La Fiscalía Regional de Antofagasta ha solicitado un total de 527 años de cárcel para siete ciudadanos venezolanos, presuntos miembros de una facción de la banda criminal conocida como Tren de Aragua. Esta solicitud marca un hito en la historia de la Reforma Procesal Penal en la región debido a la gravedad de los delitos imputados, que incluyen un doble secuestro con homicidio en La Rinconada y un homicidio frustrado en playa El Lenguado. La organización, identificada como “Los Piratas”, fue desarticulada en mayo de 2024 tras un operativo liderado por la Fiscalía y Carabineros en el campamento Cerro Bonito, su centro de operaciones. Según la investigación, los acusados operaban bajo una estructura jerárquica con roles específicos, dedicándose a actividades ilícitas como extorsiones, tráfico de drogas y robos violentos conocidos como mexicanas. Entre los crímenes más graves que se les atribuyen destaca el secuestro y posterior asesinato de dos víctimas bolivianas, quienes fueron torturadas y luego ejecutadas a sangre fría. El fiscal regional, Juan Castro Bekios, enfatizó elalto nivel de violencia que la banda ejercía sobre sus víctimas y rivales, así como elalto poder de fuego que poseían, incluyendo armamento, municiones, una granada y explosivos. Finalmente, la acusación formal del Ministerio Público imputa a los siete detenidos una serie de delitos, entre ellos asociación criminal, homicidio consumado, doble secuestro con homicidio y tráfico de drogas. Las penas individuales solicitadas oscilan entre 66 y 86 años, totalizando los 527 años de prisión para el grupo. La preparación del juicio oral ya ha comenzado y se espera que el proceso inicie en los próximos meses.
Seis ciudadanos bolivianos, cinco de ellos efectivos de la policía de su país, quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados por la Fiscalía de Calama por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones, y receptación de un vehículo robado en Chile. La detención, llevada a cabo por Carabineros en el sector fronterizo de Hito Cajón, en la región de Antofagasta, ocurrió el pasado 24 de agosto. Según se expuso en la audiencia, los cinco policías, a bordo de un vehículo institucional sin distintivos, ingresaron a territorio chileno por un paso no habilitado y, a casi dos kilómetros de la frontera, interceptaron a un sexto ciudadano boliviano que se movilizaba en una camioneta con encargo por robo. En el lugar, los imputados habrían efectuado una serie de disparos contra la camioneta y habrían secuestrado a uno de sus ocupantes, a quien esposaron y mantuvieron descalzo sobre la nieve. Carabineros de San Pedro de Atacama, que realizaba patrullajes de soberanía en la zona, se percató de la presencia de los vehículos y de los individuos. Al realizar un control, descubrieron en el vehículo de los policías una gran cantidad de armamento de grueso calibre, municiones y 14 teléfonos celulares, mientras que en la camioneta Toyota hallaron 499 kilos de marihuana y más de 73 kilos de pasta base de cocaína. Durante la formalización, el Ministerio Público presentó audios y mensajes extraídos de uno de los celulares incautados, los cuales vincularían a los policías con actividades ilícitas anteriores. La Fiscalía desestimó la tesis de que se trató de un ingreso accidental al país, argumentando que los policías tenían amplia experiencia en operaciones en la frontera y portaban dispositivos GPS. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la investigación se enfoca en la naturaleza estrictamente penal del caso.Se trata de una investigación penal que surge de un procedimiento policial flagrante, indicó, y añadió que la Fiscalía debe actuar sin importar el cargo, función o nacionalidad de quien los comete. Finalmente, el tribunal decretó prisión preventiva para todos los imputados y fijó un plazo de 150 días para la investigación.
La justicia confirmó la prisión preventiva para 18 de los imputados detenidos el 14 de agosto, durante una operación conjunta de la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, su unidad SACFI y la PDI. El grupo es investigado por una serie de delitos graves, incluyendo trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos y asociación criminal. Ante esto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió las apelaciones presentadas por las defensas de los acusados, quienes buscaban revertir la medida cautelar inicial impuesta por el Juzgado de Garantía de la ciudad. El tribunal de alzada respaldó la decisión, argumentando que los imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad. Durante la audiencia, el fiscal jefe de Alta Complejidad, Eduardo Ríos Briones, se opuso firmemente al cambio de medida cautelar. Ríos destacó la gravedad de los delitos imputados, la alta probabilidad de una pena de cárcel efectiva y el hecho de que actuaron como parte de un grupo criminal organizado. Esta resolución asegura que los 18 imputados permanecerán privados de libertad mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo inicial es de cien días. A su vez, otros tres detenidos en el mismo caso no apelaron a la prisión preventiva y una imputada adicional se mantiene bajo arresto domiciliario total. En total, la Fiscalía formalizó a 22 personas en este caso. Los cargos incluyen facilitación y promoción de la entrada al país para fines de prostitución, y en el caso de 12 de los imputados, se suman cargos por lavado de activos y asociación ilícita para dicho delito. Finalmente, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró positivamente el fallo.Esta será la guía que seguiremos en la persecución de estos crímenes que tanto afectan a nuestro país, afirmó Castro, subrayando la importancia de desmantelar a estas organizaciones no solo a través de la detención de sus miembros, sino también investigando sus finanzas para desarticular sus redes.
En una jornada judicial crucial, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso presentado por la defensa de Catalina Pérez, quien enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco. La imputación se enmarca en la investigación por los convenios irregulares suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ( Minvu) y la fundación Democracia Viva durante 2022. El tribunal, compuesto por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado Marcelo Díaz Sanhueza, argumentó que la medida cautelar anterior, que mantenía a Pérez en arresto domiciliario total no era la correcta. La resolución judicial indica que “no hay argumentación respecto a por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no”. Enfatizan que la gravedad del delito y la calidad de la imputada no son suficientes por sí solas para justificar una medida tan restrictiva. Ante esto, la Corte concluyó que el arresto domiciliario nocturno es una medida proporcional y suficiente para garantizar los fines del proceso judicial, ya que protege la seguridad social y se alinea con las medidas cautelares impuestas a otros coimputados en la causa. La nueva medida regirá entre las 20:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente. Según la fiscalía, Catalina Pérez habría estado al tanto de un acuerdo entre el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, y el representante de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, entonces su pareja. Este acuerdo habría permitido la firma de tres convenios de manera irregular para supuestas obras menores en campamentos de Antofagasta que, según la investigación, nunca se ejecutaron. Las transferencias de fondos ascendieron a $200 millones, $170 millones y $56 millones, respectivamente.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha asestado un duro golpe al crimen organizado, formalizando a 22 personas detenidas en una vasta operación policial contra redes de trata de personas con fines de explotación sexual. La investigación, que se extendió durante meses, ha revelado un entramado criminal de alcance transnacional con un impresionante flujo económico que supera los $4.300 millones, entre dinero en efectivo, vehículos de lujo y propiedades. En una maratónica audiencia que culminó en la madrugada, la Fiscalía de Alta Complejidad y la Policía de Investigaciones (PDI) presentaron los cargos en contra de los detenidos. Se les imputan delitos graves como trata de personas con fines de explotación sexual, facilitación de la entrada al país para prostitución y asociación criminal. Además, a los cabecillas de la red se les investiga por lavado de activos, asociación ilícita para este delito e incluso tráfico de drogas. Ante esto, la operación permitió incautar bienes por un valor de $86 millones en efectivo, joyas y otros artículos, además de vehículos de alto valor que sumaban $252 millones. Pero la cifra más impactante fue la revelación de un flujo de dinero ilícito de casi $4.000 millones, que circulaba a través de diversas maniobras de ocultamiento, como el uso de empresas de pantalla, testaferros y simulación de actividades comerciales. Asimismo, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó la magnitud de la investigación, señalando que es la primera vez que se logra formalizar y desarticular una red de este tipo que vincula directamente la trata de personas con el lavado de activos. Esta estrategia, según el fiscal, es clave para cortar de raíz el flujo económico de estas organizaciones. Finalmente, el tribunal decretó la prisión preventiva para 21 de los imputados, mientras que una mujer quedó con arresto domiciliario total. El plazo de la investigación se fijó en 100 días. Esta acción representa un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región y un importante avance en la protección de las víctimas, que eran captadas en sus países de origen aprovechando su situación de vulnerabilidad.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha solicitado un total de 527 años de cárcel para siete ciudadanos venezolanos, presuntos miembros de una facción de la banda criminal conocida como Tren de Aragua. Esta solicitud marca un hito en la historia de la Reforma Procesal Penal en la región debido a la gravedad de los delitos imputados, que incluyen un doble secuestro con homicidio en La Rinconada y un homicidio frustrado en playa El Lenguado. La organización, identificada como “Los Piratas”, fue desarticulada en mayo de 2024 tras un operativo liderado por la Fiscalía y Carabineros en el campamento Cerro Bonito, su centro de operaciones. Según la investigación, los acusados operaban bajo una estructura jerárquica con roles específicos, dedicándose a actividades ilícitas como extorsiones, tráfico de drogas y robos violentos conocidos como mexicanas. Entre los crímenes más graves que se les atribuyen destaca el secuestro y posterior asesinato de dos víctimas bolivianas, quienes fueron torturadas y luego ejecutadas a sangre fría. El fiscal regional, Juan Castro Bekios, enfatizó elalto nivel de violencia que la banda ejercía sobre sus víctimas y rivales, así como elalto poder de fuego que poseían, incluyendo armamento, municiones, una granada y explosivos. Finalmente, la acusación formal del Ministerio Público imputa a los siete detenidos una serie de delitos, entre ellos asociación criminal, homicidio consumado, doble secuestro con homicidio y tráfico de drogas. Las penas individuales solicitadas oscilan entre 66 y 86 años, totalizando los 527 años de prisión para el grupo. La preparación del juicio oral ya ha comenzado y se espera que el proceso inicie en los próximos meses.
Seis ciudadanos bolivianos, cinco de ellos efectivos de la policía de su país, quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados por la Fiscalía de Calama por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones, y receptación de un vehículo robado en Chile. La detención, llevada a cabo por Carabineros en el sector fronterizo de Hito Cajón, en la región de Antofagasta, ocurrió el pasado 24 de agosto. Según se expuso en la audiencia, los cinco policías, a bordo de un vehículo institucional sin distintivos, ingresaron a territorio chileno por un paso no habilitado y, a casi dos kilómetros de la frontera, interceptaron a un sexto ciudadano boliviano que se movilizaba en una camioneta con encargo por robo. En el lugar, los imputados habrían efectuado una serie de disparos contra la camioneta y habrían secuestrado a uno de sus ocupantes, a quien esposaron y mantuvieron descalzo sobre la nieve. Carabineros de San Pedro de Atacama, que realizaba patrullajes de soberanía en la zona, se percató de la presencia de los vehículos y de los individuos. Al realizar un control, descubrieron en el vehículo de los policías una gran cantidad de armamento de grueso calibre, municiones y 14 teléfonos celulares, mientras que en la camioneta Toyota hallaron 499 kilos de marihuana y más de 73 kilos de pasta base de cocaína. Durante la formalización, el Ministerio Público presentó audios y mensajes extraídos de uno de los celulares incautados, los cuales vincularían a los policías con actividades ilícitas anteriores. La Fiscalía desestimó la tesis de que se trató de un ingreso accidental al país, argumentando que los policías tenían amplia experiencia en operaciones en la frontera y portaban dispositivos GPS. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la investigación se enfoca en la naturaleza estrictamente penal del caso.Se trata de una investigación penal que surge de un procedimiento policial flagrante, indicó, y añadió que la Fiscalía debe actuar sin importar el cargo, función o nacionalidad de quien los comete. Finalmente, el tribunal decretó prisión preventiva para todos los imputados y fijó un plazo de 150 días para la investigación.
La justicia confirmó la prisión preventiva para 18 de los imputados detenidos el 14 de agosto, durante una operación conjunta de la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, su unidad SACFI y la PDI. El grupo es investigado por una serie de delitos graves, incluyendo trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos y asociación criminal. Ante esto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió las apelaciones presentadas por las defensas de los acusados, quienes buscaban revertir la medida cautelar inicial impuesta por el Juzgado de Garantía de la ciudad. El tribunal de alzada respaldó la decisión, argumentando que los imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad. Durante la audiencia, el fiscal jefe de Alta Complejidad, Eduardo Ríos Briones, se opuso firmemente al cambio de medida cautelar. Ríos destacó la gravedad de los delitos imputados, la alta probabilidad de una pena de cárcel efectiva y el hecho de que actuaron como parte de un grupo criminal organizado. Esta resolución asegura que los 18 imputados permanecerán privados de libertad mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo inicial es de cien días. A su vez, otros tres detenidos en el mismo caso no apelaron a la prisión preventiva y una imputada adicional se mantiene bajo arresto domiciliario total. En total, la Fiscalía formalizó a 22 personas en este caso. Los cargos incluyen facilitación y promoción de la entrada al país para fines de prostitución, y en el caso de 12 de los imputados, se suman cargos por lavado de activos y asociación ilícita para dicho delito. Finalmente, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró positivamente el fallo.Esta será la guía que seguiremos en la persecución de estos crímenes que tanto afectan a nuestro país, afirmó Castro, subrayando la importancia de desmantelar a estas organizaciones no solo a través de la detención de sus miembros, sino también investigando sus finanzas para desarticular sus redes.
En una jornada judicial crucial, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso presentado por la defensa de Catalina Pérez, quien enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco. La imputación se enmarca en la investigación por los convenios irregulares suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ( Minvu) y la fundación Democracia Viva durante 2022. El tribunal, compuesto por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado Marcelo Díaz Sanhueza, argumentó que la medida cautelar anterior, que mantenía a Pérez en arresto domiciliario total no era la correcta. La resolución judicial indica que “no hay argumentación respecto a por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no”. Enfatizan que la gravedad del delito y la calidad de la imputada no son suficientes por sí solas para justificar una medida tan restrictiva. Ante esto, la Corte concluyó que el arresto domiciliario nocturno es una medida proporcional y suficiente para garantizar los fines del proceso judicial, ya que protege la seguridad social y se alinea con las medidas cautelares impuestas a otros coimputados en la causa. La nueva medida regirá entre las 20:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente. Según la fiscalía, Catalina Pérez habría estado al tanto de un acuerdo entre el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, y el representante de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, entonces su pareja. Este acuerdo habría permitido la firma de tres convenios de manera irregular para supuestas obras menores en campamentos de Antofagasta que, según la investigación, nunca se ejecutaron. Las transferencias de fondos ascendieron a $200 millones, $170 millones y $56 millones, respectivamente.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha asestado un duro golpe al crimen organizado, formalizando a 22 personas detenidas en una vasta operación policial contra redes de trata de personas con fines de explotación sexual. La investigación, que se extendió durante meses, ha revelado un entramado criminal de alcance transnacional con un impresionante flujo económico que supera los $4.300 millones, entre dinero en efectivo, vehículos de lujo y propiedades. En una maratónica audiencia que culminó en la madrugada, la Fiscalía de Alta Complejidad y la Policía de Investigaciones (PDI) presentaron los cargos en contra de los detenidos. Se les imputan delitos graves como trata de personas con fines de explotación sexual, facilitación de la entrada al país para prostitución y asociación criminal. Además, a los cabecillas de la red se les investiga por lavado de activos, asociación ilícita para este delito e incluso tráfico de drogas. Ante esto, la operación permitió incautar bienes por un valor de $86 millones en efectivo, joyas y otros artículos, además de vehículos de alto valor que sumaban $252 millones. Pero la cifra más impactante fue la revelación de un flujo de dinero ilícito de casi $4.000 millones, que circulaba a través de diversas maniobras de ocultamiento, como el uso de empresas de pantalla, testaferros y simulación de actividades comerciales. Asimismo, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó la magnitud de la investigación, señalando que es la primera vez que se logra formalizar y desarticular una red de este tipo que vincula directamente la trata de personas con el lavado de activos. Esta estrategia, según el fiscal, es clave para cortar de raíz el flujo económico de estas organizaciones. Finalmente, el tribunal decretó la prisión preventiva para 21 de los imputados, mientras que una mujer quedó con arresto domiciliario total. El plazo de la investigación se fijó en 100 días. Esta acción representa un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región y un importante avance en la protección de las víctimas, que eran captadas en sus países de origen aprovechando su situación de vulnerabilidad.
