La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
La llegada del año 2026 traerá consigo un nuevo reajuste al sueldo mínimo en Chile. A partir del 1 de enero, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 ascenderá a $539.000, según lo establece la Ley N°21.751, vigente desde junio de este año. Actualmente, el sueldo mínimo se ubica en $529.000, monto que rige desde el pasado 1 de mayo. En el caso de los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el nuevo ingreso mínimo mensual será de $402.082, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa. Este ajuste corresponde al último aumento del salario mínimo durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. Cabe recordar que el mandatario asumió su periodo presidencial con un sueldo mínimo de $350.000, comprometiéndose durante su campaña a elevarlo al menos a $500.000 al final de su mandato, meta que se cumplió anticipadamente con los reajustes sucesivos aprobados por el Congreso. El aumento del sueldo mínimo no solo impacta en los ingresos de los trabajadores, sino que también tiene efectos colaterales en otras obligaciones legales. Uno de ellos es el monto mínimo de la pensión alimenticia, que con este reajuste se incrementará a $215.600. No obstante, este cambio no se aplica de manera automática, por lo que debe ser solicitado ante el respectivo tribunal de familia. Desde el Gobierno han señalado que estos incrementos buscan mejorar el poder adquisitivo de las familias y enfrentar el alza del costo de la vida, especialmente en un contexto económico aún marcado por la inflación y la recuperación postpandemia. Con esta nueva alza, el salario mínimo en Chile consolida una de las mayores variaciones de los últimos años, transformándose en un eje central de la agenda laboral y social del actual periodo presidencial.
La Cuenta Pública Presidencial es uno de los actos republicanos más importantes de la institucionalidad chilena. Aunque hoy se realiza cada 1 de junio ante el Congreso Pleno, la historia de esta tradición se remonta a los primeros años de la República y ha experimentado diversos cambios a lo largo de casi dos siglos. La práctica de que el Presidente de la República informara al Parlamento sobre la marcha del país tiene sus orígenes en la Constitución de 1833. Sin embargo, el primer registro histórico corresponde a 1832, cuando el mandatario José Joaquín Prieto compareció ante el Congreso. En aquella época, la fecha elegida era el 1 de junio, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones legislativas. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1925, la ceremonia fue trasladada al 21 de mayo. La decisión respondió a que el calendario legislativo quedó vinculado a fechas emblemáticas de la historia nacional: el período ordinario del Congreso comenzaba en el Día de las Glorias Navales y concluía el 18 de septiembre, aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La primera Cuenta Pública realizada bajo esta modalidad tuvo lugar en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa se presentó ante el Congreso Pleno. La tradición se mantuvo por varias décadas, hasta la interrupción provocada por el cierre del Congreso durante la dictadura militar entre 1973 y 1989. Con el retorno a la democracia, la práctica fue retomada el 21 de mayo de 1990. En esa oportunidad, el presidente Patricio Aylwin encabezó una de las ceremonias republicanas más significativas de la transición democrática. Sin embargo, con el paso de los años surgieron cuestionamientos respecto de la coincidencia entre la Cuenta Pública y las actividades de conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso. La simultaneidad de ambos eventos generaba importantes complicaciones logísticas y de seguridad para la ciudad puerto. Incluso, en algunas ocasiones, el traslado de las máximas autoridades debía acelerarse para cumplir con los horarios oficiales de los homenajes navales en la Plaza Sotomayor. Frente a esta situación, se impulsó una reforma constitucional que finalmente fue promulgada en 2017. La modificación restableció la tradición histórica del 1 de junio como fecha oficial de la Cuenta Pública Presidencial. Ese mismo año, la entonces presidenta Michelle Bachelet inauguró nuevamente esta modalidad. La reforma introdujo además una precisión inédita en la legislación chilena: estableció expresamente que el Presidente de la República debe rendir cuenta “ante el Congreso Pleno”. Hasta entonces, ni la Constitución de 1925 ni la de 1980 exigían de manera explícita la presencia física del mandatario frente a diputados y senadores. De esta forma, el retorno al 1 de junio no solo recuperó una tradición originada en el siglo XIX, sino que también fortaleció el carácter institucional de una de las ceremonias políticas más relevantes del país.
La llegada del año 2026 traerá consigo un nuevo reajuste al sueldo mínimo en Chile. A partir del 1 de enero, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 ascenderá a $539.000, según lo establece la Ley N°21.751, vigente desde junio de este año. Actualmente, el sueldo mínimo se ubica en $529.000, monto que rige desde el pasado 1 de mayo. En el caso de los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el nuevo ingreso mínimo mensual será de $402.082, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa. Este ajuste corresponde al último aumento del salario mínimo durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. Cabe recordar que el mandatario asumió su periodo presidencial con un sueldo mínimo de $350.000, comprometiéndose durante su campaña a elevarlo al menos a $500.000 al final de su mandato, meta que se cumplió anticipadamente con los reajustes sucesivos aprobados por el Congreso. El aumento del sueldo mínimo no solo impacta en los ingresos de los trabajadores, sino que también tiene efectos colaterales en otras obligaciones legales. Uno de ellos es el monto mínimo de la pensión alimenticia, que con este reajuste se incrementará a $215.600. No obstante, este cambio no se aplica de manera automática, por lo que debe ser solicitado ante el respectivo tribunal de familia. Desde el Gobierno han señalado que estos incrementos buscan mejorar el poder adquisitivo de las familias y enfrentar el alza del costo de la vida, especialmente en un contexto económico aún marcado por la inflación y la recuperación postpandemia. Con esta nueva alza, el salario mínimo en Chile consolida una de las mayores variaciones de los últimos años, transformándose en un eje central de la agenda laboral y social del actual periodo presidencial.
