Avanza proyecto que aumenta requisitos para otorgar libertad condicional

Exigir una entrevista a las víctimas o a sus familias antes de definir si se otorga o no la libertad condicional a un recluso, es uno de los puntos que plantea el proyecto que modifica la ley para aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena y exigir la audiencia a las víctimas o sus familiares, al evaluar la concesión o denegación del beneficio carcelario. 

La iniciativa que cumple su segundo trámite en el Senado fue aprobada en general por la unanimidad de la Comisión de Constitución y quedó en condiciones de ser sometida a la consideración de la Sala. 

Además de agravar las penas al delito de homicidio simple, el proyecto aumenta los requisitos a quienes postulen a la libertad condicional, como exigir una entrevista a las víctimas o a sus familias antes de otorgar el beneficio carcelario. 

Asimismo, plantea aumentar de cuatro a seis los bimestres en que los condenados deberán tener conducta intachable para postular al beneficio de la libertad condicional y releva el informe psicosocial elaborado por el área técnica de Gendarmería, especificando que será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud. 

Finalmente, limita la repostulación al beneficio solo después de transcurrido un año desde que fuese negada. 

ANTECEDENTES 

Previo a la votación en general, la Comisión escuchó al Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien entregó cifras respecto de la disminución de las solicitudes de libertad condicional tras la modificación que se hizo el 2019 a la respectiva ley.

Indicó que actualmente la Cámara de Diputados está tramitando un proyecto sobre ejecución de penas en el que se consideran algunos aspectos sobre libertad condicional. 

Al respecto, los senadores señalaron que dicha iniciativa puede tener una tramitación más larga, por lo que decidieron avanzar en estos aspectos específicos y aprobar en general el proyecto. 

La Comisión también escuchó al profesor Javier Wilenmann y al vicepresidente de la Fundación Amparo y Justicia, Héctor Arancibia, quien señaló que el proyecto apunta en la "dirección correcta" y que si bien la modificación de 2019 fue adecuada, aún hay aspectos que se pueden mejorar, como incluir determinados delitos graves en el catálogo que pide el cumplimiento de 2/3 de la pena como mínimo para acceder al beneficio.