La llegada del año 2026 traerá consigo un nuevo reajuste al sueldo mínimo en Chile. A partir del 1 de enero, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 ascenderá a $539.000, según lo establece la Ley N°21.751, vigente desde junio de este año. Actualmente, el sueldo mínimo se ubica en $529.000, monto que rige desde el pasado 1 de mayo. En el caso de los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el nuevo ingreso mínimo mensual será de $402.082, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa. Este ajuste corresponde al último aumento del salario mínimo durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. Cabe recordar que el mandatario asumió su periodo presidencial con un sueldo mínimo de $350.000, comprometiéndose durante su campaña a elevarlo al menos a $500.000 al final de su mandato, meta que se cumplió anticipadamente con los reajustes sucesivos aprobados por el Congreso. El aumento del sueldo mínimo no solo impacta en los ingresos de los trabajadores, sino que también tiene efectos colaterales en otras obligaciones legales. Uno de ellos es el monto mínimo de la pensión alimenticia, que con este reajuste se incrementará a $215.600. No obstante, este cambio no se aplica de manera automática, por lo que debe ser solicitado ante el respectivo tribunal de familia. Desde el Gobierno han señalado que estos incrementos buscan mejorar el poder adquisitivo de las familias y enfrentar el alza del costo de la vida, especialmente en un contexto económico aún marcado por la inflación y la recuperación postpandemia. Con esta nueva alza, el salario mínimo en Chile consolida una de las mayores variaciones de los últimos años, transformándose en un eje central de la agenda laboral y social del actual periodo presidencial.
En entrevista televisiva, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, encendió las alarmas por el aumento del crimen organizado y la sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público, advirtiendo que la seguridad de los fiscales está en riesgo. “esperemos que nunca nos encontremos con un fiscal asesinado, pero hoy hay muchos fiscales con medidas de seguridad pues están amenazados. Ibarra explicó que el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que aun duerme en el congreso —presentado en 2023 y que contemplaba la incorporación de 205 nuevos fiscales— está basado en datos desactualizados de 2022, cuando ingresaban 1,3 millones de causas anuales. Hoy, esa cifra supera los 1,65 millones, con un alza de 20% en un año, mientras que la dotación de fiscales se mantiene. En regiones como Antofagasta, cada fiscal puede tener más de mil causas simultáneas. La dirigente advirtió que la falta de recursos humanos impacta directamente en la protección de víctimas, incluidas aquellas afectadas por delitos de violencia intrafamiliar o amenazas. “La delincuencia no se detiene, sigue operando 24/7, y nosotros debemos estar disponibles igual. La mayor afectación es para las víctimas”, subrayó. Asimismo, pidió al Poder Legislativo acelerar la aprobación de la ley y aumentar la meta a 600 nuevos fiscales, junto con medidas de seguridad urgentes como accesos diferenciados en tribunales y audiencias remotas para reducir riesgos. “El crimen organizado es cada vez más violento y temerario; no podemos permitir que avance más que el Estado”, concluyó.
La llegada del año 2026 traerá consigo un nuevo reajuste al sueldo mínimo en Chile. A partir del 1 de enero, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 ascenderá a $539.000, según lo establece la Ley N°21.751, vigente desde junio de este año. Actualmente, el sueldo mínimo se ubica en $529.000, monto que rige desde el pasado 1 de mayo. En el caso de los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el nuevo ingreso mínimo mensual será de $402.082, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa. Este ajuste corresponde al último aumento del salario mínimo durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. Cabe recordar que el mandatario asumió su periodo presidencial con un sueldo mínimo de $350.000, comprometiéndose durante su campaña a elevarlo al menos a $500.000 al final de su mandato, meta que se cumplió anticipadamente con los reajustes sucesivos aprobados por el Congreso. El aumento del sueldo mínimo no solo impacta en los ingresos de los trabajadores, sino que también tiene efectos colaterales en otras obligaciones legales. Uno de ellos es el monto mínimo de la pensión alimenticia, que con este reajuste se incrementará a $215.600. No obstante, este cambio no se aplica de manera automática, por lo que debe ser solicitado ante el respectivo tribunal de familia. Desde el Gobierno han señalado que estos incrementos buscan mejorar el poder adquisitivo de las familias y enfrentar el alza del costo de la vida, especialmente en un contexto económico aún marcado por la inflación y la recuperación postpandemia. Con esta nueva alza, el salario mínimo en Chile consolida una de las mayores variaciones de los últimos años, transformándose en un eje central de la agenda laboral y social del actual periodo presidencial.
En entrevista televisiva, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, encendió las alarmas por el aumento del crimen organizado y la sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público, advirtiendo que la seguridad de los fiscales está en riesgo. “esperemos que nunca nos encontremos con un fiscal asesinado, pero hoy hay muchos fiscales con medidas de seguridad pues están amenazados. Ibarra explicó que el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que aun duerme en el congreso —presentado en 2023 y que contemplaba la incorporación de 205 nuevos fiscales— está basado en datos desactualizados de 2022, cuando ingresaban 1,3 millones de causas anuales. Hoy, esa cifra supera los 1,65 millones, con un alza de 20% en un año, mientras que la dotación de fiscales se mantiene. En regiones como Antofagasta, cada fiscal puede tener más de mil causas simultáneas. La dirigente advirtió que la falta de recursos humanos impacta directamente en la protección de víctimas, incluidas aquellas afectadas por delitos de violencia intrafamiliar o amenazas. “La delincuencia no se detiene, sigue operando 24/7, y nosotros debemos estar disponibles igual. La mayor afectación es para las víctimas”, subrayó. Asimismo, pidió al Poder Legislativo acelerar la aprobación de la ley y aumentar la meta a 600 nuevos fiscales, junto con medidas de seguridad urgentes como accesos diferenciados en tribunales y audiencias remotas para reducir riesgos. “El crimen organizado es cada vez más violento y temerario; no podemos permitir que avance más que el Estado”, concluyó.
