Una preocupante realidad ambiental quedó al descubierto en Calama, Región de Antofagasta. Una investigación científica reveló que el polvo acumulado al interior de las salas de clases contiene elevadas concentraciones de metales potencialmente tóxicos, asociados a la actividad minera, lo que plantea nuevos desafíos para la protección de la salud escolar. El estudio, denominado “ The extractive classroom: indoor school environments as reservoirs of mining legacy ”, fue publicado en la revista científica Environment International y contempló el análisis de muestras de polvo en 38 establecimientos educacionales de la capital de la provincia de El Loa. Los resultados evidenciaron concentraciones de arsénico, cobre, plomo y molibdeno significativamente superiores a los valores naturales de referencia del desierto de Atacama. En particular, el arsénico y el molibdeno alcanzaron niveles cercanos a diez veces los parámetros de referencia, mientras que el cobre y el plomo registraron concentraciones entre cinco y seis veces superiores. Los análisis mineralógicos e isotópicos permitieron asociar estas partículas con residuos oxidados provenientes de la actividad minera, descartando al tránsito vehicular como su principal origen. Uno de los aspectos más preocupantes es que las concentraciones detectadas dentro de las aulas fueron similares a las registradas en espacios exteriores, demostrando que los establecimientos no están completamente protegidos frente al ingreso del polvo ambiental. La académica de la Universidad Católica, Estela Blanco, coautora de la investigación, advirtió sobre los posibles efectos del plomo y el arsénico en el desarrollo neurológico y cognitivo de niños y niñas. Asimismo, experimentos realizados con embriones de pez cebra evidenciaron un aumento de la frecuencia cardíaca tras la exposición a estos residuos. Sin embargo, los investigadores aclararon que se trata de resultados preliminares que no permiten establecer efectos cardiovasculares en estudiantes. Otro hallazgo relevante es el vacío normativo existente en Chile , donde actualmente no se establecen límites específicos ni exigencias de monitoreo de metales pesados en el polvo de ambientes interiores. Frente a este escenario, los especialistas proponen mejorar los sistemas de sellado de puertas y ventanas, implementar protocolos de limpieza y evaluar mecanismos de ventilación con filtración de partículas. Finalmente, la investigación plantea incorporar sistemáticamente a los establecimientos educacionales de zonas mineras en los programas de vigilancia ambiental, con el objetivo de proteger a las comunidades escolares y avanzar hacia una actividad extractiva más sostenible.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama reprogramó el inicio del juicio oral en causa por el delito de violación que debía iniciar el próximo lunes 27 de julio, correspondiente al caso conocido por los ex cadetes de Cobreloa. La determinación fue tomada por el Tribunal ante la renuncia de uno de los abogados defensores privados y además, por la imposibilidad por parte del Ministerio Público de contar con un testigo esencial en la causa. Según se indicó durante una audiencia realizada durante la jornada de este martes, ante la renuncia de unas de las defensas privadas, presentada a solo 12 días del juicio, un defensor público debió asumir la causa y el estudio de la misma, por lo que no se encontraría en condiciones de ejercer su rol de manera correcta. Cabe destacar que la causa, conocida como el caso de los ex cadetes de Cobreloa, tiene 9 acusados y contempla la presentación de 102 testigos. En este escenario, se trabaja en las reprogramaciones de la instancia, para lo que se utilizarían las fechas que quedarán disponibles por la solicitud de los intervinientes. Por lo mismo, con la finalidad de asegurar la realización de la audiencia de juicio, se acordó la realización del juicio oral para marzo.
El Concejo Municipal de Calama aprobó el servicio de arriendo de un avión ambulancia, que permitirá a las personas que requieran ser trasladadas a Santiago o Antofagasta por problemas de salud utilizar este medio de transporte de acuerdo a la gravedad de su enfermedad. La iniciativa fue aprobada de manera unánime y su objetivo es aportar a los traslados de enfermos en circunstancias de extrema gravedad ser derivadas a otros servicios de salud del país. Por lo mismo, contempla la presencia de un médico de cabecera, enfermero, asistentes técnico y en algunos casos, matrona, según las necesidades del paciente. La Municipalidad está gestionando el arriendo del avión a través de un contrato de suministro, con un plazo de 24 meses, es decir, dos años con un costo por viaje superior a los $ 12 millones. El traslado del paciente, en un estado crítico, estará disponible para un paciente adulto, pediátrico o neonatal. El director de la Secretaria Comunal de Planificación (Secplac), Matías Díaz, explicó que si bien el contrato del traslado del avión ambulancia contempla 24 viajes anuales, tiene un procedimiento previo para su ejecución. “Esto, por supuesto, va a estar supeditado a los requerimientos, es decir, si es que no hay demanda por viajes, no se va a cancelar ningún servicio. El tiempo de respuesta de la empresa en cuanto al viaje esta estipulado de 30 minutos y tiene 12 horas para realizar la gestión de su equipo médico más el traslado del paciente”, destacó. Y agregó que: Nos enfocamos en lo que nos dice la Ley Orgánico Constitucional de Municipalidades en artículo número cuatro, donde establece que los municipios tienen la potestad para realizar todas las gestiones dentro de su territorio, referidas a salud, educación, cultura, entre otros. El proceso propiamente tal corresponde a un arriendo por el servicio del avión ambulancia, que se enmarca dentro de lo que se define como un contrato de suministro”.
Este martes. el Servicio Local de Educación Pública Licancabur confirmó que 40 establecimientos de la comuna de Calama retomarán sus clases este miércoles 27 de mayo, tras la suspensión de actividades debido al sismo de magnitud 6.9 que azotó la región. Pese al retorno, 7 establecimientos del territorio mantendrán suspendidas sus actividades hasta el viernes 29 de mayo, como medida preventiva para resguardar la seguridad de las comunidades educativas. En este escenario, los establecimientos que mantendrán la suspensión son: Escuela Presidente Balmaceda. Escuela República de Bolivia. Escuela Andrés Bello. Liceo Eleuterio Ramirez. Escuela Cesáreo Aguirre Goyenechea Escuela Valentin Letelier. En tanto, en María Elena también se mantendrá la suspensión de actividades en la Escuela Arturo Pérez Canto.
La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó este jueves en el Diario Oficial el llamado a licitación internacional para la concesión del nuevo establecimiento penitenciario de Calama, proyecto que busca ampliar y modernizar la infraestructura carcelaria en el norte del país. La iniciativa contempla la construcción, conservación y operación de un recinto penitenciario con una superficie aproximada de 71.858 metros cuadrados y una capacidad para albergar a 1.850 personas privadas de libertad. La futura cárcel se emplazará en un terreno fiscal ubicado en la Ruta B-195, en la intersección con Ruta 23, en la comuna de Calama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta. Desde el MOP informaron que la licitación tendrá carácter internacional, permitiendo la participación de personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, ya sea de manera individual o formando parte de grupos licitantes, siempre que cumplan con las exigencias establecidas en la Ley de Concesiones y las respectivas bases administrativas y técnicas. El cronograma establece que la recepción de ofertas se realizará el próximo 24 de noviembre de 2026, a las 12:00 horas, en el auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé 71, tercer piso, en Santiago. En tanto, la apertura de las ofertas económicas quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026, también en dependencias del MOP. La cartera detalló que el presupuesto oficial estimado para el proyecto alcanza las UF 8.690.107, cifra que no incluye IVA y que refleja la magnitud de una obra considerada estratégica para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, destacó la importancia del proyecto señalando que “el país necesita más capacidad penitenciaria, mejor infraestructura, tecnología y recintos modernos para que el sistema funcione con orden”. La autoridad agregó que el trabajo coordinado entre el MOP y el Ministerio de Justicia apunta a fortalecer la seguridad pública y mejorar la administración penitenciaria. “Estamos poniendo la infraestructura al servicio de una prioridad nacional: que el Estado recupere capacidad para enfrentar el delito, fortalecer la seguridad de las familias y administrar sus recintos penitenciarios con estándares modernos y responsables”, sostuvo el secretario de Estado. La construcción de este nuevo recinto penitenciario forma parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el aumento de la población penal y mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema carcelario en distintas regiones del país.
Una preocupante realidad ambiental quedó al descubierto en Calama, Región de Antofagasta. Una investigación científica reveló que el polvo acumulado al interior de las salas de clases contiene elevadas concentraciones de metales potencialmente tóxicos, asociados a la actividad minera, lo que plantea nuevos desafíos para la protección de la salud escolar. El estudio, denominado “ The extractive classroom: indoor school environments as reservoirs of mining legacy ”, fue publicado en la revista científica Environment International y contempló el análisis de muestras de polvo en 38 establecimientos educacionales de la capital de la provincia de El Loa. Los resultados evidenciaron concentraciones de arsénico, cobre, plomo y molibdeno significativamente superiores a los valores naturales de referencia del desierto de Atacama. En particular, el arsénico y el molibdeno alcanzaron niveles cercanos a diez veces los parámetros de referencia, mientras que el cobre y el plomo registraron concentraciones entre cinco y seis veces superiores. Los análisis mineralógicos e isotópicos permitieron asociar estas partículas con residuos oxidados provenientes de la actividad minera, descartando al tránsito vehicular como su principal origen. Uno de los aspectos más preocupantes es que las concentraciones detectadas dentro de las aulas fueron similares a las registradas en espacios exteriores, demostrando que los establecimientos no están completamente protegidos frente al ingreso del polvo ambiental. La académica de la Universidad Católica, Estela Blanco, coautora de la investigación, advirtió sobre los posibles efectos del plomo y el arsénico en el desarrollo neurológico y cognitivo de niños y niñas. Asimismo, experimentos realizados con embriones de pez cebra evidenciaron un aumento de la frecuencia cardíaca tras la exposición a estos residuos. Sin embargo, los investigadores aclararon que se trata de resultados preliminares que no permiten establecer efectos cardiovasculares en estudiantes. Otro hallazgo relevante es el vacío normativo existente en Chile , donde actualmente no se establecen límites específicos ni exigencias de monitoreo de metales pesados en el polvo de ambientes interiores. Frente a este escenario, los especialistas proponen mejorar los sistemas de sellado de puertas y ventanas, implementar protocolos de limpieza y evaluar mecanismos de ventilación con filtración de partículas. Finalmente, la investigación plantea incorporar sistemáticamente a los establecimientos educacionales de zonas mineras en los programas de vigilancia ambiental, con el objetivo de proteger a las comunidades escolares y avanzar hacia una actividad extractiva más sostenible.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama reprogramó el inicio del juicio oral en causa por el delito de violación que debía iniciar el próximo lunes 27 de julio, correspondiente al caso conocido por los ex cadetes de Cobreloa. La determinación fue tomada por el Tribunal ante la renuncia de uno de los abogados defensores privados y además, por la imposibilidad por parte del Ministerio Público de contar con un testigo esencial en la causa. Según se indicó durante una audiencia realizada durante la jornada de este martes, ante la renuncia de unas de las defensas privadas, presentada a solo 12 días del juicio, un defensor público debió asumir la causa y el estudio de la misma, por lo que no se encontraría en condiciones de ejercer su rol de manera correcta. Cabe destacar que la causa, conocida como el caso de los ex cadetes de Cobreloa, tiene 9 acusados y contempla la presentación de 102 testigos. En este escenario, se trabaja en las reprogramaciones de la instancia, para lo que se utilizarían las fechas que quedarán disponibles por la solicitud de los intervinientes. Por lo mismo, con la finalidad de asegurar la realización de la audiencia de juicio, se acordó la realización del juicio oral para marzo.
El Concejo Municipal de Calama aprobó el servicio de arriendo de un avión ambulancia, que permitirá a las personas que requieran ser trasladadas a Santiago o Antofagasta por problemas de salud utilizar este medio de transporte de acuerdo a la gravedad de su enfermedad. La iniciativa fue aprobada de manera unánime y su objetivo es aportar a los traslados de enfermos en circunstancias de extrema gravedad ser derivadas a otros servicios de salud del país. Por lo mismo, contempla la presencia de un médico de cabecera, enfermero, asistentes técnico y en algunos casos, matrona, según las necesidades del paciente. La Municipalidad está gestionando el arriendo del avión a través de un contrato de suministro, con un plazo de 24 meses, es decir, dos años con un costo por viaje superior a los $ 12 millones. El traslado del paciente, en un estado crítico, estará disponible para un paciente adulto, pediátrico o neonatal. El director de la Secretaria Comunal de Planificación (Secplac), Matías Díaz, explicó que si bien el contrato del traslado del avión ambulancia contempla 24 viajes anuales, tiene un procedimiento previo para su ejecución. “Esto, por supuesto, va a estar supeditado a los requerimientos, es decir, si es que no hay demanda por viajes, no se va a cancelar ningún servicio. El tiempo de respuesta de la empresa en cuanto al viaje esta estipulado de 30 minutos y tiene 12 horas para realizar la gestión de su equipo médico más el traslado del paciente”, destacó. Y agregó que: Nos enfocamos en lo que nos dice la Ley Orgánico Constitucional de Municipalidades en artículo número cuatro, donde establece que los municipios tienen la potestad para realizar todas las gestiones dentro de su territorio, referidas a salud, educación, cultura, entre otros. El proceso propiamente tal corresponde a un arriendo por el servicio del avión ambulancia, que se enmarca dentro de lo que se define como un contrato de suministro”.
Este martes. el Servicio Local de Educación Pública Licancabur confirmó que 40 establecimientos de la comuna de Calama retomarán sus clases este miércoles 27 de mayo, tras la suspensión de actividades debido al sismo de magnitud 6.9 que azotó la región. Pese al retorno, 7 establecimientos del territorio mantendrán suspendidas sus actividades hasta el viernes 29 de mayo, como medida preventiva para resguardar la seguridad de las comunidades educativas. En este escenario, los establecimientos que mantendrán la suspensión son: Escuela Presidente Balmaceda. Escuela República de Bolivia. Escuela Andrés Bello. Liceo Eleuterio Ramirez. Escuela Cesáreo Aguirre Goyenechea Escuela Valentin Letelier. En tanto, en María Elena también se mantendrá la suspensión de actividades en la Escuela Arturo Pérez Canto.
La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó este jueves en el Diario Oficial el llamado a licitación internacional para la concesión del nuevo establecimiento penitenciario de Calama, proyecto que busca ampliar y modernizar la infraestructura carcelaria en el norte del país. La iniciativa contempla la construcción, conservación y operación de un recinto penitenciario con una superficie aproximada de 71.858 metros cuadrados y una capacidad para albergar a 1.850 personas privadas de libertad. La futura cárcel se emplazará en un terreno fiscal ubicado en la Ruta B-195, en la intersección con Ruta 23, en la comuna de Calama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta. Desde el MOP informaron que la licitación tendrá carácter internacional, permitiendo la participación de personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, ya sea de manera individual o formando parte de grupos licitantes, siempre que cumplan con las exigencias establecidas en la Ley de Concesiones y las respectivas bases administrativas y técnicas. El cronograma establece que la recepción de ofertas se realizará el próximo 24 de noviembre de 2026, a las 12:00 horas, en el auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé 71, tercer piso, en Santiago. En tanto, la apertura de las ofertas económicas quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026, también en dependencias del MOP. La cartera detalló que el presupuesto oficial estimado para el proyecto alcanza las UF 8.690.107, cifra que no incluye IVA y que refleja la magnitud de una obra considerada estratégica para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, destacó la importancia del proyecto señalando que “el país necesita más capacidad penitenciaria, mejor infraestructura, tecnología y recintos modernos para que el sistema funcione con orden”. La autoridad agregó que el trabajo coordinado entre el MOP y el Ministerio de Justicia apunta a fortalecer la seguridad pública y mejorar la administración penitenciaria. “Estamos poniendo la infraestructura al servicio de una prioridad nacional: que el Estado recupere capacidad para enfrentar el delito, fortalecer la seguridad de las familias y administrar sus recintos penitenciarios con estándares modernos y responsables”, sostuvo el secretario de Estado. La construcción de este nuevo recinto penitenciario forma parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el aumento de la población penal y mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema carcelario en distintas regiones del país.
