La justicia ha condenado a 13 años de presidio efectivo a Jesús Adrían Valduz Caro, ciudadano venezolano y conductor de la aplicación de transporte Indrive, por el homicidio de un adolescente de 14 años ocurrido la madrugada del 22 de julio de 2023 en la rotonda Edmundo Pérez Zujovic de Antofagasta. La sentencia, dictada inicialmente por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta a mediados de mayo, fue recientemente confirmada por la Corte de Apelaciones de la ciudad, que rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa. Según la investigación conjunta de la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía de Antofagasta y Carabineros, Valduz Caro agredió y lanzó al menor desde el borde de un muro, de aproximadamente seis metros de altura, hacia el paso bajo nivel existente en el lugar. La caída le provocó un politraumatismo que le causó la muerte de forma instantánea. Ante esto, la investigación de la Fiscalía detalla que la madrugada del 22 de julio de 2023, el adolescente fallecido, en compañía de otras cuatro personas, sustrajo un vehículo a un conductor de Indrive. Tras el robo, se dieron a la fuga hacia el sector norte de la ciudad. En respuesta a este delito, un grupo de personas, mayoritariamente conductores de la misma aplicación de transporte, iniciaron la búsqueda y persecución del auto robado. La persecución culminó en la rotonda Pérez Zujovic, donde el vehículo impactó las barreras de seguridad y quedó detenido en el islote central de la avenida. En ese momento, los ocupantes del auto intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados por el grupo de perseguidores. Fue en este contexto que Jesús Adrían Valduz Caro se dirigió directamente hacia la víctima y,aprovechando su mayor contextura y superioridad de fuerzas, lo empujó al vacío desde el muro perimetral de la rotonda, ocasionando su fatal caída. Por estos graves hechos, el Tribunal de Juicio Oral de Antofagasta condenó a Valduz Caro a una pena de 13 años de presidio mayor en su grado medio, además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. Cabe destacar que, otros cuatro individuos que participaron en el hecho fueron condenados a una multa de 1,5 UTM, al ser considerados autores de la falta consumada de lesiones leves. Asimismo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en su dictamen confirmatorio, sostuvo que los testimonios y peritajes presentados por la Fiscalía durante el juicio oral permitieron a los jueces del Tribunal Oral en lo Penalrazonar adecuadamente, en forma lógica y precisa, sobre la existencia del delito y la participación del imputado, rechazando así la acción de la defensa. Finalmente, la sentencia ratificada establece que, al no cumplir el condenado con los requisitos de la Ley N° 18.216, la pena privativa de libertad impuesta deberá cumplirse de manera efectiva. Se le descontará el tiempo que ha permanecido privado de libertad, contando desde el 22 de julio de 2023, fecha del crimen.
A inicios de esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva estructura del Ministerio Público orientada al combate del crimen organizado y delitos de alta complejidad. La norma busca hacer frente al avance de bandas internacionales que han extendido su influencia por todo el país. Se espera que entre en vigencia a fines de este año o comienzos de 2026. El titular de esta unidad será designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a partir de una terna propuesta por la Corte Suprema. Tendrá competencia nacional, lo que le permitirá intervenir en causas que exceden las fronteras regionales. Se trata de una figura inédita, con gran poder y visibilidad, bautizada por algunos como el “zar antidelincuencia”, por su rol clave en el nuevo diseño de persecución penal. Valencia celebró la aprobación como “la modernización más grande del Ministerio Público desde la Reforma Procesal Penal”, destacando que se trata de una señal de unidad frente a una amenaza común al Estado de derecho y la democracia. La iniciativa fue impulsada por senadores de Renovación Nacional, con apoyo del Gobierno, que incorporó propuestas de administraciones anteriores, como las de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, logrando un respaldo transversal. Los candidatos Según una nota de El Mostrador, ya circulan cinco nombres como posibles jefes de esta fiscalía: Juan Castro Bekios: fiscal regional de Antofagasta, apodado “zar antidrogas”. En menos de dos años ha incautado más de 40 toneladas de drogas y ha liderado causas emblemáticas, incluyendo el mayor decomiso de fentanilo en Chile. Ha advertido sobre los riesgos del Corredor Bioceánico y cómo el crimen organizado opera como una empresa, usando criptomonedas, fachadas y redes de sicariato. Héctor Barros: fiscal metropolitano y líder del equipo ECOH. Con más de 20 años en el Ministerio Público, ha investigado los casos más relevantes ligados al Tren de Aragua y al crimen transnacional. Encabezó la indagatoria por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, vinculando directamente al régimen de Nicolás Maduro. Mario Carrera: fiscal regional de Arica y Parinacota, quien llevó adelante el juicio contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, obteniendo penas de presidio perpetuo para sus líderes. Carmen Gloria Wittwer: fiscal de Los Lagos, quien ha desbaratado bandas delictuales y encabezó investigaciones por corrupción. Roberto Garrido: fiscal de La Araucanía, conocido por su trabajo en causas asociadas al conflicto mapuche y su rol en el juicio contra Héctor Llaitul. La elección será una de las más relevantes del Ministerio Público en años. Con candidaturas altamente competitivas, la decisión final recaerá en el Fiscal Nacional a fin de año. El futuro jefe supraterritorial no solo deberá enfrentar a las mafias más peligrosas del país, sino también demostrar que el Estado puede recuperar el control en zonas tomadas por el crimen.
Este miércoles, la máxima instancia judicial del país dejó sin efecto la resolución dictada por el Juez de Garantía de Antofagasta, la cual había decretado la prisión preventiva para Contreras. En su lugar, el exfuncionario deberá cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional, medidas cautelares que sustituyen a la más gravosa dictada previamente. Carlos Contreras se encuentra imputado en el bullado Caso Democracia Viva, una investigación que indaga posibles irregularidades en convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. La decisión de la Corte Suprema implica un giro en la situación judicial del exseremi, quien ahora enfrentará el proceso desde su domicilio, con la prohibición de salir del país.
La Fiscalía de Calama consiguió una significativa condena de 15 años de presidio efectivo para Osvaldo Raúl Navarro Trujillo (43) y Denisse Francisca López Arce (35), ambos de nacionalidad chilena, por un robo con intimidación y violencia perpetrado el 10 de junio de 2024. La víctima, una menor de edad, fue atacada en un parque ubicado en la intersección de Avenida O’Higgins con calle Aconcagua de la ciudad. Según se acreditó durante el juicio oral, la adolescente caminaba hacia el mencionado parque cuando fue abordada por los acusados. Navarro Trujillo y López Arce la intimidaron con una pistola y un cuchillo, exigiendo la entrega de sus pertenencias personales. Durante el asedio, los delincuentes no solo amenazaron a la joven, sino que también la golpearon en la cabeza, causándole lesiones leves. Tras el ataque, huyeron del lugar por Avenida O’Higgins en dirección al norte, llevándose el celular de la menor. Afortunadamente, tras el violento suceso, la víctima fue auxiliada por una camioneta de Asistencia Vecinal. Con su colaboración, recorrieron el sector hasta lograr dar con los asaltantes, lo que permitió su detención inmediata y la recuperación del teléfono celular, que fue encontrado dentro de un bolso que portaba la mujer. Ante esto, la Fiscalía de Calama defendió ante el Tribunal la existencia de tres circunstancias agravantes que contribuyeron a la contundencia de la pena. Estas fueron:cometer el delito contra las personas con alevosía,cometer el delito mientras se cumple una condena (ambos acusados estaban en cumplimiento de penas sustitutivas al momento del ilícito), ycometer el delito contra una víctima menor de 18 años. Todos estos argumentos fueron acogidos por los jueces. Asimismo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama estableció en su sentencia que, al no reunir los condenados los requisitos previstos en la Ley 18.216, las penas privativas de libertad deberán cumplirse de manera efectiva. Se considerarán como días de abono el tiempo que han permanecido privados de libertad, es decir, desde el 10 de junio de 2024. Finalmente, las defensas de los condenados tienen ahora un plazo legal para recurrir en contra de la sentencia emitida por el tribunal.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para este martes 8 de julio a las 10:00 horas, la audiencia de formalización contra el exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez. La acción judicial surge a raíz de una querella presentada por la familia de la fallecida profesora Katherine Yoma Valdivia, quienes acusan al exedil de difundir un informe de carácter privado. La investigación, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, busca esclarecer los hechos relacionados con la presunta violación de secreto particular, un delito que podría acarrear para Velásquez penas que van desde multas hasta presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 3 años. Este proceso marca un punto clave en el caso que ha captado la atención de la comunidad antofagastina y pone en el centro del debate la importancia de la privacidad de los datos sensibles, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Diversos actores sociales y la ciudadanía en general han seguido de cerca este caso, que ha realzado la necesidad de resguardar la información personal en todos los ámbitos. Finalmente, Ricardo Escobar, abogado de la causa, enfatizó la relevancia de esta formalización:Este es un paso fundamental en el camino hacia la verdad y la justicia. Demuestra que nadie está por encima de la ley y que la protección de los datos sensibles de las personas, como los de la profesora Katherine Yoma, es un principio irrenunciable que debe ser resguardado con toda la fuerza de la ley. Esperamos que este proceso siente un precedente importante.
La justicia ha condenado a 13 años de presidio efectivo a Jesús Adrían Valduz Caro, ciudadano venezolano y conductor de la aplicación de transporte Indrive, por el homicidio de un adolescente de 14 años ocurrido la madrugada del 22 de julio de 2023 en la rotonda Edmundo Pérez Zujovic de Antofagasta. La sentencia, dictada inicialmente por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta a mediados de mayo, fue recientemente confirmada por la Corte de Apelaciones de la ciudad, que rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa. Según la investigación conjunta de la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía de Antofagasta y Carabineros, Valduz Caro agredió y lanzó al menor desde el borde de un muro, de aproximadamente seis metros de altura, hacia el paso bajo nivel existente en el lugar. La caída le provocó un politraumatismo que le causó la muerte de forma instantánea. Ante esto, la investigación de la Fiscalía detalla que la madrugada del 22 de julio de 2023, el adolescente fallecido, en compañía de otras cuatro personas, sustrajo un vehículo a un conductor de Indrive. Tras el robo, se dieron a la fuga hacia el sector norte de la ciudad. En respuesta a este delito, un grupo de personas, mayoritariamente conductores de la misma aplicación de transporte, iniciaron la búsqueda y persecución del auto robado. La persecución culminó en la rotonda Pérez Zujovic, donde el vehículo impactó las barreras de seguridad y quedó detenido en el islote central de la avenida. En ese momento, los ocupantes del auto intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados por el grupo de perseguidores. Fue en este contexto que Jesús Adrían Valduz Caro se dirigió directamente hacia la víctima y,aprovechando su mayor contextura y superioridad de fuerzas, lo empujó al vacío desde el muro perimetral de la rotonda, ocasionando su fatal caída. Por estos graves hechos, el Tribunal de Juicio Oral de Antofagasta condenó a Valduz Caro a una pena de 13 años de presidio mayor en su grado medio, además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. Cabe destacar que, otros cuatro individuos que participaron en el hecho fueron condenados a una multa de 1,5 UTM, al ser considerados autores de la falta consumada de lesiones leves. Asimismo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en su dictamen confirmatorio, sostuvo que los testimonios y peritajes presentados por la Fiscalía durante el juicio oral permitieron a los jueces del Tribunal Oral en lo Penalrazonar adecuadamente, en forma lógica y precisa, sobre la existencia del delito y la participación del imputado, rechazando así la acción de la defensa. Finalmente, la sentencia ratificada establece que, al no cumplir el condenado con los requisitos de la Ley N° 18.216, la pena privativa de libertad impuesta deberá cumplirse de manera efectiva. Se le descontará el tiempo que ha permanecido privado de libertad, contando desde el 22 de julio de 2023, fecha del crimen.
A inicios de esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva estructura del Ministerio Público orientada al combate del crimen organizado y delitos de alta complejidad. La norma busca hacer frente al avance de bandas internacionales que han extendido su influencia por todo el país. Se espera que entre en vigencia a fines de este año o comienzos de 2026. El titular de esta unidad será designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a partir de una terna propuesta por la Corte Suprema. Tendrá competencia nacional, lo que le permitirá intervenir en causas que exceden las fronteras regionales. Se trata de una figura inédita, con gran poder y visibilidad, bautizada por algunos como el “zar antidelincuencia”, por su rol clave en el nuevo diseño de persecución penal. Valencia celebró la aprobación como “la modernización más grande del Ministerio Público desde la Reforma Procesal Penal”, destacando que se trata de una señal de unidad frente a una amenaza común al Estado de derecho y la democracia. La iniciativa fue impulsada por senadores de Renovación Nacional, con apoyo del Gobierno, que incorporó propuestas de administraciones anteriores, como las de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, logrando un respaldo transversal. Los candidatos Según una nota de El Mostrador, ya circulan cinco nombres como posibles jefes de esta fiscalía: Juan Castro Bekios: fiscal regional de Antofagasta, apodado “zar antidrogas”. En menos de dos años ha incautado más de 40 toneladas de drogas y ha liderado causas emblemáticas, incluyendo el mayor decomiso de fentanilo en Chile. Ha advertido sobre los riesgos del Corredor Bioceánico y cómo el crimen organizado opera como una empresa, usando criptomonedas, fachadas y redes de sicariato. Héctor Barros: fiscal metropolitano y líder del equipo ECOH. Con más de 20 años en el Ministerio Público, ha investigado los casos más relevantes ligados al Tren de Aragua y al crimen transnacional. Encabezó la indagatoria por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, vinculando directamente al régimen de Nicolás Maduro. Mario Carrera: fiscal regional de Arica y Parinacota, quien llevó adelante el juicio contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, obteniendo penas de presidio perpetuo para sus líderes. Carmen Gloria Wittwer: fiscal de Los Lagos, quien ha desbaratado bandas delictuales y encabezó investigaciones por corrupción. Roberto Garrido: fiscal de La Araucanía, conocido por su trabajo en causas asociadas al conflicto mapuche y su rol en el juicio contra Héctor Llaitul. La elección será una de las más relevantes del Ministerio Público en años. Con candidaturas altamente competitivas, la decisión final recaerá en el Fiscal Nacional a fin de año. El futuro jefe supraterritorial no solo deberá enfrentar a las mafias más peligrosas del país, sino también demostrar que el Estado puede recuperar el control en zonas tomadas por el crimen.
Este miércoles, la máxima instancia judicial del país dejó sin efecto la resolución dictada por el Juez de Garantía de Antofagasta, la cual había decretado la prisión preventiva para Contreras. En su lugar, el exfuncionario deberá cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional, medidas cautelares que sustituyen a la más gravosa dictada previamente. Carlos Contreras se encuentra imputado en el bullado Caso Democracia Viva, una investigación que indaga posibles irregularidades en convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. La decisión de la Corte Suprema implica un giro en la situación judicial del exseremi, quien ahora enfrentará el proceso desde su domicilio, con la prohibición de salir del país.
La Fiscalía de Calama consiguió una significativa condena de 15 años de presidio efectivo para Osvaldo Raúl Navarro Trujillo (43) y Denisse Francisca López Arce (35), ambos de nacionalidad chilena, por un robo con intimidación y violencia perpetrado el 10 de junio de 2024. La víctima, una menor de edad, fue atacada en un parque ubicado en la intersección de Avenida O’Higgins con calle Aconcagua de la ciudad. Según se acreditó durante el juicio oral, la adolescente caminaba hacia el mencionado parque cuando fue abordada por los acusados. Navarro Trujillo y López Arce la intimidaron con una pistola y un cuchillo, exigiendo la entrega de sus pertenencias personales. Durante el asedio, los delincuentes no solo amenazaron a la joven, sino que también la golpearon en la cabeza, causándole lesiones leves. Tras el ataque, huyeron del lugar por Avenida O’Higgins en dirección al norte, llevándose el celular de la menor. Afortunadamente, tras el violento suceso, la víctima fue auxiliada por una camioneta de Asistencia Vecinal. Con su colaboración, recorrieron el sector hasta lograr dar con los asaltantes, lo que permitió su detención inmediata y la recuperación del teléfono celular, que fue encontrado dentro de un bolso que portaba la mujer. Ante esto, la Fiscalía de Calama defendió ante el Tribunal la existencia de tres circunstancias agravantes que contribuyeron a la contundencia de la pena. Estas fueron:cometer el delito contra las personas con alevosía,cometer el delito mientras se cumple una condena (ambos acusados estaban en cumplimiento de penas sustitutivas al momento del ilícito), ycometer el delito contra una víctima menor de 18 años. Todos estos argumentos fueron acogidos por los jueces. Asimismo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama estableció en su sentencia que, al no reunir los condenados los requisitos previstos en la Ley 18.216, las penas privativas de libertad deberán cumplirse de manera efectiva. Se considerarán como días de abono el tiempo que han permanecido privados de libertad, es decir, desde el 10 de junio de 2024. Finalmente, las defensas de los condenados tienen ahora un plazo legal para recurrir en contra de la sentencia emitida por el tribunal.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para este martes 8 de julio a las 10:00 horas, la audiencia de formalización contra el exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez. La acción judicial surge a raíz de una querella presentada por la familia de la fallecida profesora Katherine Yoma Valdivia, quienes acusan al exedil de difundir un informe de carácter privado. La investigación, liderada por el fiscal jefe Cristián Aguilar, busca esclarecer los hechos relacionados con la presunta violación de secreto particular, un delito que podría acarrear para Velásquez penas que van desde multas hasta presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 3 años. Este proceso marca un punto clave en el caso que ha captado la atención de la comunidad antofagastina y pone en el centro del debate la importancia de la privacidad de los datos sensibles, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos. Diversos actores sociales y la ciudadanía en general han seguido de cerca este caso, que ha realzado la necesidad de resguardar la información personal en todos los ámbitos. Finalmente, Ricardo Escobar, abogado de la causa, enfatizó la relevancia de esta formalización:Este es un paso fundamental en el camino hacia la verdad y la justicia. Demuestra que nadie está por encima de la ley y que la protección de los datos sensibles de las personas, como los de la profesora Katherine Yoma, es un principio irrenunciable que debe ser resguardado con toda la fuerza de la ley. Esperamos que este proceso siente un precedente importante.
