La Fiscalía Regional presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones para revisar el arresto domiciliario total impuesto a la diputada Catalina Pérez, formalizada por presunto fraude al fisco en el caso Democracia Viva. El recurso, ingresado al límite del plazo legal, insiste en la prisión preventiva, rechazada previamente por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Ante esto, la magistrada Claudia Campusano argumentó la necesidad de proporcionalidad con otros imputados, como Daniel Andrade, quien recibió medidas menos gravosas. En paralelo, la defensa de Pérez solicitó sustituir el arresto domiciliario por firma mensual y arraigo nacional, reafirmando la inocencia de la diputada.
En un nuevo capítulo del emblemático caso por daño ambiental en el acuífero Lagunillas de Tarapacá, comunidades altoandinas han presentado un recurso de nulidad contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. El recurso, interpuesto por Carlos Farhan, de la Estancia Cancosa, cuestiona la aprobación de un acuerdo de transacción entre el demandante original y Minera Cerro Colorado (BHP), tras la sobreexplotación hídrica que por casi tres décadas afectó gravemente el ecosistema de bofedales y a comunidades como la de Cancosa. Ante esto, la acción judicial alega irregularidades fundamentales en el proceso, comenzando por la omisión de un informe técnico de indemnidad. Según la defensa de Farhan, este informe -habitualmente elaborado por funcionarios del Tribunal Ambiental- era crucial para evaluar si las medidas compensatorias propuestas por la minera garantizaban la restauración del ecosistema dañado. La justicia ambiental chilena no tiene por objeto compensar económicamente a las empresas, sino garantizar la restauración de los ecosistemas. Aquí eso no ocurrió, enfatizó Farhan. Otro punto central de la denuncia radica en la integración del tribunal que emitió el fallo. Se argumenta que la sentencia fue dictada por ministros suplentes, incluyendo a Alamiro Alfaro, quien no participó en la vista de la causa ni en la rendición de pruebas, contraviniendo el Código Orgánico de Tribunales. Esta integración irregular cuestiona la legitimidad de la decisión, ya que los ministros titulares que tramitaron el proceso completo fueron excluidos de la votación final. Asimismo, la controversia se agudiza ante la posibilidad de que uno de los jueces suplentes que aprobó la transacción objetada, Alamiro Alfaro, sea nombrado hoy ministro titular del Primer Tribunal Ambiental en la votación que se realizará en el Senado. Esta situación ha generado profunda preocupación entre las comunidades, quienes ven en este posible nombramiento una señal de impunidad. Del mismo modo, Carlos Farhan, en su calidad de miembro de la Estancia Cancosa, fue enfático en señalar la falta de rigor y legitimidad del fallo: Los jueces que firmaron la sentencia no escucharon los alegatos, no evaluaron la prueba, no vivieron el juicio. ¿Cómo pueden comprender la profundidad del daño y su real impacto?. Finalmente, ante estas irregularidades, el recurso de nulidad exige retrotraer el procedimiento y dictar una nueva sentencia fundada por ministros válidamente designados, que asegure la reparación real del ecosistema afectado y la justicia para las comunidades altoandinas. Este caso emblemático pone nuevamente en el centro del debate la protección de los recursos hídricos y la integridad de los procesos judiciales ambientales en Chile. Es importante dejar constancia de que el abogado patrocinante de la acción de nulidad recursiva presentada en este caso es el abogado Antonio Rojas, quien representa jurídicamente al Sr. Farhan ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Durante la jornada del pasado lunes, la diputada Catalina Pérez enfrentó su formalización en el Tribunal de Antofagasta tras ser involucrada en tres fraudes al fisco por el Caso Convenios cuando su expareja, Daniel Andrade lideraba la Fundación Democracia Viva. Ante esto, Pérez enfrenta cargos por presunta participación de convenios de $426 millones de pesos entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida en ese entonces por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada. Dado lo anterior, la tarde ayer, Catalina Pérez hizo a través de su plataforma de Instagram una declaración pública luego de ser formalizada con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Cabe señalar que, el arresto domiciliario total lo cumplirá en la región Metropolitana. Cumpliré la medida que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito, señaló la diputada.
Tras 7 horas de audiencia de formalización, el Tribunal de Antofagasta determinó arresto domiciliario total para Catalina Pérez que cumplirá en la región Metropolitana y 45 días de investigación, esto por el Caso Convenios, arista Democracia Viva, sumando el arraigo nacional. Para detallar, la solicitud presentada, acusa a la parlamentaria de haber tenido conocimiento y haber contribuido a la ejecución del fraude en el caso Democracia Viva, ocurrido en la región de Antofagasta y liderado por su expareja, Daniel Andrade. Ante esto, la exparlamentaria enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco, vinculados al convenio suscrito en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, expareja de Pérez y también militante de Revolución Democrática. Finalmente, la diputada ha reiterado su inocencia y ha declarado no haber cometido fraude. Su abogado, Gonzalo Medina, afirmó que desde el inicio han colaborado con la Fiscalía.
Un conductor de taxibús fue formalizado este miércoles por el delito de cuasidelito de homicidio por la Fiscalía de Antofagasta, tras el fatal atropello de una mujer de 87 años ocurrido el pasado martes. Según se detalló en la audiencia, el imputado, mientras conducía por calle Manuel Antonio Matta, realizó un viraje a la izquierda en la intersección con calle Copiapó sin ceder el paso a la víctima. A raíz del impacto, la adulta mayor sufrió graves lesiones que derivaron en su deceso en un centro asistencial. El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó arraigo nacional, firma mensual y un plazo de investigación de 120 días para el caso.
La Fiscalía Regional presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones para revisar el arresto domiciliario total impuesto a la diputada Catalina Pérez, formalizada por presunto fraude al fisco en el caso Democracia Viva. El recurso, ingresado al límite del plazo legal, insiste en la prisión preventiva, rechazada previamente por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Ante esto, la magistrada Claudia Campusano argumentó la necesidad de proporcionalidad con otros imputados, como Daniel Andrade, quien recibió medidas menos gravosas. En paralelo, la defensa de Pérez solicitó sustituir el arresto domiciliario por firma mensual y arraigo nacional, reafirmando la inocencia de la diputada.
En un nuevo capítulo del emblemático caso por daño ambiental en el acuífero Lagunillas de Tarapacá, comunidades altoandinas han presentado un recurso de nulidad contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. El recurso, interpuesto por Carlos Farhan, de la Estancia Cancosa, cuestiona la aprobación de un acuerdo de transacción entre el demandante original y Minera Cerro Colorado (BHP), tras la sobreexplotación hídrica que por casi tres décadas afectó gravemente el ecosistema de bofedales y a comunidades como la de Cancosa. Ante esto, la acción judicial alega irregularidades fundamentales en el proceso, comenzando por la omisión de un informe técnico de indemnidad. Según la defensa de Farhan, este informe -habitualmente elaborado por funcionarios del Tribunal Ambiental- era crucial para evaluar si las medidas compensatorias propuestas por la minera garantizaban la restauración del ecosistema dañado. La justicia ambiental chilena no tiene por objeto compensar económicamente a las empresas, sino garantizar la restauración de los ecosistemas. Aquí eso no ocurrió, enfatizó Farhan. Otro punto central de la denuncia radica en la integración del tribunal que emitió el fallo. Se argumenta que la sentencia fue dictada por ministros suplentes, incluyendo a Alamiro Alfaro, quien no participó en la vista de la causa ni en la rendición de pruebas, contraviniendo el Código Orgánico de Tribunales. Esta integración irregular cuestiona la legitimidad de la decisión, ya que los ministros titulares que tramitaron el proceso completo fueron excluidos de la votación final. Asimismo, la controversia se agudiza ante la posibilidad de que uno de los jueces suplentes que aprobó la transacción objetada, Alamiro Alfaro, sea nombrado hoy ministro titular del Primer Tribunal Ambiental en la votación que se realizará en el Senado. Esta situación ha generado profunda preocupación entre las comunidades, quienes ven en este posible nombramiento una señal de impunidad. Del mismo modo, Carlos Farhan, en su calidad de miembro de la Estancia Cancosa, fue enfático en señalar la falta de rigor y legitimidad del fallo: Los jueces que firmaron la sentencia no escucharon los alegatos, no evaluaron la prueba, no vivieron el juicio. ¿Cómo pueden comprender la profundidad del daño y su real impacto?. Finalmente, ante estas irregularidades, el recurso de nulidad exige retrotraer el procedimiento y dictar una nueva sentencia fundada por ministros válidamente designados, que asegure la reparación real del ecosistema afectado y la justicia para las comunidades altoandinas. Este caso emblemático pone nuevamente en el centro del debate la protección de los recursos hídricos y la integridad de los procesos judiciales ambientales en Chile. Es importante dejar constancia de que el abogado patrocinante de la acción de nulidad recursiva presentada en este caso es el abogado Antonio Rojas, quien representa jurídicamente al Sr. Farhan ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Durante la jornada del pasado lunes, la diputada Catalina Pérez enfrentó su formalización en el Tribunal de Antofagasta tras ser involucrada en tres fraudes al fisco por el Caso Convenios cuando su expareja, Daniel Andrade lideraba la Fundación Democracia Viva. Ante esto, Pérez enfrenta cargos por presunta participación de convenios de $426 millones de pesos entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida en ese entonces por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada. Dado lo anterior, la tarde ayer, Catalina Pérez hizo a través de su plataforma de Instagram una declaración pública luego de ser formalizada con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Cabe señalar que, el arresto domiciliario total lo cumplirá en la región Metropolitana. Cumpliré la medida que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito, señaló la diputada.
Tras 7 horas de audiencia de formalización, el Tribunal de Antofagasta determinó arresto domiciliario total para Catalina Pérez que cumplirá en la región Metropolitana y 45 días de investigación, esto por el Caso Convenios, arista Democracia Viva, sumando el arraigo nacional. Para detallar, la solicitud presentada, acusa a la parlamentaria de haber tenido conocimiento y haber contribuido a la ejecución del fraude en el caso Democracia Viva, ocurrido en la región de Antofagasta y liderado por su expareja, Daniel Andrade. Ante esto, la exparlamentaria enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco, vinculados al convenio suscrito en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, expareja de Pérez y también militante de Revolución Democrática. Finalmente, la diputada ha reiterado su inocencia y ha declarado no haber cometido fraude. Su abogado, Gonzalo Medina, afirmó que desde el inicio han colaborado con la Fiscalía.
Un conductor de taxibús fue formalizado este miércoles por el delito de cuasidelito de homicidio por la Fiscalía de Antofagasta, tras el fatal atropello de una mujer de 87 años ocurrido el pasado martes. Según se detalló en la audiencia, el imputado, mientras conducía por calle Manuel Antonio Matta, realizó un viraje a la izquierda en la intersección con calle Copiapó sin ceder el paso a la víctima. A raíz del impacto, la adulta mayor sufrió graves lesiones que derivaron en su deceso en un centro asistencial. El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó arraigo nacional, firma mensual y un plazo de investigación de 120 días para el caso.
