Durante los últimos días, 308 comunas del país comenzaron a recibir los primeros pagos del royalty minero, marcando el inicio de una nueva etapa en el financiamiento municipal. En total, la Tesorería General de la República (TGR) ya ha transferido más de $113 mil millones correspondientes a las dos primeras cuotas, realizadas el 15 y 21 de abril. En este escenario, la Región de Antofagasta se posiciona como una de las principales beneficiadas. Solo por el Fondo de Comunas Mineras (FCM), las nueve comunas de la región recibirán más de $11.700 millones, a lo que se suman otros $2.431 millones del Fondo de Equidad Territorial (FET), destinados a reducir brechas entre municipios. Entre las comunas con mayores recursos destaca Calama, que recibirá más de $4.500 millones, seguida por Antofagasta con cerca de $2.140 millones. Estos montos permitirán impulsar proyectos de alto impacto local, enfocados en mejorar la calidad de vida de los habitantes. En Calama, el alcalde Eliecer Chamorro detalló que los recursos ya están siendo destinados a iniciativas concretas, como la construcción de plazas inclusivas, el desarrollo del Parque Poniente y proyectos de pavimentación. Además, anunció que un 20% de los fondos se destinará directamente a las comunidades del Alto Loa. Por su parte, en Sierra Gorda, la alcaldesa Adriana Rivera adelantó que los recursos se enfocarán principalmente en infraestructura, destacando la construcción de un edificio consistorial, obra esperada por más de dos décadas. También se proyectan parques urbanos, mejoras en vialidad y espacios recreativos. En Tocopilla y Mejillones, si bien aún se afinan los proyectos, ya se evalúan iniciativas en áreas como mejoramiento de plazas, multicanchas, alumbrado público y gestión de residuos. En este último punto, Mejillones prioriza la adquisición de equipamiento para fortalecer el retiro de basura y el cierre perimetral del vertedero municipal. A nivel nacional, las comunas que reciben mayores montos son Puente Alto, Calama, Maipú y Copiapó, consolidando el impacto de este mecanismo de redistribución de recursos. El royalty minero busca compensar las externalidades de la actividad extractiva y fortalecer la autonomía de los municipios, permitiéndoles responder de mejor manera a las necesidades de sus territorios. En la Región de Antofagasta, su implementación ya comienza a traducirse en obras concretas, con foco en desarrollo urbano, inclusión y bienestar social.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
Frente al fuerte aumento en el precio de los combustibles en el país —situación que afecta con mayor intensidad a la Región de Antofagasta— la Municipalidad de Calama anunció la puesta en marcha de un programa de apoyo al transporte público dirigido a personas mayores de 65 años. La iniciativa, denominada “Transporte para Personas Mayores de 65 años”, contempla la entrega de tarjetas de transporte público para el uso en micros, con recargas gratuitas mensuales. El programa comenzará a regir a fines de abril y considera una inversión municipal superior a los 35 millones de pesos, beneficiando inicialmente a 4 mil adultos mayores de la comuna. El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas, explicó que la medida busca mitigar el impacto económico que el alza de los combustibles tendrá en los hogares, especialmente en los sectores más vulnerables. “No olvidemos que la tarifa para adultos mayores en micros es de 260 pesos y lo que nosotros vamos a entregar es una tarjeta que será completamente gratuita, con recargas mensuales para facilitar el acceso al transporte público”, señaló. La autoridad comunal destacó que gran parte de los adultos mayores inscritos en los registros de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) utilizan el transporte público para acudir a centros de salud, consultorios, la farmacia ciudadana o el hospital, por lo que el apoyo busca garantizar su movilidad y acceso a servicios esenciales. Por su parte, la directora de Dideco, Irene Alfaro, detalló que el programa estará focalizado en personas mayores de 65 años que se encuentren en el Registro Social de Hogares con hasta un 40% de calificación socioeconómica. “Se trabajará con una base de datos y en los próximos días se abrirán las postulaciones para acceder a este beneficio, que tendrá recargas mensuales hasta diciembre de este año”, indicó. Alfaro agregó que la cobertura inicial considera cuatro mil beneficiarios, aunque el objetivo es ampliar progresivamente el número de personas favorecidas durante la ejecución del programa. La iniciativa es considerada inédita en la Región de Antofagasta, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida. El reciente incremento en el valor de los combustibles proyecta un impacto directo en distintos servicios y gastos básicos, por lo que desde el municipio buscan implementar medidas concretas de apoyo social. Con este programa, el municipio de Calama busca aliviar la carga económica que enfrentan los adultos mayores y asegurar que puedan desplazarse con mayor facilidad dentro de la ciudad, en medio de un escenario económico complejo para las familias de la zona.
El anunciado incremento en el precio de los combustibles encendió las alertas en el transporte público de Antofagasta, donde el gremio de conductores advierte un escenario complejo que podría derivar en un alza del pasaje o una reducción en la frecuencia de buses si no se implementan medidas de compensación. Así lo expresó Fernando Herrera, presidente de Adutax, quien en entrevista televisiva calificó el escenario como “difícil e incierto”, tras el aumento cercano al 60% en el valor del diésel, principal insumo para la operación del sistema. “Estamos hablando de un incremento de alrededor de $580 por litro, lo que desequilibra completamente el modelo operativo actual”, sostuvo. El dirigente explicó que, si bien la tarifa del transporte público en Antofagasta está regulada mediante un sistema licitado, el alza del combustible impacta directamente en el cálculo del denominado “polinomio”, mecanismo que considera variables como el dólar, el costo de insumos, mantención y adquisición de buses. “Con este nivel de aumento, la tarifa real podría subir entre $200 y $250”, advirtió. Actualmente, el pasaje se mantiene congelado en $650, gracias a subsidios estatales que compensan la diferencia con el valor real, que ya bordea los $870. Sin embargo, el nuevo incremento del diésel podría ampliar aún más esa brecha, generando incertidumbre sobre la capacidad del Estado para seguir absorbiendo el impacto. Desde el gremio señalaron que, de no existir una pronta respuesta del Gobierno, se enfrentan a dos escenarios complejos: un eventual aumento del pasaje para los usuarios o una disminución en la frecuencia de los servicios. “No podemos operar a pérdida. Si no hay compensación, tendremos que reducir flota o ajustar tarifas”, afirmó Herrera. A esto se suma la falta de claridad respecto a los mecanismos de financiamiento en regiones. Si bien existe la denominada “Ley Espejo”, que replica recursos destinados al transporte en Santiago, el dirigente advirtió que los gobiernos regionales no tienen facultades directas para inyectar recursos a la operación del sistema. En paralelo, el gremio se mantiene en estado de alerta a la espera de definiciones por parte de las autoridades. Durante esta jornada sostendrán reuniones con la delegación presidencial, con el objetivo de obtener certezas sobre eventuales subsidios que permitan mantener congelada la tarifa y evitar un impacto directo en los usuarios. Pese a la incertidumbre, desde Adutax señalaron que, por ahora, no se contempla un alza inmediata en el pasaje. No obstante, advirtieron que la situación es dinámica y dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno en los próximos días. El escenario se da además en medio de la implementación del pago electrónico en el transporte público, proceso que comenzará en modalidad mixta desde abril y que permitirá un mayor control del recaudo, aunque por ahora queda en segundo plano frente a la urgencia que genera el alza de los combustibles.
El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre el aumento en el precio de los combustibles comienza a generar sus primeras consecuencias en el sector del transporte interurbano. Según advirtió el gremio de buses interurbanos del país, el incremento podría traducirse en un alza de entre 25% y 30% en el valor de los pasajes a partir de este jueves, justo en la antesala del fin de semana largo de Semana Santa. El gobierno informó que desde el 26 de marzo las gasolinas subirán hasta $370 por litro, mientras que el diésel experimentará un incremento de hasta $580 por litro, lo que representa el mayor aumento en más de cuatro décadas. La decisión responde a la escalada del precio internacional del petróleo y a la reducción de la cobertura del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Ante este escenario, la Asociación de Buses Interurbanos (ABI) expresó su preocupación por el impacto directo que tendrá el alza del diésel en los costos operacionales del sector. Desde el gremio señalaron además que el transporte interurbano no fue incluido en el plan de siete medidas anunciadas por el Ejecutivo para mitigar el impacto del incremento en los combustibles. De acuerdo con estimaciones de la ABI, el efecto del alza podría significar un aumento promedio de entre $1.500 y $2.000 en el valor de los pasajes por cada $100 adicionales en el precio del combustible. La gerenta general del gremio, Carolina Navarrete, explicó que el impacto se reflejaría de manera relativamente homogénea en las distintas rutas del país. “Al tratarse de un aumento transversal del combustible, este ajuste se reflejará de forma bastante similar en los distintos tramos más recurrentes, tanto en viajes de ida como de regreso”, indicaron desde la asociación. En la misma línea, el vicepresidente de la organización, Patricio Bohle, aseguró que el impacto de esta alza en la industria del transporte podría ser incluso más severo que el registrado durante la pandemia. “El impacto es tan grande que diría que es peor que el Covid”, señaló en entrevista con 24 Horas. La situación se vuelve aún más compleja considerando la cercanía de Semana Santa, una de las fechas con mayor movimiento de pasajeros en el país. Solo en 2025 se movilizaron cerca de 18.800 buses interurbanos durante este período, lo que suele generar incrementos adicionales en los precios debido al aumento de la demanda. Desde el gremio señalaron que durante estas fechas los pasajes podrían experimentar un incremento extra de entre 20% y 25%, dependiendo de la demanda y de las estrategias comerciales de cada empresa. Por su parte, la empresa internacional FlixBus llamó a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación. Desde la compañía explicaron que trabajan con un sistema de precios dinámicos, lo que significa que los valores pueden variar según la demanda y el momento en que se adquieran los boletos. En ese contexto, indicaron que comprar con anticipación puede permitir acceder a tarifas más bajas, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa.
Durante los últimos días, 308 comunas del país comenzaron a recibir los primeros pagos del royalty minero, marcando el inicio de una nueva etapa en el financiamiento municipal. En total, la Tesorería General de la República (TGR) ya ha transferido más de $113 mil millones correspondientes a las dos primeras cuotas, realizadas el 15 y 21 de abril. En este escenario, la Región de Antofagasta se posiciona como una de las principales beneficiadas. Solo por el Fondo de Comunas Mineras (FCM), las nueve comunas de la región recibirán más de $11.700 millones, a lo que se suman otros $2.431 millones del Fondo de Equidad Territorial (FET), destinados a reducir brechas entre municipios. Entre las comunas con mayores recursos destaca Calama, que recibirá más de $4.500 millones, seguida por Antofagasta con cerca de $2.140 millones. Estos montos permitirán impulsar proyectos de alto impacto local, enfocados en mejorar la calidad de vida de los habitantes. En Calama, el alcalde Eliecer Chamorro detalló que los recursos ya están siendo destinados a iniciativas concretas, como la construcción de plazas inclusivas, el desarrollo del Parque Poniente y proyectos de pavimentación. Además, anunció que un 20% de los fondos se destinará directamente a las comunidades del Alto Loa. Por su parte, en Sierra Gorda, la alcaldesa Adriana Rivera adelantó que los recursos se enfocarán principalmente en infraestructura, destacando la construcción de un edificio consistorial, obra esperada por más de dos décadas. También se proyectan parques urbanos, mejoras en vialidad y espacios recreativos. En Tocopilla y Mejillones, si bien aún se afinan los proyectos, ya se evalúan iniciativas en áreas como mejoramiento de plazas, multicanchas, alumbrado público y gestión de residuos. En este último punto, Mejillones prioriza la adquisición de equipamiento para fortalecer el retiro de basura y el cierre perimetral del vertedero municipal. A nivel nacional, las comunas que reciben mayores montos son Puente Alto, Calama, Maipú y Copiapó, consolidando el impacto de este mecanismo de redistribución de recursos. El royalty minero busca compensar las externalidades de la actividad extractiva y fortalecer la autonomía de los municipios, permitiéndoles responder de mejor manera a las necesidades de sus territorios. En la Región de Antofagasta, su implementación ya comienza a traducirse en obras concretas, con foco en desarrollo urbano, inclusión y bienestar social.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
Frente al fuerte aumento en el precio de los combustibles en el país —situación que afecta con mayor intensidad a la Región de Antofagasta— la Municipalidad de Calama anunció la puesta en marcha de un programa de apoyo al transporte público dirigido a personas mayores de 65 años. La iniciativa, denominada “Transporte para Personas Mayores de 65 años”, contempla la entrega de tarjetas de transporte público para el uso en micros, con recargas gratuitas mensuales. El programa comenzará a regir a fines de abril y considera una inversión municipal superior a los 35 millones de pesos, beneficiando inicialmente a 4 mil adultos mayores de la comuna. El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas, explicó que la medida busca mitigar el impacto económico que el alza de los combustibles tendrá en los hogares, especialmente en los sectores más vulnerables. “No olvidemos que la tarifa para adultos mayores en micros es de 260 pesos y lo que nosotros vamos a entregar es una tarjeta que será completamente gratuita, con recargas mensuales para facilitar el acceso al transporte público”, señaló. La autoridad comunal destacó que gran parte de los adultos mayores inscritos en los registros de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) utilizan el transporte público para acudir a centros de salud, consultorios, la farmacia ciudadana o el hospital, por lo que el apoyo busca garantizar su movilidad y acceso a servicios esenciales. Por su parte, la directora de Dideco, Irene Alfaro, detalló que el programa estará focalizado en personas mayores de 65 años que se encuentren en el Registro Social de Hogares con hasta un 40% de calificación socioeconómica. “Se trabajará con una base de datos y en los próximos días se abrirán las postulaciones para acceder a este beneficio, que tendrá recargas mensuales hasta diciembre de este año”, indicó. Alfaro agregó que la cobertura inicial considera cuatro mil beneficiarios, aunque el objetivo es ampliar progresivamente el número de personas favorecidas durante la ejecución del programa. La iniciativa es considerada inédita en la Región de Antofagasta, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida. El reciente incremento en el valor de los combustibles proyecta un impacto directo en distintos servicios y gastos básicos, por lo que desde el municipio buscan implementar medidas concretas de apoyo social. Con este programa, el municipio de Calama busca aliviar la carga económica que enfrentan los adultos mayores y asegurar que puedan desplazarse con mayor facilidad dentro de la ciudad, en medio de un escenario económico complejo para las familias de la zona.
El anunciado incremento en el precio de los combustibles encendió las alertas en el transporte público de Antofagasta, donde el gremio de conductores advierte un escenario complejo que podría derivar en un alza del pasaje o una reducción en la frecuencia de buses si no se implementan medidas de compensación. Así lo expresó Fernando Herrera, presidente de Adutax, quien en entrevista televisiva calificó el escenario como “difícil e incierto”, tras el aumento cercano al 60% en el valor del diésel, principal insumo para la operación del sistema. “Estamos hablando de un incremento de alrededor de $580 por litro, lo que desequilibra completamente el modelo operativo actual”, sostuvo. El dirigente explicó que, si bien la tarifa del transporte público en Antofagasta está regulada mediante un sistema licitado, el alza del combustible impacta directamente en el cálculo del denominado “polinomio”, mecanismo que considera variables como el dólar, el costo de insumos, mantención y adquisición de buses. “Con este nivel de aumento, la tarifa real podría subir entre $200 y $250”, advirtió. Actualmente, el pasaje se mantiene congelado en $650, gracias a subsidios estatales que compensan la diferencia con el valor real, que ya bordea los $870. Sin embargo, el nuevo incremento del diésel podría ampliar aún más esa brecha, generando incertidumbre sobre la capacidad del Estado para seguir absorbiendo el impacto. Desde el gremio señalaron que, de no existir una pronta respuesta del Gobierno, se enfrentan a dos escenarios complejos: un eventual aumento del pasaje para los usuarios o una disminución en la frecuencia de los servicios. “No podemos operar a pérdida. Si no hay compensación, tendremos que reducir flota o ajustar tarifas”, afirmó Herrera. A esto se suma la falta de claridad respecto a los mecanismos de financiamiento en regiones. Si bien existe la denominada “Ley Espejo”, que replica recursos destinados al transporte en Santiago, el dirigente advirtió que los gobiernos regionales no tienen facultades directas para inyectar recursos a la operación del sistema. En paralelo, el gremio se mantiene en estado de alerta a la espera de definiciones por parte de las autoridades. Durante esta jornada sostendrán reuniones con la delegación presidencial, con el objetivo de obtener certezas sobre eventuales subsidios que permitan mantener congelada la tarifa y evitar un impacto directo en los usuarios. Pese a la incertidumbre, desde Adutax señalaron que, por ahora, no se contempla un alza inmediata en el pasaje. No obstante, advirtieron que la situación es dinámica y dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno en los próximos días. El escenario se da además en medio de la implementación del pago electrónico en el transporte público, proceso que comenzará en modalidad mixta desde abril y que permitirá un mayor control del recaudo, aunque por ahora queda en segundo plano frente a la urgencia que genera el alza de los combustibles.
El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre el aumento en el precio de los combustibles comienza a generar sus primeras consecuencias en el sector del transporte interurbano. Según advirtió el gremio de buses interurbanos del país, el incremento podría traducirse en un alza de entre 25% y 30% en el valor de los pasajes a partir de este jueves, justo en la antesala del fin de semana largo de Semana Santa. El gobierno informó que desde el 26 de marzo las gasolinas subirán hasta $370 por litro, mientras que el diésel experimentará un incremento de hasta $580 por litro, lo que representa el mayor aumento en más de cuatro décadas. La decisión responde a la escalada del precio internacional del petróleo y a la reducción de la cobertura del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Ante este escenario, la Asociación de Buses Interurbanos (ABI) expresó su preocupación por el impacto directo que tendrá el alza del diésel en los costos operacionales del sector. Desde el gremio señalaron además que el transporte interurbano no fue incluido en el plan de siete medidas anunciadas por el Ejecutivo para mitigar el impacto del incremento en los combustibles. De acuerdo con estimaciones de la ABI, el efecto del alza podría significar un aumento promedio de entre $1.500 y $2.000 en el valor de los pasajes por cada $100 adicionales en el precio del combustible. La gerenta general del gremio, Carolina Navarrete, explicó que el impacto se reflejaría de manera relativamente homogénea en las distintas rutas del país. “Al tratarse de un aumento transversal del combustible, este ajuste se reflejará de forma bastante similar en los distintos tramos más recurrentes, tanto en viajes de ida como de regreso”, indicaron desde la asociación. En la misma línea, el vicepresidente de la organización, Patricio Bohle, aseguró que el impacto de esta alza en la industria del transporte podría ser incluso más severo que el registrado durante la pandemia. “El impacto es tan grande que diría que es peor que el Covid”, señaló en entrevista con 24 Horas. La situación se vuelve aún más compleja considerando la cercanía de Semana Santa, una de las fechas con mayor movimiento de pasajeros en el país. Solo en 2025 se movilizaron cerca de 18.800 buses interurbanos durante este período, lo que suele generar incrementos adicionales en los precios debido al aumento de la demanda. Desde el gremio señalaron que durante estas fechas los pasajes podrían experimentar un incremento extra de entre 20% y 25%, dependiendo de la demanda y de las estrategias comerciales de cada empresa. Por su parte, la empresa internacional FlixBus llamó a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación. Desde la compañía explicaron que trabajan con un sistema de precios dinámicos, lo que significa que los valores pueden variar según la demanda y el momento en que se adquieran los boletos. En ese contexto, indicaron que comprar con anticipación puede permitir acceder a tarifas más bajas, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa.
