El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para este martes 8 de julio a las 10:00 horas, la audiencia de formalización contra el exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez. La acción judicial surge a raíz de una querella presentada por la familia de la fallecida profesora Katherine Yoma Valdivia, quienes acusan al exedil de difundir un informe de carácter privado. La investigación, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, busca esclarecer los hechos relacionados con la presunta violación de secreto particular, un delito que podría acarrear para Velásquez penas que van desde multas hasta presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 3 años. Este proceso marca un punto clave en el caso que ha captado la atención de la comunidad antofagastina y pone en el centro del debate la importancia de la privacidad de los datos sensibles, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Diversos actores sociales y la ciudadanía en general han seguido de cerca este caso, que ha realzado la necesidad de resguardar la información personal en todos los ámbitos. Finalmente, Ricardo Escobar, abogado de la causa, enfatizó la relevancia de esta formalización:Este es un paso fundamental en el camino hacia la verdad y la justicia. Demuestra que nadie está por encima de la ley y que la protección de los datos sensibles de las personas, como los de la profesora Katherine Yoma, es un principio irrenunciable que debe ser resguardado con toda la fuerza de la ley. Esperamos que este proceso siente un precedente importante.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha fijado para el 8 de julio de 2025, a las 10:00 horas, la audiencia de formalización contra el exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez. La acción judicial surge a raíz de una querella presentada por la familia de la fallecida profesora Katherine Yoma Valdivia, quienes acusan al exedil de difundir un informe de carácter privado. La investigación, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, busca esclarecer los hechos relacionados con la presunta violación de secreto particular, un delito que podría acarrear para Velásquez penas que van desde multas hasta presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 3 años. Este proceso marca un punto clave en el caso que ha captado la atención de la comunidad antofagastina y pone en el centro del debate la importancia de la privacidad de los datos sensibles, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Diversos actores sociales y la ciudadanía en general han seguido de cerca este caso, que ha realzado la necesidad de resguardar la información personal en todos los ámbitos. Finalmente, Ricardo Escobar, abogado de la causa, enfatizó la relevancia de esta formalización:Este es un paso fundamental en el camino hacia la verdad y la justicia. Demuestra que nadie está por encima de la ley y que la protección de los datos sensibles de las personas, como los de la profesora Katherine Yoma, es un principio irrenunciable que debe ser resguardado con toda la fuerza de la ley. Esperamos que este proceso siente un precedente importante.
La Fiscalía aún enfrenta dificultades para notificar a la diputada Catalina Pérez en el marco del Caso Convenios, a menos de dos semanas de la fecha fijada para su formalización. Durante una audiencia centrada en la arista Fusupo del caso, la jueza Sissi Bertoglio-Talap reveló que los reiterados intentos de notificación en el domicilio registrado de la parlamentaria en Antofagasta han sido infructuosos, sin obtener respuesta ni colaboración de los vecinos. Ante esta situación, el fiscal Cristián Aguilar solicitó al tribunal reiterar la diligencia, subrayando la proximidad de la audiencia de formalización programada para el 12 de mayo. La magistrada accedió a la petición y ordenó reintentar la notificación conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal, habilitando días y horas inhábiles, e incluyendo una citación bajo apercibimiento del artículo 33. Además, advirtió que, en caso de persistir la falta de comparecencia de Pérez, se podría emitir una orden de detención en su contra. En paralelo, la audiencia permitió avanzar en la formalización de la exconcejala de Antofagasta, Paz Fuica (Frente Amplio), imputada como autora de fraude al fisco por un contrato suscrito con la Fundación para la Superación de la Pobreza. Según la Fiscalía, Fuica firmó un acuerdo de prestación de servicios por $11.500.000 mientras ejercía como concejala, accediendo a recursos y sistemas institucionales sin realizar las labores acordadas. El Ministerio Público sostiene que las consultorías e intervenciones en campamentos del Programa de Asentamientos Precarios, dependiente de la Seremi de Vivienda, nunca fueron ejecutadas, lo que constituye una infracción grave a sus deberes como funcionaria pública. Finalmente, el tribunal resolvió ampliar el plazo de investigación en 45 días, fijando para el 16 de junio la audiencia en que se evaluará el cierre de la causa.
La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Antofagasta, logró la detención de un hombre de nacionalidad colombiana, conocido como “Chimuelo”, integrante de una peligrosa organización criminal que operaba en el campamento Génesis, en el sector norte de la ciudad. La investigación, que se inició gracias al trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI, permitió establecer una línea investigativa coordinada con el Ministerio Público, la cual ha llevado a la formalización de nueve miembros de esta banda, incluyendo a su cúpula. La detención de “Chimuelo”, de 37 años, se concretó el 31 de marzo, tras permanecer prófugo desde el año pasado con una orden de detención vigente. Durante la audiencia de formalización fue imputado por delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, homicidio frustrado, secuestro calificado y amenazas. Según la investigación, cumplía funciones operativas en la organización, especialmente en la distribución de droga y actos violentos por instrucción del líder de la banda, apodado “Zeus” o “Satanás”. El prefecto inspector Jorge Aguillón Vidal, jefe regional de la PDI, señaló que la captura fue fruto de un intenso trabajo de inteligencia y análisis criminal. La organización ha sido vinculada a diversos delitos, entre ellos homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y tenencia de armas, operando bajo una estructura jerárquica estricta. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la captura como un avance clave en el proceso judicial, destacando su relevancia para el juicio oral contra los nueve imputados. El Ministerio Público ha solicitado penas que superan los 300 años de presidio en total. El imputado quedó en prisión preventiva y se estableció un plazo de investigación de 40 días.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, a pesar de la solicitud de su defensa para cambiar las condiciones de la cautela. El abogado defensor, Víctor Providel, había solicitado la sustitución de la prisión preventiva por un arresto domiciliario total o nocturno, argumentando que las circunstancias de su cliente lo permitían. Sin embargo, la corte desestimó dicha solicitud y decidió que Monsalve continuará recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde permanecerá mientras se lleva a cabo la investigación por los delitos de violación y abuso sexual en su contra. La decisión judicial resalta la gravedad de las acusaciones y la necesidad de garantizar el correcto curso de la investigación.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para este martes 8 de julio a las 10:00 horas, la audiencia de formalización contra el exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez. La acción judicial surge a raíz de una querella presentada por la familia de la fallecida profesora Katherine Yoma Valdivia, quienes acusan al exedil de difundir un informe de carácter privado. La investigación, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, busca esclarecer los hechos relacionados con la presunta violación de secreto particular, un delito que podría acarrear para Velásquez penas que van desde multas hasta presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 3 años. Este proceso marca un punto clave en el caso que ha captado la atención de la comunidad antofagastina y pone en el centro del debate la importancia de la privacidad de los datos sensibles, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Diversos actores sociales y la ciudadanía en general han seguido de cerca este caso, que ha realzado la necesidad de resguardar la información personal en todos los ámbitos. Finalmente, Ricardo Escobar, abogado de la causa, enfatizó la relevancia de esta formalización:Este es un paso fundamental en el camino hacia la verdad y la justicia. Demuestra que nadie está por encima de la ley y que la protección de los datos sensibles de las personas, como los de la profesora Katherine Yoma, es un principio irrenunciable que debe ser resguardado con toda la fuerza de la ley. Esperamos que este proceso siente un precedente importante.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha fijado para el 8 de julio de 2025, a las 10:00 horas, la audiencia de formalización contra el exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez. La acción judicial surge a raíz de una querella presentada por la familia de la fallecida profesora Katherine Yoma Valdivia, quienes acusan al exedil de difundir un informe de carácter privado. La investigación, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, busca esclarecer los hechos relacionados con la presunta violación de secreto particular, un delito que podría acarrear para Velásquez penas que van desde multas hasta presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 3 años. Este proceso marca un punto clave en el caso que ha captado la atención de la comunidad antofagastina y pone en el centro del debate la importancia de la privacidad de los datos sensibles, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Diversos actores sociales y la ciudadanía en general han seguido de cerca este caso, que ha realzado la necesidad de resguardar la información personal en todos los ámbitos. Finalmente, Ricardo Escobar, abogado de la causa, enfatizó la relevancia de esta formalización:Este es un paso fundamental en el camino hacia la verdad y la justicia. Demuestra que nadie está por encima de la ley y que la protección de los datos sensibles de las personas, como los de la profesora Katherine Yoma, es un principio irrenunciable que debe ser resguardado con toda la fuerza de la ley. Esperamos que este proceso siente un precedente importante.
La Fiscalía aún enfrenta dificultades para notificar a la diputada Catalina Pérez en el marco del Caso Convenios, a menos de dos semanas de la fecha fijada para su formalización. Durante una audiencia centrada en la arista Fusupo del caso, la jueza Sissi Bertoglio-Talap reveló que los reiterados intentos de notificación en el domicilio registrado de la parlamentaria en Antofagasta han sido infructuosos, sin obtener respuesta ni colaboración de los vecinos. Ante esta situación, el fiscal Cristián Aguilar solicitó al tribunal reiterar la diligencia, subrayando la proximidad de la audiencia de formalización programada para el 12 de mayo. La magistrada accedió a la petición y ordenó reintentar la notificación conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal, habilitando días y horas inhábiles, e incluyendo una citación bajo apercibimiento del artículo 33. Además, advirtió que, en caso de persistir la falta de comparecencia de Pérez, se podría emitir una orden de detención en su contra. En paralelo, la audiencia permitió avanzar en la formalización de la exconcejala de Antofagasta, Paz Fuica (Frente Amplio), imputada como autora de fraude al fisco por un contrato suscrito con la Fundación para la Superación de la Pobreza. Según la Fiscalía, Fuica firmó un acuerdo de prestación de servicios por $11.500.000 mientras ejercía como concejala, accediendo a recursos y sistemas institucionales sin realizar las labores acordadas. El Ministerio Público sostiene que las consultorías e intervenciones en campamentos del Programa de Asentamientos Precarios, dependiente de la Seremi de Vivienda, nunca fueron ejecutadas, lo que constituye una infracción grave a sus deberes como funcionaria pública. Finalmente, el tribunal resolvió ampliar el plazo de investigación en 45 días, fijando para el 16 de junio la audiencia en que se evaluará el cierre de la causa.
La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Antofagasta, logró la detención de un hombre de nacionalidad colombiana, conocido como “Chimuelo”, integrante de una peligrosa organización criminal que operaba en el campamento Génesis, en el sector norte de la ciudad. La investigación, que se inició gracias al trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI, permitió establecer una línea investigativa coordinada con el Ministerio Público, la cual ha llevado a la formalización de nueve miembros de esta banda, incluyendo a su cúpula. La detención de “Chimuelo”, de 37 años, se concretó el 31 de marzo, tras permanecer prófugo desde el año pasado con una orden de detención vigente. Durante la audiencia de formalización fue imputado por delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, homicidio frustrado, secuestro calificado y amenazas. Según la investigación, cumplía funciones operativas en la organización, especialmente en la distribución de droga y actos violentos por instrucción del líder de la banda, apodado “Zeus” o “Satanás”. El prefecto inspector Jorge Aguillón Vidal, jefe regional de la PDI, señaló que la captura fue fruto de un intenso trabajo de inteligencia y análisis criminal. La organización ha sido vinculada a diversos delitos, entre ellos homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y tenencia de armas, operando bajo una estructura jerárquica estricta. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la captura como un avance clave en el proceso judicial, destacando su relevancia para el juicio oral contra los nueve imputados. El Ministerio Público ha solicitado penas que superan los 300 años de presidio en total. El imputado quedó en prisión preventiva y se estableció un plazo de investigación de 40 días.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, a pesar de la solicitud de su defensa para cambiar las condiciones de la cautela. El abogado defensor, Víctor Providel, había solicitado la sustitución de la prisión preventiva por un arresto domiciliario total o nocturno, argumentando que las circunstancias de su cliente lo permitían. Sin embargo, la corte desestimó dicha solicitud y decidió que Monsalve continuará recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde permanecerá mientras se lleva a cabo la investigación por los delitos de violación y abuso sexual en su contra. La decisión judicial resalta la gravedad de las acusaciones y la necesidad de garantizar el correcto curso de la investigación.
