Tribunal Constitucional suspende juicios tras acción del Gobierno por el Caso Dominga

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el marco de la controversia que rodea al proyecto minero-portuario Dominga. La Segunda Sala del TC tomó la decisión con tres votos a favor y dos en contra, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales que se tramitaban ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA), según información de Pulso de La Tercera.

Ante esto, el gobierno elevó este requerimiento el pasado 23 de marzo, luego de que el 1TA ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga. La administración argumenta que el tribunal ambiental se extralimitó en sus facultades, ya que, según la ley, las decisiones en materia ambiental son de exclusiva competencia del Comité de Ministros.

Asimismo, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, enfatizó que el gobierno está "utilizando las herramientas que nos da la Constitución para garantizar el Estado de derecho". En una línea similar, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, destacó que el TC es el organismo competente para resolver la interpretación sobre los límites entre las competencias administrativas y judiciales.

En su resolución del 15 de abril, el TC determinó que el requerimiento gubernamental cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su Ley Orgánica. Adicionalmente, el tribunal argumentó que la continuidad de los procedimientos judiciales podría generar un "daño irreparable", motivo por el cual se decretó su suspensión provisoria.

Ahora bien, la admisión del recurso contó con el respaldo de las ministras Nancy Yáñez y María Pía Silva, así como del ministro Mario Gómez Montoya. En contraposición, los ministros Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas votaron en rechazo, al considerar que no se cumplían las condiciones necesarias para acoger a trámite la solicitud del Ejecutivo.

Desde Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto Dominga, calificaron la acción del gobierno como "una nueva maniobra dilatoria". La compañía sostiene que el fallo del 1TA buscaba simplemente asegurar el cumplimiento de una sentencia emitida en diciembre de 2024, y solicitó al SEA modificar el estatus del proyecto a "aprobado".

Finalmente, este caso continúa escalando la tensión entre los poderes del Estado, y se espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie en el futuro cercano sobre los límites de las competencias entre los diversos órganos involucrados en la tramitación del proyecto Dominga.