La Universidad de Antofagasta confirmó un complejo escenario institucional y financiero tras la reunión sostenida entre el Consejo Universitario y el superintendente de Educación Superior, Dr. José Miguel Salazar Zegers. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los compromisos exigidos por la Superintendencia, constatándose que cuatro de las cinco medidas requeridas no han sido ejecutadas en su totalidad, lo que revela una crisis estructural que se arrastra desde hace años. Según las proyecciones financieras, la institución enfrenta un déficit cercano a los $9.000 millones. De no aplicarse medidas profundas y correctivas, este escenario podría derivar en un incumplimiento financiero durante el primer semestre de 2026, lo que abriría la puerta a una intervención externa obligatoria. Ante esta situación, la Universidad anunció que será necesario implementar decisiones drásticas de carácter estructural, con un proceso de reestructuración institucional que deberá definirse en un plazo máximo de tres meses. Este proceso incluirá ajustes académicos, administrativos y financieros orientados a asegurar la sostenibilidad de la institución. La rectoría enfatizó que cualquier decisión deberá construirse con participación activa de la comunidad universitaria, bajo un enfoque triestamental que garantice legitimidad y cohesión interna. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el diálogo y la responsabilidad institucional, destacando que el momento actual exige unidad y participación informada. La Universidad de Antofagasta comunicó que se informarán oportunamente los avances y medidas que se adopten durante este periodo crítico, con el objetivo de resguardar la continuidad del proyecto académico, la calidad formativa y su rol regional.
Una grave crisis enfrenta la Unidad Cardiovascular del Hospital Regional de Antofagasta, donde ya se cumplen más de quince días sin realizar cirugías cardíacas, un escenario que pone en riesgo la vida de pacientes de toda la macrozona norte. Así lo advirtió el jefe de la unidad, el doctor Javier Labbé, quien detalló que la suspensión de procedimientos afecta a pacientes que requieren intervenciones urgentes en plazos de 24 a 48 horas, pero que hoy llevan semanas e incluso meses esperando. El especialista explicó que la gravedad es crítica: “Pacientes que deberían operarse en una semana llevan meses esperando. Esto puede convertir una cirugía compleja pero controlable en un caso irreparable”. Actualmente, existen 54 cirugías urgentes pendientes en la macrozona, de las cuales Antofagasta resuelve habitualmente unas 30 al mes. Según Labbé, la suspensión de cirugías responde a la falta de especialistas y al cierre de camas en la UCI cardiovascular, cuyo funcionamiento requiere al menos 12 médicos de turno. Hoy, solo cuenta con la mitad. El equipo —compuesto por cardiólogos, anestesistas cardiovasculares, cirujanos y especialistas afines— ha debido doblar turnos durante años ante la falta de refuerzos, lo que derivó en agotamiento extremo y renuncias progresivas. El problema, asegura, es estructural. “Hace seis años que no llega un cardiólogo nuevo. No existe política de formación de especialistas en la región”, afirmó, agregando que formar un cardiólogo puede tomar más de diez años. Labbé denunció que propuestas concretas enviadas al Servicio de Salud han sido ignoradas, pese a que este organismo es el responsable de asegurar la continuidad asistencial. “No he tenido reunión con el director del hospital ni con el Servicio de Salud. He enviado muchas propuestas, pero no hay respuesta”, lamentó. Entre las soluciones sugeridas están contratar turnos externos desde Santiago, redistribuir médicos en formación o implementar un programa regional de formación de especialistas, como ya ocurre en otras regiones. Sin embargo, ninguna ha sido acogida. La crisis trasciende Antofagasta: la unidad recibe pacientes desde Arica hasta Copiapó, siendo el único centro cardioquirúrgico entre Arica y Viña del Mar. “Si no puedo operar, ¿para qué sirve un cirujano cardíaco?”, cuestionó Labbé, quien advierte que la falta de respuesta amenaza la continuidad del programa cardíaco más relevante del norte del país. La situación evidencia un colapso silencioso que afecta la salud pública regional y que, pese a su gravedad, aún no cuenta con medidas concretas por parte de las autoridades. Vea la entrevista acá:
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), junto al Ministerio de Minería, presentó una histórica proyección: la Cartera de Inversiones Mineras 2025–2034 alcanzará un récord de US$104.549 millones, la cifra más alta desde que existe registro en 2015. El monto refleja un aumento del 25% respecto del periodo anterior, equivalente a US$21.369 millones adicionales, impulsado por la fuerte demanda internacional y el sostenido repunte de los precios del cobre. La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que este escenario “demuestra confianza en el país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería moderna, sostenible y competitiva”. Según Cochilco, el crecimiento se explica por proyectos de reposición y ampliación de capacidad en faenas de cobre, así como por nuevas iniciativas en minerales estratégicos como el litio y el hierro. Entre los desarrollos clave figuran la nueva concentradora de Rosario en Collahuasi y la nueva concentradora Los Colorados en Escondida, ambas en fase de prefactibilidad. Pese a ello, las compañías las consideran determinantes para asegurar continuidad operativa en el largo plazo. A nivel territorial, la Región de Antofagasta mantiene su liderazgo como polo minero con una inversión proyectada de US$40 mil millones, seguida por Tarapacá y Atacama, con US$10 mil millones y US$14 mil millones, respectivamente. Esta última destaca por iniciativas de cobre que suman US$4.700 millones. En cuanto al litio, Cochilco estima que la inversión alcanzará los US$4.700 millones hacia 2025, impulsada por proyectos como Salares Altoandinos —desarrollado por ENAMI y Rio Tinto— y nuevas iniciativas en el Salar de Maricunga, consolidando el mineral como un componente estratégico en la transición energética global. Del total de la cartera, el 41% corresponde a proyectos base con alto grado de certeza; un 40% son potenciales, sujetos a definiciones técnicas, ambientales o financieras; y el 19% restante corresponde a iniciativas probables o posibles. Asimismo, los proyectos brownfield dominan la estructura con un 64%, mientras que los greenfield representan el 19%. Cochilco precisa que antes de 2025 ya se han materializado inversiones por US$11 mil millones, quedando US$29 mil millones por ejecutar. Entre 2025 y 2029 se proyectan US$11 mil millones adicionales solo en cobre, mientras que el quinquenio 2030–2034 concentra el mayor impulso, con US$44 mil millones en iniciativas de cobre, litio y otros minerales. La ministra Williams adelantó que entre 2026 y 2030 se espera que ingresen inversiones por entre US$38 mil millones y US$40 mil millones, reforzando la relevancia del sector como motor económico y estratégico para el futuro del país.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto a la directora nacional (s) del Registro Civil, Elssy Sobino, entregaron este miércoles información clave respecto a los documentos de identificación necesarios para votar en las elecciones presidenciales del próximo domingo 14 de diciembre. La autoridad reiteró que, tal como en procesos anteriores, los electores deben portar exclusivamente su cédula de identidad o pasaporte para ejercer su derecho a sufragio. “Con ningún otro documento se puede votar”, enfatizó Gajardo, aclarando que no se aceptan fotocopias, imágenes digitales ni cualquier otro tipo de soporte. El ministro explicó además que la cédula puede estar vencida, siempre que su vigencia llegue, como mínimo, hasta el 13 de diciembre de 2024 y no se encuentre bloqueada. Esta flexibilidad busca facilitar la participación de quienes aún no han renovado su documento. Para asegurar que todas las personas puedan retirar a tiempo sus identificaciones, el Registro Civil extendió sus horarios de atención esta semana, desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. Actualmente, existen cerca de 100 mil cédulas listas para ser retiradas, por lo que la autoridad llamó a acudir a las oficinas correspondientes. Sobino recalcó que esta extensión “es exclusiva para el retiro de documentos de identificación”. El día de las elecciones, equipos especializados del Registro Civil estarán desplegados en los locales de votación para solucionar eventuales dudas sobre identidad, especialmente en casos de cambios de apellido o registros que no se han actualizado completamente. Estos expertos permitirán resolver cualquier discrepancia y asegurar un proceso fluido y correcto durante la jornada electoral.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) resolvió acoger la apelación presentada por el sacerdote Felipe Berríos y dejar sin efecto las sanciones canónicas que pesaban sobre él, incluyendo la prohibición de ejercer públicamente el ministerio y su expulsión de la Compañía de Jesús. La decisión, considerada definitiva y sin posibilidad de apelación, fue comunicada este martes por la propia congregación. Según informó la Compañía de Jesús, el organismo del Vaticano concluyó que no alcanzó la “suficiente certeza moral sobre la comisión de los delitos denunciados”, lo que impidió mantener las sanciones aplicadas al conocido sacerdote radicado en el campamento La Chimba de Antofagasta. El caso se remonta a 2022, cuando se recibieron denuncias que derivaron en una investigación previa canónica encabezada por la abogada experta en delitos sexuales María Elena Santibáñez. Esa indagatoria determinó la verosimilitud de acusaciones provenientes de siete víctimas. Posteriormente, en 2023, un proceso administrativo penal dirigido por el sacerdote argentino Dante Simón corroboró los hechos e incluso añadió un caso más, culminando en la imposición de restricciones ministeriales por diez años y en la expulsión de Berríos de la orden. No obstante, en junio de 2024 el religioso apeló ante el DDF, instancia que finalmente falló a su favor y anuló las sanciones. Aun así, la Compañía de Jesús informó que, considerando los antecedentes reunidos durante los procesos previos, iniciará un proceso de reparación con las ocho personas denunciantes. Además, determinó nuevas medidas disciplinarias para el sacerdote, relacionadas con su estilo de vida y su actividad pastoral. “La Compañía de Jesús respeta la decisión del DDF y la ejecutará íntegramente”, señaló la orden, reafirmando su compromiso con la verdad, la justicia y la protección de personas vulnerables. Este revés en el ámbito canónico se suma a otro resultado favorable para Berríos. La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto una resolución del 34° Juzgado del Crimen que atribuía participación del sacerdote en un presunto abuso sexual, acogiendo así sus argumentos en la causa penal. La resolución del Vaticano marca un giro en uno de los casos más mediáticos vinculados a la Iglesia chilena, mientras la congregación jesuita avanza en un proceso paralelo de reparación a las denunciantes.
La Universidad de Antofagasta confirmó un complejo escenario institucional y financiero tras la reunión sostenida entre el Consejo Universitario y el superintendente de Educación Superior, Dr. José Miguel Salazar Zegers. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los compromisos exigidos por la Superintendencia, constatándose que cuatro de las cinco medidas requeridas no han sido ejecutadas en su totalidad, lo que revela una crisis estructural que se arrastra desde hace años. Según las proyecciones financieras, la institución enfrenta un déficit cercano a los $9.000 millones. De no aplicarse medidas profundas y correctivas, este escenario podría derivar en un incumplimiento financiero durante el primer semestre de 2026, lo que abriría la puerta a una intervención externa obligatoria. Ante esta situación, la Universidad anunció que será necesario implementar decisiones drásticas de carácter estructural, con un proceso de reestructuración institucional que deberá definirse en un plazo máximo de tres meses. Este proceso incluirá ajustes académicos, administrativos y financieros orientados a asegurar la sostenibilidad de la institución. La rectoría enfatizó que cualquier decisión deberá construirse con participación activa de la comunidad universitaria, bajo un enfoque triestamental que garantice legitimidad y cohesión interna. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el diálogo y la responsabilidad institucional, destacando que el momento actual exige unidad y participación informada. La Universidad de Antofagasta comunicó que se informarán oportunamente los avances y medidas que se adopten durante este periodo crítico, con el objetivo de resguardar la continuidad del proyecto académico, la calidad formativa y su rol regional.
Una grave crisis enfrenta la Unidad Cardiovascular del Hospital Regional de Antofagasta, donde ya se cumplen más de quince días sin realizar cirugías cardíacas, un escenario que pone en riesgo la vida de pacientes de toda la macrozona norte. Así lo advirtió el jefe de la unidad, el doctor Javier Labbé, quien detalló que la suspensión de procedimientos afecta a pacientes que requieren intervenciones urgentes en plazos de 24 a 48 horas, pero que hoy llevan semanas e incluso meses esperando. El especialista explicó que la gravedad es crítica: “Pacientes que deberían operarse en una semana llevan meses esperando. Esto puede convertir una cirugía compleja pero controlable en un caso irreparable”. Actualmente, existen 54 cirugías urgentes pendientes en la macrozona, de las cuales Antofagasta resuelve habitualmente unas 30 al mes. Según Labbé, la suspensión de cirugías responde a la falta de especialistas y al cierre de camas en la UCI cardiovascular, cuyo funcionamiento requiere al menos 12 médicos de turno. Hoy, solo cuenta con la mitad. El equipo —compuesto por cardiólogos, anestesistas cardiovasculares, cirujanos y especialistas afines— ha debido doblar turnos durante años ante la falta de refuerzos, lo que derivó en agotamiento extremo y renuncias progresivas. El problema, asegura, es estructural. “Hace seis años que no llega un cardiólogo nuevo. No existe política de formación de especialistas en la región”, afirmó, agregando que formar un cardiólogo puede tomar más de diez años. Labbé denunció que propuestas concretas enviadas al Servicio de Salud han sido ignoradas, pese a que este organismo es el responsable de asegurar la continuidad asistencial. “No he tenido reunión con el director del hospital ni con el Servicio de Salud. He enviado muchas propuestas, pero no hay respuesta”, lamentó. Entre las soluciones sugeridas están contratar turnos externos desde Santiago, redistribuir médicos en formación o implementar un programa regional de formación de especialistas, como ya ocurre en otras regiones. Sin embargo, ninguna ha sido acogida. La crisis trasciende Antofagasta: la unidad recibe pacientes desde Arica hasta Copiapó, siendo el único centro cardioquirúrgico entre Arica y Viña del Mar. “Si no puedo operar, ¿para qué sirve un cirujano cardíaco?”, cuestionó Labbé, quien advierte que la falta de respuesta amenaza la continuidad del programa cardíaco más relevante del norte del país. La situación evidencia un colapso silencioso que afecta la salud pública regional y que, pese a su gravedad, aún no cuenta con medidas concretas por parte de las autoridades. Vea la entrevista acá:
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), junto al Ministerio de Minería, presentó una histórica proyección: la Cartera de Inversiones Mineras 2025–2034 alcanzará un récord de US$104.549 millones, la cifra más alta desde que existe registro en 2015. El monto refleja un aumento del 25% respecto del periodo anterior, equivalente a US$21.369 millones adicionales, impulsado por la fuerte demanda internacional y el sostenido repunte de los precios del cobre. La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que este escenario “demuestra confianza en el país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería moderna, sostenible y competitiva”. Según Cochilco, el crecimiento se explica por proyectos de reposición y ampliación de capacidad en faenas de cobre, así como por nuevas iniciativas en minerales estratégicos como el litio y el hierro. Entre los desarrollos clave figuran la nueva concentradora de Rosario en Collahuasi y la nueva concentradora Los Colorados en Escondida, ambas en fase de prefactibilidad. Pese a ello, las compañías las consideran determinantes para asegurar continuidad operativa en el largo plazo. A nivel territorial, la Región de Antofagasta mantiene su liderazgo como polo minero con una inversión proyectada de US$40 mil millones, seguida por Tarapacá y Atacama, con US$10 mil millones y US$14 mil millones, respectivamente. Esta última destaca por iniciativas de cobre que suman US$4.700 millones. En cuanto al litio, Cochilco estima que la inversión alcanzará los US$4.700 millones hacia 2025, impulsada por proyectos como Salares Altoandinos —desarrollado por ENAMI y Rio Tinto— y nuevas iniciativas en el Salar de Maricunga, consolidando el mineral como un componente estratégico en la transición energética global. Del total de la cartera, el 41% corresponde a proyectos base con alto grado de certeza; un 40% son potenciales, sujetos a definiciones técnicas, ambientales o financieras; y el 19% restante corresponde a iniciativas probables o posibles. Asimismo, los proyectos brownfield dominan la estructura con un 64%, mientras que los greenfield representan el 19%. Cochilco precisa que antes de 2025 ya se han materializado inversiones por US$11 mil millones, quedando US$29 mil millones por ejecutar. Entre 2025 y 2029 se proyectan US$11 mil millones adicionales solo en cobre, mientras que el quinquenio 2030–2034 concentra el mayor impulso, con US$44 mil millones en iniciativas de cobre, litio y otros minerales. La ministra Williams adelantó que entre 2026 y 2030 se espera que ingresen inversiones por entre US$38 mil millones y US$40 mil millones, reforzando la relevancia del sector como motor económico y estratégico para el futuro del país.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto a la directora nacional (s) del Registro Civil, Elssy Sobino, entregaron este miércoles información clave respecto a los documentos de identificación necesarios para votar en las elecciones presidenciales del próximo domingo 14 de diciembre. La autoridad reiteró que, tal como en procesos anteriores, los electores deben portar exclusivamente su cédula de identidad o pasaporte para ejercer su derecho a sufragio. “Con ningún otro documento se puede votar”, enfatizó Gajardo, aclarando que no se aceptan fotocopias, imágenes digitales ni cualquier otro tipo de soporte. El ministro explicó además que la cédula puede estar vencida, siempre que su vigencia llegue, como mínimo, hasta el 13 de diciembre de 2024 y no se encuentre bloqueada. Esta flexibilidad busca facilitar la participación de quienes aún no han renovado su documento. Para asegurar que todas las personas puedan retirar a tiempo sus identificaciones, el Registro Civil extendió sus horarios de atención esta semana, desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. Actualmente, existen cerca de 100 mil cédulas listas para ser retiradas, por lo que la autoridad llamó a acudir a las oficinas correspondientes. Sobino recalcó que esta extensión “es exclusiva para el retiro de documentos de identificación”. El día de las elecciones, equipos especializados del Registro Civil estarán desplegados en los locales de votación para solucionar eventuales dudas sobre identidad, especialmente en casos de cambios de apellido o registros que no se han actualizado completamente. Estos expertos permitirán resolver cualquier discrepancia y asegurar un proceso fluido y correcto durante la jornada electoral.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) resolvió acoger la apelación presentada por el sacerdote Felipe Berríos y dejar sin efecto las sanciones canónicas que pesaban sobre él, incluyendo la prohibición de ejercer públicamente el ministerio y su expulsión de la Compañía de Jesús. La decisión, considerada definitiva y sin posibilidad de apelación, fue comunicada este martes por la propia congregación. Según informó la Compañía de Jesús, el organismo del Vaticano concluyó que no alcanzó la “suficiente certeza moral sobre la comisión de los delitos denunciados”, lo que impidió mantener las sanciones aplicadas al conocido sacerdote radicado en el campamento La Chimba de Antofagasta. El caso se remonta a 2022, cuando se recibieron denuncias que derivaron en una investigación previa canónica encabezada por la abogada experta en delitos sexuales María Elena Santibáñez. Esa indagatoria determinó la verosimilitud de acusaciones provenientes de siete víctimas. Posteriormente, en 2023, un proceso administrativo penal dirigido por el sacerdote argentino Dante Simón corroboró los hechos e incluso añadió un caso más, culminando en la imposición de restricciones ministeriales por diez años y en la expulsión de Berríos de la orden. No obstante, en junio de 2024 el religioso apeló ante el DDF, instancia que finalmente falló a su favor y anuló las sanciones. Aun así, la Compañía de Jesús informó que, considerando los antecedentes reunidos durante los procesos previos, iniciará un proceso de reparación con las ocho personas denunciantes. Además, determinó nuevas medidas disciplinarias para el sacerdote, relacionadas con su estilo de vida y su actividad pastoral. “La Compañía de Jesús respeta la decisión del DDF y la ejecutará íntegramente”, señaló la orden, reafirmando su compromiso con la verdad, la justicia y la protección de personas vulnerables. Este revés en el ámbito canónico se suma a otro resultado favorable para Berríos. La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto una resolución del 34° Juzgado del Crimen que atribuía participación del sacerdote en un presunto abuso sexual, acogiendo así sus argumentos en la causa penal. La resolución del Vaticano marca un giro en uno de los casos más mediáticos vinculados a la Iglesia chilena, mientras la congregación jesuita avanza en un proceso paralelo de reparación a las denunciantes.
