La Universidad de Antofagasta confirmó un complejo escenario institucional y financiero tras la reunión sostenida entre el Consejo Universitario y el superintendente de Educación Superior, Dr. José Miguel Salazar Zegers. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los compromisos exigidos por la Superintendencia, constatándose que cuatro de las cinco medidas requeridas no han sido ejecutadas en su totalidad, lo que revela una crisis estructural que se arrastra desde hace años. Según las proyecciones financieras, la institución enfrenta un déficit cercano a los $9.000 millones. De no aplicarse medidas profundas y correctivas, este escenario podría derivar en un incumplimiento financiero durante el primer semestre de 2026, lo que abriría la puerta a una intervención externa obligatoria. Ante esta situación, la Universidad anunció que será necesario implementar decisiones drásticas de carácter estructural, con un proceso de reestructuración institucional que deberá definirse en un plazo máximo de tres meses. Este proceso incluirá ajustes académicos, administrativos y financieros orientados a asegurar la sostenibilidad de la institución. La rectoría enfatizó que cualquier decisión deberá construirse con participación activa de la comunidad universitaria, bajo un enfoque triestamental que garantice legitimidad y cohesión interna. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el diálogo y la responsabilidad institucional, destacando que el momento actual exige unidad y participación informada. La Universidad de Antofagasta comunicó que se informarán oportunamente los avances y medidas que se adopten durante este periodo crítico, con el objetivo de resguardar la continuidad del proyecto académico, la calidad formativa y su rol regional.
Un complejo escenario enfrenta la Universidad de Antofagasta luego que Rectoría oficializara, en el Consejo Universitario del lunes 24, la renuncia y salida de los funcionarios responsables del fallido proceso de postulación al Fondo de Infraestructura Universitaria (FIU), Etapa 2, del Ministerio de Ciencia. Un error formal dejó a la institución inhabilitada para competir por $12 mil millones destinados a fortalecer infraestructura científica y académica. La semana pasada, un grupo de consejeros inició un proceso formal para remover a los responsables directos del diseño y envío del proyecto: Jacqueline Cuevas, directora de Gestión de Investigación; Yecid Jiménez, director de Postgrado; y Marcelo Cortés, director del DIIT. A ellos se suma el Vicerrector de Investigación, Innovación y Postgrado, Carlos Portillo, quien también fue desvinculado tras un tenso intercambio verbal con consejeros durante la sesión. El hecho generó indignación pública. El gobernador regional, Ricardo Díaz, calificó la situación como “inadmisible” y un “bochorno”, enfatizando que el Gobierno Regional ya había aprobado los recursos en el CORE, apostando por fortalecer a la única universidad estatal de la región. Díaz añadió que el error refleja una falla grave en funciones habituales para cualquier institución de educación superior, exigiendo responsabilidades inmediatas. La crisis profundiza la tensión interna en la UA y abre interrogantes sobre su capacidad de gestión en proyectos estratégicos, justo en un periodo crucial para el desarrollo de la investigación y la innovación regional.
El SLEP Licancabur ha dado un paso fundamental para resguardar sus establecimientos con la puesta en marcha de un sistema integral de seguridad que incluye cámaras de alta tecnología y un robusto sistema de alarmas. La iniciativa, gestionada por Servicios Generales, contempló una inversión total de $171.029.451 para implementar tecnología de vigilancia de última generación en todo el territorio. Entre los equipos instalados se encuentran cámaras domo de visión 360° y cámaras bala, diseñadas para cubrir grandes distancias en exteriores, todas gestionadas a través de NVR, que permiten el almacenamiento de grabaciones, monitoreo en tiempo real y análisis inteligente. Estos equipos se complementan con sistemas de alarma equipados con sensores de movimiento y apertura, además de sirenas interiores y exteriores con respaldo 3G/4G . Esta redundancia tecnológica asegura alertas inmediatas y operación continua, incluso en caso de cortes de luz o interrupción de internet, mejorando significativamente la detección temprana y la respuesta oportuna. El pasado 26 de septiembre se puso en marcha la nueva Central de Monitoreo propia del SLEP Licancabur, equipada con personal especializado que opera en turnos rotativos para supervisar cámaras y alarmas de María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama y Tocopilla. Su función principal es mejorar la identificación de situaciones de riesgo, coordinar acciones con equipos directivos y, de ser necesario, activar el contacto con Seguridad Ciudadana o Carabineros. Además, gracias a un convenio vigente con la Municipalidad de Calama, se mantiene operativa la Central de Monitoreo que supervisa los establecimientos de dicha comuna. De esta manera, el territorio cuenta hoy con dos centrales operativas , ampliando la cobertura y fortaleciendo la protección en todas las comunas del Servicio. Uno de los logros más destacados es la llegada de esta tecnología avanzada a localidades históricamente aisladas y postergadas. Por primera vez, escuelas de Ollagüe, una de las comunas más aisladas del país, y establecimientos rurales de Atacama la Grande como Talabre, Socaire, Peine, Río Grande, Solor y Camar , cuentan con estándares de protección homologados. Ante esto, José Martínez Chiguay , director ejecutivo del SLEP Licancabur, enfatizó el compromiso institucional:En el SLEP Licancabur estamos tomando acción. No esperamos que ocurran emergencias para reaccionar; estamos implementando medidas concretas, tecnología avanzada y un trabajo coordinado con las instituciones para resguardar a nuestras comunidades educativas. La seguridad de nuestros estudiantes y funcionarios es una prioridad y seguiremos avanzando con decisión en esta línea. Finalmente, la implementación de este sistema integral no solo permitirá prevenir robos, accesos no autorizados y vandalismo, sino que también reducirá los tiempos de reacción ante emergencias, generará evidencia audiovisual crucial para procedimientos internos o policiales y reafirma el compromiso del SLEP Licancabur con el bienestar y la equidad territorial de sus comunidades educativas.
La Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y el Sindicato de Asistentes de la Educación han alcanzado un acuerdo satisfactorio en el proceso de negociación colectiva, marcando el cierre exitoso de la primera de su tipo bajo la actual administración. El convenio beneficiará a más de 1.700 socios y fue calificado por ambas partes como un reflejo del compromiso mutuo por el diálogo y la colaboración. El proceso se caracterizó por diversas instancias de conversación en las que se expusieron propuestas y puntos de vista con respeto, logrando acercar posiciones. El alcalde y presidente del Directorio de la CMDS, Sacha Razmilic, destacó la importancia del acuerdo: “Se llegó a acuerdo, las partes acercaron posiciones y en este caso el beneficio es para los trabajadores y sus familias. Miramos con mucho optimismo lo que va a ser el próximo año”. Por su parte, la presidenta del gremio, Juana Manque, expresó su satisfacción: “Siempre trabajamos en armonía y pensando en nuestros asociados. Estamos contentos porque tuvimos más del 70 % de aprobación de la negociación”. Manque señaló que las mejoras salariales contenidas en el acuerdo reflejan el trabajo realizado. En la misma línea, el secretario general ejecutivo de la Corporación Municipal, Jonathan Vergara, calificó la firma del convenio como ungran logro y un hito importante para cerrar el año 2025, asegurando que los 1.700 trabajadores se verán beneficiados por este resultado. Finalmente, la CMDS resaltó el compromiso y la disposición al diálogo demostrada por el sindicato, elementos que permitieron alcanzar un acuerdo que no solo mejora las condiciones de los colaboradores y potencia su bienestar, sino que también fortalece la confianza y el trabajo colaborativo en toda la comunidad laboral.
La publicación de los resultados del SIMCE 2024 ha generado, como cada año, un intenso debate nacional sobre la calidad de la educación en Chile, con la región de Antofagasta centrando la atención por sus bajos puntajes en la prueba de Matemática en comparación con el resto del país. Expertos advierten que más del 40% de los estudiantes de enseñanza básica y media en la región no alcanzan los niveles esperados en razonamiento matemático. Ante esto, la Dra. Oriana Rojas, profesora de Matemáticas, doctora en Planificación e Innovación Educativa y directora de la Fundación Educa-Acción, conversó con el medio Soy Antofagasta y subrayó que, aunque Chile figura entre los mejores resultados de matemáticas en la región latinoamericana,nuestro desempeño continúa muy por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE. Esta brecha evidencia una deuda educativa que exige una mirada crítica y sostenida sobre nuestras políticas. En el caso específico de Antofagasta, las diferencias respecto del promedio nacional, si bien leves,revelan una tendencia descendente en los niveles de logro a medida que se avanza en los ciclos escolares, señaló la Dra. Rojas. Este patrón sugiere la necesidad de fortalecer el acompañamiento pedagógico, la mediación docente y el fortalecimiento de experiencias de aprendizaje significativas. El análisis de los resultados detalla la gravedad del problema en los distintos niveles: En 4° básico, la proporción de estudiantes en el nivel insuficiente aumenta a un 36,3%, reflejando profundas brechas. El nivel elemental (38,3%) se mantiene estable, lo que implica que una parte significativa del alumnado solo puede resolver tareas simples y requiere apoyo constante. En 6° básico, la situación se agrava con el nivel insuficiente alcanzando un 41,3%, superando el promedio nacional y reafirmando la existencia de brechas de aprendizaje de alta complejidad. El nivel elemental (41%) constituye unaalerta para los equipos docentes y directivos, quienes deben diseñar acciones de mejora orientadas a reforzar contenidos, adaptar apoyos y revisar las estrategias pedagógicas implementadas. Finalmente, la Dra. Rojas enfatiza que la educación es una responsabilidad compartida que incide directamente en el progreso y desarrollo del país, por lo que la comunicación de los resultados del SIMCE no debe ser únicamente global. Los resultados en Antofagasta exigen una acción coordinada de colegios, familias y autoridades para revertir esta tendencia y asegurar el desarrollo de competencias matemáticas esenciales en los estudiantes.
La Universidad de Antofagasta confirmó un complejo escenario institucional y financiero tras la reunión sostenida entre el Consejo Universitario y el superintendente de Educación Superior, Dr. José Miguel Salazar Zegers. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los compromisos exigidos por la Superintendencia, constatándose que cuatro de las cinco medidas requeridas no han sido ejecutadas en su totalidad, lo que revela una crisis estructural que se arrastra desde hace años. Según las proyecciones financieras, la institución enfrenta un déficit cercano a los $9.000 millones. De no aplicarse medidas profundas y correctivas, este escenario podría derivar en un incumplimiento financiero durante el primer semestre de 2026, lo que abriría la puerta a una intervención externa obligatoria. Ante esta situación, la Universidad anunció que será necesario implementar decisiones drásticas de carácter estructural, con un proceso de reestructuración institucional que deberá definirse en un plazo máximo de tres meses. Este proceso incluirá ajustes académicos, administrativos y financieros orientados a asegurar la sostenibilidad de la institución. La rectoría enfatizó que cualquier decisión deberá construirse con participación activa de la comunidad universitaria, bajo un enfoque triestamental que garantice legitimidad y cohesión interna. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el diálogo y la responsabilidad institucional, destacando que el momento actual exige unidad y participación informada. La Universidad de Antofagasta comunicó que se informarán oportunamente los avances y medidas que se adopten durante este periodo crítico, con el objetivo de resguardar la continuidad del proyecto académico, la calidad formativa y su rol regional.
Un complejo escenario enfrenta la Universidad de Antofagasta luego que Rectoría oficializara, en el Consejo Universitario del lunes 24, la renuncia y salida de los funcionarios responsables del fallido proceso de postulación al Fondo de Infraestructura Universitaria (FIU), Etapa 2, del Ministerio de Ciencia. Un error formal dejó a la institución inhabilitada para competir por $12 mil millones destinados a fortalecer infraestructura científica y académica. La semana pasada, un grupo de consejeros inició un proceso formal para remover a los responsables directos del diseño y envío del proyecto: Jacqueline Cuevas, directora de Gestión de Investigación; Yecid Jiménez, director de Postgrado; y Marcelo Cortés, director del DIIT. A ellos se suma el Vicerrector de Investigación, Innovación y Postgrado, Carlos Portillo, quien también fue desvinculado tras un tenso intercambio verbal con consejeros durante la sesión. El hecho generó indignación pública. El gobernador regional, Ricardo Díaz, calificó la situación como “inadmisible” y un “bochorno”, enfatizando que el Gobierno Regional ya había aprobado los recursos en el CORE, apostando por fortalecer a la única universidad estatal de la región. Díaz añadió que el error refleja una falla grave en funciones habituales para cualquier institución de educación superior, exigiendo responsabilidades inmediatas. La crisis profundiza la tensión interna en la UA y abre interrogantes sobre su capacidad de gestión en proyectos estratégicos, justo en un periodo crucial para el desarrollo de la investigación y la innovación regional.
El SLEP Licancabur ha dado un paso fundamental para resguardar sus establecimientos con la puesta en marcha de un sistema integral de seguridad que incluye cámaras de alta tecnología y un robusto sistema de alarmas. La iniciativa, gestionada por Servicios Generales, contempló una inversión total de $171.029.451 para implementar tecnología de vigilancia de última generación en todo el territorio. Entre los equipos instalados se encuentran cámaras domo de visión 360° y cámaras bala, diseñadas para cubrir grandes distancias en exteriores, todas gestionadas a través de NVR, que permiten el almacenamiento de grabaciones, monitoreo en tiempo real y análisis inteligente. Estos equipos se complementan con sistemas de alarma equipados con sensores de movimiento y apertura, además de sirenas interiores y exteriores con respaldo 3G/4G . Esta redundancia tecnológica asegura alertas inmediatas y operación continua, incluso en caso de cortes de luz o interrupción de internet, mejorando significativamente la detección temprana y la respuesta oportuna. El pasado 26 de septiembre se puso en marcha la nueva Central de Monitoreo propia del SLEP Licancabur, equipada con personal especializado que opera en turnos rotativos para supervisar cámaras y alarmas de María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama y Tocopilla. Su función principal es mejorar la identificación de situaciones de riesgo, coordinar acciones con equipos directivos y, de ser necesario, activar el contacto con Seguridad Ciudadana o Carabineros. Además, gracias a un convenio vigente con la Municipalidad de Calama, se mantiene operativa la Central de Monitoreo que supervisa los establecimientos de dicha comuna. De esta manera, el territorio cuenta hoy con dos centrales operativas , ampliando la cobertura y fortaleciendo la protección en todas las comunas del Servicio. Uno de los logros más destacados es la llegada de esta tecnología avanzada a localidades históricamente aisladas y postergadas. Por primera vez, escuelas de Ollagüe, una de las comunas más aisladas del país, y establecimientos rurales de Atacama la Grande como Talabre, Socaire, Peine, Río Grande, Solor y Camar , cuentan con estándares de protección homologados. Ante esto, José Martínez Chiguay , director ejecutivo del SLEP Licancabur, enfatizó el compromiso institucional:En el SLEP Licancabur estamos tomando acción. No esperamos que ocurran emergencias para reaccionar; estamos implementando medidas concretas, tecnología avanzada y un trabajo coordinado con las instituciones para resguardar a nuestras comunidades educativas. La seguridad de nuestros estudiantes y funcionarios es una prioridad y seguiremos avanzando con decisión en esta línea. Finalmente, la implementación de este sistema integral no solo permitirá prevenir robos, accesos no autorizados y vandalismo, sino que también reducirá los tiempos de reacción ante emergencias, generará evidencia audiovisual crucial para procedimientos internos o policiales y reafirma el compromiso del SLEP Licancabur con el bienestar y la equidad territorial de sus comunidades educativas.
La Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y el Sindicato de Asistentes de la Educación han alcanzado un acuerdo satisfactorio en el proceso de negociación colectiva, marcando el cierre exitoso de la primera de su tipo bajo la actual administración. El convenio beneficiará a más de 1.700 socios y fue calificado por ambas partes como un reflejo del compromiso mutuo por el diálogo y la colaboración. El proceso se caracterizó por diversas instancias de conversación en las que se expusieron propuestas y puntos de vista con respeto, logrando acercar posiciones. El alcalde y presidente del Directorio de la CMDS, Sacha Razmilic, destacó la importancia del acuerdo: “Se llegó a acuerdo, las partes acercaron posiciones y en este caso el beneficio es para los trabajadores y sus familias. Miramos con mucho optimismo lo que va a ser el próximo año”. Por su parte, la presidenta del gremio, Juana Manque, expresó su satisfacción: “Siempre trabajamos en armonía y pensando en nuestros asociados. Estamos contentos porque tuvimos más del 70 % de aprobación de la negociación”. Manque señaló que las mejoras salariales contenidas en el acuerdo reflejan el trabajo realizado. En la misma línea, el secretario general ejecutivo de la Corporación Municipal, Jonathan Vergara, calificó la firma del convenio como ungran logro y un hito importante para cerrar el año 2025, asegurando que los 1.700 trabajadores se verán beneficiados por este resultado. Finalmente, la CMDS resaltó el compromiso y la disposición al diálogo demostrada por el sindicato, elementos que permitieron alcanzar un acuerdo que no solo mejora las condiciones de los colaboradores y potencia su bienestar, sino que también fortalece la confianza y el trabajo colaborativo en toda la comunidad laboral.
La publicación de los resultados del SIMCE 2024 ha generado, como cada año, un intenso debate nacional sobre la calidad de la educación en Chile, con la región de Antofagasta centrando la atención por sus bajos puntajes en la prueba de Matemática en comparación con el resto del país. Expertos advierten que más del 40% de los estudiantes de enseñanza básica y media en la región no alcanzan los niveles esperados en razonamiento matemático. Ante esto, la Dra. Oriana Rojas, profesora de Matemáticas, doctora en Planificación e Innovación Educativa y directora de la Fundación Educa-Acción, conversó con el medio Soy Antofagasta y subrayó que, aunque Chile figura entre los mejores resultados de matemáticas en la región latinoamericana,nuestro desempeño continúa muy por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE. Esta brecha evidencia una deuda educativa que exige una mirada crítica y sostenida sobre nuestras políticas. En el caso específico de Antofagasta, las diferencias respecto del promedio nacional, si bien leves,revelan una tendencia descendente en los niveles de logro a medida que se avanza en los ciclos escolares, señaló la Dra. Rojas. Este patrón sugiere la necesidad de fortalecer el acompañamiento pedagógico, la mediación docente y el fortalecimiento de experiencias de aprendizaje significativas. El análisis de los resultados detalla la gravedad del problema en los distintos niveles: En 4° básico, la proporción de estudiantes en el nivel insuficiente aumenta a un 36,3%, reflejando profundas brechas. El nivel elemental (38,3%) se mantiene estable, lo que implica que una parte significativa del alumnado solo puede resolver tareas simples y requiere apoyo constante. En 6° básico, la situación se agrava con el nivel insuficiente alcanzando un 41,3%, superando el promedio nacional y reafirmando la existencia de brechas de aprendizaje de alta complejidad. El nivel elemental (41%) constituye unaalerta para los equipos docentes y directivos, quienes deben diseñar acciones de mejora orientadas a reforzar contenidos, adaptar apoyos y revisar las estrategias pedagógicas implementadas. Finalmente, la Dra. Rojas enfatiza que la educación es una responsabilidad compartida que incide directamente en el progreso y desarrollo del país, por lo que la comunicación de los resultados del SIMCE no debe ser únicamente global. Los resultados en Antofagasta exigen una acción coordinada de colegios, familias y autoridades para revertir esta tendencia y asegurar el desarrollo de competencias matemáticas esenciales en los estudiantes.
