El Censo 2024 reveló que la población chilena mayor de 18 años alcanza un promedio de 12,1 años de escolaridad, sin diferencias entre hombres y mujeres. Según datos del INE, el 36,7% declaró que su nivel educacional más alto es la Enseñanza Media, el 31,1% Educación Superior y el 24,1% Educación Básica. Además, un 3,0% señala Educación Parvularia, un 0,5% Educación Diferencial y otro 3,0% indica no haber asistido nunca a clases. La tasa de alfabetismo nacional llega al 97,8%. Por comuna, las mayores cifras de escolaridad se concentran en el sector oriente de Santiago: Providencia, Vitacura y Las Condes. En contraste, General Lagos, Colchane y Alto Biobío registran los promedios más bajos. A nivel regional, la Metropolitana lidera con 12,7 años promedio, seguida de Antofagasta (12,5) y Magallanes (12,4). En el extremo opuesto se encuentran Ñuble (11,0), Maule (11,1), La Araucanía y Los Lagos (ambas con 11,3).
La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en Antofagasta, iniciará una investigación tras un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), quien denunció la presunta utilización irregular de más de 65 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Los fondos, originalmente destinados a la Subvención Escolar y al Per Cápita de Salud, habrían sido redirigidos a campañas publicitarias durante un año electoral. En respuesta, el contralor regional Víctor Rivera confirmó que “se ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS para atender la materia expuesta”, cuyos resultados serán informados a la parlamentaria una vez concluida la revisión. Ahumada valoró la decisión señalando que “es una buena noticia para quienes buscamos transparencia en la política. Hablamos de dineros públicos destinados a salud y educación que deben ser aclarados”. Agradeció a la contralora general Dorothy Pérez y a Rivera por acoger su solicitud y recalcó la gravedad del posible desvío de recursos. La diputada agregó: “Espero que esta investigación avance con rapidez y que, de comprobarse una irregularidad, los responsables enfrenten la justicia. Basta de impunidad, sin importar el color político. Queremos autoridades que trabajen por la gente, no que se beneficien de ella”, concluyó.
La Superintendencia de Educación Superior emitió un oficio formal al rector de la Universidad de Antofagasta (UA), Marcos Cikutovic, en el que advierte sobre una posible insolvencia económica hacia fines de 2025. El documento, firmado por el superintendente José Miguel Salazar y publicado por El Mercurio de Antofagasta, detalla una compleja situación financiera que mantiene en alerta a la autoridad fiscalizadora. Según el análisis presupuestario del año en curso, la UA arrastra un déficit estructural que la deja con un saldo de caja proyectado de apenas $48 millones a fines de 2025, habiendo iniciado el periodo con $6.620 millones. Esta situación implica que los gastos superan con creces a los ingresos y pone en riesgo la continuidad financiera de la institución, lo que en el peor escenario podría derivar en una insolvencia total hacia 2026. La Superintendencia estima el déficit de la casa de estudios en $8.279 millones para este año. Si bien reconoce que la universidad ha evaluado una serie de medidas para reducir ese déficit, advierte que los planes actuales sólo mitigarían $5.000 millones, dejando un saldo sin resolver de más de $3.200 millones. Entre las estrategias propuestas se encuentran el aumento de la carga docente, la reducción de pagos por honorarios y recortes en asignaciones de mercado, incentivos académicos, becas internas y gastos por viáticos y pasajes. Pese a estos esfuerzos, el organismo considera que las acciones planteadas son insuficientes y llama a iniciar de inmediato un proceso de reestructuración económica y financiera más profundo, que garantice liquidez, optimización de procesos y sostenibilidad institucional. También se plantea la necesidad de racionalizar gastos y revisar beneficios que no estén alineados con criterios de equidad. Desde la dirección superior de la UA respondieron que asumen con carácter prioritario las recomendaciones del oficio, y que ya se han iniciado reuniones con los cuerpos colegiados y organizaciones internas para socializar los cambios. Informaron que las visitas a las distintas facultades comenzarán en la segunda quincena de junio y que los cambios comenzarán a aplicarse durante el segundo semestre. Asimismo, la universidad aseguró que las medidas no afectarán la calidad del proyecto educativo ni comprometerán la formación estudiantil. Respecto al proyecto de sede en Calama, indicaron que el financiamiento proviene de fondos externos y que su ejecución depende del cumplimiento de requisitos técnicos ya definidos. En paralelo, el diputado Stephan Schubert (IND-Republicano), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, ofició al rector Cikutovic para obtener información detallada sobre el cumplimiento de las medidas sugeridas por la Superintendencia, los efectos del déficit y las proyecciones de viabilidad financiera. El parlamentario también solicitó antecedentes sobre el futuro del proyecto educativo en caso de mantenerse la crisis, especialmente considerando informes internos que advierten que sólo hay fondos para pagar sueldos hasta agosto de este año. Schubert expresó su preocupación por la situación de las universidades públicas, señalando que casos como los de la Universidad de La Frontera muestran señales de mala administración y fiscalización deficiente, y advirtió que situaciones similares podrían estarse repitiendo en otras instituciones del país. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer los controles internos y externos, para evitar el despilfarro de recursos públicos y asegurar la sostenibilidad del sistema de educación superior estatal. En resumen, la Universidad de Antofagasta enfrenta una de sus mayores crisis financieras, con un déficit estructural que amenaza su operación y viabilidad. La advertencia de la Superintendencia exige medidas inmediatas, mientras desde el Congreso se incrementa la presión por mayor transparencia y control en el manejo de los fondos públicos.
Las comunidades educativas de Chile tienen hasta el 17 de junio para postular al Fondo de Innovación de la Educación Parvularia (FIEP) 2025. Este programa, que en su octava versión se centrará exclusivamente en el nivel sala cuna, busca promover iniciativas innovadoras que fortalezcan la gestión curricular de niños y niñas de 0 a 1 año y 11 meses, con un énfasis particular en el juego y la ciudadanía. Desde el Jardín Infantil Mi Pequeño Oasis de Calama, el seremi de Educación de Antofagasta, Alonso Fernández, hizo un llamado a las instituciones de la región para que presenten sus proyectos. El objetivo es garantizar ambientes de aprendizaje que respondan a las necesidades de las comunidades educativas locales. Cada iniciativa seleccionada en el FIEP 2025 recibirá un financiamiento de $7.000.000, destinado a implementar propuestas que potencien los aprendizajes y el bienestar integral de los infantes. La inversión total del fondo alcanzará los $350.000.000, lo que permitirá financiar un total de 50 proyectos a nivel nacional. Esta significativa inversión busca reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho, promoviendo su participación y el derecho al juego desde sus primeros años. Para facilitar la elaboración de los proyectos, la Subsecretaría de Educación Parvularia ha puesto a disposición de las comunidades educativas documentos de referencia, comoDerecho al juego y a la participación de la niñez yEnfoque de Derechos y participación de la niñez. Estos materiales ofrecen directrices clave para planificar e implementar experiencias educativas innovadoras. Pueden postular al FIEP 2025 todos los establecimientos de Educación Parvularia que impartan el nivel Sala Cuna y que reciban financiamiento estatal, incluyendo aquellos con dependencia administrativa de Municipalidades, Corporaciones Municipales, Servicios Locales de Educación Pública, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Fundación Integra y otras personas jurídicas sostenedoras de establecimientos Vía Transferencia de Fondos (VTF). Finalmente, en sus siete versiones anteriores, el FIEP ha sido un motor de la innovación educativa, invirtiendo más de $2.600 millones y beneficiando a 548 comunidades del primer nivel educativo en todo el país. La información detallada sobre las bases y el proceso de postulación está disponible en el sitio web: https://parvularia.mineduc.cl/FIEP .
El Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación del colegio Netland School informó este jueves que ha decidido deponer la huelga legal que mantenían desde hace más de 1 mes, acogiendo la propuesta ofrecida por el sostenedor del establecimiento. En un comunicado dirigido a la comunidad educativa, el gremio explicó que la decisión fue tomada tras una profunda reflexión y debido a la “insostenibilidad” de prolongar la paralización, que afectaba tanto a los docentes como a los estudiantes. La organización, que representa al 90% de los trabajadores, enfatizó que durante todo el proceso se mantuvo abierta al diálogo y la negociación. El sindicato destacó que la negociación culminó sin un bono de término de conflicto, pero con la incorporación de “un número significativo de beneficios” al nuevo contrato colectivo 2024. Asimismo, señalaron que optaron por cerrar el proceso sin recurrir a la vía judicial, para evitar un retraso aún mayor en el reinicio de las actividades académicas y el riesgo de desestabilización económica para sus socios. “Retornamos a nuestras labores con la firme convicción de resguardar nuestro proyecto educativo”, señalaron, aunque reconocieron con pesar que este proyecto “se ha ido desvaneciendo poco a poco”. El comunicado concluyó reafirmando el compromiso docente con la calidad y vocación educativa que ha caracterizado a Netland School, e hizo un llamado a seguir guiando a los estudiantes por los valores del establecimiento: “Vive feliz, vive mejor”.
El Censo 2024 reveló que la población chilena mayor de 18 años alcanza un promedio de 12,1 años de escolaridad, sin diferencias entre hombres y mujeres. Según datos del INE, el 36,7% declaró que su nivel educacional más alto es la Enseñanza Media, el 31,1% Educación Superior y el 24,1% Educación Básica. Además, un 3,0% señala Educación Parvularia, un 0,5% Educación Diferencial y otro 3,0% indica no haber asistido nunca a clases. La tasa de alfabetismo nacional llega al 97,8%. Por comuna, las mayores cifras de escolaridad se concentran en el sector oriente de Santiago: Providencia, Vitacura y Las Condes. En contraste, General Lagos, Colchane y Alto Biobío registran los promedios más bajos. A nivel regional, la Metropolitana lidera con 12,7 años promedio, seguida de Antofagasta (12,5) y Magallanes (12,4). En el extremo opuesto se encuentran Ñuble (11,0), Maule (11,1), La Araucanía y Los Lagos (ambas con 11,3).
La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en Antofagasta, iniciará una investigación tras un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), quien denunció la presunta utilización irregular de más de 65 millones de pesos por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Los fondos, originalmente destinados a la Subvención Escolar y al Per Cápita de Salud, habrían sido redirigidos a campañas publicitarias durante un año electoral. En respuesta, el contralor regional Víctor Rivera confirmó que “se ha dispuesto el inicio de una actividad de fiscalización en la CMDS para atender la materia expuesta”, cuyos resultados serán informados a la parlamentaria una vez concluida la revisión. Ahumada valoró la decisión señalando que “es una buena noticia para quienes buscamos transparencia en la política. Hablamos de dineros públicos destinados a salud y educación que deben ser aclarados”. Agradeció a la contralora general Dorothy Pérez y a Rivera por acoger su solicitud y recalcó la gravedad del posible desvío de recursos. La diputada agregó: “Espero que esta investigación avance con rapidez y que, de comprobarse una irregularidad, los responsables enfrenten la justicia. Basta de impunidad, sin importar el color político. Queremos autoridades que trabajen por la gente, no que se beneficien de ella”, concluyó.
La Superintendencia de Educación Superior emitió un oficio formal al rector de la Universidad de Antofagasta (UA), Marcos Cikutovic, en el que advierte sobre una posible insolvencia económica hacia fines de 2025. El documento, firmado por el superintendente José Miguel Salazar y publicado por El Mercurio de Antofagasta, detalla una compleja situación financiera que mantiene en alerta a la autoridad fiscalizadora. Según el análisis presupuestario del año en curso, la UA arrastra un déficit estructural que la deja con un saldo de caja proyectado de apenas $48 millones a fines de 2025, habiendo iniciado el periodo con $6.620 millones. Esta situación implica que los gastos superan con creces a los ingresos y pone en riesgo la continuidad financiera de la institución, lo que en el peor escenario podría derivar en una insolvencia total hacia 2026. La Superintendencia estima el déficit de la casa de estudios en $8.279 millones para este año. Si bien reconoce que la universidad ha evaluado una serie de medidas para reducir ese déficit, advierte que los planes actuales sólo mitigarían $5.000 millones, dejando un saldo sin resolver de más de $3.200 millones. Entre las estrategias propuestas se encuentran el aumento de la carga docente, la reducción de pagos por honorarios y recortes en asignaciones de mercado, incentivos académicos, becas internas y gastos por viáticos y pasajes. Pese a estos esfuerzos, el organismo considera que las acciones planteadas son insuficientes y llama a iniciar de inmediato un proceso de reestructuración económica y financiera más profundo, que garantice liquidez, optimización de procesos y sostenibilidad institucional. También se plantea la necesidad de racionalizar gastos y revisar beneficios que no estén alineados con criterios de equidad. Desde la dirección superior de la UA respondieron que asumen con carácter prioritario las recomendaciones del oficio, y que ya se han iniciado reuniones con los cuerpos colegiados y organizaciones internas para socializar los cambios. Informaron que las visitas a las distintas facultades comenzarán en la segunda quincena de junio y que los cambios comenzarán a aplicarse durante el segundo semestre. Asimismo, la universidad aseguró que las medidas no afectarán la calidad del proyecto educativo ni comprometerán la formación estudiantil. Respecto al proyecto de sede en Calama, indicaron que el financiamiento proviene de fondos externos y que su ejecución depende del cumplimiento de requisitos técnicos ya definidos. En paralelo, el diputado Stephan Schubert (IND-Republicano), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, ofició al rector Cikutovic para obtener información detallada sobre el cumplimiento de las medidas sugeridas por la Superintendencia, los efectos del déficit y las proyecciones de viabilidad financiera. El parlamentario también solicitó antecedentes sobre el futuro del proyecto educativo en caso de mantenerse la crisis, especialmente considerando informes internos que advierten que sólo hay fondos para pagar sueldos hasta agosto de este año. Schubert expresó su preocupación por la situación de las universidades públicas, señalando que casos como los de la Universidad de La Frontera muestran señales de mala administración y fiscalización deficiente, y advirtió que situaciones similares podrían estarse repitiendo en otras instituciones del país. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer los controles internos y externos, para evitar el despilfarro de recursos públicos y asegurar la sostenibilidad del sistema de educación superior estatal. En resumen, la Universidad de Antofagasta enfrenta una de sus mayores crisis financieras, con un déficit estructural que amenaza su operación y viabilidad. La advertencia de la Superintendencia exige medidas inmediatas, mientras desde el Congreso se incrementa la presión por mayor transparencia y control en el manejo de los fondos públicos.
Las comunidades educativas de Chile tienen hasta el 17 de junio para postular al Fondo de Innovación de la Educación Parvularia (FIEP) 2025. Este programa, que en su octava versión se centrará exclusivamente en el nivel sala cuna, busca promover iniciativas innovadoras que fortalezcan la gestión curricular de niños y niñas de 0 a 1 año y 11 meses, con un énfasis particular en el juego y la ciudadanía. Desde el Jardín Infantil Mi Pequeño Oasis de Calama, el seremi de Educación de Antofagasta, Alonso Fernández, hizo un llamado a las instituciones de la región para que presenten sus proyectos. El objetivo es garantizar ambientes de aprendizaje que respondan a las necesidades de las comunidades educativas locales. Cada iniciativa seleccionada en el FIEP 2025 recibirá un financiamiento de $7.000.000, destinado a implementar propuestas que potencien los aprendizajes y el bienestar integral de los infantes. La inversión total del fondo alcanzará los $350.000.000, lo que permitirá financiar un total de 50 proyectos a nivel nacional. Esta significativa inversión busca reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho, promoviendo su participación y el derecho al juego desde sus primeros años. Para facilitar la elaboración de los proyectos, la Subsecretaría de Educación Parvularia ha puesto a disposición de las comunidades educativas documentos de referencia, comoDerecho al juego y a la participación de la niñez yEnfoque de Derechos y participación de la niñez. Estos materiales ofrecen directrices clave para planificar e implementar experiencias educativas innovadoras. Pueden postular al FIEP 2025 todos los establecimientos de Educación Parvularia que impartan el nivel Sala Cuna y que reciban financiamiento estatal, incluyendo aquellos con dependencia administrativa de Municipalidades, Corporaciones Municipales, Servicios Locales de Educación Pública, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Fundación Integra y otras personas jurídicas sostenedoras de establecimientos Vía Transferencia de Fondos (VTF). Finalmente, en sus siete versiones anteriores, el FIEP ha sido un motor de la innovación educativa, invirtiendo más de $2.600 millones y beneficiando a 548 comunidades del primer nivel educativo en todo el país. La información detallada sobre las bases y el proceso de postulación está disponible en el sitio web: https://parvularia.mineduc.cl/FIEP .
El Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación del colegio Netland School informó este jueves que ha decidido deponer la huelga legal que mantenían desde hace más de 1 mes, acogiendo la propuesta ofrecida por el sostenedor del establecimiento. En un comunicado dirigido a la comunidad educativa, el gremio explicó que la decisión fue tomada tras una profunda reflexión y debido a la “insostenibilidad” de prolongar la paralización, que afectaba tanto a los docentes como a los estudiantes. La organización, que representa al 90% de los trabajadores, enfatizó que durante todo el proceso se mantuvo abierta al diálogo y la negociación. El sindicato destacó que la negociación culminó sin un bono de término de conflicto, pero con la incorporación de “un número significativo de beneficios” al nuevo contrato colectivo 2024. Asimismo, señalaron que optaron por cerrar el proceso sin recurrir a la vía judicial, para evitar un retraso aún mayor en el reinicio de las actividades académicas y el riesgo de desestabilización económica para sus socios. “Retornamos a nuestras labores con la firme convicción de resguardar nuestro proyecto educativo”, señalaron, aunque reconocieron con pesar que este proyecto “se ha ido desvaneciendo poco a poco”. El comunicado concluyó reafirmando el compromiso docente con la calidad y vocación educativa que ha caracterizado a Netland School, e hizo un llamado a seguir guiando a los estudiantes por los valores del establecimiento: “Vive feliz, vive mejor”.
