Municipio de Calama anuncia acción judicial para frenar avance de SLEP Licancabur
Buscan evitar una crisis el próximo año por la implementación del servicio de educación pública, según el alcalde Chamorro. Más municipios del norte podrían sumarse al recurso.
Este lunes el Concejo Municipal realizado en Calama contó con la participación de diferentes sindicatos de funcionarios involucrados en la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) y representantes del Colegio de Profesores, para manifestar su desconfianza en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), insituciones que reemplazarán a los municipios como organismos responsables de la educación.
En específico, el SLEP Lincancabur abarca las comunas de Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena, servicio que comenzó a funcionar el 2022, cuya implementación en enero del 2024, los dejaría a cargo de 60 establecimientos entre escuelas y liceos, además de 10 jardines infantiles.
A juicio del alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, con el apoyo de los funcionarios, el nuevo organismo reduce de manera significativa la cantidad de trabajadores provocando cesantía y poniendo en duda la calidad del servicio que hasta ahora brinda, Comdes.
De esta manera, tras el Concejo Municipal anunciaron que interpondrán un recurso de protección para intentar frenar la implementación del SLEP Licancabur. Acción judicial a la cual podrían sumarse otros municipios del norte.
"Como equipo municipal a través de nuestra Corporación (Comdes) hemos tenido el dominio del equipo técnico en varias sesiones (concejo municipal). En resumidas cuentas, no estamos conformes con las condiciones que se nos están entregando. Hay situaciones que no han sido todavía clarificadas, entre ellos por ejemplo el fuero maternal", explica el alcalde de Calama.
Sobre el dinero que implicarían los despidos de funcionarios, Chamorro, añade "no puede ser que no tengamos garantías de los recursos financieros, quizás proyectados desde el punto de vista de la indemnización, que son más de $2 mil millones de pesos".
"Tampoco el servicio de transporte público de nuestros niños para todo el sector poniente de nuestra ciudad. No tenemos garantizado a gran escala, por ejemplo las negociaciones colectivas que nos da el municipio a través del convenio que socorre a nuestros profesores", detalla el edil.
La autoridad comunal, manifiesta "estamos de acuerdo con la educación pública, queremos la educación pública. Por supuesto que sí, pero no estamos de acuerdo con la arquitectura de la contribución, porque esto genera cesantía (...) hay gente que va a perder la pega, que no puede acceder a los concursos cerrados que se están desarrollando a través del SLEP".
"No queremos que esto sea réplica de lo que pasa en Atacama y otras ciudades, donde además a raíz de otras institucionalidades que se han implementado a nivel país, los indicadores educativos no han aumentado. Es una realidad que tenemos que enfrentar", advierte el alcalde.
En cuanto a la acción judicial, Chamorro señala "a través de un acuerdo, tomamos la decisión de que vamos a interponer un recurso de protección judicial para postergar, para congelar, la implementación del SLEP, que es el servicio Lincancabur en nuestra provincia y territorio".
Frente a la inseguridad que esta decisión podría generar en la comunidad a pocos meses del 2024, la autoridad comunal responde "es un favor lo que estamos haciendo, porque queremos evitar una situación de crisis el próximo año académico. Los beneficios que han logrado nuestros trabajadores en negociaciones colectivas, como garantía no existen, no hay ningún documento oficial".
Chamorro añade que esta recurso de protección podría volverse una acción judicial conjunta con otras municipalidades. "El viernes tenemos una reunión con los alcaldes del norte y desde el punto de vista regional, tenemos un preacuerdo, que vamos a interponer un recurso de protección todos los alcaldes que están pasando por esta situación".
"En el caso de la Provincia de El Loa lo estamos viviendo ahora y en el caso de la Provincia de Antofagasta, su proceso comienza el próximo año", cierra el alcalde.
el lunes pasado a las 14:10
el lunes pasado a las 14:10
11 de agosto de 2026
La víctima, una joven de 21 años, se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Antofagasta tras ser atropellada en la vía pública.
La Seremi de Salud detectó que en 9 de 11 fiscalizaciones a locales de venta de juguetes se incumplía la normativa vigente en materia de seguridad y etiquetado.
La justicia rechazó fijar la audiencia solicitada por la defensa de la exalcaldesa, al no existir aún un informe favorable de Gendarmería, requisito clave para evaluar la libertad vigilada intensiva.
Los casos corresponden a la ballena jorobada que fue encontrada con una red de pesca en Hornitos, mientras que la otra corresponde a un lobo marino que apareció con heridas atribuibles a la acción humana.
Se dispondrán de horarios de dos funcionamiento; hasta las 4:00 de la madrugada para locales de sectores ubicados fuera de la ciudad y hasta la 01:00 horas en zonas residenciales.
Se constataron una serie de deficiencias como falta de operadores con certificación; fugas y corrosión en tuberías; y filtraciones activas en líneas de agua.
La imputada ofrecía obtener departamentos mediante gestiones especiales a cambio de dinero. Utilizaba documentos falsos y aseguraba tener apoyo de una supuesta funcionaria de Serviu.
Dirigente del TransAntofagasta acusa fallas en la validación de tarjetas, perjuicios a usuarios y conductores, y pide restablecer temporalmente el pago en efectivo.
El servicio ofició a la empresa tras recibir casi 40 reclamos por parte de los usuarios, quienes acusan cobros irregulares, descuentos duplicados y transacciones que no reconocen.
Los establecimientos quedaron entre los resultados más bajos en el ranking de gestión elaborado por el Ministerio de Salud, donde fueron evaluados 62 hospitales a nivel nacional.
La nueva infraestructura, diseñada bajo los estándares de la Ley de Accesibilidad Universal, incorpora una rampa de 160 metros, espacios de descanso y mobiliario urbano, promoviendo un acceso más inclusivo, seguro y equitativo para toda la comunidad universitaria.
