Con un fuerte énfasis en el talento de la Región de Antofagasta, Escondida | BHP comenzó su programa de Prácticas y Memorias 2026 con 35 estudiantes, de los cuales más del 80% es de la región, un hito para la mayor productora de cobre del mundo. Entre los seleccionados, un grupo proviene de las universidades de Antofagasta y Católica del Norte, participantes en iniciativas del Consorcio Heuma, programa de la compañía que prepara a los jóvenes para su futura etapa profesional. Otros egresaron del Colegio Técnico “Don Bosco”, Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”, Liceo “La Portada” de Antofagasta y del Liceo “Juan José Latorre” de Mejillones, establecimientos que forman parte del programa Código Futuro de Escondida y Fundación Minera Escondida, orientado al desarrollo de habilidades tecnológicas en los estudiantes. A ellos se suman también practicantes y memoristas provenientes de diversas casas de estudio del país. El vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP, Pablo Pisani, destacó que “este año, por primera vez, recibimos a estudiantes de liceos técnico-profesionales de Antofagasta y Mejillones que forman parte de nuestro programa de habilidades tecnológicas, Código Futuro. Es un logro que queremos resaltar y celebrar, porque estamos fortaleciendo los conocimientos de las nuevas generaciones de mineros y mineras. Felicitamos a cada uno de los estudiantes por este paso tan importante, que amplía sus oportunidades de desarrollo académico y los acerca tempranamente a la industria”. Los estudiantes se integrarán a las Gerencias Generales de Concentradoras, Cátodos, Operaciones Mina, Infraestructuras y Servicios y Operaciones Integradas, como también a las áreas funcionales de Tecnología, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en las que aprenderán sobre los procesos y la cultura de trabajo de la compañía. Sobre su ingreso, la estudiante del Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”, Sofía Gallegos, expresó que “cuando supe que fui seleccionada fue increíble, no me lo creía. Me siento muy feliz por esta oportunidad, porque me esforcé mucho para poder aplicar mis conocimientos y que sea en la mayor productora de cobre del mundo es mucho más significativo aún”. En tanto, el estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Antofagasta, Felipe Guerra, expresó que “estoy muy feliz y motivado de conocer a los equipos y de los procesos que son parte de esta operación. Es muy valorable que se estén entregando oportunidades a más jóvenes de la Región de Antofagasta porque estamos preparados para ser parte de la industria”. Con este programa, la compañía impulsa el desarrollo de talento regional, generando oportunidades de aprendizaje y formación para nuevas generaciones vinculadas a la minería.
Con amplio respaldo político, la Sala del Senado aprobó este martes el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con 30 votos a favor, ninguna votación en contra y una abstención. Con este resultado, la iniciativa quedó lista para ser despachada a ley, a la espera de la revisión del Tribunal Constitucional. El informe, previamente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, resolvió seis puntos clave que generaban diferencias durante la tramitación, entre ellos las condiciones laborales para docentes y asistentes de la educación, la creación de consejos escolares en establecimientos con aporte estatal, la definición formal de acoso escolar y la actualización de los planes de gestión de convivencia educativa. Asimismo, se incorporaron ajustes a los reglamentos internos, la autorización para el uso de tecnologías de detección de armas u objetos peligrosos y la restitución de la declaración de intereses y patrimonio para integrantes del Consejo de Bienestar Socioemocional Escolar. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación del proyecto, destacando su carácter estructural. “Chile necesita esta ley. Nuestro sistema educativo la requiere con urgencia, porque cuando los climas escolares no son adecuados, los aprendizajes se ven seriamente afectados”, señaló la autoridad, subrayando que la iniciativa no solo apunta al respeto y la dignidad, sino también a la mejora de la calidad educativa. La nueva Ley de Convivencia Escolar tiene como objetivo prevenir y erradicar el acoso, la discriminación y la violencia en los establecimientos educacionales, fortaleciendo el rol del Estado en la promoción del buen trato y la protección de los derechos de niños, niñas y estudiantes. Entre las principales medidas se contempla la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa con un plan de acción a ocho años, la incorporación obligatoria de coordinadores de convivencia con dedicación exclusiva en colegios con financiamiento estatal, la actualización de reglamentos internos con enfoque preventivo y el fortalecimiento de la Superintendencia de Educación y de los sistemas de monitoreo. Además, se implementará un programa de bienestar socioemocional que ya se encuentra en fase piloto en distintos servicios locales de educación pública del país.
La Universidad de Antofagasta confirmó un complejo escenario institucional y financiero tras la reunión sostenida entre el Consejo Universitario y el superintendente de Educación Superior, Dr. José Miguel Salazar Zegers. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los compromisos exigidos por la Superintendencia, constatándose que cuatro de las cinco medidas requeridas no han sido ejecutadas en su totalidad, lo que revela una crisis estructural que se arrastra desde hace años. Según las proyecciones financieras, la institución enfrenta un déficit cercano a los $9.000 millones. De no aplicarse medidas profundas y correctivas, este escenario podría derivar en un incumplimiento financiero durante el primer semestre de 2026, lo que abriría la puerta a una intervención externa obligatoria. Ante esta situación, la Universidad anunció que será necesario implementar decisiones drásticas de carácter estructural, con un proceso de reestructuración institucional que deberá definirse en un plazo máximo de tres meses. Este proceso incluirá ajustes académicos, administrativos y financieros orientados a asegurar la sostenibilidad de la institución. La rectoría enfatizó que cualquier decisión deberá construirse con participación activa de la comunidad universitaria, bajo un enfoque triestamental que garantice legitimidad y cohesión interna. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el diálogo y la responsabilidad institucional, destacando que el momento actual exige unidad y participación informada. La Universidad de Antofagasta comunicó que se informarán oportunamente los avances y medidas que se adopten durante este periodo crítico, con el objetivo de resguardar la continuidad del proyecto académico, la calidad formativa y su rol regional.
Un complejo escenario enfrenta la Universidad de Antofagasta luego que Rectoría oficializara, en el Consejo Universitario del lunes 24, la renuncia y salida de los funcionarios responsables del fallido proceso de postulación al Fondo de Infraestructura Universitaria (FIU), Etapa 2, del Ministerio de Ciencia. Un error formal dejó a la institución inhabilitada para competir por $12 mil millones destinados a fortalecer infraestructura científica y académica. La semana pasada, un grupo de consejeros inició un proceso formal para remover a los responsables directos del diseño y envío del proyecto: Jacqueline Cuevas, directora de Gestión de Investigación; Yecid Jiménez, director de Postgrado; y Marcelo Cortés, director del DIIT. A ellos se suma el Vicerrector de Investigación, Innovación y Postgrado, Carlos Portillo, quien también fue desvinculado tras un tenso intercambio verbal con consejeros durante la sesión. El hecho generó indignación pública. El gobernador regional, Ricardo Díaz, calificó la situación como “inadmisible” y un “bochorno”, enfatizando que el Gobierno Regional ya había aprobado los recursos en el CORE, apostando por fortalecer a la única universidad estatal de la región. Díaz añadió que el error refleja una falla grave en funciones habituales para cualquier institución de educación superior, exigiendo responsabilidades inmediatas. La crisis profundiza la tensión interna en la UA y abre interrogantes sobre su capacidad de gestión en proyectos estratégicos, justo en un periodo crucial para el desarrollo de la investigación y la innovación regional.
El SLEP Licancabur ha dado un paso fundamental para resguardar sus establecimientos con la puesta en marcha de un sistema integral de seguridad que incluye cámaras de alta tecnología y un robusto sistema de alarmas. La iniciativa, gestionada por Servicios Generales, contempló una inversión total de $171.029.451 para implementar tecnología de vigilancia de última generación en todo el territorio. Entre los equipos instalados se encuentran cámaras domo de visión 360° y cámaras bala, diseñadas para cubrir grandes distancias en exteriores, todas gestionadas a través de NVR, que permiten el almacenamiento de grabaciones, monitoreo en tiempo real y análisis inteligente. Estos equipos se complementan con sistemas de alarma equipados con sensores de movimiento y apertura, además de sirenas interiores y exteriores con respaldo 3G/4G . Esta redundancia tecnológica asegura alertas inmediatas y operación continua, incluso en caso de cortes de luz o interrupción de internet, mejorando significativamente la detección temprana y la respuesta oportuna. El pasado 26 de septiembre se puso en marcha la nueva Central de Monitoreo propia del SLEP Licancabur, equipada con personal especializado que opera en turnos rotativos para supervisar cámaras y alarmas de María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama y Tocopilla. Su función principal es mejorar la identificación de situaciones de riesgo, coordinar acciones con equipos directivos y, de ser necesario, activar el contacto con Seguridad Ciudadana o Carabineros. Además, gracias a un convenio vigente con la Municipalidad de Calama, se mantiene operativa la Central de Monitoreo que supervisa los establecimientos de dicha comuna. De esta manera, el territorio cuenta hoy con dos centrales operativas , ampliando la cobertura y fortaleciendo la protección en todas las comunas del Servicio. Uno de los logros más destacados es la llegada de esta tecnología avanzada a localidades históricamente aisladas y postergadas. Por primera vez, escuelas de Ollagüe, una de las comunas más aisladas del país, y establecimientos rurales de Atacama la Grande como Talabre, Socaire, Peine, Río Grande, Solor y Camar , cuentan con estándares de protección homologados. Ante esto, José Martínez Chiguay , director ejecutivo del SLEP Licancabur, enfatizó el compromiso institucional:En el SLEP Licancabur estamos tomando acción. No esperamos que ocurran emergencias para reaccionar; estamos implementando medidas concretas, tecnología avanzada y un trabajo coordinado con las instituciones para resguardar a nuestras comunidades educativas. La seguridad de nuestros estudiantes y funcionarios es una prioridad y seguiremos avanzando con decisión en esta línea. Finalmente, la implementación de este sistema integral no solo permitirá prevenir robos, accesos no autorizados y vandalismo, sino que también reducirá los tiempos de reacción ante emergencias, generará evidencia audiovisual crucial para procedimientos internos o policiales y reafirma el compromiso del SLEP Licancabur con el bienestar y la equidad territorial de sus comunidades educativas.
Con un fuerte énfasis en el talento de la Región de Antofagasta, Escondida | BHP comenzó su programa de Prácticas y Memorias 2026 con 35 estudiantes, de los cuales más del 80% es de la región, un hito para la mayor productora de cobre del mundo. Entre los seleccionados, un grupo proviene de las universidades de Antofagasta y Católica del Norte, participantes en iniciativas del Consorcio Heuma, programa de la compañía que prepara a los jóvenes para su futura etapa profesional. Otros egresaron del Colegio Técnico “Don Bosco”, Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”, Liceo “La Portada” de Antofagasta y del Liceo “Juan José Latorre” de Mejillones, establecimientos que forman parte del programa Código Futuro de Escondida y Fundación Minera Escondida, orientado al desarrollo de habilidades tecnológicas en los estudiantes. A ellos se suman también practicantes y memoristas provenientes de diversas casas de estudio del país. El vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP, Pablo Pisani, destacó que “este año, por primera vez, recibimos a estudiantes de liceos técnico-profesionales de Antofagasta y Mejillones que forman parte de nuestro programa de habilidades tecnológicas, Código Futuro. Es un logro que queremos resaltar y celebrar, porque estamos fortaleciendo los conocimientos de las nuevas generaciones de mineros y mineras. Felicitamos a cada uno de los estudiantes por este paso tan importante, que amplía sus oportunidades de desarrollo académico y los acerca tempranamente a la industria”. Los estudiantes se integrarán a las Gerencias Generales de Concentradoras, Cátodos, Operaciones Mina, Infraestructuras y Servicios y Operaciones Integradas, como también a las áreas funcionales de Tecnología, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en las que aprenderán sobre los procesos y la cultura de trabajo de la compañía. Sobre su ingreso, la estudiante del Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”, Sofía Gallegos, expresó que “cuando supe que fui seleccionada fue increíble, no me lo creía. Me siento muy feliz por esta oportunidad, porque me esforcé mucho para poder aplicar mis conocimientos y que sea en la mayor productora de cobre del mundo es mucho más significativo aún”. En tanto, el estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Antofagasta, Felipe Guerra, expresó que “estoy muy feliz y motivado de conocer a los equipos y de los procesos que son parte de esta operación. Es muy valorable que se estén entregando oportunidades a más jóvenes de la Región de Antofagasta porque estamos preparados para ser parte de la industria”. Con este programa, la compañía impulsa el desarrollo de talento regional, generando oportunidades de aprendizaje y formación para nuevas generaciones vinculadas a la minería.
Con amplio respaldo político, la Sala del Senado aprobó este martes el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con 30 votos a favor, ninguna votación en contra y una abstención. Con este resultado, la iniciativa quedó lista para ser despachada a ley, a la espera de la revisión del Tribunal Constitucional. El informe, previamente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, resolvió seis puntos clave que generaban diferencias durante la tramitación, entre ellos las condiciones laborales para docentes y asistentes de la educación, la creación de consejos escolares en establecimientos con aporte estatal, la definición formal de acoso escolar y la actualización de los planes de gestión de convivencia educativa. Asimismo, se incorporaron ajustes a los reglamentos internos, la autorización para el uso de tecnologías de detección de armas u objetos peligrosos y la restitución de la declaración de intereses y patrimonio para integrantes del Consejo de Bienestar Socioemocional Escolar. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación del proyecto, destacando su carácter estructural. “Chile necesita esta ley. Nuestro sistema educativo la requiere con urgencia, porque cuando los climas escolares no son adecuados, los aprendizajes se ven seriamente afectados”, señaló la autoridad, subrayando que la iniciativa no solo apunta al respeto y la dignidad, sino también a la mejora de la calidad educativa. La nueva Ley de Convivencia Escolar tiene como objetivo prevenir y erradicar el acoso, la discriminación y la violencia en los establecimientos educacionales, fortaleciendo el rol del Estado en la promoción del buen trato y la protección de los derechos de niños, niñas y estudiantes. Entre las principales medidas se contempla la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa con un plan de acción a ocho años, la incorporación obligatoria de coordinadores de convivencia con dedicación exclusiva en colegios con financiamiento estatal, la actualización de reglamentos internos con enfoque preventivo y el fortalecimiento de la Superintendencia de Educación y de los sistemas de monitoreo. Además, se implementará un programa de bienestar socioemocional que ya se encuentra en fase piloto en distintos servicios locales de educación pública del país.
La Universidad de Antofagasta confirmó un complejo escenario institucional y financiero tras la reunión sostenida entre el Consejo Universitario y el superintendente de Educación Superior, Dr. José Miguel Salazar Zegers. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los compromisos exigidos por la Superintendencia, constatándose que cuatro de las cinco medidas requeridas no han sido ejecutadas en su totalidad, lo que revela una crisis estructural que se arrastra desde hace años. Según las proyecciones financieras, la institución enfrenta un déficit cercano a los $9.000 millones. De no aplicarse medidas profundas y correctivas, este escenario podría derivar en un incumplimiento financiero durante el primer semestre de 2026, lo que abriría la puerta a una intervención externa obligatoria. Ante esta situación, la Universidad anunció que será necesario implementar decisiones drásticas de carácter estructural, con un proceso de reestructuración institucional que deberá definirse en un plazo máximo de tres meses. Este proceso incluirá ajustes académicos, administrativos y financieros orientados a asegurar la sostenibilidad de la institución. La rectoría enfatizó que cualquier decisión deberá construirse con participación activa de la comunidad universitaria, bajo un enfoque triestamental que garantice legitimidad y cohesión interna. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el diálogo y la responsabilidad institucional, destacando que el momento actual exige unidad y participación informada. La Universidad de Antofagasta comunicó que se informarán oportunamente los avances y medidas que se adopten durante este periodo crítico, con el objetivo de resguardar la continuidad del proyecto académico, la calidad formativa y su rol regional.
Un complejo escenario enfrenta la Universidad de Antofagasta luego que Rectoría oficializara, en el Consejo Universitario del lunes 24, la renuncia y salida de los funcionarios responsables del fallido proceso de postulación al Fondo de Infraestructura Universitaria (FIU), Etapa 2, del Ministerio de Ciencia. Un error formal dejó a la institución inhabilitada para competir por $12 mil millones destinados a fortalecer infraestructura científica y académica. La semana pasada, un grupo de consejeros inició un proceso formal para remover a los responsables directos del diseño y envío del proyecto: Jacqueline Cuevas, directora de Gestión de Investigación; Yecid Jiménez, director de Postgrado; y Marcelo Cortés, director del DIIT. A ellos se suma el Vicerrector de Investigación, Innovación y Postgrado, Carlos Portillo, quien también fue desvinculado tras un tenso intercambio verbal con consejeros durante la sesión. El hecho generó indignación pública. El gobernador regional, Ricardo Díaz, calificó la situación como “inadmisible” y un “bochorno”, enfatizando que el Gobierno Regional ya había aprobado los recursos en el CORE, apostando por fortalecer a la única universidad estatal de la región. Díaz añadió que el error refleja una falla grave en funciones habituales para cualquier institución de educación superior, exigiendo responsabilidades inmediatas. La crisis profundiza la tensión interna en la UA y abre interrogantes sobre su capacidad de gestión en proyectos estratégicos, justo en un periodo crucial para el desarrollo de la investigación y la innovación regional.
El SLEP Licancabur ha dado un paso fundamental para resguardar sus establecimientos con la puesta en marcha de un sistema integral de seguridad que incluye cámaras de alta tecnología y un robusto sistema de alarmas. La iniciativa, gestionada por Servicios Generales, contempló una inversión total de $171.029.451 para implementar tecnología de vigilancia de última generación en todo el territorio. Entre los equipos instalados se encuentran cámaras domo de visión 360° y cámaras bala, diseñadas para cubrir grandes distancias en exteriores, todas gestionadas a través de NVR, que permiten el almacenamiento de grabaciones, monitoreo en tiempo real y análisis inteligente. Estos equipos se complementan con sistemas de alarma equipados con sensores de movimiento y apertura, además de sirenas interiores y exteriores con respaldo 3G/4G . Esta redundancia tecnológica asegura alertas inmediatas y operación continua, incluso en caso de cortes de luz o interrupción de internet, mejorando significativamente la detección temprana y la respuesta oportuna. El pasado 26 de septiembre se puso en marcha la nueva Central de Monitoreo propia del SLEP Licancabur, equipada con personal especializado que opera en turnos rotativos para supervisar cámaras y alarmas de María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama y Tocopilla. Su función principal es mejorar la identificación de situaciones de riesgo, coordinar acciones con equipos directivos y, de ser necesario, activar el contacto con Seguridad Ciudadana o Carabineros. Además, gracias a un convenio vigente con la Municipalidad de Calama, se mantiene operativa la Central de Monitoreo que supervisa los establecimientos de dicha comuna. De esta manera, el territorio cuenta hoy con dos centrales operativas , ampliando la cobertura y fortaleciendo la protección en todas las comunas del Servicio. Uno de los logros más destacados es la llegada de esta tecnología avanzada a localidades históricamente aisladas y postergadas. Por primera vez, escuelas de Ollagüe, una de las comunas más aisladas del país, y establecimientos rurales de Atacama la Grande como Talabre, Socaire, Peine, Río Grande, Solor y Camar , cuentan con estándares de protección homologados. Ante esto, José Martínez Chiguay , director ejecutivo del SLEP Licancabur, enfatizó el compromiso institucional:En el SLEP Licancabur estamos tomando acción. No esperamos que ocurran emergencias para reaccionar; estamos implementando medidas concretas, tecnología avanzada y un trabajo coordinado con las instituciones para resguardar a nuestras comunidades educativas. La seguridad de nuestros estudiantes y funcionarios es una prioridad y seguiremos avanzando con decisión en esta línea. Finalmente, la implementación de este sistema integral no solo permitirá prevenir robos, accesos no autorizados y vandalismo, sino que también reducirá los tiempos de reacción ante emergencias, generará evidencia audiovisual crucial para procedimientos internos o policiales y reafirma el compromiso del SLEP Licancabur con el bienestar y la equidad territorial de sus comunidades educativas.
