este cambio no se aplica de manera automática, por lo que debe ser solicitado ante el respectivo tribunal de familia. Desde el Gobierno han señalado que estos incrementos buscan mejorar el poder adquisitivo de las familias y enfrentar el alza del costo de la vida, especialmente en un contexto económico aún marcado por la inflación y la recuperación postpandemia. Con esta nueva alza, el salario mínimo en Chile consolida una de las mayores variaciones de los últimos años, transformándose en un eje central de la agenda laboral y social del actual periodo presidencial.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) confirmó que el próximo miércoles 31 de diciembre las sucursales bancarias del país no atenderán público, tras la entrada en vigencia de la Ley N° 21.791, normativa que restablece el tradicional feriado bancario de fin de año en Chile. Según explicó el regulador, la disposición fue publicada en el Diario Oficial y se encuentra plenamente vigente, luego de haber sido eliminada en 2023 con la implementación de la Ley Fintech. En ese contexto, la CMF llamó a las personas a anticipar sus trámites presenciales, considerando que el martes 30 de diciembre será el último día hábil bancario del año. Históricamente, el 31 de diciembre ha sido un feriado exclusivo para la industria bancaria, convirtiéndose en el único sector económico del país con un día de cierre especial a nivel nacional. Durante décadas, las sucursales no atendieron público en esa fecha, aunque el sistema financiero continuó operando internamente para efectos contables y de cierre anual. Este escenario cambió en 2023, cuando la Ley Fintech eliminó formalmente el feriado bancario, lo que abrió la posibilidad de atención normal el último día del año. La decisión generó una fuerte controversia y una inmediata reacción de los sindicatos del sector financiero, que incluso advirtieron la posibilidad de una paralización nacional. La polémica llegó al Congreso y, en agosto, un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de ley para reponer el feriado. Posteriormente, el Gobierno respaldó la iniciativa, la que fue aprobada y despachada por el Congreso el 1 de diciembre, convirtiéndose en ley el 17 del mismo mes. La nueva normativa establece que los bancos no atenderán presencialmente al público el 31 de diciembre ni los días sábado, salvo autorización expresa de la CMF. No obstante, los servicios digitales, cajeros automáticos y plataformas electrónicas continuarán operando con normalidad.
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), en el que reveló una situación crítica en la gestión financiera del sector público: 73 entidades estatales no cuentan con evidencia suficiente para validar la razonabilidad de sus estados financieros. El informe, que revisó los Estados Financieros correspondientes al período 2020-2024, concluyó que en el 100% de los casos auditados se emitió una “abstención de opinión”. Esto implica que los auditores no pudieron confirmar la confiabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas, debido a múltiples deficiencias estructurales. Según explicó la CGR, los principales problemas detectados dicen relación con la falta de análisis que respalde los saldos contables, controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias no aclaradas y serias falencias en los controles generales de tecnología de la información. A ello se suman deficiencias en los sistemas informáticos y en la gestión de los recursos públicos. Del total de entidades revisadas, 50 corresponden al Gobierno Central y 23 al sector municipal. En todos los casos se aplicó la abstención de opinión, lo que impidió asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada y, según la Contraloría, “impacta directamente en la toma de decisiones estratégicas y evidencia riesgos de gestión financiera deficiente, errores o eventuales fraudes”. El informe también dimensiona el alcance del problema: los recursos comprometidos ascienden a $15,9 billones, de los cuales un 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% restante a municipalidades. Esta magnitud refuerza la preocupación del organismo fiscalizador respecto del impacto que estas falencias pueden tener en la transparencia y el uso eficiente de los fondos públicos. Como resultado de las auditorías realizadas, la Contraloría dispuso diversas acciones disciplinarias durante el período analizado, entre ellas la instrucción de 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos internos y 10 remisiones de antecedentes a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Desde la CGR advirtieron que este escenario “refleja riesgos significativos en la gestión financiera y la transparencia de las entidades públicas”, afectando la confianza ciudadana y la correcta administración de los recursos del Estado, y subrayaron la necesidad de fortalecer los sistemas de control y rendición de cuentas en todo el aparato público. Listado completo: Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) Fondo Nacional de Salud Instituto Nacional de la Juventud Junta Nacional de Jardines Infantiles Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano Instituto Nacional de Deportes – Nivel Central Municipalidad de Pudahuel Gobierno Regional de O’Higgins Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Serviu Antofagasta Serviu O’Higgins Instituto de Desarrollo Agropecuario Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño Subsecretaría de Servicios Sociales Oficina Nacional de Emergencia Subsecretaría de Educación Parvularia Municipalidad de Lo Barnechea Servicio de Registro Civil e Identificación Instituto de Seguridad Laboral Subsecretaría de Bienes Nacionales Carabineros de Chile – Dirección de Previsión (Dipreca) Municipalidad de Calama Servicio Nacional del Adulto Mayor Servicio de Salud Araucanía Norte Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud Parque Metropolitano de Santiago Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Comisión Nacional de Riego (CNR) Municipalidad de Calama Subsecretaría de Energía Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep) Municipalidad de La Reina Subsecretaría del Trabajo Fondo de Solidaridad e Inversión Social Municipalidad de El Bosque Subsecretaría de Minería Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Municipalidad de Copiapó Servicio Médico Legal Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género Dirección de Educación Pública Municipalidad de Melipilla Servicio Nacional de Aduanas Municipalidad de Concón Servicio Nacional de Turismo Complejo Hospitalario San José Servicio Nacional de la Discapacidad Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) Instituto de Salud Pública Municipalidad de Castro Defensoría Penal Pública Servicio Nacional de Geología y Minería Dirección General de Aeronáutica Civil Municipalidad de Conchalí Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Municipalidad de Pucón Municipalidad de Collipulli Municipalidad de Taltal Subsecretaría de Telecomunicaciones Municipalidad de Canela Instituto Nacional de Propiedad Industrial Municipalidad de Primavera Municipalidad de Quintero Municipalidad de Putre Municipalidad de Pozo Almonte Servicio Nacional del Consumidor Municipalidad de Paihuano Municipalidad de Palmilla Municipalidad de María Elena Accede el informe (CRA)
A partir del 1 de enero de 2026, todas las personas que emiten boletas de honorarios estarán sujetas a una retención del 15,25%, según lo establecido en el calendario gradual de cotización obligatoria impulsado por la Ley N°21.133. Actualmente, la retención vigente es de 14,5%, porcentaje que se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025. El ajuste se aplicará de manera automática cada vez que un contribuyente emita una boleta de honorarios a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII). Este incremento forma parte de un proceso progresivo diseñado para incorporar plenamente a los trabajadores independientes a los sistemas de protección social, equiparando su cobertura a la de los trabajadores dependientes. De acuerdo con la normativa, el porcentaje de retención aumentará 0,75% anual hasta el año 2026. Posteriormente, en 2027 el alza será de 1%, alcanzando en 2028 una retención total del 17%. Esta gradualidad fue definida con el objetivo de aminorar el impacto en las rentas líquidas de quienes boletean. La obligación de cotizar se materializa durante la Operación Renta anual, instancia en la que el SII calcula los montos correspondientes y los informa a la Tesorería General de la República (TGR), organismo encargado de transferir los recursos a las entidades previsionales respectivas. Gracias a este sistema, quienes emiten boletas de honorarios acceden a una serie de coberturas previsionales, entre ellas asignaciones familiares, Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (ATEP), pensiones de invalidez, sobrevivencia y vejez, cuota mortuoria, cobertura de salud y el Seguro de Acompañamiento de Niñas y Niños (Ley SANNA). Estas coberturas comienzan a regir cada año desde el 1 de julio y se extienden hasta el 30 de junio del año siguiente, fortaleciendo así la protección social de los trabajadores independientes del país.
Esta semana, la Comisión para la Fijación de Remuneraciones (CFR) entregó su primer informe público sobre los sueldos de las autoridades públicas de Chiles y los asesores que componen sus equipos, donde detallan las remuneraciones del Presidente de la República, hasta los Gobernadores Regionales. De acuerdo a la Ley 21.603, la Comisión debe publicar mensualmente un registro público con nómina y remuneraciones de los cargos regulados en el artículo 38 bis de la Constitución, es decir, Presidente de la República, Senadores, Diputados, Ministros de Estado, Gobernadores Regionales y asesores de las autoridades. En este escenario, los datos que corresponden a junio de 2025 detallan que el promedio de la remuneración bruta de las distintas autoridades alcanzó los $7,1 millones, es decir, que el gasto fiscal para los salarios está entre los $4.877 millones de pesos, alcanzando un acumulado trimestral de $12.377 millones. Así, en junio, Presidente de la República recibió $10.046,124 y su promedio mensualizado fue de $7.787.012 para el trimestre. En el caso de los Ministros, los 25 promediaron remuneraciones de $9.103.332 en el mes y $7.172.352 en el trimestre. En el caso de los Gobernadores Regionales, que son 16, promediaron salarios de $10.312.063 durante el mes y de $8.735.769 en el trimestre.
La llegada del año 2026 traerá consigo un nuevo reajuste al sueldo mínimo en Chile. A partir del 1 de enero, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 ascenderá a $539.000, según lo establece la Ley N°21.751, vigente desde junio de este año. Actualmente, el sueldo mínimo se ubica en $529.000, monto que rige desde el pasado 1 de mayo. En el caso de los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el nuevo ingreso mínimo mensual será de $402.082, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa. Este ajuste corresponde al último aumento del salario mínimo durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. Cabe recordar que el mandatario asumió su periodo presidencial con un sueldo mínimo de $350.000, comprometiéndose durante su campaña a elevarlo al menos a $500.000 al final de su mandato, meta que se cumplió anticipadamente con los reajustes sucesivos aprobados por el Congreso. El aumento del sueldo mínimo no solo impacta en los ingresos de los trabajadores, sino que también tiene efectos colaterales en otras obligaciones legales. Uno de ellos es el monto mínimo de la pensión alimenticia, que con este reajuste se incrementará a $215.600. No obstante, este cambio no se aplica de manera automática, por lo que debe ser solicitado ante el respectivo tribunal de familia. Desde el Gobierno han señalado que estos incrementos buscan mejorar el poder adquisitivo de las familias y enfrentar el alza del costo de la vida, especialmente en un contexto económico aún marcado por la inflación y la recuperación postpandemia. Con esta nueva alza, el salario mínimo en Chile consolida una de las mayores variaciones de los últimos años, transformándose en un eje central de la agenda laboral y social del actual periodo presidencial.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) confirmó que el próximo miércoles 31 de diciembre las sucursales bancarias del país no atenderán público, tras la entrada en vigencia de la Ley N° 21.791, normativa que restablece el tradicional feriado bancario de fin de año en Chile. Según explicó el regulador, la disposición fue publicada en el Diario Oficial y se encuentra plenamente vigente, luego de haber sido eliminada en 2023 con la implementación de la Ley Fintech. En ese contexto, la CMF llamó a las personas a anticipar sus trámites presenciales, considerando que el martes 30 de diciembre será el último día hábil bancario del año. Históricamente, el 31 de diciembre ha sido un feriado exclusivo para la industria bancaria, convirtiéndose en el único sector económico del país con un día de cierre especial a nivel nacional. Durante décadas, las sucursales no atendieron público en esa fecha, aunque el sistema financiero continuó operando internamente para efectos contables y de cierre anual. Este escenario cambió en 2023, cuando la Ley Fintech eliminó formalmente el feriado bancario, lo que abrió la posibilidad de atención normal el último día del año. La decisión generó una fuerte controversia y una inmediata reacción de los sindicatos del sector financiero, que incluso advirtieron la posibilidad de una paralización nacional. La polémica llegó al Congreso y, en agosto, un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de ley para reponer el feriado. Posteriormente, el Gobierno respaldó la iniciativa, la que fue aprobada y despachada por el Congreso el 1 de diciembre, convirtiéndose en ley el 17 del mismo mes. La nueva normativa establece que los bancos no atenderán presencialmente al público el 31 de diciembre ni los días sábado, salvo autorización expresa de la CMF. No obstante, los servicios digitales, cajeros automáticos y plataformas electrónicas continuarán operando con normalidad.
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), en el que reveló una situación crítica en la gestión financiera del sector público: 73 entidades estatales no cuentan con evidencia suficiente para validar la razonabilidad de sus estados financieros. El informe, que revisó los Estados Financieros correspondientes al período 2020-2024, concluyó que en el 100% de los casos auditados se emitió una “abstención de opinión”. Esto implica que los auditores no pudieron confirmar la confiabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas, debido a múltiples deficiencias estructurales. Según explicó la CGR, los principales problemas detectados dicen relación con la falta de análisis que respalde los saldos contables, controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias no aclaradas y serias falencias en los controles generales de tecnología de la información. A ello se suman deficiencias en los sistemas informáticos y en la gestión de los recursos públicos. Del total de entidades revisadas, 50 corresponden al Gobierno Central y 23 al sector municipal. En todos los casos se aplicó la abstención de opinión, lo que impidió asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada y, según la Contraloría, “impacta directamente en la toma de decisiones estratégicas y evidencia riesgos de gestión financiera deficiente, errores o eventuales fraudes”. El informe también dimensiona el alcance del problema: los recursos comprometidos ascienden a $15,9 billones, de los cuales un 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% restante a municipalidades. Esta magnitud refuerza la preocupación del organismo fiscalizador respecto del impacto que estas falencias pueden tener en la transparencia y el uso eficiente de los fondos públicos. Como resultado de las auditorías realizadas, la Contraloría dispuso diversas acciones disciplinarias durante el período analizado, entre ellas la instrucción de 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos internos y 10 remisiones de antecedentes a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Desde la CGR advirtieron que este escenario “refleja riesgos significativos en la gestión financiera y la transparencia de las entidades públicas”, afectando la confianza ciudadana y la correcta administración de los recursos del Estado, y subrayaron la necesidad de fortalecer los sistemas de control y rendición de cuentas en todo el aparato público. Listado completo: Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) Fondo Nacional de Salud Instituto Nacional de la Juventud Junta Nacional de Jardines Infantiles Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano Instituto Nacional de Deportes – Nivel Central Municipalidad de Pudahuel Gobierno Regional de O’Higgins Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Serviu Antofagasta Serviu O’Higgins Instituto de Desarrollo Agropecuario Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño Subsecretaría de Servicios Sociales Oficina Nacional de Emergencia Subsecretaría de Educación Parvularia Municipalidad de Lo Barnechea Servicio de Registro Civil e Identificación Instituto de Seguridad Laboral Subsecretaría de Bienes Nacionales Carabineros de Chile – Dirección de Previsión (Dipreca) Municipalidad de Calama Servicio Nacional del Adulto Mayor Servicio de Salud Araucanía Norte Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud Parque Metropolitano de Santiago Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Comisión Nacional de Riego (CNR) Municipalidad de Calama Subsecretaría de Energía Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep) Municipalidad de La Reina Subsecretaría del Trabajo Fondo de Solidaridad e Inversión Social Municipalidad de El Bosque Subsecretaría de Minería Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Municipalidad de Copiapó Servicio Médico Legal Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género Dirección de Educación Pública Municipalidad de Melipilla Servicio Nacional de Aduanas Municipalidad de Concón Servicio Nacional de Turismo Complejo Hospitalario San José Servicio Nacional de la Discapacidad Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) Instituto de Salud Pública Municipalidad de Castro Defensoría Penal Pública Servicio Nacional de Geología y Minería Dirección General de Aeronáutica Civil Municipalidad de Conchalí Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Municipalidad de Pucón Municipalidad de Collipulli Municipalidad de Taltal Subsecretaría de Telecomunicaciones Municipalidad de Canela Instituto Nacional de Propiedad Industrial Municipalidad de Primavera Municipalidad de Quintero Municipalidad de Putre Municipalidad de Pozo Almonte Servicio Nacional del Consumidor Municipalidad de Paihuano Municipalidad de Palmilla Municipalidad de María Elena Accede el informe (CRA)
A partir del 1 de enero de 2026, todas las personas que emiten boletas de honorarios estarán sujetas a una retención del 15,25%, según lo establecido en el calendario gradual de cotización obligatoria impulsado por la Ley N°21.133. Actualmente, la retención vigente es de 14,5%, porcentaje que se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025. El ajuste se aplicará de manera automática cada vez que un contribuyente emita una boleta de honorarios a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII). Este incremento forma parte de un proceso progresivo diseñado para incorporar plenamente a los trabajadores independientes a los sistemas de protección social, equiparando su cobertura a la de los trabajadores dependientes. De acuerdo con la normativa, el porcentaje de retención aumentará 0,75% anual hasta el año 2026. Posteriormente, en 2027 el alza será de 1%, alcanzando en 2028 una retención total del 17%. Esta gradualidad fue definida con el objetivo de aminorar el impacto en las rentas líquidas de quienes boletean. La obligación de cotizar se materializa durante la Operación Renta anual, instancia en la que el SII calcula los montos correspondientes y los informa a la Tesorería General de la República (TGR), organismo encargado de transferir los recursos a las entidades previsionales respectivas. Gracias a este sistema, quienes emiten boletas de honorarios acceden a una serie de coberturas previsionales, entre ellas asignaciones familiares, Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (ATEP), pensiones de invalidez, sobrevivencia y vejez, cuota mortuoria, cobertura de salud y el Seguro de Acompañamiento de Niñas y Niños (Ley SANNA). Estas coberturas comienzan a regir cada año desde el 1 de julio y se extienden hasta el 30 de junio del año siguiente, fortaleciendo así la protección social de los trabajadores independientes del país.
Esta semana, la Comisión para la Fijación de Remuneraciones (CFR) entregó su primer informe público sobre los sueldos de las autoridades públicas de Chiles y los asesores que componen sus equipos, donde detallan las remuneraciones del Presidente de la República, hasta los Gobernadores Regionales. De acuerdo a la Ley 21.603, la Comisión debe publicar mensualmente un registro público con nómina y remuneraciones de los cargos regulados en el artículo 38 bis de la Constitución, es decir, Presidente de la República, Senadores, Diputados, Ministros de Estado, Gobernadores Regionales y asesores de las autoridades. En este escenario, los datos que corresponden a junio de 2025 detallan que el promedio de la remuneración bruta de las distintas autoridades alcanzó los $7,1 millones, es decir, que el gasto fiscal para los salarios está entre los $4.877 millones de pesos, alcanzando un acumulado trimestral de $12.377 millones. Así, en junio, Presidente de la República recibió $10.046,124 y su promedio mensualizado fue de $7.787.012 para el trimestre. En el caso de los Ministros, los 25 promediaron remuneraciones de $9.103.332 en el mes y $7.172.352 en el trimestre. En el caso de los Gobernadores Regionales, que son 16, promediaron salarios de $10.312.063 durante el mes y de $8.735.769 en el trimestre.