La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó en entrevista con Antofagasta Televisión los principales desafíos de su rol en la Cámara Alta, la agenda legislativa nacional y la importancia de mantener presencia institucional en regiones, especialmente en zonas extremas y territorios estratégicos como la macrozona norte. La senadora por Antofagasta reconoció que asumir la presidencia del Senado ha significado una agenda altamente demandante, con sesiones, reuniones de comité y coordinación permanente entre las prioridades del Gobierno, el oficialismo y la oposición. En ese contexto, destacó la relevancia de trasladar el trabajo legislativo a las regiones, señalando que se ha propuesto que las comisiones del Senado sesionen al menos una vez en cada región del país durante su periodo. Núñez valoró la reciente visita a Arica, donde participó en una sesión de la Comisión de Zonas Extremas junto a senadores, ministros, autoridades locales y representantes de la sociedad civil. A su juicio, la presencia de las autoridades en terreno permite comprender de mejor manera las necesidades de las comunidades, como ocurre con demandas en salud, infraestructura y conectividad. En materia fronteriza, la presidenta del Senado destacó los avances del sistema de seguridad en la macrozona norte, incluyendo zanjas, cámaras infrarrojas, drones y presencia militar. Según indicó, estas medidas han permitido reducir en cerca de un 70% los ingresos irregulares, enfatizando que antes de aumentar expulsiones es clave evitar nuevos ingresos clandestinos al país. La parlamentaria también se refirió al debate por el levantamiento del secreto bancario, en el marco de investigaciones vinculadas al crimen organizado. Si bien afirmó que existe disposición a avanzar, sostuvo que debe mantenerse un control judicial para resguardar garantías, aunque con plazos más breves que permitan agilizar las diligencias. Además, abordó la megareforma de reconstrucción, indicando que el proyecto debe aprobarse con la mayor cantidad de votos posible y no solo con una mayoría mínima. Según explicó, la discusión continuará en el Senado y podría definirse hacia fines de julio o comienzos de agosto. Finalmente, Núñez subrayó que el combate al crimen organizado debe asumirse como una política de Estado, lejos de disputas ideológicas, y con apoyo efectivo a policías, Fuerzas Armadas y seguridad pública.
El Gobierno inició la implementación del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el ingreso irregular al país por la frontera norte. La medida comenzó a concretarse tras la firma de seis decretos en el Palacio de La Moneda, de los cuales tres están directamente enfocados en reforzar la seguridad en las zonas limítrofes. El plan contempla una serie de acciones destinadas a fortalecer el control territorial en la macrozona norte, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sectores que en los últimos años han concentrado la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Entre las primeras medidas se encuentra la construcción de zanjas en distintos puntos de la frontera, trabajos que comenzarán entre el lunes y martes de la próxima semana. Según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. El plan también considera el despliegue de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes operarán mediante turnos rotativos para mantener presencia permanente en la zona fronteriza. A esto se suma la instalación de infraestructura destinada a dificultar el tránsito por pasos no habilitados. Entre las medidas contempladas se incluye la construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos. Asimismo, se implementarán zanjas de hasta tres metros de profundidad en sectores considerados críticos para el ingreso irregular. El sistema de vigilancia también incorporará drones autónomos con reconocimiento facial, que operarán de forma permanente para monitorear la zona limítrofe y detectar posibles ingresos clandestinos. Las obras priorizarán sectores estratégicos como Colchane y Chacalluta, considerados algunos de los principales puntos de tránsito irregular en la frontera norte. En paralelo, el Gobierno anunció la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, función que será desempeñada por Alberto Soto, quien tendrá la misión de coordinar las acciones de control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones involucradas. El Ejecutivo también evalúa la implementación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona que se encuentre sin documentación podrá ser detenida y posteriormente expulsada del país. Las expulsiones, según se informó, se realizarán mediante vuelos o traslados directos hacia los países de origen o desde donde se produjo el ingreso al territorio nacional. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo y enfrentar uno de los principales desafíos en materia de seguridad y migración que afecta al norte del país.
Una de las primeras decisiones adoptadas por el Presidente José Antonio Kast tras asumir el mando apunta directamente a la situación de la frontera norte del país. Entre las primeras seis medidas dictadas por el nuevo Mandatario, tres están enfocadas en el control fronterizo, una zona considerada estratégica en materia de seguridad, migración irregular y combate al narcotráfico. En ese contexto, el Gobierno anunció el nombramiento del almirante en retiro Alberto Soto como “comisionado de la macrozona norte”. Su misión será coordinar la implementación de un ambicioso plan cuyo objetivo central es la erradicación de pasos no habilitados en la frontera con Perú y Bolivia. El exmarino tendrá la tarea de articular el trabajo entre distintas instituciones que operan en la zona, entre ellas Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ejército, la Fuerza Aérea, Aduanas y la Fiscalía, además de las autoridades políticas regionales. A esto se suma la implementación de nuevos recursos tecnológicos para fortalecer el control fronterizo. Entre las herramientas contempladas en el plan se incluyen drones de vigilancia, cámaras térmicas, sistemas biométricos y la construcción de barreras físicas como muros, zanjas y otros obstáculos destinados a impedir el tránsito por pasos clandestinos. Las medidas se concentrarán principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que en conjunto suman más de 800 kilómetros de frontera con Perú y Bolivia. En estas zonas se ubican algunos de los principales puntos utilizados para el ingreso irregular al país, especialmente en sectores cercanos a Chacalluta y Colchane. La frontera norte también es considerada la principal puerta de entrada de drogas a Chile. Solo en los últimos dos años y medio, en la Región de Antofagasta se han decomisado cerca de 86 toneladas de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, ketamina y cocaína destinada tanto al consumo interno como al tráfico internacional. El Presidente Kast también convocó al recién asumido comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, para solicitar un aumento en la dotación de efectivos en la zona y reforzar la implementación de las nuevas medidas de control. Además del plan fronterizo, el Mandatario anunció la creación de una fuerza de tareas para realizar una auditoría total al Estado, con el objetivo de detectar irregularidades en ministerios y servicios públicos. Esta instancia estará integrada por los subsecretarios del Interior, Hacienda y la Segpres. En paralelo, el Gobierno instruyó resolver 51 recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vinculados a proyectos de inversión que suman cerca de 16 mil millones de dólares y que actualmente se encuentran detenidos por trámites administrativos. Finalmente, el Ejecutivo designó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, como encargado de reconstrucción en las regiones del Biobío, Ñuble y Valparaíso, con la misión de agilizar la ejecución de subsidios y proyectos habitacionales tras las emergencias recientes.
La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, cuestionó los trabajos de excavación que el diputado Sebastian Videla impulsa en la comuna de Ollagüe, en la frontera con Bolivia, con el objetivo de frenar el ingreso de crimen organizado por pasos fronterizos no habilitados. La autoridad afirmó que las acciones de este tipo deben responder a decisiones institucionales y no a iniciativas individuales. “No puede ser que cualquiera, por su cuenta, haga lo que le parezca”, señaló, al ser consultada por las obras que realiza una retroexcavadora contratada por el parlamentario en el límite fronterizo de la Región de Antofagasta. Delpiano indicó que no maneja todos los antecedentes sobre la legalidad de los trabajos, particularmente si se realizan en terreno público o privado. Sin embargo, enfatizó que la definición de medidas de control en zonas fronterizas corresponde al Estado y a las instituciones responsables de la seguridad nacional. “Yo creo que no le corresponde a un diputado excavar. Si se trata de una decisión soberana, debe tomarse con todos los antecedentes y a través de las instancias correspondientes”, afirmó la secretaria de Estado. La ministra agregó que una acción individual de este tipo no es el camino adecuado para enfrentar los problemas de seguridad en la frontera. “Uno puede hacer una zanja en su casa, pero no mucho más allá de eso”, comentó. Durante sus declaraciones, Delpiano también destacó los avances que se han implementado en la vigilancia de la frontera norte del país. Según explicó, actualmente existe un sistema tecnológico que permite detectar con mayor profundidad movimientos irregulares en la zona. La jefa de Defensa indicó que en la frontera chilena se enfrentan tres desafíos principales: la presión migratoria, el contrabando y la acción del crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas y armamento. En ese contexto, subrayó el trabajo coordinado entre las instituciones desplegadas en el norte del país, destacando la colaboración entre las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile para enfrentar estos fenómenos. Recordemos que el Diputado Videla, llegó hasta la localidad fronteriza de Ollagüe y junto al alcalde Jhean Ramírez presenciaron el cierre de pasos no habilitados a través de una retroexcabadora y con ello evitar la salida de vehículos robados.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó en entrevista con Antofagasta Televisión los principales desafíos de su rol en la Cámara Alta, la agenda legislativa nacional y la importancia de mantener presencia institucional en regiones, especialmente en zonas extremas y territorios estratégicos como la macrozona norte. La senadora por Antofagasta reconoció que asumir la presidencia del Senado ha significado una agenda altamente demandante, con sesiones, reuniones de comité y coordinación permanente entre las prioridades del Gobierno, el oficialismo y la oposición. En ese contexto, destacó la relevancia de trasladar el trabajo legislativo a las regiones, señalando que se ha propuesto que las comisiones del Senado sesionen al menos una vez en cada región del país durante su periodo. Núñez valoró la reciente visita a Arica, donde participó en una sesión de la Comisión de Zonas Extremas junto a senadores, ministros, autoridades locales y representantes de la sociedad civil. A su juicio, la presencia de las autoridades en terreno permite comprender de mejor manera las necesidades de las comunidades, como ocurre con demandas en salud, infraestructura y conectividad. En materia fronteriza, la presidenta del Senado destacó los avances del sistema de seguridad en la macrozona norte, incluyendo zanjas, cámaras infrarrojas, drones y presencia militar. Según indicó, estas medidas han permitido reducir en cerca de un 70% los ingresos irregulares, enfatizando que antes de aumentar expulsiones es clave evitar nuevos ingresos clandestinos al país. La parlamentaria también se refirió al debate por el levantamiento del secreto bancario, en el marco de investigaciones vinculadas al crimen organizado. Si bien afirmó que existe disposición a avanzar, sostuvo que debe mantenerse un control judicial para resguardar garantías, aunque con plazos más breves que permitan agilizar las diligencias. Además, abordó la megareforma de reconstrucción, indicando que el proyecto debe aprobarse con la mayor cantidad de votos posible y no solo con una mayoría mínima. Según explicó, la discusión continuará en el Senado y podría definirse hacia fines de julio o comienzos de agosto. Finalmente, Núñez subrayó que el combate al crimen organizado debe asumirse como una política de Estado, lejos de disputas ideológicas, y con apoyo efectivo a policías, Fuerzas Armadas y seguridad pública.
El Gobierno inició la implementación del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas del Presidente José Antonio Kast para enfrentar el ingreso irregular al país por la frontera norte. La medida comenzó a concretarse tras la firma de seis decretos en el Palacio de La Moneda, de los cuales tres están directamente enfocados en reforzar la seguridad en las zonas limítrofes. El plan contempla una serie de acciones destinadas a fortalecer el control territorial en la macrozona norte, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sectores que en los últimos años han concentrado la mayor cantidad de ingresos irregulares al país. Entre las primeras medidas se encuentra la construcción de zanjas en distintos puntos de la frontera, trabajos que comenzarán entre el lunes y martes de la próxima semana. Según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. El plan también considera el despliegue de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes operarán mediante turnos rotativos para mantener presencia permanente en la zona fronteriza. A esto se suma la instalación de infraestructura destinada a dificultar el tránsito por pasos no habilitados. Entre las medidas contempladas se incluye la construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura, equipados con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos. Asimismo, se implementarán zanjas de hasta tres metros de profundidad en sectores considerados críticos para el ingreso irregular. El sistema de vigilancia también incorporará drones autónomos con reconocimiento facial, que operarán de forma permanente para monitorear la zona limítrofe y detectar posibles ingresos clandestinos. Las obras priorizarán sectores estratégicos como Colchane y Chacalluta, considerados algunos de los principales puntos de tránsito irregular en la frontera norte. En paralelo, el Gobierno anunció la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, función que será desempeñada por Alberto Soto, quien tendrá la misión de coordinar las acciones de control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones involucradas. El Ejecutivo también evalúa la implementación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona que se encuentre sin documentación podrá ser detenida y posteriormente expulsada del país. Las expulsiones, según se informó, se realizarán mediante vuelos o traslados directos hacia los países de origen o desde donde se produjo el ingreso al territorio nacional. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo y enfrentar uno de los principales desafíos en materia de seguridad y migración que afecta al norte del país.
Una de las primeras decisiones adoptadas por el Presidente José Antonio Kast tras asumir el mando apunta directamente a la situación de la frontera norte del país. Entre las primeras seis medidas dictadas por el nuevo Mandatario, tres están enfocadas en el control fronterizo, una zona considerada estratégica en materia de seguridad, migración irregular y combate al narcotráfico. En ese contexto, el Gobierno anunció el nombramiento del almirante en retiro Alberto Soto como “comisionado de la macrozona norte”. Su misión será coordinar la implementación de un ambicioso plan cuyo objetivo central es la erradicación de pasos no habilitados en la frontera con Perú y Bolivia. El exmarino tendrá la tarea de articular el trabajo entre distintas instituciones que operan en la zona, entre ellas Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ejército, la Fuerza Aérea, Aduanas y la Fiscalía, además de las autoridades políticas regionales. A esto se suma la implementación de nuevos recursos tecnológicos para fortalecer el control fronterizo. Entre las herramientas contempladas en el plan se incluyen drones de vigilancia, cámaras térmicas, sistemas biométricos y la construcción de barreras físicas como muros, zanjas y otros obstáculos destinados a impedir el tránsito por pasos clandestinos. Las medidas se concentrarán principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que en conjunto suman más de 800 kilómetros de frontera con Perú y Bolivia. En estas zonas se ubican algunos de los principales puntos utilizados para el ingreso irregular al país, especialmente en sectores cercanos a Chacalluta y Colchane. La frontera norte también es considerada la principal puerta de entrada de drogas a Chile. Solo en los últimos dos años y medio, en la Región de Antofagasta se han decomisado cerca de 86 toneladas de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, ketamina y cocaína destinada tanto al consumo interno como al tráfico internacional. El Presidente Kast también convocó al recién asumido comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, para solicitar un aumento en la dotación de efectivos en la zona y reforzar la implementación de las nuevas medidas de control. Además del plan fronterizo, el Mandatario anunció la creación de una fuerza de tareas para realizar una auditoría total al Estado, con el objetivo de detectar irregularidades en ministerios y servicios públicos. Esta instancia estará integrada por los subsecretarios del Interior, Hacienda y la Segpres. En paralelo, el Gobierno instruyó resolver 51 recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vinculados a proyectos de inversión que suman cerca de 16 mil millones de dólares y que actualmente se encuentran detenidos por trámites administrativos. Finalmente, el Ejecutivo designó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, como encargado de reconstrucción en las regiones del Biobío, Ñuble y Valparaíso, con la misión de agilizar la ejecución de subsidios y proyectos habitacionales tras las emergencias recientes.
La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, cuestionó los trabajos de excavación que el diputado Sebastian Videla impulsa en la comuna de Ollagüe, en la frontera con Bolivia, con el objetivo de frenar el ingreso de crimen organizado por pasos fronterizos no habilitados. La autoridad afirmó que las acciones de este tipo deben responder a decisiones institucionales y no a iniciativas individuales. “No puede ser que cualquiera, por su cuenta, haga lo que le parezca”, señaló, al ser consultada por las obras que realiza una retroexcavadora contratada por el parlamentario en el límite fronterizo de la Región de Antofagasta. Delpiano indicó que no maneja todos los antecedentes sobre la legalidad de los trabajos, particularmente si se realizan en terreno público o privado. Sin embargo, enfatizó que la definición de medidas de control en zonas fronterizas corresponde al Estado y a las instituciones responsables de la seguridad nacional. “Yo creo que no le corresponde a un diputado excavar. Si se trata de una decisión soberana, debe tomarse con todos los antecedentes y a través de las instancias correspondientes”, afirmó la secretaria de Estado. La ministra agregó que una acción individual de este tipo no es el camino adecuado para enfrentar los problemas de seguridad en la frontera. “Uno puede hacer una zanja en su casa, pero no mucho más allá de eso”, comentó. Durante sus declaraciones, Delpiano también destacó los avances que se han implementado en la vigilancia de la frontera norte del país. Según explicó, actualmente existe un sistema tecnológico que permite detectar con mayor profundidad movimientos irregulares en la zona. La jefa de Defensa indicó que en la frontera chilena se enfrentan tres desafíos principales: la presión migratoria, el contrabando y la acción del crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas y armamento. En ese contexto, subrayó el trabajo coordinado entre las instituciones desplegadas en el norte del país, destacando la colaboración entre las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile para enfrentar estos fenómenos. Recordemos que el Diputado Videla, llegó hasta la localidad fronteriza de Ollagüe y junto al alcalde Jhean Ramírez presenciaron el cierre de pasos no habilitados a través de una retroexcabadora y con ello evitar la salida de vehículos robados.
