En entrevista televisiva, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, encendió las alarmas por el aumento del crimen organizado y la sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público, advirtiendo que la seguridad de los fiscales está en riesgo. “esperemos que nunca nos encontremos con un fiscal asesinado, pero hoy hay muchos fiscales con medidas de seguridad pues están amenazados. Ibarra explicó que el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que aun duerme en el congreso —presentado en 2023 y que contemplaba la incorporación de 205 nuevos fiscales— está basado en datos desactualizados de 2022, cuando ingresaban 1,3 millones de causas anuales. Hoy, esa cifra supera los 1,65 millones, con un alza de 20% en un año, mientras que la dotación de fiscales se mantiene. En regiones como Antofagasta, cada fiscal puede tener más de mil causas simultáneas. La dirigente advirtió que la falta de recursos humanos impacta directamente en la protección de víctimas, incluidas aquellas afectadas por delitos de violencia intrafamiliar o amenazas. “La delincuencia no se detiene, sigue operando 24/7, y nosotros debemos estar disponibles igual. La mayor afectación es para las víctimas”, subrayó. Asimismo, pidió al Poder Legislativo acelerar la aprobación de la ley y aumentar la meta a 600 nuevos fiscales, junto con medidas de seguridad urgentes como accesos diferenciados en tribunales y audiencias remotas para reducir riesgos. “El crimen organizado es cada vez más violento y temerario; no podemos permitir que avance más que el Estado”, concluyó.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite legislativo el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial (FS) de la Fiscalía Nacional, organismo encargado de perseguir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. De esta manera, la FS se incorporará a la Ley Orgánica del Ministerio Público y actuará en casos donde existan antecedentes de asociaciones delictivas o criminales que requieran intervención en más de una región o a nivel internacional (supraterritorial). Según lo indicado por la Fiscalía, el proyecto establece la creación de una unidad funcional nacional dentro del Ministerio Público, con un Fiscal Jefe designado por el Fiscal Nacional y con rango equivalente al de Fiscal Regional. Este fiscal será exclusiva confianza del Fiscal Nacional y podrá recibir instrucciones generales y particulares en las investigaciones a su cargo. Además, se conformará un equipo técnico-especializado integrado por fiscales adjuntos con experiencia en crimen organizado y litigación compleja, con evaluaciones exigentes y un régimen de rotación limitado en el tiempo. También se articulará un Sistema de Análisis Criminal para potenciar la persecución penal mediante estrategias integradas de análisis especializado a nivel nacional. La nueva Fiscalía Supraterritorial contará con facultades para actuar a nivel nacional y transnacional, complementando el modelo regionalizado actual. Se busca así hacer frente a la sofisticación y expansión territorial de las asociaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad pública y el Estado de Derecho. La ley también refuerza los mecanismos de rendición de cuentas e información al Congreso. El Fiscal Jefe deberá rendir cuenta pública anualmente sobre su gestión, mientras que el Fiscal Nacional informará al Congreso sobre el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los desafíos del crimen organizado. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que hoy damos un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. La ley que crea la Fiscalía supraterritorial ha sido aprobada por el Congreso Nacional y con ella dotamos al Ministerio Público y al Estado de Chile de una herramienta estratégica para investigar los delitos más complejos donde actúan organizaciones en varias regiones o incluso a nivel internacional. La nueva institucionalidad contempla una dotación de 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con un presupuesto inicial de 7691 millones de pesos y un plazo gradual de 3 años para su implementación. Fuente: Publimetro
En entrevista televisiva, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, encendió las alarmas por el aumento del crimen organizado y la sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público, advirtiendo que la seguridad de los fiscales está en riesgo. “esperemos que nunca nos encontremos con un fiscal asesinado, pero hoy hay muchos fiscales con medidas de seguridad pues están amenazados. Ibarra explicó que el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que aun duerme en el congreso —presentado en 2023 y que contemplaba la incorporación de 205 nuevos fiscales— está basado en datos desactualizados de 2022, cuando ingresaban 1,3 millones de causas anuales. Hoy, esa cifra supera los 1,65 millones, con un alza de 20% en un año, mientras que la dotación de fiscales se mantiene. En regiones como Antofagasta, cada fiscal puede tener más de mil causas simultáneas. La dirigente advirtió que la falta de recursos humanos impacta directamente en la protección de víctimas, incluidas aquellas afectadas por delitos de violencia intrafamiliar o amenazas. “La delincuencia no se detiene, sigue operando 24/7, y nosotros debemos estar disponibles igual. La mayor afectación es para las víctimas”, subrayó. Asimismo, pidió al Poder Legislativo acelerar la aprobación de la ley y aumentar la meta a 600 nuevos fiscales, junto con medidas de seguridad urgentes como accesos diferenciados en tribunales y audiencias remotas para reducir riesgos. “El crimen organizado es cada vez más violento y temerario; no podemos permitir que avance más que el Estado”, concluyó.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite legislativo el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial (FS) de la Fiscalía Nacional, organismo encargado de perseguir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. De esta manera, la FS se incorporará a la Ley Orgánica del Ministerio Público y actuará en casos donde existan antecedentes de asociaciones delictivas o criminales que requieran intervención en más de una región o a nivel internacional (supraterritorial). Según lo indicado por la Fiscalía, el proyecto establece la creación de una unidad funcional nacional dentro del Ministerio Público, con un Fiscal Jefe designado por el Fiscal Nacional y con rango equivalente al de Fiscal Regional. Este fiscal será exclusiva confianza del Fiscal Nacional y podrá recibir instrucciones generales y particulares en las investigaciones a su cargo. Además, se conformará un equipo técnico-especializado integrado por fiscales adjuntos con experiencia en crimen organizado y litigación compleja, con evaluaciones exigentes y un régimen de rotación limitado en el tiempo. También se articulará un Sistema de Análisis Criminal para potenciar la persecución penal mediante estrategias integradas de análisis especializado a nivel nacional. La nueva Fiscalía Supraterritorial contará con facultades para actuar a nivel nacional y transnacional, complementando el modelo regionalizado actual. Se busca así hacer frente a la sofisticación y expansión territorial de las asociaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad pública y el Estado de Derecho. La ley también refuerza los mecanismos de rendición de cuentas e información al Congreso. El Fiscal Jefe deberá rendir cuenta pública anualmente sobre su gestión, mientras que el Fiscal Nacional informará al Congreso sobre el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los desafíos del crimen organizado. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que hoy damos un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. La ley que crea la Fiscalía supraterritorial ha sido aprobada por el Congreso Nacional y con ella dotamos al Ministerio Público y al Estado de Chile de una herramienta estratégica para investigar los delitos más complejos donde actúan organizaciones en varias regiones o incluso a nivel internacional. La nueva institucionalidad contempla una dotación de 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con un presupuesto inicial de 7691 millones de pesos y un plazo gradual de 3 años para su implementación. Fuente: Publimetro
