El sacerdote Felipe Berríos presentó formalmente su dimisión a la Compañía de Jesús, poniendo fin a una trayectoria de casi cinco décadas dentro de la orden. La decisión se produce tras un extenso y complejo proceso marcado por denuncias públicas, investigaciones eclesiásticas y judiciales, y un prolongado conflicto con la dirigencia jesuita en Chile. Berríos ingresó a la Compañía en 1977 y desarrolló su labor pastoral en diversos espacios sociales y educativos, consolidando una imagen pública ligada al trabajo social y a la defensa de los sectores más vulnerables. Sin embargo, en 2022 fue suspendido del ejercicio sacerdotal tras denuncias de carácter sexual, lo que derivó en una fuerte exposición mediática y un periodo que el propio sacerdote ha calificado como uno de los más difíciles de su vida. En octubre de 2025, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano concluyó que no existía “certeza moral” sobre los delitos imputados, dejando sin efecto resoluciones previas y descartando su expulsión de la orden. A ello se sumó el sobreseimiento definitivo de la causa en tribunales chilenos. Pese a estos fallos favorables, la Compañía de Jesús mantuvo sanciones disciplinarias y restricciones ministeriales, lo que terminó por profundizar el quiebre. Ante este escenario, Berríos resolvió solicitar su salida, argumentando una pérdida irreversible de la confianza y de la fraternidad con la institución. Afirmó que continuará ejerciendo su sacerdocio y su compromiso con el Evangelio fuera de la orden, reiterando que la verdad “lo hizo libre” y despidiéndose de sus hermanos jesuitas con un llamado a la reflexión interna y a la revisión de protocolos.
Una de las licitaciones más altas del país en materia de aseo urbano fue puesta en marcha por la Municipalidad de Antofagasta. Se trata de la concesión del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, cuyo costo mensual alcanza los $1.468 millones y que, durante los cinco años de vigencia del contrato, podría llegar a un monto total cercano a los $88 mil millones. Según informó el municipio, el proceso licitatorio fue publicado el pasado 29 de diciembre, contemplando una serie de mejoras operativas que buscan fortalecer el sistema de aseo en toda la comuna. Entre ellas, se incluye la incorporación progresiva de 61 camiones recolectores durante el período de concesión, la implementación de nuevas rutas de recolección y la adquisición de equipamiento adicional. Según señala El Mercurio de Antofagasta, el contrato considera además 20 cajas de recolección tipo batea de 20 metros cúbicos, 12 cajas cerradas de igual capacidad y la instalación de más de 400 contenedores de 1.200 litros, lo que apunta a optimizar la cobertura y eficiencia del servicio. Desde el municipio señalaron que, en los próximos días, también será publicada la licitación para el contrato de barrido de calles, destacando que ambas iniciativas representan “un salto cualitativo” en los servicios de aseo de la ciudad. No obstante, surgieron cuestionamientos por el acotado plazo para presentar ofertas, el cual vence el próximo 25 de febrero. Al respecto, el concejal Dinko Rendic (ind.) subrayó que, debido al alto monto y la extensión del contrato, el proceso estará sujeto a los controles administrativos de la Contraloría General de la República. “La toma de razón es una garantía institucional de legalidad tanto para las bases como para la futura adjudicación”, afirmó.
El mercado minero global volvió a estremecerse luego de que se conociera que Glencore y Rio Tinto mantienen conversaciones preliminares para una eventual fusión que podría dar origen a la mayor compañía minera del mundo. Según informó Bloomberg, ambas firmas suman un valor de mercado combinado de US$207 mil millones, lo que convertiría la operación en una de las más relevantes de la historia del sector. El posible acuerdo se inscribe en una tendencia de consolidación que ha marcado a la gran minería en los últimos años. En septiembre de 2025, Anglo American y Teck concretaron una de las fusiones más grandes del período reciente, mientras que BHP intentó en reiteradas ocasiones adquirir Anglo American, iniciativa que finalmente fue descartada a fines del año pasado. Rio Tinto cuenta con operaciones en 35 países y una presencia estratégica en Chile. Es accionista de Escondida, la mina de cobre más productiva del mundo, y ha firmado acuerdos clave con Codelco y Enami. Entre ellos destacan el desarrollo del distrito minero Nuevo Cobre, un proyecto de litio en el Salar de Maricunga y su selección como socio en el proyecto Salares Altoandinos. Glencore, en tanto, opera en más de 30 países y comercializa más de 60 materias primas. En Chile posee el 44% de Collahuasi, en conjunto con Anglo American, y es propietaria de la Compañía Minera Lomas Bayas y del Complejo Metalúrgico Altonorte. De acuerdo con un reporte citado por Bloomberg, una de las alternativas analizadas sería que Rio Tinto adquiera la totalidad de las acciones de Glencore, aunque no existe certeza de que las conversaciones lleguen a un acuerdo definitivo. Cabe recordar que ambas compañías ya exploraron una fusión en 2024, sin éxito. El eventual megadeal surge además en un contexto de precios históricos del cobre, que superó los US$13 mil la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres. El mercado anticipa un déficit de oferta hacia 2026, sumado a mayores inventarios en Estados Unidos ante la amenaza de aranceles y a una demanda creciente impulsada por la electrificación y los centros de datos para inteligencia artificial.
Una grave tragedia vial se registró la noche de este jueves en la Región de Antofagasta, luego de un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 68, sector Cruce La Posada, en la comuna de Mejillones. El hecho dejó un saldo de cinco personas fallecidas y una con lesiones de gravedad, según confirmaron Carabineros de Chile y el SAMU. De acuerdo con la información preliminar, el accidente se produjo cerca de las 21:20 horas e involucró a un bus de transporte de personal de la empresa Pullman San Luis, con 15 ocupantes a bordo (14 pasajeros y un conductor), y un vehículo menor. Por causas que se investigan, ambos móviles colisionaron de manera frontal y de alta energía, provocando posteriormente el volcamiento del bus hacia un costado de la ruta. Producto del impacto, las cinco personas que viajaban en el vehículo menor fallecieron en el lugar, tres de los cuales eran menores de edad, mientras que una persona resultó con lesiones de carácter grave. Esta última fue trasladada por personal del SAMU hasta el Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán, donde permanece bajo atención médica. En tanto, los ocupantes del bus resultaron sin lesiones. Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia de Bomberos, Carabineros, SAMU y personal de la Municipalidad de Mejillones, coordinados por la Dirección Comunal de Gestión de Riesgos de Desastres. La Ruta 1 permanece con el tránsito suspendido, habilitándose un bypass bajo control policial. Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado de la SIAT de Carabineros se trasladó al sitio del suceso para realizar las pericias técnicas, matemáticas y científicas que permitan establecer la causa basal de este lamentable accidente. Asimismo, se espera la intervención del Servicio Médico Legal para los procedimientos de rigor.
La Fiscalía boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos ocurrido en el departamento de Oruro, un caso que ha puesto nuevamente en evidencia la peligrosidad de las rutas utilizadas para el contrabando de vehículos y el narcotráfico entre Chile y Bolivia. Así lo confirmó este viernes el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien entregó detalles del avance de la indagatoria. De acuerdo con la investigación preliminar, cuatro ciudadanos chilenos ingresaron hace algunos días a la ciudad de Oruro con el objetivo de robar una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la localidad conocida como “México Chico”, en el municipio de Challapata, sector identificado por las autoridades como una de las zonas más peligrosas del país altiplánico debido a la ausencia del Estado y la fuerte presencia de actividades ilícitas. Según explicó el fiscal Morales, el grupo se dividió durante el traslado: dos de los involucrados continuaron en la camioneta robada, mientras que los otros dos tomaron una ruta distinta. De estos últimos, uno fue aprehendido por la policía boliviana y el otro logró escapar del territorio. La investigación sostiene que, una vez en “México Chico”, los dos ciudadanos que transportaban el vehículo intentaron modificar su apariencia, cambiando el color de la camioneta con el fin de venderla como un automóvil indocumentado. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de personas que los redujo, los amarró y los sometió a torturas, para finalmente asesinarlos e incinerar tanto los cuerpos como el vehículo, el cual quedó completamente destruido. El ciudadano chileno detenido fue identificado como uno de los autores del robo inicial en Oruro y habría entregado a las autoridades información clave sobre la operación, incluyendo la nacionalidad del grupo y el motivo de su ingreso a Bolivia. En paralelo, se informó que el cuarto involucrado, que logró huir, se habría comunicado con las familias de las víctimas para coordinar el reconocimiento de los cuerpos y su posterior traslado a Chile. Morales señaló que una de las hipótesis principales apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas investigativas en el marco del delito de asesinato. La Policía boliviana, en tanto, indicó que los extranjeros involucrados ingresarían y saldrían de Bolivia de manera constante e ilegal, dedicándose al robo de vehículos para su posterior comercialización en zonas controladas por redes criminales. El fiscal confirmó además que se mantiene coordinación con autoridades chilenas para el intercambio de antecedentes, precisando que uno de los fallecidos registra historial delictual por homicidio y robo. El caso vuelve a encender las alertas sobre la operación de bandas binacionales dedicadas al contrabando de vehículos y al narcotráfico, que utilizan sectores como “México Chico” como enclaves estratégicos fuera del control estatal.
El sacerdote Felipe Berríos presentó formalmente su dimisión a la Compañía de Jesús, poniendo fin a una trayectoria de casi cinco décadas dentro de la orden. La decisión se produce tras un extenso y complejo proceso marcado por denuncias públicas, investigaciones eclesiásticas y judiciales, y un prolongado conflicto con la dirigencia jesuita en Chile. Berríos ingresó a la Compañía en 1977 y desarrolló su labor pastoral en diversos espacios sociales y educativos, consolidando una imagen pública ligada al trabajo social y a la defensa de los sectores más vulnerables. Sin embargo, en 2022 fue suspendido del ejercicio sacerdotal tras denuncias de carácter sexual, lo que derivó en una fuerte exposición mediática y un periodo que el propio sacerdote ha calificado como uno de los más difíciles de su vida. En octubre de 2025, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano concluyó que no existía “certeza moral” sobre los delitos imputados, dejando sin efecto resoluciones previas y descartando su expulsión de la orden. A ello se sumó el sobreseimiento definitivo de la causa en tribunales chilenos. Pese a estos fallos favorables, la Compañía de Jesús mantuvo sanciones disciplinarias y restricciones ministeriales, lo que terminó por profundizar el quiebre. Ante este escenario, Berríos resolvió solicitar su salida, argumentando una pérdida irreversible de la confianza y de la fraternidad con la institución. Afirmó que continuará ejerciendo su sacerdocio y su compromiso con el Evangelio fuera de la orden, reiterando que la verdad “lo hizo libre” y despidiéndose de sus hermanos jesuitas con un llamado a la reflexión interna y a la revisión de protocolos.
Una de las licitaciones más altas del país en materia de aseo urbano fue puesta en marcha por la Municipalidad de Antofagasta. Se trata de la concesión del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, cuyo costo mensual alcanza los $1.468 millones y que, durante los cinco años de vigencia del contrato, podría llegar a un monto total cercano a los $88 mil millones. Según informó el municipio, el proceso licitatorio fue publicado el pasado 29 de diciembre, contemplando una serie de mejoras operativas que buscan fortalecer el sistema de aseo en toda la comuna. Entre ellas, se incluye la incorporación progresiva de 61 camiones recolectores durante el período de concesión, la implementación de nuevas rutas de recolección y la adquisición de equipamiento adicional. Según señala El Mercurio de Antofagasta, el contrato considera además 20 cajas de recolección tipo batea de 20 metros cúbicos, 12 cajas cerradas de igual capacidad y la instalación de más de 400 contenedores de 1.200 litros, lo que apunta a optimizar la cobertura y eficiencia del servicio. Desde el municipio señalaron que, en los próximos días, también será publicada la licitación para el contrato de barrido de calles, destacando que ambas iniciativas representan “un salto cualitativo” en los servicios de aseo de la ciudad. No obstante, surgieron cuestionamientos por el acotado plazo para presentar ofertas, el cual vence el próximo 25 de febrero. Al respecto, el concejal Dinko Rendic (ind.) subrayó que, debido al alto monto y la extensión del contrato, el proceso estará sujeto a los controles administrativos de la Contraloría General de la República. “La toma de razón es una garantía institucional de legalidad tanto para las bases como para la futura adjudicación”, afirmó.
El mercado minero global volvió a estremecerse luego de que se conociera que Glencore y Rio Tinto mantienen conversaciones preliminares para una eventual fusión que podría dar origen a la mayor compañía minera del mundo. Según informó Bloomberg, ambas firmas suman un valor de mercado combinado de US$207 mil millones, lo que convertiría la operación en una de las más relevantes de la historia del sector. El posible acuerdo se inscribe en una tendencia de consolidación que ha marcado a la gran minería en los últimos años. En septiembre de 2025, Anglo American y Teck concretaron una de las fusiones más grandes del período reciente, mientras que BHP intentó en reiteradas ocasiones adquirir Anglo American, iniciativa que finalmente fue descartada a fines del año pasado. Rio Tinto cuenta con operaciones en 35 países y una presencia estratégica en Chile. Es accionista de Escondida, la mina de cobre más productiva del mundo, y ha firmado acuerdos clave con Codelco y Enami. Entre ellos destacan el desarrollo del distrito minero Nuevo Cobre, un proyecto de litio en el Salar de Maricunga y su selección como socio en el proyecto Salares Altoandinos. Glencore, en tanto, opera en más de 30 países y comercializa más de 60 materias primas. En Chile posee el 44% de Collahuasi, en conjunto con Anglo American, y es propietaria de la Compañía Minera Lomas Bayas y del Complejo Metalúrgico Altonorte. De acuerdo con un reporte citado por Bloomberg, una de las alternativas analizadas sería que Rio Tinto adquiera la totalidad de las acciones de Glencore, aunque no existe certeza de que las conversaciones lleguen a un acuerdo definitivo. Cabe recordar que ambas compañías ya exploraron una fusión en 2024, sin éxito. El eventual megadeal surge además en un contexto de precios históricos del cobre, que superó los US$13 mil la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres. El mercado anticipa un déficit de oferta hacia 2026, sumado a mayores inventarios en Estados Unidos ante la amenaza de aranceles y a una demanda creciente impulsada por la electrificación y los centros de datos para inteligencia artificial.
Una grave tragedia vial se registró la noche de este jueves en la Región de Antofagasta, luego de un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 68, sector Cruce La Posada, en la comuna de Mejillones. El hecho dejó un saldo de cinco personas fallecidas y una con lesiones de gravedad, según confirmaron Carabineros de Chile y el SAMU. De acuerdo con la información preliminar, el accidente se produjo cerca de las 21:20 horas e involucró a un bus de transporte de personal de la empresa Pullman San Luis, con 15 ocupantes a bordo (14 pasajeros y un conductor), y un vehículo menor. Por causas que se investigan, ambos móviles colisionaron de manera frontal y de alta energía, provocando posteriormente el volcamiento del bus hacia un costado de la ruta. Producto del impacto, las cinco personas que viajaban en el vehículo menor fallecieron en el lugar, tres de los cuales eran menores de edad, mientras que una persona resultó con lesiones de carácter grave. Esta última fue trasladada por personal del SAMU hasta el Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán, donde permanece bajo atención médica. En tanto, los ocupantes del bus resultaron sin lesiones. Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia de Bomberos, Carabineros, SAMU y personal de la Municipalidad de Mejillones, coordinados por la Dirección Comunal de Gestión de Riesgos de Desastres. La Ruta 1 permanece con el tránsito suspendido, habilitándose un bypass bajo control policial. Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado de la SIAT de Carabineros se trasladó al sitio del suceso para realizar las pericias técnicas, matemáticas y científicas que permitan establecer la causa basal de este lamentable accidente. Asimismo, se espera la intervención del Servicio Médico Legal para los procedimientos de rigor.
La Fiscalía boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos ocurrido en el departamento de Oruro, un caso que ha puesto nuevamente en evidencia la peligrosidad de las rutas utilizadas para el contrabando de vehículos y el narcotráfico entre Chile y Bolivia. Así lo confirmó este viernes el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien entregó detalles del avance de la indagatoria. De acuerdo con la investigación preliminar, cuatro ciudadanos chilenos ingresaron hace algunos días a la ciudad de Oruro con el objetivo de robar una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la localidad conocida como “México Chico”, en el municipio de Challapata, sector identificado por las autoridades como una de las zonas más peligrosas del país altiplánico debido a la ausencia del Estado y la fuerte presencia de actividades ilícitas. Según explicó el fiscal Morales, el grupo se dividió durante el traslado: dos de los involucrados continuaron en la camioneta robada, mientras que los otros dos tomaron una ruta distinta. De estos últimos, uno fue aprehendido por la policía boliviana y el otro logró escapar del territorio. La investigación sostiene que, una vez en “México Chico”, los dos ciudadanos que transportaban el vehículo intentaron modificar su apariencia, cambiando el color de la camioneta con el fin de venderla como un automóvil indocumentado. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de personas que los redujo, los amarró y los sometió a torturas, para finalmente asesinarlos e incinerar tanto los cuerpos como el vehículo, el cual quedó completamente destruido. El ciudadano chileno detenido fue identificado como uno de los autores del robo inicial en Oruro y habría entregado a las autoridades información clave sobre la operación, incluyendo la nacionalidad del grupo y el motivo de su ingreso a Bolivia. En paralelo, se informó que el cuarto involucrado, que logró huir, se habría comunicado con las familias de las víctimas para coordinar el reconocimiento de los cuerpos y su posterior traslado a Chile. Morales señaló que una de las hipótesis principales apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas investigativas en el marco del delito de asesinato. La Policía boliviana, en tanto, indicó que los extranjeros involucrados ingresarían y saldrían de Bolivia de manera constante e ilegal, dedicándose al robo de vehículos para su posterior comercialización en zonas controladas por redes criminales. El fiscal confirmó además que se mantiene coordinación con autoridades chilenas para el intercambio de antecedentes, precisando que uno de los fallecidos registra historial delictual por homicidio y robo. El caso vuelve a encender las alertas sobre la operación de bandas binacionales dedicadas al contrabando de vehículos y al narcotráfico, que utilizan sectores como “México Chico” como enclaves estratégicos fuera del control estatal.
