FACh se niega a entregar datos por caso de droga en vuelo oficial

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, confirmó que la Fuerza Aérea de Chile (FACh) se negó a entregar los antecedentes solicitados sobre el caso de los cinco funcionarios detenidos en Iquique, quienes fueron sorprendidos intentando trasladar drogas a bordo de un vuelo institucional con destino a la Región Metropolitana.

Según explicó la persecutora, el pasado viernes la Fiscalía tomó conocimiento del procedimiento, en el que se acusa a los miembros de la FACh del delito de tráfico ilícito de estupefacientes. “En atención a eso, solicitamos de manera formal a la FACh que nos remitiera los antecedentes para investigar el ilícito ya referido”, detalló Steinert.

Sin embargo, la respuesta institucional fue negativa. “El día de hoy la FACh nos dio la respuesta a nuestro requerimiento en el sentido de que ellos son los competentes y, por lo tanto, no procede derivar ningún documento a la justicia ordinaria, que sería el Ministerio Público”, agregó.

Ante esta negativa, la Fiscalía Regional de Tarapacá anunció que solicitará una audiencia de contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones de Iquique, con el objetivo de que se determine si será la justicia militar o la ordinaria la que deberá conocer y juzgar los hechos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente de Chile Transparente, Alejandro Ferreiro, analizó el conflicto judicial, señalando que “será una muy interesante discusión respecto a la competencia de los tribunales”. Recordó que este tipo de debates sobre la justicia militar han sido frecuentes en las últimas décadas, incluso en dictadura, donde muchas veces se cuestionó si servía a la protección de los uniformados o a la aplicación efectiva de la justicia.

Ferreiro enfatizó que, si bien los hechos ocurrieron en el contexto de actividades institucionales de la FACh, “se trata derechamente de un delito común gravísimo”. En esa línea, indicó que, sin perjuicio de las normas específicas que puedan aplicarse, “me parece que le daría más confianza a la ciudadanía que sea la justicia civil y el Ministerio Público los que tengan competencia para juzgar un caso de aparente colaboración con el narcotráfico”.