Gobierno argentino busca instalar alambrado con púas en la frontera con Bolivia
La propuesta contempla 200 metros de valla en la localidad de Salta, para evitar el ingreso irregular de migrantes.
Durante la última jornada, el Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, anunció el levantamiento de una valla de alambrado con púas en la frontera que separa su territorio con Bolivia, con la finalidad de evitar el ingreso irregular de migrantes a suelo trasandino.
La medida, que es parte del plan “Fronteras Blindadas” del Ministerio de Seguridad, tiene como objetivo reforzar el control en la zona, por lo que, de concretarse, el enrejado se extendería por 200 metros en el paso fronterizo emplazado en la localidad de Salta.
El alambrado, de 2,5 metros de altura, conectará la oficina de migraciones argentina con la terminal de buses de Aguas Blancas, forzando a las personas a transitar por los pasos habilitados.
Según el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, el objetivo es reforzar los controles migratorios y frenar los cruces irregulares que suelen ocurrir por el río Bermejo. “Muchas personas cruzan hacia Bolivia sin pasar por los controles migratorios, y con la valla se obligará a que lo hagan por los puntos habilitados”, afirmó la autoridad.
La respuesta por parte del Gobierno boliviano no se hizo esperar y fue el Ministerio de Relaciones Exteriores quien expresó su preocupación frente al anuncio argentino.
“Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”, señaló la Cancillería del país altiplánico.
Además, el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, pidió la intervención de organismos internacionales como la ONU y la OEA, señalando que esta medida podría violar tratados internacionales.
Con todo, cabe puntualizar que adicionalmente, el plan incluye el despliegue de 310 efectivos de fuerzas federales en áreas consideradas críticas, como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la “ruta de la droga”.
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