Fiscalía de O’Higgins solicita formalización del alcalde de Rancagua por delitos de corrupción
El fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad O’Higgins impulsó la formalización del alcalde y cuatro imputados, incluidos empresarios. Audiencia fijada para el 9 de abril.
La Fiscalía Regional de O’Higgins puso en marcha medidas urgentes para la formalización del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, quien enfrenta una investigación penal por presuntos delitos de corrupción. Entre los cargos que se le imputan se encuentran fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y lavado de activos.
El proceso fue impulsado por el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad O’Higgins, quien solicitó la formalización del jefe comunal junto con otros cuatro imputados, entre ellos empresarios de la región. La fecha fijada para la formalización ante el Juzgado de Garantía de Rancagua es el próximo martes 9 de abril.
Esta decisión judicial surge tras el rechazo previo, el pasado 19 de marzo, de la solicitud de la Fiscalía para la detención de los imputados. Ante ello, se solicitó de manera urgente al tribunal a considerar la gravedad de los hechos investigados, los montos asociados a las presuntas defraudaciones, el número de delitos y las penas asignadas a estos crímenes.
La investigación se originó hace un año, cuando Radio Bío Bío dio a conocer la solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad al Tribunal de Garantía de Rancagua, la cual incluía órdenes de entrada y registro a diez inmuebles. Entre los lugares allanados se encontraban el domicilio del alcalde Godoy, así como dependencias de la Municipalidad de Rancagua, empresas privadas y la Corporación Municipal Educacional.
Estos registros se llevaron a cabo a raíz de un informe de Contraloría que reveló irregularidades en licitaciones y contrataciones de servicios, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público.
Con base en esta indagatoria, la Fiscalía imputará a los acusados diversos delitos, entre ellos fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho, soborno y lavado de activos.
31 de julio de 2026
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