Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial la esperada Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, una normativa que busca fortalecer la seguridad, la prevención de la violencia y el bienestar al interior de los establecimientos educacionales del país. Entre sus principales disposiciones, la ley establece que los sostenedores de colegios podrán implementar recursos tecnológicos destinados a detectar armas u objetos peligrosos en el ingreso de los recintos educacionales. Dentro de estas herramientas se encuentran los detectores de metales u otros dispositivos que permitan identificar elementos que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios. La medida cobra especial relevancia en el actual contexto, luego del grave ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un alumno de 18 años protagonizó un violento hecho con arma blanca que terminó con la vida de una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas, generando conmoción en la comunidad educativa y a nivel nacional. Tras ese hecho, el Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la necesidad de adoptar medidas más estrictas para resguardar la seguridad en los establecimientos. En esa línea, señaló que será necesario avanzar en mecanismos de mayor control en el acceso a los colegios. “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, sostuvo el mandatario, agregando que algunas iniciativas se incorporarán en reglamentos y otras serán discutidas como proyectos de ley en el Congreso. Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que el ministerio ya trabaja en los reglamentos y orientaciones que acompañarán la implementación de la nueva ley, con el objetivo de que los establecimientos puedan avanzar en la aplicación de estas medidas de prevención. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la normativa, los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar recursos tecnológicos para detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos peligrosos, siempre que exista acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa. No obstante, la ley establece que estas medidas deberán aplicarse solo cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una acción proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos dentro del recinto educacional. La normativa también contempla otras medidas estructurales para mejorar la convivencia escolar. Entre ellas destaca la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con una vigencia de ocho años, que coordinará acciones junto a distintos ministerios, entre ellos Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género. Asimismo, se establece que todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deberán contar con un coordinador o coordinadora de convivencia escolar con dedicación exclusiva, con el fin de fortalecer la gestión preventiva y el acompañamiento a las comunidades educativas. La ley también incorpora la creación de un programa de bienestar socioemocional, orientado a apoyar a estudiantes y equipos educativos en materias de salud mental y convivencia. Esta iniciativa ya comenzó a implementarse de manera piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública de Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur. Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar en una política integral que permita prevenir hechos de violencia, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos educativos más seguros para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación en todo el país.
Con un fuerte énfasis en el talento de la Región de Antofagasta, Escondida | BHP comenzó su programa de Prácticas y Memorias 2026 con 35 estudiantes, de los cuales más del 80% es de la región, un hito para la mayor productora de cobre del mundo. Entre los seleccionados, un grupo proviene de las universidades de Antofagasta y Católica del Norte, participantes en iniciativas del Consorcio Heuma, programa de la compañía que prepara a los jóvenes para su futura etapa profesional. Otros egresaron del Colegio Técnico “Don Bosco”, Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”, Liceo “La Portada” de Antofagasta y del Liceo “Juan José Latorre” de Mejillones, establecimientos que forman parte del programa Código Futuro de Escondida y Fundación Minera Escondida, orientado al desarrollo de habilidades tecnológicas en los estudiantes. A ellos se suman también practicantes y memoristas provenientes de diversas casas de estudio del país. El vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP, Pablo Pisani, destacó que “este año, por primera vez, recibimos a estudiantes de liceos técnico-profesionales de Antofagasta y Mejillones que forman parte de nuestro programa de habilidades tecnológicas, Código Futuro. Es un logro que queremos resaltar y celebrar, porque estamos fortaleciendo los conocimientos de las nuevas generaciones de mineros y mineras. Felicitamos a cada uno de los estudiantes por este paso tan importante, que amplía sus oportunidades de desarrollo académico y los acerca tempranamente a la industria”. Los estudiantes se integrarán a las Gerencias Generales de Concentradoras, Cátodos, Operaciones Mina, Infraestructuras y Servicios y Operaciones Integradas, como también a las áreas funcionales de Tecnología, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en las que aprenderán sobre los procesos y la cultura de trabajo de la compañía. Sobre su ingreso, la estudiante del Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”, Sofía Gallegos, expresó que “cuando supe que fui seleccionada fue increíble, no me lo creía. Me siento muy feliz por esta oportunidad, porque me esforcé mucho para poder aplicar mis conocimientos y que sea en la mayor productora de cobre del mundo es mucho más significativo aún”. En tanto, el estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Antofagasta, Felipe Guerra, expresó que “estoy muy feliz y motivado de conocer a los equipos y de los procesos que son parte de esta operación. Es muy valorable que se estén entregando oportunidades a más jóvenes de la Región de Antofagasta porque estamos preparados para ser parte de la industria”. Con este programa, la compañía impulsa el desarrollo de talento regional, generando oportunidades de aprendizaje y formación para nuevas generaciones vinculadas a la minería.
Con amplio respaldo político, la Sala del Senado aprobó este martes el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con 30 votos a favor, ninguna votación en contra y una abstención. Con este resultado, la iniciativa quedó lista para ser despachada a ley, a la espera de la revisión del Tribunal Constitucional. El informe, previamente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, resolvió seis puntos clave que generaban diferencias durante la tramitación, entre ellos las condiciones laborales para docentes y asistentes de la educación, la creación de consejos escolares en establecimientos con aporte estatal, la definición formal de acoso escolar y la actualización de los planes de gestión de convivencia educativa. Asimismo, se incorporaron ajustes a los reglamentos internos, la autorización para el uso de tecnologías de detección de armas u objetos peligrosos y la restitución de la declaración de intereses y patrimonio para integrantes del Consejo de Bienestar Socioemocional Escolar. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación del proyecto, destacando su carácter estructural. “Chile necesita esta ley. Nuestro sistema educativo la requiere con urgencia, porque cuando los climas escolares no son adecuados, los aprendizajes se ven seriamente afectados”, señaló la autoridad, subrayando que la iniciativa no solo apunta al respeto y la dignidad, sino también a la mejora de la calidad educativa. La nueva Ley de Convivencia Escolar tiene como objetivo prevenir y erradicar el acoso, la discriminación y la violencia en los establecimientos educacionales, fortaleciendo el rol del Estado en la promoción del buen trato y la protección de los derechos de niños, niñas y estudiantes. Entre las principales medidas se contempla la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa con un plan de acción a ocho años, la incorporación obligatoria de coordinadores de convivencia con dedicación exclusiva en colegios con financiamiento estatal, la actualización de reglamentos internos con enfoque preventivo y el fortalecimiento de la Superintendencia de Educación y de los sistemas de monitoreo. Además, se implementará un programa de bienestar socioemocional que ya se encuentra en fase piloto en distintos servicios locales de educación pública del país.
La Universidad de Antofagasta confirmó un complejo escenario institucional y financiero tras la reunión sostenida entre el Consejo Universitario y el superintendente de Educación Superior, Dr. José Miguel Salazar Zegers. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los compromisos exigidos por la Superintendencia, constatándose que cuatro de las cinco medidas requeridas no han sido ejecutadas en su totalidad, lo que revela una crisis estructural que se arrastra desde hace años. Según las proyecciones financieras, la institución enfrenta un déficit cercano a los $9.000 millones. De no aplicarse medidas profundas y correctivas, este escenario podría derivar en un incumplimiento financiero durante el primer semestre de 2026, lo que abriría la puerta a una intervención externa obligatoria. Ante esta situación, la Universidad anunció que será necesario implementar decisiones drásticas de carácter estructural, con un proceso de reestructuración institucional que deberá definirse en un plazo máximo de tres meses. Este proceso incluirá ajustes académicos, administrativos y financieros orientados a asegurar la sostenibilidad de la institución. La rectoría enfatizó que cualquier decisión deberá construirse con participación activa de la comunidad universitaria, bajo un enfoque triestamental que garantice legitimidad y cohesión interna. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el diálogo y la responsabilidad institucional, destacando que el momento actual exige unidad y participación informada. La Universidad de Antofagasta comunicó que se informarán oportunamente los avances y medidas que se adopten durante este periodo crítico, con el objetivo de resguardar la continuidad del proyecto académico, la calidad formativa y su rol regional.
Este miércoles fue publicada en el Diario Oficial la esperada Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, una normativa que busca fortalecer la seguridad, la prevención de la violencia y el bienestar al interior de los establecimientos educacionales del país. Entre sus principales disposiciones, la ley establece que los sostenedores de colegios podrán implementar recursos tecnológicos destinados a detectar armas u objetos peligrosos en el ingreso de los recintos educacionales. Dentro de estas herramientas se encuentran los detectores de metales u otros dispositivos que permitan identificar elementos que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios. La medida cobra especial relevancia en el actual contexto, luego del grave ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un alumno de 18 años protagonizó un violento hecho con arma blanca que terminó con la vida de una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas, generando conmoción en la comunidad educativa y a nivel nacional. Tras ese hecho, el Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la necesidad de adoptar medidas más estrictas para resguardar la seguridad en los establecimientos. En esa línea, señaló que será necesario avanzar en mecanismos de mayor control en el acceso a los colegios. “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, sostuvo el mandatario, agregando que algunas iniciativas se incorporarán en reglamentos y otras serán discutidas como proyectos de ley en el Congreso. Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que el ministerio ya trabaja en los reglamentos y orientaciones que acompañarán la implementación de la nueva ley, con el objetivo de que los establecimientos puedan avanzar en la aplicación de estas medidas de prevención. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la normativa, los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar recursos tecnológicos para detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos peligrosos, siempre que exista acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa. No obstante, la ley establece que estas medidas deberán aplicarse solo cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una acción proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos dentro del recinto educacional. La normativa también contempla otras medidas estructurales para mejorar la convivencia escolar. Entre ellas destaca la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con una vigencia de ocho años, que coordinará acciones junto a distintos ministerios, entre ellos Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género. Asimismo, se establece que todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deberán contar con un coordinador o coordinadora de convivencia escolar con dedicación exclusiva, con el fin de fortalecer la gestión preventiva y el acompañamiento a las comunidades educativas. La ley también incorpora la creación de un programa de bienestar socioemocional, orientado a apoyar a estudiantes y equipos educativos en materias de salud mental y convivencia. Esta iniciativa ya comenzó a implementarse de manera piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública de Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur. Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar en una política integral que permita prevenir hechos de violencia, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos educativos más seguros para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación en todo el país.
Con un fuerte énfasis en el talento de la Región de Antofagasta, Escondida | BHP comenzó su programa de Prácticas y Memorias 2026 con 35 estudiantes, de los cuales más del 80% es de la región, un hito para la mayor productora de cobre del mundo. Entre los seleccionados, un grupo proviene de las universidades de Antofagasta y Católica del Norte, participantes en iniciativas del Consorcio Heuma, programa de la compañía que prepara a los jóvenes para su futura etapa profesional. Otros egresaron del Colegio Técnico “Don Bosco”, Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”, Liceo “La Portada” de Antofagasta y del Liceo “Juan José Latorre” de Mejillones, establecimientos que forman parte del programa Código Futuro de Escondida y Fundación Minera Escondida, orientado al desarrollo de habilidades tecnológicas en los estudiantes. A ellos se suman también practicantes y memoristas provenientes de diversas casas de estudio del país. El vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP, Pablo Pisani, destacó que “este año, por primera vez, recibimos a estudiantes de liceos técnico-profesionales de Antofagasta y Mejillones que forman parte de nuestro programa de habilidades tecnológicas, Código Futuro. Es un logro que queremos resaltar y celebrar, porque estamos fortaleciendo los conocimientos de las nuevas generaciones de mineros y mineras. Felicitamos a cada uno de los estudiantes por este paso tan importante, que amplía sus oportunidades de desarrollo académico y los acerca tempranamente a la industria”. Los estudiantes se integrarán a las Gerencias Generales de Concentradoras, Cátodos, Operaciones Mina, Infraestructuras y Servicios y Operaciones Integradas, como también a las áreas funcionales de Tecnología, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en las que aprenderán sobre los procesos y la cultura de trabajo de la compañía. Sobre su ingreso, la estudiante del Liceo Industrial “Eulogio Gordo Moneo”, Sofía Gallegos, expresó que “cuando supe que fui seleccionada fue increíble, no me lo creía. Me siento muy feliz por esta oportunidad, porque me esforcé mucho para poder aplicar mis conocimientos y que sea en la mayor productora de cobre del mundo es mucho más significativo aún”. En tanto, el estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Antofagasta, Felipe Guerra, expresó que “estoy muy feliz y motivado de conocer a los equipos y de los procesos que son parte de esta operación. Es muy valorable que se estén entregando oportunidades a más jóvenes de la Región de Antofagasta porque estamos preparados para ser parte de la industria”. Con este programa, la compañía impulsa el desarrollo de talento regional, generando oportunidades de aprendizaje y formación para nuevas generaciones vinculadas a la minería.
Con amplio respaldo político, la Sala del Senado aprobó este martes el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con 30 votos a favor, ninguna votación en contra y una abstención. Con este resultado, la iniciativa quedó lista para ser despachada a ley, a la espera de la revisión del Tribunal Constitucional. El informe, previamente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, resolvió seis puntos clave que generaban diferencias durante la tramitación, entre ellos las condiciones laborales para docentes y asistentes de la educación, la creación de consejos escolares en establecimientos con aporte estatal, la definición formal de acoso escolar y la actualización de los planes de gestión de convivencia educativa. Asimismo, se incorporaron ajustes a los reglamentos internos, la autorización para el uso de tecnologías de detección de armas u objetos peligrosos y la restitución de la declaración de intereses y patrimonio para integrantes del Consejo de Bienestar Socioemocional Escolar. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación del proyecto, destacando su carácter estructural. “Chile necesita esta ley. Nuestro sistema educativo la requiere con urgencia, porque cuando los climas escolares no son adecuados, los aprendizajes se ven seriamente afectados”, señaló la autoridad, subrayando que la iniciativa no solo apunta al respeto y la dignidad, sino también a la mejora de la calidad educativa. La nueva Ley de Convivencia Escolar tiene como objetivo prevenir y erradicar el acoso, la discriminación y la violencia en los establecimientos educacionales, fortaleciendo el rol del Estado en la promoción del buen trato y la protección de los derechos de niños, niñas y estudiantes. Entre las principales medidas se contempla la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa con un plan de acción a ocho años, la incorporación obligatoria de coordinadores de convivencia con dedicación exclusiva en colegios con financiamiento estatal, la actualización de reglamentos internos con enfoque preventivo y el fortalecimiento de la Superintendencia de Educación y de los sistemas de monitoreo. Además, se implementará un programa de bienestar socioemocional que ya se encuentra en fase piloto en distintos servicios locales de educación pública del país.
La Universidad de Antofagasta confirmó un complejo escenario institucional y financiero tras la reunión sostenida entre el Consejo Universitario y el superintendente de Educación Superior, Dr. José Miguel Salazar Zegers. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los compromisos exigidos por la Superintendencia, constatándose que cuatro de las cinco medidas requeridas no han sido ejecutadas en su totalidad, lo que revela una crisis estructural que se arrastra desde hace años. Según las proyecciones financieras, la institución enfrenta un déficit cercano a los $9.000 millones. De no aplicarse medidas profundas y correctivas, este escenario podría derivar en un incumplimiento financiero durante el primer semestre de 2026, lo que abriría la puerta a una intervención externa obligatoria. Ante esta situación, la Universidad anunció que será necesario implementar decisiones drásticas de carácter estructural, con un proceso de reestructuración institucional que deberá definirse en un plazo máximo de tres meses. Este proceso incluirá ajustes académicos, administrativos y financieros orientados a asegurar la sostenibilidad de la institución. La rectoría enfatizó que cualquier decisión deberá construirse con participación activa de la comunidad universitaria, bajo un enfoque triestamental que garantice legitimidad y cohesión interna. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el diálogo y la responsabilidad institucional, destacando que el momento actual exige unidad y participación informada. La Universidad de Antofagasta comunicó que se informarán oportunamente los avances y medidas que se adopten durante este periodo crítico, con el objetivo de resguardar la continuidad del proyecto académico, la calidad formativa y su rol regional.
