Municipio de Calama anuncia acción judicial para frenar avance de SLEP Licancabur

Este lunes el Concejo Municipal realizado en Calama contó con la participación de diferentes sindicatos de funcionarios involucrados en la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) y representantes del Colegio de Profesores, para manifestar su desconfianza en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), insituciones que reemplazarán a los municipios como organismos responsables de la educación.

En específico, el SLEP Lincancabur abarca las comunas de Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena, servicio que comenzó a funcionar el 2022, cuya implementación en enero del 2024, los dejaría a cargo de 60 establecimientos entre escuelas y liceos, además de 10 jardines infantiles. 

A juicio del alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, con el apoyo de los funcionarios, el nuevo organismo reduce de manera significativa la cantidad de trabajadores provocando cesantía y poniendo en duda la calidad del servicio que hasta ahora brinda, Comdes.

De esta manera, tras el Concejo Municipal anunciaron que interpondrán un recurso de protección para intentar frenar la implementación del SLEP Licancabur. Acción judicial a la cual podrían sumarse otros municipios del norte.

"Como equipo municipal a través de nuestra Corporación (Comdes) hemos tenido el dominio del equipo técnico en varias sesiones (concejo municipal). En resumidas cuentas, no estamos conformes con las condiciones que se nos están entregando. Hay situaciones que no han sido todavía clarificadas, entre ellos por ejemplo el fuero maternal", explica el alcalde de Calama.

Sobre el dinero que implicarían los despidos de funcionarios, Chamorro, añade "no puede ser que no tengamos garantías de los recursos financieros, quizás proyectados desde el punto de vista de la indemnización, que son más de $2 mil millones de pesos".

"Tampoco el servicio de transporte público de nuestros niños para todo el sector poniente de nuestra ciudad. No tenemos garantizado a gran escala, por ejemplo las negociaciones colectivas que nos da el municipio a través del convenio que socorre a nuestros profesores", detalla el edil.

La autoridad comunal, manifiesta "estamos de acuerdo con la educación pública, queremos la educación pública. Por supuesto que sí, pero no estamos de acuerdo con la arquitectura de la contribución, porque esto genera cesantía (...) hay gente que va a perder la pega, que no puede acceder a los concursos cerrados que se están desarrollando a través del SLEP".

"No queremos que esto sea réplica de lo que pasa en Atacama y otras ciudades, donde además a raíz de otras institucionalidades que se han implementado a nivel país, los indicadores educativos no han aumentado. Es una realidad que tenemos que enfrentar", advierte el alcalde.

En cuanto a la acción judicial, Chamorro señala "a través de un acuerdo, tomamos la decisión de que vamos a interponer un recurso de protección judicial para postergar, para congelar, la implementación del SLEP, que es el servicio Lincancabur en nuestra provincia y territorio".

Frente a la inseguridad que esta decisión podría generar en la comunidad a pocos meses del 2024, la autoridad comunal responde "es un favor lo que estamos haciendo, porque queremos evitar una situación de crisis el próximo año académico. Los beneficios que han logrado nuestros trabajadores en negociaciones colectivas, como garantía no existen, no hay ningún documento oficial".

Chamorro añade que esta recurso de protección podría volverse una acción judicial conjunta con otras municipalidades. "El viernes tenemos una reunión con los alcaldes del norte y desde el punto de vista regional, tenemos un preacuerdo, que vamos a interponer un recurso de protección todos los alcaldes que están pasando por esta situación".

"En el caso de la Provincia de El Loa lo estamos viviendo ahora y en el caso de la Provincia de Antofagasta, su proceso comienza el próximo año", cierra el alcalde.