Durante la última jornada, el Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, anunció el levantamiento de una valla de alambrado con púas en la frontera que separa su territorio con Bolivia, con la finalidad de evitar el ingreso irregular de migrantes a suelo trasandino. La medida, que es parte del plan “Fronteras Blindadas” del Ministerio de Seguridad, tiene como objetivo reforzar el control en la zona, por lo que, de concretarse, el enrejado se extendería por 200 metros en el paso fronterizo emplazado en la localidad de Salta. El alambrado, de 2,5 metros de altura, conectará la oficina de migraciones argentina con la terminal de buses de Aguas Blancas, forzando a las personas a transitar por los pasos habilitados. Según el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, el objetivo es reforzar los controles migratorios y frenar los cruces irregulares que suelen ocurrir por el río Bermejo. “Muchas personas cruzan hacia Bolivia sin pasar por los controles migratorios, y con la valla se obligará a que lo hagan por los puntos habilitados”, afirmó la autoridad. La respuesta por parte del Gobierno boliviano no se hizo esperar y fue el Ministerio de Relaciones Exteriores quien expresó su preocupación frente al anuncio argentino. “Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”, señaló la Cancillería del país altiplánico. Además, el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, pidió la intervención de organismos internacionales como la ONU y la OEA, señalando que esta medida podría violar tratados internacionales. Con todo, cabe puntualizar que adicionalmente, el plan incluye el despliegue de 310 efectivos de fuerzas federales en áreas consideradas críticas, como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la “ruta de la droga”.
La jornada del presente miércoles, la Sala Penal de la Corte Suprema desestimó la solicitud de extradición de Pablo Muñoz Hoffman, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) , quien había sido detenido el 6 de enero pasado en Bolivia. Recordemos, que el otrora frentista estuvo prófugo de la justicia durante 28 años, tras protagonizar junto a otros tres integrantes del movimiento, el escape de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago (CAS) el 30 de diciembre de 1996, escapando en un canasto colgante de un helicóptero. En ese contexto, su captura en el país altiplánico fue ejecutada gracias a una Notificación Roja de Interpol Santiago y dos órdenes de detención pendientes por infracción a la Ley de Armas, secuestro y fuga. Inicialmente, las autoridades bolivianas planearon su expulsión, pero lo liberaron al día siguiente, argumentando que no se había formalizado un pedido de extradición desde Chile. Con esto en consideración, el máximo tribunal indicó que pese a existir un tratado de extradición vigente con Bolivia, no procede activar la solicitud debido a que “la acción penal respecto de los ilícitos fundantes no debe estar prescrita”. “Déjese sin efecto la orden de detención para efectos de extradición dispuesta mediante resolución de 8 de enero del año en curso”, complementa el dictamen. Sobre la prescripción, se resolvió que ha transcurrido con creces el plazo para entender como prescrita la acción penal, toda vez que desde la época de ocurrencia de los hechos han transcurrido 33 años y desde el cese de la persecución penal, lo han hecho 28, estipula el fallo. Para concluir, el texto repara en los acuerdos suscritos por países de esta parte del mundo, aludiendo al Tratado de Extradición aplicable al Mercosur, la acción penal respecto de los ilícitos fundantes no debe estar prescrita, cuestión que, conforme fue demostrada en la motivación precedente, no asiste en el caso concreto, debiendo a causa de lo anterior, declararse la improcedencia de la solicitud de extradición activa en estudio, fustigó el escrito.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, explicó este domingo el reciente acuerdo migratorio con Bolivia y respondió a críticas por su supuesta tardanza. En entrevista con Mega, destacó que se trata de un hito inédito tras meses de diálogo entre los ministerios del Interior de ambos países. El pacto incluye tres acuerdos clave: Tarjeta transfronteriza: Permitirá regular el tránsito de personas en localidades fronterizas, facilitando actividades comerciales y educativas entre comunidades de ambos lados, como en Colchane. Lucha contra el contrabando: Ambos países trabajarán para combatir el contrabando, desde vehículos robados en Chile hasta cigarrillos, que también afectan a Bolivia. Devoluciones de migrantes: Bolivia aceptará el retorno de migrantes de terceros países que hayan transitado o residido allí antes de ingresar irregularmente a Chile. Cordero resaltó que este acuerdo busca fortalecer el control fronterizo y combatir delitos como trata de personas y tráfico de migrantes. Si bien algunos parlamentarios, como el diputado Sebastián Videla, calificaron el acuerdo como tardío, el subsecretario defendió su relevancia. Las organizaciones criminales operan transnacionalmente, por lo que los países deben colaborar de manera integrada, afirmó. El subsecretario concluyó que este acuerdo beneficia a ambos países al abordar con mayor eficacia la gestión de sus fronteras.
Este viernes, Chile y Bolivia firmaron un acuerdo de cooperación migratoria sobre el retorno o reingreso de migrantes irregulares. Este pacto, que abarca tanto a ciudadanos de chilenos, bolivianos, así como de terceros países, establece nuevas medidas para gestionar la entrada irregular de personas a ambos territorios. A través de un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior calificó el acuerdo como “un paso histórico” y detallaron que consiste en la cooperación migratoria sobre retorno o reingreso de migrantes irregulares. Además, el tratado regirá tanto para personas chilenas, bolivianas o extranjeras que intenten ingresar de manera irregular a los territorios de Chile y/o Bolivia. Esto considerando que, hasta ahora, el país altiplánico no permitía el retorno o reingreso de personas no bolivianas, de terceros países. Por otra parte, el documento incluye dos convenios adicionales orientados a combatir el contrabando y regular el tránsito de habitantes de zonas fronterizas. El proceso de retorno o reingreso de migrantes irregulares funcionará de la siguiente manera: si Carabineros o el Ejército detectan a un ciudadano boliviano o extranjero dentro de los 10 kilómetros desde la frontera hacia el interior de Chile, esta persona será trasladada a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), quien se encargará de entregarla a las autoridades bolivianas para su retorno, previa realización de un registro biométrico. Cabe indicar que, según cifras de la PDI, durante el año 2024 y a la fecha, los ingresos irregulares se han reducido en un 37% respecto a 2023 y en un 49% respecto de 2021. ¡Firmamos tres convenios de vital importancia entre Bolivia y Chile! Firmamos nuevos acuerdos de cooperación entre ambos países en temas de contrabando, migración y tránsito fronterizo. ¿De qué se tratan estos convenios: https://t.co/myVgaEkFGr pic.twitter.com/V5ZWbiVFSf — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) December 20, 2024
Durante la última jornada, el Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, anunció el levantamiento de una valla de alambrado con púas en la frontera que separa su territorio con Bolivia, con la finalidad de evitar el ingreso irregular de migrantes a suelo trasandino. La medida, que es parte del plan “Fronteras Blindadas” del Ministerio de Seguridad, tiene como objetivo reforzar el control en la zona, por lo que, de concretarse, el enrejado se extendería por 200 metros en el paso fronterizo emplazado en la localidad de Salta. El alambrado, de 2,5 metros de altura, conectará la oficina de migraciones argentina con la terminal de buses de Aguas Blancas, forzando a las personas a transitar por los pasos habilitados. Según el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, el objetivo es reforzar los controles migratorios y frenar los cruces irregulares que suelen ocurrir por el río Bermejo. “Muchas personas cruzan hacia Bolivia sin pasar por los controles migratorios, y con la valla se obligará a que lo hagan por los puntos habilitados”, afirmó la autoridad. La respuesta por parte del Gobierno boliviano no se hizo esperar y fue el Ministerio de Relaciones Exteriores quien expresó su preocupación frente al anuncio argentino. “Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”, señaló la Cancillería del país altiplánico. Además, el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, pidió la intervención de organismos internacionales como la ONU y la OEA, señalando que esta medida podría violar tratados internacionales. Con todo, cabe puntualizar que adicionalmente, el plan incluye el despliegue de 310 efectivos de fuerzas federales en áreas consideradas críticas, como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la “ruta de la droga”.
La jornada del presente miércoles, la Sala Penal de la Corte Suprema desestimó la solicitud de extradición de Pablo Muñoz Hoffman, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) , quien había sido detenido el 6 de enero pasado en Bolivia. Recordemos, que el otrora frentista estuvo prófugo de la justicia durante 28 años, tras protagonizar junto a otros tres integrantes del movimiento, el escape de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago (CAS) el 30 de diciembre de 1996, escapando en un canasto colgante de un helicóptero. En ese contexto, su captura en el país altiplánico fue ejecutada gracias a una Notificación Roja de Interpol Santiago y dos órdenes de detención pendientes por infracción a la Ley de Armas, secuestro y fuga. Inicialmente, las autoridades bolivianas planearon su expulsión, pero lo liberaron al día siguiente, argumentando que no se había formalizado un pedido de extradición desde Chile. Con esto en consideración, el máximo tribunal indicó que pese a existir un tratado de extradición vigente con Bolivia, no procede activar la solicitud debido a que “la acción penal respecto de los ilícitos fundantes no debe estar prescrita”. “Déjese sin efecto la orden de detención para efectos de extradición dispuesta mediante resolución de 8 de enero del año en curso”, complementa el dictamen. Sobre la prescripción, se resolvió que ha transcurrido con creces el plazo para entender como prescrita la acción penal, toda vez que desde la época de ocurrencia de los hechos han transcurrido 33 años y desde el cese de la persecución penal, lo han hecho 28, estipula el fallo. Para concluir, el texto repara en los acuerdos suscritos por países de esta parte del mundo, aludiendo al Tratado de Extradición aplicable al Mercosur, la acción penal respecto de los ilícitos fundantes no debe estar prescrita, cuestión que, conforme fue demostrada en la motivación precedente, no asiste en el caso concreto, debiendo a causa de lo anterior, declararse la improcedencia de la solicitud de extradición activa en estudio, fustigó el escrito.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, explicó este domingo el reciente acuerdo migratorio con Bolivia y respondió a críticas por su supuesta tardanza. En entrevista con Mega, destacó que se trata de un hito inédito tras meses de diálogo entre los ministerios del Interior de ambos países. El pacto incluye tres acuerdos clave: Tarjeta transfronteriza: Permitirá regular el tránsito de personas en localidades fronterizas, facilitando actividades comerciales y educativas entre comunidades de ambos lados, como en Colchane. Lucha contra el contrabando: Ambos países trabajarán para combatir el contrabando, desde vehículos robados en Chile hasta cigarrillos, que también afectan a Bolivia. Devoluciones de migrantes: Bolivia aceptará el retorno de migrantes de terceros países que hayan transitado o residido allí antes de ingresar irregularmente a Chile. Cordero resaltó que este acuerdo busca fortalecer el control fronterizo y combatir delitos como trata de personas y tráfico de migrantes. Si bien algunos parlamentarios, como el diputado Sebastián Videla, calificaron el acuerdo como tardío, el subsecretario defendió su relevancia. Las organizaciones criminales operan transnacionalmente, por lo que los países deben colaborar de manera integrada, afirmó. El subsecretario concluyó que este acuerdo beneficia a ambos países al abordar con mayor eficacia la gestión de sus fronteras.
Este viernes, Chile y Bolivia firmaron un acuerdo de cooperación migratoria sobre el retorno o reingreso de migrantes irregulares. Este pacto, que abarca tanto a ciudadanos de chilenos, bolivianos, así como de terceros países, establece nuevas medidas para gestionar la entrada irregular de personas a ambos territorios. A través de un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior calificó el acuerdo como “un paso histórico” y detallaron que consiste en la cooperación migratoria sobre retorno o reingreso de migrantes irregulares. Además, el tratado regirá tanto para personas chilenas, bolivianas o extranjeras que intenten ingresar de manera irregular a los territorios de Chile y/o Bolivia. Esto considerando que, hasta ahora, el país altiplánico no permitía el retorno o reingreso de personas no bolivianas, de terceros países. Por otra parte, el documento incluye dos convenios adicionales orientados a combatir el contrabando y regular el tránsito de habitantes de zonas fronterizas. El proceso de retorno o reingreso de migrantes irregulares funcionará de la siguiente manera: si Carabineros o el Ejército detectan a un ciudadano boliviano o extranjero dentro de los 10 kilómetros desde la frontera hacia el interior de Chile, esta persona será trasladada a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), quien se encargará de entregarla a las autoridades bolivianas para su retorno, previa realización de un registro biométrico. Cabe indicar que, según cifras de la PDI, durante el año 2024 y a la fecha, los ingresos irregulares se han reducido en un 37% respecto a 2023 y en un 49% respecto de 2021. ¡Firmamos tres convenios de vital importancia entre Bolivia y Chile! Firmamos nuevos acuerdos de cooperación entre ambos países en temas de contrabando, migración y tránsito fronterizo. ¿De qué se tratan estos convenios: https://t.co/myVgaEkFGr pic.twitter.com/V5ZWbiVFSf — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) December 20, 2024