Avanza proyecto que amplía atribuciones policiales en el control migratorio
El Senado respaldó la iniciativa que faculta el control de identidad y otorga herramientas en la identificación de migrantes irregulares o con permisos de residencia vencidos.
Con el propósito de ampliar las facultades en el control policial en el ámbito migratorio y de extranjería, se encuentra discutiendo en el parlamento la iniciativa de ley que busca fortalecer el control preventivo de identidad y dotar a los funcionarios de Carabineros, las Fuerzas Armadas y de la Policía de Investigaciones de nuevas herramientas en la identificación de personas migrantes en calidad irregular o con permisos de residencia vencidos.
En este sentido, el Senado aprobó en general y particular, por 41 votos a favor y 2 abstenciones, la iniciativa cuyo objetivo central es “un mejor cumplimiento de los procesos de regularización y expulsión contemplados en la Ley de Migración y Extranjería”.
Así lo explicó el senador Felipe Kast, presidente de la Comisión de Seguridad Pública quien mencionó la incorporación de indicaciones para entregar la misma facultad a Carabineros y las Fuerzas Armadas para que conduzcan a eventuales infractores a la autoridad contralora en materia de migración que es la Policía de Investigaciones.
En la oportunidad, diversos senadores y senadoras, hicieron presentes sus dudas respecto al alcance de estas normas y algunos advirtieron eventuales “riesgos de arbitrariedades” e incluso de “discriminación” que se podrían generar a través de la aplicación de esta normativa.
Desde la otra vereda, sus pares advirtieron la necesidad de “dotar de nuevas herramientas para permitir la identificación de personas en situación irregular y que pudiera estar cometiendo un delito”.
En este contexto, se trata que tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas puedan conducir -a quienes no cuenten con su documentación- a cuarteles de la PDI para verificar su estatus.
27 de agosto de 2026
El organismo rechazó la sanción de un mes de suspensión aplicada por el Hospital Regional y ordenó reabrir el proceso por una eventual vulneración grave a la probidad administrativa.



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