Durante la jornada de este lunes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió un recurso de reposición presentado por el Ministerio Público y confirmó para el próximo 29 de septiembre audiencia de preparación de juicio oral para seis de los siete imputados en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios. La única excepción la constituye el imputado Daniel Andrade Schwarze, respecto de quien el mismo tribunal había dispuesto la reapertura de la investigación por un plazo de 45 días para la realización de diligencias, medida que se mantiene vigente. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la resolución del Juzgado de Garantía que acoge la petición del Ministerio Público, argumentando que, en efecto, la solicitud de reapertura de la investigación fue realizada solo por una de las defensas, sin que hubiera adhesiones de otros intervinientes a la misma, por tanto, no correspondía que su aplicación fuera general. En cuanto a sus efectos, el persecutor planteó que esta decisión permite seguir adelante con el proceso penal actualmente en curso, cuyo próximo paso será la audiencia de preparación de juicio oral programada para el 29 de septiembre, la cual, atendida esta resolución, se realizará para todos los imputados, a excepción de aquel para el cual se reabrió la investigación. Con esto estamos evitando dilaciones innecesarias y demostrando a la ciudadanía nuestro compromiso con la transparencia y el ágil desenvolvimiento de los procesos, en aras del interés público, cerró.
El Ministerio Público señaló en un comunicado que considera fundamental que el procedimiento de desafuero continúe sin más demoras. Su objetivo es determinar si existen o no los antecedentes necesarios para formalizar la investigación contra el gobernador, un proceso que la Fiscalía califica comoautónomo y que ya ha sido iniciado. Ante esto, la Fiscalía de Antofagasta, consciente de la connotación pública del caso, reafirmó su compromiso con la objetividad, la legalidad y la probidad. Subrayó que, a pesar del impacto en la opinión pública, su actuación se rige por la ley y busca evitar dilaciones, avanzando con la celeridad que el caso merece y entregando respuestas oportunas. Con esta medida, la Fiscalía busca mantener la transparencia y el ágil desarrollo del proceso en defensa del interés público.
La decisión del tribunal se tomó en un pleno extraordinario tras la presentación del equipo de abogados de Orrego, compuesto por Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego. La estrategia legal busca que el caso sea visto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, argumentando que el delito imputado se materializó en esa ciudad al firmarse el convenio entre la Fundación ProCultura y el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano. Como parte de su resolución, la Corte de Antofagasta solicitó al juzgado de la misma ciudad que informe sobre el estado actual de la causa contra Orrego. Mientras no se resuelva qué jurisdicción es la competente para revisar la solicitud de desafuero del Ministerio Público, la discusión del fondo del caso quedará en suspenso. Finalmente, el abogado Ciro Colombara enfatizó quela solicitud de desafuero... corresponde que sea discutida y resuelta donde el caso se inició, es decir, en Santiago. El defensor también cuestionó la facultad del Ministerio Público para elegir el lugar de litigio y reafirmó la inocencia de su representado.El Gobernador Orrego es inocente de los cargos que se le imputan. Tenemos la confianza y la tranquilidad de que, en definitiva, el desafuero debiera ser rechazado, concluyó.
La Fiscalía de Antofagasta formalizó a un conductor de nacionalidad chilena por su presunta responsabilidad en el atropello de una mujer de 63 años en la Avenida Angamos de la ciudad. El imputado enfrenta cargos por cuasidelito de lesiones graves y por huir del lugar del accidente sin auxiliar a la víctima. Según la investigación, el conductor circulaba en un vehículo marca Suzuki por la mencionada avenida cuando, al llegar a un paso de peatones, no respetó el derecho preferente de paso de la víctima y la atropelló. A raíz del impacto, la mujer sufrió lesiones de gravedad que requirieron su hospitalización. En lugar de detenerse y prestar ayuda, el conductor se dio a la fuga. Tras el hecho, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros realizó diversas diligencias, logrando ubicar el vehículo en un taller mecánico e identificar al presunto responsable. Durante la audiencia de formalización, el tribunal no acogió la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, pero impuso al imputado las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y la retención de su licencia de conducir. El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
La petición de 392 años de presidio se suma a la reciente solicitud de 527 años para otra facción de la misma banda que operaba en Antofagasta, demostrando un contundente accionar del Ministerio Público contra esta organización criminal. La investigación, llevada a cabo en conjunto con Carabineros y la PDI, reveló el modus operandi de “Los Piratas”, quienes se especializaban en secuestros extorsivos. La banda retenía a sus víctimas, principalmente ciudadanos extranjeros, en inmuebles que denominaban “neveras”, ubicados dentro y fuera de Calama. Para presionar a los familiares, los delincuentes enviaban fotografías y realizaban videollamadas, amenazando con dañar o incluso asesinar a los secuestrados si no se pagaba el rescate. Según la Fiscalía, al menos cuatro de estos secuestros se registraron en diciembre de 2023. Además, los secuestradores solían obligar a las víctimas a unirse a la organización o a pagar “vacunas” o mensualidades indefinidas a cambio de una supuesta protección. La investigación también desveló que la agrupación estaba involucrada en el tráfico de drogas y en el robo de vehículos. Para el líder de la banda se piden 66 años de cárcel, mientras que para los demás integrantes las penas van desde los 54 a 56 años. Finalmente, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, resaltó la importancia de este operativo para desarticular la estructura criminal que se había establecido en la zona.Estamos dando un golpe muy importante a una estructura criminal que se había establecido en nuestra región, cometiendo todo tipo de atroces crímenes, afirmó. En las próximas semanas se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral, donde se presentarán las pruebas que la Fiscalía usará para llevar a los delincuentes a la justicia.
Durante la jornada de este lunes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió un recurso de reposición presentado por el Ministerio Público y confirmó para el próximo 29 de septiembre audiencia de preparación de juicio oral para seis de los siete imputados en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios. La única excepción la constituye el imputado Daniel Andrade Schwarze, respecto de quien el mismo tribunal había dispuesto la reapertura de la investigación por un plazo de 45 días para la realización de diligencias, medida que se mantiene vigente. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la resolución del Juzgado de Garantía que acoge la petición del Ministerio Público, argumentando que, en efecto, la solicitud de reapertura de la investigación fue realizada solo por una de las defensas, sin que hubiera adhesiones de otros intervinientes a la misma, por tanto, no correspondía que su aplicación fuera general. En cuanto a sus efectos, el persecutor planteó que esta decisión permite seguir adelante con el proceso penal actualmente en curso, cuyo próximo paso será la audiencia de preparación de juicio oral programada para el 29 de septiembre, la cual, atendida esta resolución, se realizará para todos los imputados, a excepción de aquel para el cual se reabrió la investigación. Con esto estamos evitando dilaciones innecesarias y demostrando a la ciudadanía nuestro compromiso con la transparencia y el ágil desenvolvimiento de los procesos, en aras del interés público, cerró.
El Ministerio Público señaló en un comunicado que considera fundamental que el procedimiento de desafuero continúe sin más demoras. Su objetivo es determinar si existen o no los antecedentes necesarios para formalizar la investigación contra el gobernador, un proceso que la Fiscalía califica comoautónomo y que ya ha sido iniciado. Ante esto, la Fiscalía de Antofagasta, consciente de la connotación pública del caso, reafirmó su compromiso con la objetividad, la legalidad y la probidad. Subrayó que, a pesar del impacto en la opinión pública, su actuación se rige por la ley y busca evitar dilaciones, avanzando con la celeridad que el caso merece y entregando respuestas oportunas. Con esta medida, la Fiscalía busca mantener la transparencia y el ágil desarrollo del proceso en defensa del interés público.
La decisión del tribunal se tomó en un pleno extraordinario tras la presentación del equipo de abogados de Orrego, compuesto por Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego. La estrategia legal busca que el caso sea visto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, argumentando que el delito imputado se materializó en esa ciudad al firmarse el convenio entre la Fundación ProCultura y el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano. Como parte de su resolución, la Corte de Antofagasta solicitó al juzgado de la misma ciudad que informe sobre el estado actual de la causa contra Orrego. Mientras no se resuelva qué jurisdicción es la competente para revisar la solicitud de desafuero del Ministerio Público, la discusión del fondo del caso quedará en suspenso. Finalmente, el abogado Ciro Colombara enfatizó quela solicitud de desafuero... corresponde que sea discutida y resuelta donde el caso se inició, es decir, en Santiago. El defensor también cuestionó la facultad del Ministerio Público para elegir el lugar de litigio y reafirmó la inocencia de su representado.El Gobernador Orrego es inocente de los cargos que se le imputan. Tenemos la confianza y la tranquilidad de que, en definitiva, el desafuero debiera ser rechazado, concluyó.
La Fiscalía de Antofagasta formalizó a un conductor de nacionalidad chilena por su presunta responsabilidad en el atropello de una mujer de 63 años en la Avenida Angamos de la ciudad. El imputado enfrenta cargos por cuasidelito de lesiones graves y por huir del lugar del accidente sin auxiliar a la víctima. Según la investigación, el conductor circulaba en un vehículo marca Suzuki por la mencionada avenida cuando, al llegar a un paso de peatones, no respetó el derecho preferente de paso de la víctima y la atropelló. A raíz del impacto, la mujer sufrió lesiones de gravedad que requirieron su hospitalización. En lugar de detenerse y prestar ayuda, el conductor se dio a la fuga. Tras el hecho, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros realizó diversas diligencias, logrando ubicar el vehículo en un taller mecánico e identificar al presunto responsable. Durante la audiencia de formalización, el tribunal no acogió la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, pero impuso al imputado las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y la retención de su licencia de conducir. El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
La petición de 392 años de presidio se suma a la reciente solicitud de 527 años para otra facción de la misma banda que operaba en Antofagasta, demostrando un contundente accionar del Ministerio Público contra esta organización criminal. La investigación, llevada a cabo en conjunto con Carabineros y la PDI, reveló el modus operandi de “Los Piratas”, quienes se especializaban en secuestros extorsivos. La banda retenía a sus víctimas, principalmente ciudadanos extranjeros, en inmuebles que denominaban “neveras”, ubicados dentro y fuera de Calama. Para presionar a los familiares, los delincuentes enviaban fotografías y realizaban videollamadas, amenazando con dañar o incluso asesinar a los secuestrados si no se pagaba el rescate. Según la Fiscalía, al menos cuatro de estos secuestros se registraron en diciembre de 2023. Además, los secuestradores solían obligar a las víctimas a unirse a la organización o a pagar “vacunas” o mensualidades indefinidas a cambio de una supuesta protección. La investigación también desveló que la agrupación estaba involucrada en el tráfico de drogas y en el robo de vehículos. Para el líder de la banda se piden 66 años de cárcel, mientras que para los demás integrantes las penas van desde los 54 a 56 años. Finalmente, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, resaltó la importancia de este operativo para desarticular la estructura criminal que se había establecido en la zona.Estamos dando un golpe muy importante a una estructura criminal que se había establecido en nuestra región, cometiendo todo tipo de atroces crímenes, afirmó. En las próximas semanas se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral, donde se presentarán las pruebas que la Fiscalía usará para llevar a los delincuentes a la justicia.
