La Sala del Senado aprobó y despachó a tercer trámite constitucional el proyecto de ley que busca reducir significativamente los plazos y trámites para la ampliación y construcción de establecimientos penitenciarios. La medida responde a la urgente necesidad de enfrentar el hacinamiento y la sobrepoblación de reclusos que afecta a diversas cárceles del país. El objetivo central de la iniciativa es establecer reglas especiales paraeximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos, buscando una tramitación expeditaacorde a la urgencia para dar respuesta oportuna a las actuales necesidades de seguridad. Según lo despachado desde la Sala, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Constitución, las nuevas disposiciones permitiránla ampliación oportuna de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y módulos de máxima seguridad. Durante el debate parlamentario, se destacó que la sobrepoblación y el hacinamiento actual obstaculizan las labores esenciales de Gendarmería. Entre ellas, se mencionó la dificultad parasegregar de manera adecuada a la población penal y la imposibilidad de favorecer la rehabilitación y reinserción de los internos, haciendo imperativa la modernización y expansión de la infraestructura carcelaria.
La Sala del Senado aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley que establece una multa para quienes no concurran a votar en las elecciones. La medida, que busca reponer la obligatoriedad del sufragio con sanción, avanza así a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ante esto, la votación fue respaldada por casi la totalidad de los senadores, con la única excepción de Pedro Araya, quien ya se había manifestado en contra de la iniciativa. El proyecto llegó al Senado sin sanciones para los electores que se ausentaran, pero fue modificado por una indicación del Ejecutivo que reincorporó las multas. Asimismo, la normativa establece que los ciudadanos que no voten serán sancionados con una multa a beneficio municipal que oscila entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), lo que equivale a un rango aproximado de entre $35.000 y $103.000. Finalmente, el proyecto contempla algunas excepciones para quienes no puedan votar, como enfermedad, encontrarse fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, o contar con una certificación de discapacidad. El monto de la sanción fue reducido en comparación con la propuesta inicial de la Cámara Baja, que podía superar los $200.000.
Este martes, la Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula la eutanasia, abriendo paso a su tramitación en la Sala de la Cámara Alta. La votación terminó con tres votos a favor y dos en contra. Los senadores Juan Luis Castro (PS), Iván Flores (DC) y Ximena Órdenes (Independiente) respaldaron la propuesta, mientras que Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI) se manifestaron en contra. “Comisión de Salud del Senado APRUEBA la idea de legislar en general el proyecto de ley de eutanasia y ahora pasa a Sala”, informó el Ministerio de Salud a través de sus redes sociales. Desde la cartera destacaron que se trata de “un paso importante a través de una discusión seria y democrática”. 📑 Comisión de Salud del @Senado_Chile : Con la asistencia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, continúa la discusión sobre la idea de legislar proyecto de ley sobre eutanasia. pic.twitter.com/A8FXltXxWl — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 9, 2025
Con la aprobación unánime de sus integrantes, el Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca sancionar con mayor fuerza el robo de cobre en sus diversas formas. La iniciativa modifica diversos cuerpos legales para tipificar específicamente los delitos de robo y hurto de minerales, permitiendo además el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Ante esto, la nueva legislación establece que el delito de sustracción de minerales, ya sea en forma de cátodos, ánodos, blíster o lingotes, será castigado con las penas aplicables a los delitos de robo, pero aumentadas en un grado, además de una multa que oscila entre 110 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a un rango estimado de $7.402.000 a $13.458.000. Durante el debate, senadoras y senadores destacaron la urgencia de esta normativa ante el incremento exponencial del robo de cobre, fenómeno que ha derivado en situaciones como “ciudades enteras sin luz”, el tráfico de “toneladas de cobre ilegal destinadas a Europa, con importante perjuicio fiscal”, la sofisticación de las “bandas delictivas” y la “baja penalidad y alto lucro del delito”. Asimismo, el senador José Miguel Durana, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien informó sobre la iniciativa, señaló que el aumento del robo de minerales, particularmente el cobre, se ha caracterizado por mayores niveles de violencia, organización y montos involucrados. Los senadores que fundamentaron su voto favorable, entre ellos Sergio Gahona, Enrique Van Rysselbergue, Yasna Provoste, Esteban Velásquez y Rafael Prohens, resaltaron transversalmente el avance que significa la tipificación de la sustracción de minerales y la habilitación de herramientas especiales de investigación. Además, hicieron hincapié en el impacto del ilícito, que trasciende las zonas aisladas del norte del país. En este sentido, se instó a la Cámara de Diputados a una tramitación rápida del proyecto, dada la gravedad de los delitos. También se valoró la experiencia obtenida con la ley que reguló el robo de madera, la cual ha permitido desarticular bandas dedicadas a ese ilícito. No obstante, las y los senadores lamentaron la ausencia de representantes del Ejecutivo durante la tramitación de esta importante iniciativa. Finalmente, el texto legal también contempla el comiso de vehículos, armas, municiones, herramientas e instrumentos utilizados en la comisión del delito. Además, sanciona a quienes no puedan justificar la adquisición, posesión o tenencia legítima de minerales, así como a quienes falsifiquen documentos para facilitar el transporte o comercialización del cobre robado.
La Sala del Senado aprobó y despachó a tercer trámite constitucional el proyecto de ley que busca reducir significativamente los plazos y trámites para la ampliación y construcción de establecimientos penitenciarios. La medida responde a la urgente necesidad de enfrentar el hacinamiento y la sobrepoblación de reclusos que afecta a diversas cárceles del país. El objetivo central de la iniciativa es establecer reglas especiales paraeximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos, buscando una tramitación expeditaacorde a la urgencia para dar respuesta oportuna a las actuales necesidades de seguridad. Según lo despachado desde la Sala, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Constitución, las nuevas disposiciones permitiránla ampliación oportuna de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y módulos de máxima seguridad. Durante el debate parlamentario, se destacó que la sobrepoblación y el hacinamiento actual obstaculizan las labores esenciales de Gendarmería. Entre ellas, se mencionó la dificultad parasegregar de manera adecuada a la población penal y la imposibilidad de favorecer la rehabilitación y reinserción de los internos, haciendo imperativa la modernización y expansión de la infraestructura carcelaria.
La Sala del Senado aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley que establece una multa para quienes no concurran a votar en las elecciones. La medida, que busca reponer la obligatoriedad del sufragio con sanción, avanza así a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ante esto, la votación fue respaldada por casi la totalidad de los senadores, con la única excepción de Pedro Araya, quien ya se había manifestado en contra de la iniciativa. El proyecto llegó al Senado sin sanciones para los electores que se ausentaran, pero fue modificado por una indicación del Ejecutivo que reincorporó las multas. Asimismo, la normativa establece que los ciudadanos que no voten serán sancionados con una multa a beneficio municipal que oscila entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), lo que equivale a un rango aproximado de entre $35.000 y $103.000. Finalmente, el proyecto contempla algunas excepciones para quienes no puedan votar, como enfermedad, encontrarse fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, o contar con una certificación de discapacidad. El monto de la sanción fue reducido en comparación con la propuesta inicial de la Cámara Baja, que podía superar los $200.000.
Este martes, la Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula la eutanasia, abriendo paso a su tramitación en la Sala de la Cámara Alta. La votación terminó con tres votos a favor y dos en contra. Los senadores Juan Luis Castro (PS), Iván Flores (DC) y Ximena Órdenes (Independiente) respaldaron la propuesta, mientras que Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI) se manifestaron en contra. “Comisión de Salud del Senado APRUEBA la idea de legislar en general el proyecto de ley de eutanasia y ahora pasa a Sala”, informó el Ministerio de Salud a través de sus redes sociales. Desde la cartera destacaron que se trata de “un paso importante a través de una discusión seria y democrática”. 📑 Comisión de Salud del @Senado_Chile : Con la asistencia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, continúa la discusión sobre la idea de legislar proyecto de ley sobre eutanasia. pic.twitter.com/A8FXltXxWl — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 9, 2025
Con la aprobación unánime de sus integrantes, el Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca sancionar con mayor fuerza el robo de cobre en sus diversas formas. La iniciativa modifica diversos cuerpos legales para tipificar específicamente los delitos de robo y hurto de minerales, permitiendo además el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Ante esto, la nueva legislación establece que el delito de sustracción de minerales, ya sea en forma de cátodos, ánodos, blíster o lingotes, será castigado con las penas aplicables a los delitos de robo, pero aumentadas en un grado, además de una multa que oscila entre 110 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a un rango estimado de $7.402.000 a $13.458.000. Durante el debate, senadoras y senadores destacaron la urgencia de esta normativa ante el incremento exponencial del robo de cobre, fenómeno que ha derivado en situaciones como “ciudades enteras sin luz”, el tráfico de “toneladas de cobre ilegal destinadas a Europa, con importante perjuicio fiscal”, la sofisticación de las “bandas delictivas” y la “baja penalidad y alto lucro del delito”. Asimismo, el senador José Miguel Durana, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien informó sobre la iniciativa, señaló que el aumento del robo de minerales, particularmente el cobre, se ha caracterizado por mayores niveles de violencia, organización y montos involucrados. Los senadores que fundamentaron su voto favorable, entre ellos Sergio Gahona, Enrique Van Rysselbergue, Yasna Provoste, Esteban Velásquez y Rafael Prohens, resaltaron transversalmente el avance que significa la tipificación de la sustracción de minerales y la habilitación de herramientas especiales de investigación. Además, hicieron hincapié en el impacto del ilícito, que trasciende las zonas aisladas del norte del país. En este sentido, se instó a la Cámara de Diputados a una tramitación rápida del proyecto, dada la gravedad de los delitos. También se valoró la experiencia obtenida con la ley que reguló el robo de madera, la cual ha permitido desarticular bandas dedicadas a ese ilícito. No obstante, las y los senadores lamentaron la ausencia de representantes del Ejecutivo durante la tramitación de esta importante iniciativa. Finalmente, el texto legal también contempla el comiso de vehículos, armas, municiones, herramientas e instrumentos utilizados en la comisión del delito. Además, sanciona a quienes no puedan justificar la adquisición, posesión o tenencia legítima de minerales, así como a quienes falsifiquen documentos para facilitar el transporte o comercialización del cobre robado.
