La economía chilena volvió a mostrar señales de debilitamiento. El Banco Central informó este miércoles que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo de 2026 registró una caída de 0,9% en comparación con igual mes del año pasado, resultado marcado principalmente por una menor producción minera y que mantiene al país acumulando cinco meses consecutivos de retrocesos en términos desestacionalizados. Con estas cifras, los analistas advierten que la posibilidad de una recesión técnica comienza a tomar fuerza, en un contexto en que otros indicadores económicos también muestran un deterioro significativo. No obstante, el instituto emisor precisó que mayo tuvo un día hábil menos que en 2025, factor que incidió parcialmente en la comparación anual. En términos desestacionalizados, el Imacec disminuyó 0,2% respecto de abril y cayó 0,7% en doce meses. El Banco Central explicó que el principal factor detrás del retroceso fue la menor producción minera, especialmente en la extracción de cobre, actividad clave para la economía nacional. El sector de bienes registró una contracción anual de 4,7%, arrastrado principalmente por la minería. La industria manufacturera también presentó una baja, influida por una menor elaboración de productos pesqueros, mientras que el resto de los bienes se mantuvo sin variaciones relevantes. En contraste, el comercio mostró señales positivas al crecer 0,8% en doce meses. El avance fue impulsado por el comercio minorista y automotor, destacando el aumento en las ventas de vestuario, alimentos en comercios especializados, plataformas de venta online y vehículos nuevos, además de servicios de mantención. Sin embargo, el comercio mayorista registró una disminución debido a menores ventas de alimentos. El sector servicios también aportó cifras positivas al expandirse 1,0% en comparación con mayo de 2025. El crecimiento estuvo liderado por los servicios personales, particularmente en las áreas de salud y educación. En sentido contrario, los servicios empresariales y de transporte presentaron caídas que moderaron el resultado general. Las cifras del Banco Central coinciden con otros indicadores difundidos recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que evidencian un escenario económico complejo. Durante el trimestre marzo-mayo, la tasa de desocupación alcanzó un 9,4%, el nivel más alto de los últimos cinco años, mientras que el Índice de Producción Industrial retrocedió 7,5% en mayo, registrando su mayor caída en nueve años. El conjunto de estos indicadores refleja una economía que enfrenta crecientes dificultades para recuperar dinamismo. La fuerte dependencia de la minería, la desaceleración de la producción industrial y el aumento del desempleo configuran un panorama desafiante para los próximos meses, en el que la evolución de la actividad económica será clave para determinar si Chile ingresa formalmente en una recesión técnica o logra revertir la tendencia durante el segundo semestre.
Una importante disminución experimentarán los combustibles en Chile a partir de este jueves, luego de que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmara una significativa baja en sus precios, impulsada por el reciente acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán. La reducción había sido anticipada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que la menor tensión geopolítica en Medio Oriente comenzaría a reflejarse en los mercados internacionales del petróleo, generando un alivio para consumidores y sectores productivos del país. De acuerdo con el informe semanal de ENAP, la mayor caída corresponderá al diésel, cuyo valor disminuirá en 117,5 pesos por litro. Este combustible es ampliamente utilizado por el transporte de carga y pasajeros, por lo que la rebaja podría tener efectos positivos en diversos rubros de la economía. Las gasolinas también registrarán descensos relevantes. La de 97 octanos bajará 106,7 pesos por litro, mientras que la de 93 octanos disminuirá 95 pesos por litro. Se trata de una de las mayores reducciones observadas en los últimos meses, lo que representa un alivio directo para miles de automovilistas. Por su parte, el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular, conocido como autogás y utilizado principalmente por taxis y radiotaxis, experimentará una baja de 46,7 pesos por litro. La única excepción será el kerosene, cuyo precio permanecerá sin cambios respecto al informe anterior. Las autoridades destacaron que la estabilización del mercado petrolero internacional tras el acuerdo entre Washington y Teherán ha contribuido a reducir la presión sobre los precios de los combustibles, permitiendo que los consumidores chilenos perciban una rebaja significativa en sus costos de movilidad y transporte.
Un alivio para los automovilistas y especialmente para el transporte de carga traerá la nueva variación en el precio de los combustibles anunciada por Empresa Nacional del Petróleo, la que comenzará a regir desde este jueves 28 de mayo. Según informó la estatal, las gasolinas frenarán la tendencia al alza registrada en las últimas semanas y anotarán leves bajas en sus valores de referencia. La gasolina de 93 octanos disminuirá $0,3 por litro, mientras que la de 97 octanos caerá $0,4 por litro. Sin embargo, la principal variación estará marcada por el diésel, cuyo precio registrará una importante baja de $65 por litro, superando ampliamente las proyecciones iniciales de distintos centros de estudio y especialistas del mercado energético. En contraste, el GLP vehicular tendrá un incremento de $37,3 por litro, mientras que el kerosene o parafina mantendrá su valor sin modificaciones. La nueva fijación de precios representa un cambio respecto al ajuste realizado el pasado 7 de mayo, cuando las gasolinas habían registrado leves alzas y el diésel había bajado $47,3 por litro. Previamente, el centro de estudios Clapes UC había estimado que, bajo el funcionamiento actual del Mepco, las gasolinas podrían subir hasta $35 por litro, mientras que el diésel bajaría cerca de $33 por litro. Sin embargo, las cifras definitivas entregadas por Empresa Nacional del Petróleo mostraron un escenario distinto, especialmente favorable para quienes utilizan diésel. Los precios de referencia definidos por la estatal se actualizan cada tres semanas y son observados con atención por distintos sectores productivos, especialmente en regiones como Antofagasta, donde el transporte y la actividad minera dependen fuertemente del consumo de combustibles.
Durante los últimos días, 308 comunas del país comenzaron a recibir los primeros pagos del royalty minero, marcando el inicio de una nueva etapa en el financiamiento municipal. En total, la Tesorería General de la República (TGR) ya ha transferido más de $113 mil millones correspondientes a las dos primeras cuotas, realizadas el 15 y 21 de abril. En este escenario, la Región de Antofagasta se posiciona como una de las principales beneficiadas. Solo por el Fondo de Comunas Mineras (FCM), las nueve comunas de la región recibirán más de $11.700 millones, a lo que se suman otros $2.431 millones del Fondo de Equidad Territorial (FET), destinados a reducir brechas entre municipios. Entre las comunas con mayores recursos destaca Calama, que recibirá más de $4.500 millones, seguida por Antofagasta con cerca de $2.140 millones. Estos montos permitirán impulsar proyectos de alto impacto local, enfocados en mejorar la calidad de vida de los habitantes. En Calama, el alcalde Eliecer Chamorro detalló que los recursos ya están siendo destinados a iniciativas concretas, como la construcción de plazas inclusivas, el desarrollo del Parque Poniente y proyectos de pavimentación. Además, anunció que un 20% de los fondos se destinará directamente a las comunidades del Alto Loa. Por su parte, en Sierra Gorda, la alcaldesa Adriana Rivera adelantó que los recursos se enfocarán principalmente en infraestructura, destacando la construcción de un edificio consistorial, obra esperada por más de dos décadas. También se proyectan parques urbanos, mejoras en vialidad y espacios recreativos. En Tocopilla y Mejillones, si bien aún se afinan los proyectos, ya se evalúan iniciativas en áreas como mejoramiento de plazas, multicanchas, alumbrado público y gestión de residuos. En este último punto, Mejillones prioriza la adquisición de equipamiento para fortalecer el retiro de basura y el cierre perimetral del vertedero municipal. A nivel nacional, las comunas que reciben mayores montos son Puente Alto, Calama, Maipú y Copiapó, consolidando el impacto de este mecanismo de redistribución de recursos. El royalty minero busca compensar las externalidades de la actividad extractiva y fortalecer la autonomía de los municipios, permitiéndoles responder de mejor manera a las necesidades de sus territorios. En la Región de Antofagasta, su implementación ya comienza a traducirse en obras concretas, con foco en desarrollo urbano, inclusión y bienestar social.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
La economía chilena volvió a mostrar señales de debilitamiento. El Banco Central informó este miércoles que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo de 2026 registró una caída de 0,9% en comparación con igual mes del año pasado, resultado marcado principalmente por una menor producción minera y que mantiene al país acumulando cinco meses consecutivos de retrocesos en términos desestacionalizados. Con estas cifras, los analistas advierten que la posibilidad de una recesión técnica comienza a tomar fuerza, en un contexto en que otros indicadores económicos también muestran un deterioro significativo. No obstante, el instituto emisor precisó que mayo tuvo un día hábil menos que en 2025, factor que incidió parcialmente en la comparación anual. En términos desestacionalizados, el Imacec disminuyó 0,2% respecto de abril y cayó 0,7% en doce meses. El Banco Central explicó que el principal factor detrás del retroceso fue la menor producción minera, especialmente en la extracción de cobre, actividad clave para la economía nacional. El sector de bienes registró una contracción anual de 4,7%, arrastrado principalmente por la minería. La industria manufacturera también presentó una baja, influida por una menor elaboración de productos pesqueros, mientras que el resto de los bienes se mantuvo sin variaciones relevantes. En contraste, el comercio mostró señales positivas al crecer 0,8% en doce meses. El avance fue impulsado por el comercio minorista y automotor, destacando el aumento en las ventas de vestuario, alimentos en comercios especializados, plataformas de venta online y vehículos nuevos, además de servicios de mantención. Sin embargo, el comercio mayorista registró una disminución debido a menores ventas de alimentos. El sector servicios también aportó cifras positivas al expandirse 1,0% en comparación con mayo de 2025. El crecimiento estuvo liderado por los servicios personales, particularmente en las áreas de salud y educación. En sentido contrario, los servicios empresariales y de transporte presentaron caídas que moderaron el resultado general. Las cifras del Banco Central coinciden con otros indicadores difundidos recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que evidencian un escenario económico complejo. Durante el trimestre marzo-mayo, la tasa de desocupación alcanzó un 9,4%, el nivel más alto de los últimos cinco años, mientras que el Índice de Producción Industrial retrocedió 7,5% en mayo, registrando su mayor caída en nueve años. El conjunto de estos indicadores refleja una economía que enfrenta crecientes dificultades para recuperar dinamismo. La fuerte dependencia de la minería, la desaceleración de la producción industrial y el aumento del desempleo configuran un panorama desafiante para los próximos meses, en el que la evolución de la actividad económica será clave para determinar si Chile ingresa formalmente en una recesión técnica o logra revertir la tendencia durante el segundo semestre.
Una importante disminución experimentarán los combustibles en Chile a partir de este jueves, luego de que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmara una significativa baja en sus precios, impulsada por el reciente acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán. La reducción había sido anticipada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que la menor tensión geopolítica en Medio Oriente comenzaría a reflejarse en los mercados internacionales del petróleo, generando un alivio para consumidores y sectores productivos del país. De acuerdo con el informe semanal de ENAP, la mayor caída corresponderá al diésel, cuyo valor disminuirá en 117,5 pesos por litro. Este combustible es ampliamente utilizado por el transporte de carga y pasajeros, por lo que la rebaja podría tener efectos positivos en diversos rubros de la economía. Las gasolinas también registrarán descensos relevantes. La de 97 octanos bajará 106,7 pesos por litro, mientras que la de 93 octanos disminuirá 95 pesos por litro. Se trata de una de las mayores reducciones observadas en los últimos meses, lo que representa un alivio directo para miles de automovilistas. Por su parte, el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular, conocido como autogás y utilizado principalmente por taxis y radiotaxis, experimentará una baja de 46,7 pesos por litro. La única excepción será el kerosene, cuyo precio permanecerá sin cambios respecto al informe anterior. Las autoridades destacaron que la estabilización del mercado petrolero internacional tras el acuerdo entre Washington y Teherán ha contribuido a reducir la presión sobre los precios de los combustibles, permitiendo que los consumidores chilenos perciban una rebaja significativa en sus costos de movilidad y transporte.
Un alivio para los automovilistas y especialmente para el transporte de carga traerá la nueva variación en el precio de los combustibles anunciada por Empresa Nacional del Petróleo, la que comenzará a regir desde este jueves 28 de mayo. Según informó la estatal, las gasolinas frenarán la tendencia al alza registrada en las últimas semanas y anotarán leves bajas en sus valores de referencia. La gasolina de 93 octanos disminuirá $0,3 por litro, mientras que la de 97 octanos caerá $0,4 por litro. Sin embargo, la principal variación estará marcada por el diésel, cuyo precio registrará una importante baja de $65 por litro, superando ampliamente las proyecciones iniciales de distintos centros de estudio y especialistas del mercado energético. En contraste, el GLP vehicular tendrá un incremento de $37,3 por litro, mientras que el kerosene o parafina mantendrá su valor sin modificaciones. La nueva fijación de precios representa un cambio respecto al ajuste realizado el pasado 7 de mayo, cuando las gasolinas habían registrado leves alzas y el diésel había bajado $47,3 por litro. Previamente, el centro de estudios Clapes UC había estimado que, bajo el funcionamiento actual del Mepco, las gasolinas podrían subir hasta $35 por litro, mientras que el diésel bajaría cerca de $33 por litro. Sin embargo, las cifras definitivas entregadas por Empresa Nacional del Petróleo mostraron un escenario distinto, especialmente favorable para quienes utilizan diésel. Los precios de referencia definidos por la estatal se actualizan cada tres semanas y son observados con atención por distintos sectores productivos, especialmente en regiones como Antofagasta, donde el transporte y la actividad minera dependen fuertemente del consumo de combustibles.
Durante los últimos días, 308 comunas del país comenzaron a recibir los primeros pagos del royalty minero, marcando el inicio de una nueva etapa en el financiamiento municipal. En total, la Tesorería General de la República (TGR) ya ha transferido más de $113 mil millones correspondientes a las dos primeras cuotas, realizadas el 15 y 21 de abril. En este escenario, la Región de Antofagasta se posiciona como una de las principales beneficiadas. Solo por el Fondo de Comunas Mineras (FCM), las nueve comunas de la región recibirán más de $11.700 millones, a lo que se suman otros $2.431 millones del Fondo de Equidad Territorial (FET), destinados a reducir brechas entre municipios. Entre las comunas con mayores recursos destaca Calama, que recibirá más de $4.500 millones, seguida por Antofagasta con cerca de $2.140 millones. Estos montos permitirán impulsar proyectos de alto impacto local, enfocados en mejorar la calidad de vida de los habitantes. En Calama, el alcalde Eliecer Chamorro detalló que los recursos ya están siendo destinados a iniciativas concretas, como la construcción de plazas inclusivas, el desarrollo del Parque Poniente y proyectos de pavimentación. Además, anunció que un 20% de los fondos se destinará directamente a las comunidades del Alto Loa. Por su parte, en Sierra Gorda, la alcaldesa Adriana Rivera adelantó que los recursos se enfocarán principalmente en infraestructura, destacando la construcción de un edificio consistorial, obra esperada por más de dos décadas. También se proyectan parques urbanos, mejoras en vialidad y espacios recreativos. En Tocopilla y Mejillones, si bien aún se afinan los proyectos, ya se evalúan iniciativas en áreas como mejoramiento de plazas, multicanchas, alumbrado público y gestión de residuos. En este último punto, Mejillones prioriza la adquisición de equipamiento para fortalecer el retiro de basura y el cierre perimetral del vertedero municipal. A nivel nacional, las comunas que reciben mayores montos son Puente Alto, Calama, Maipú y Copiapó, consolidando el impacto de este mecanismo de redistribución de recursos. El royalty minero busca compensar las externalidades de la actividad extractiva y fortalecer la autonomía de los municipios, permitiéndoles responder de mejor manera a las necesidades de sus territorios. En la Región de Antofagasta, su implementación ya comienza a traducirse en obras concretas, con foco en desarrollo urbano, inclusión y bienestar social.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
