La Sala del Senado aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley que establece una multa para quienes no concurran a votar en las elecciones. La medida, que busca reponer la obligatoriedad del sufragio con sanción, avanza así a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ante esto, la votación fue respaldada por casi la totalidad de los senadores, con la única excepción de Pedro Araya, quien ya se había manifestado en contra de la iniciativa. El proyecto llegó al Senado sin sanciones para los electores que se ausentaran, pero fue modificado por una indicación del Ejecutivo que reincorporó las multas. Asimismo, la normativa establece que los ciudadanos que no voten serán sancionados con una multa a beneficio municipal que oscila entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), lo que equivale a un rango aproximado de entre $35.000 y $103.000. Finalmente, el proyecto contempla algunas excepciones para quienes no puedan votar, como enfermedad, encontrarse fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, o contar con una certificación de discapacidad. El monto de la sanción fue reducido en comparación con la propuesta inicial de la Cámara Baja, que podía superar los $200.000.
Este martes, la Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula la eutanasia, abriendo paso a su tramitación en la Sala de la Cámara Alta. La votación terminó con tres votos a favor y dos en contra. Los senadores Juan Luis Castro (PS), Iván Flores (DC) y Ximena Órdenes (Independiente) respaldaron la propuesta, mientras que Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI) se manifestaron en contra. “Comisión de Salud del Senado APRUEBA la idea de legislar en general el proyecto de ley de eutanasia y ahora pasa a Sala”, informó el Ministerio de Salud a través de sus redes sociales. Desde la cartera destacaron que se trata de “un paso importante a través de una discusión seria y democrática”. 📑 Comisión de Salud del @Senado_Chile : Con la asistencia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, continúa la discusión sobre la idea de legislar proyecto de ley sobre eutanasia. pic.twitter.com/A8FXltXxWl — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 9, 2025
Con la aprobación unánime de sus integrantes, el Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca sancionar con mayor fuerza el robo de cobre en sus diversas formas. La iniciativa modifica diversos cuerpos legales para tipificar específicamente los delitos de robo y hurto de minerales, permitiendo además el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Ante esto, la nueva legislación establece que el delito de sustracción de minerales, ya sea en forma de cátodos, ánodos, blíster o lingotes, será castigado con las penas aplicables a los delitos de robo, pero aumentadas en un grado, además de una multa que oscila entre 110 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a un rango estimado de $7.402.000 a $13.458.000. Durante el debate, senadoras y senadores destacaron la urgencia de esta normativa ante el incremento exponencial del robo de cobre, fenómeno que ha derivado en situaciones como “ciudades enteras sin luz”, el tráfico de “toneladas de cobre ilegal destinadas a Europa, con importante perjuicio fiscal”, la sofisticación de las “bandas delictivas” y la “baja penalidad y alto lucro del delito”. Asimismo, el senador José Miguel Durana, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien informó sobre la iniciativa, señaló que el aumento del robo de minerales, particularmente el cobre, se ha caracterizado por mayores niveles de violencia, organización y montos involucrados. Los senadores que fundamentaron su voto favorable, entre ellos Sergio Gahona, Enrique Van Rysselbergue, Yasna Provoste, Esteban Velásquez y Rafael Prohens, resaltaron transversalmente el avance que significa la tipificación de la sustracción de minerales y la habilitación de herramientas especiales de investigación. Además, hicieron hincapié en el impacto del ilícito, que trasciende las zonas aisladas del norte del país. En este sentido, se instó a la Cámara de Diputados a una tramitación rápida del proyecto, dada la gravedad de los delitos. También se valoró la experiencia obtenida con la ley que reguló el robo de madera, la cual ha permitido desarticular bandas dedicadas a ese ilícito. No obstante, las y los senadores lamentaron la ausencia de representantes del Ejecutivo durante la tramitación de esta importante iniciativa. Finalmente, el texto legal también contempla el comiso de vehículos, armas, municiones, herramientas e instrumentos utilizados en la comisión del delito. Además, sanciona a quienes no puedan justificar la adquisición, posesión o tenencia legítima de minerales, así como a quienes falsifiquen documentos para facilitar el transporte o comercialización del cobre robado.
Este miércoles, el Congresó aprobó una prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con la nueva extensión de 30 días, las regiones de Biobío y La Araucanía cumplirán tres años bajo la medida extraordinaria que limita la libertad de locomoción y reunión, y que además otorga facultades a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Pese a que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras, un grupo de diputados de oposición, entre ellos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionaron la eficacia de la medida debido a los últimos ataques en la región del Biobío. Ante los emplazamientos de los parlamentarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la acción judicial presentado contra los responsables del ataque a la central y realizó un llamado a los congresistas. Cuando el gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque cuando ocurren hechos como estos no es que el gobierno fracase ni las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad, sostuvo Cordero. Con esta nueva prórroga, se aleja aún más la idea manifestada por Carolina Tohá en diciembre 2024 sobre desescalar el régimen bajo ciertos lineamientos. En medio del debate en la Cámara Baja, el Ejecutivo presentó un informe con los resultados obtenidos hasta ahora. Se detalló que hasta el 6 abril 2025 ha habido una disminución del 53% en los hechos violentos rurales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, respecto al año 2021 se registra una baja del 77%, siendo esta cifra considerada como la menor cantidad eventos violentos ocurridos durante los últimos nueve años. Fuente: La Tercera Nacional
La Sala del Senado aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley que establece una multa para quienes no concurran a votar en las elecciones. La medida, que busca reponer la obligatoriedad del sufragio con sanción, avanza así a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ante esto, la votación fue respaldada por casi la totalidad de los senadores, con la única excepción de Pedro Araya, quien ya se había manifestado en contra de la iniciativa. El proyecto llegó al Senado sin sanciones para los electores que se ausentaran, pero fue modificado por una indicación del Ejecutivo que reincorporó las multas. Asimismo, la normativa establece que los ciudadanos que no voten serán sancionados con una multa a beneficio municipal que oscila entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), lo que equivale a un rango aproximado de entre $35.000 y $103.000. Finalmente, el proyecto contempla algunas excepciones para quienes no puedan votar, como enfermedad, encontrarse fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, o contar con una certificación de discapacidad. El monto de la sanción fue reducido en comparación con la propuesta inicial de la Cámara Baja, que podía superar los $200.000.
Este martes, la Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula la eutanasia, abriendo paso a su tramitación en la Sala de la Cámara Alta. La votación terminó con tres votos a favor y dos en contra. Los senadores Juan Luis Castro (PS), Iván Flores (DC) y Ximena Órdenes (Independiente) respaldaron la propuesta, mientras que Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI) se manifestaron en contra. “Comisión de Salud del Senado APRUEBA la idea de legislar en general el proyecto de ley de eutanasia y ahora pasa a Sala”, informó el Ministerio de Salud a través de sus redes sociales. Desde la cartera destacaron que se trata de “un paso importante a través de una discusión seria y democrática”. 📑 Comisión de Salud del @Senado_Chile : Con la asistencia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, continúa la discusión sobre la idea de legislar proyecto de ley sobre eutanasia. pic.twitter.com/A8FXltXxWl — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 9, 2025
Con la aprobación unánime de sus integrantes, el Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca sancionar con mayor fuerza el robo de cobre en sus diversas formas. La iniciativa modifica diversos cuerpos legales para tipificar específicamente los delitos de robo y hurto de minerales, permitiendo además el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Ante esto, la nueva legislación establece que el delito de sustracción de minerales, ya sea en forma de cátodos, ánodos, blíster o lingotes, será castigado con las penas aplicables a los delitos de robo, pero aumentadas en un grado, además de una multa que oscila entre 110 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a un rango estimado de $7.402.000 a $13.458.000. Durante el debate, senadoras y senadores destacaron la urgencia de esta normativa ante el incremento exponencial del robo de cobre, fenómeno que ha derivado en situaciones como “ciudades enteras sin luz”, el tráfico de “toneladas de cobre ilegal destinadas a Europa, con importante perjuicio fiscal”, la sofisticación de las “bandas delictivas” y la “baja penalidad y alto lucro del delito”. Asimismo, el senador José Miguel Durana, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien informó sobre la iniciativa, señaló que el aumento del robo de minerales, particularmente el cobre, se ha caracterizado por mayores niveles de violencia, organización y montos involucrados. Los senadores que fundamentaron su voto favorable, entre ellos Sergio Gahona, Enrique Van Rysselbergue, Yasna Provoste, Esteban Velásquez y Rafael Prohens, resaltaron transversalmente el avance que significa la tipificación de la sustracción de minerales y la habilitación de herramientas especiales de investigación. Además, hicieron hincapié en el impacto del ilícito, que trasciende las zonas aisladas del norte del país. En este sentido, se instó a la Cámara de Diputados a una tramitación rápida del proyecto, dada la gravedad de los delitos. También se valoró la experiencia obtenida con la ley que reguló el robo de madera, la cual ha permitido desarticular bandas dedicadas a ese ilícito. No obstante, las y los senadores lamentaron la ausencia de representantes del Ejecutivo durante la tramitación de esta importante iniciativa. Finalmente, el texto legal también contempla el comiso de vehículos, armas, municiones, herramientas e instrumentos utilizados en la comisión del delito. Además, sanciona a quienes no puedan justificar la adquisición, posesión o tenencia legítima de minerales, así como a quienes falsifiquen documentos para facilitar el transporte o comercialización del cobre robado.
Este miércoles, el Congresó aprobó una prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con la nueva extensión de 30 días, las regiones de Biobío y La Araucanía cumplirán tres años bajo la medida extraordinaria que limita la libertad de locomoción y reunión, y que además otorga facultades a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Pese a que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras, un grupo de diputados de oposición, entre ellos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionaron la eficacia de la medida debido a los últimos ataques en la región del Biobío. Ante los emplazamientos de los parlamentarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la acción judicial presentado contra los responsables del ataque a la central y realizó un llamado a los congresistas. Cuando el gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque cuando ocurren hechos como estos no es que el gobierno fracase ni las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad, sostuvo Cordero. Con esta nueva prórroga, se aleja aún más la idea manifestada por Carolina Tohá en diciembre 2024 sobre desescalar el régimen bajo ciertos lineamientos. En medio del debate en la Cámara Baja, el Ejecutivo presentó un informe con los resultados obtenidos hasta ahora. Se detalló que hasta el 6 abril 2025 ha habido una disminución del 53% en los hechos violentos rurales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, respecto al año 2021 se registra una baja del 77%, siendo esta cifra considerada como la menor cantidad eventos violentos ocurridos durante los últimos nueve años. Fuente: La Tercera Nacional
