En entrevista televisiva, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, encendió las alarmas por el aumento del crimen organizado y la sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público, advirtiendo que la seguridad de los fiscales está en riesgo. “esperemos que nunca nos encontremos con un fiscal asesinado, pero hoy hay muchos fiscales con medidas de seguridad pues están amenazados. Ibarra explicó que el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que aun duerme en el congreso —presentado en 2023 y que contemplaba la incorporación de 205 nuevos fiscales— está basado en datos desactualizados de 2022, cuando ingresaban 1,3 millones de causas anuales. Hoy, esa cifra supera los 1,65 millones, con un alza de 20% en un año, mientras que la dotación de fiscales se mantiene. En regiones como Antofagasta, cada fiscal puede tener más de mil causas simultáneas. La dirigente advirtió que la falta de recursos humanos impacta directamente en la protección de víctimas, incluidas aquellas afectadas por delitos de violencia intrafamiliar o amenazas. “La delincuencia no se detiene, sigue operando 24/7, y nosotros debemos estar disponibles igual. La mayor afectación es para las víctimas”, subrayó. Asimismo, pidió al Poder Legislativo acelerar la aprobación de la ley y aumentar la meta a 600 nuevos fiscales, junto con medidas de seguridad urgentes como accesos diferenciados en tribunales y audiencias remotas para reducir riesgos. “El crimen organizado es cada vez más violento y temerario; no podemos permitir que avance más que el Estado”, concluyó.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite legislativo el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial (FS) de la Fiscalía Nacional, organismo encargado de perseguir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. De esta manera, la FS se incorporará a la Ley Orgánica del Ministerio Público y actuará en casos donde existan antecedentes de asociaciones delictivas o criminales que requieran intervención en más de una región o a nivel internacional (supraterritorial). Según lo indicado por la Fiscalía, el proyecto establece la creación de una unidad funcional nacional dentro del Ministerio Público, con un Fiscal Jefe designado por el Fiscal Nacional y con rango equivalente al de Fiscal Regional. Este fiscal será exclusiva confianza del Fiscal Nacional y podrá recibir instrucciones generales y particulares en las investigaciones a su cargo. Además, se conformará un equipo técnico-especializado integrado por fiscales adjuntos con experiencia en crimen organizado y litigación compleja, con evaluaciones exigentes y un régimen de rotación limitado en el tiempo. También se articulará un Sistema de Análisis Criminal para potenciar la persecución penal mediante estrategias integradas de análisis especializado a nivel nacional. La nueva Fiscalía Supraterritorial contará con facultades para actuar a nivel nacional y transnacional, complementando el modelo regionalizado actual. Se busca así hacer frente a la sofisticación y expansión territorial de las asociaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad pública y el Estado de Derecho. La ley también refuerza los mecanismos de rendición de cuentas e información al Congreso. El Fiscal Jefe deberá rendir cuenta pública anualmente sobre su gestión, mientras que el Fiscal Nacional informará al Congreso sobre el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los desafíos del crimen organizado. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que hoy damos un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. La ley que crea la Fiscalía supraterritorial ha sido aprobada por el Congreso Nacional y con ella dotamos al Ministerio Público y al Estado de Chile de una herramienta estratégica para investigar los delitos más complejos donde actúan organizaciones en varias regiones o incluso a nivel internacional. La nueva institucionalidad contempla una dotación de 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con un presupuesto inicial de 7691 millones de pesos y un plazo gradual de 3 años para su implementación. Fuente: Publimetro
Con una amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en su último trámite legislativo, el proyecto de Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile, que será ahora enviado al Presidente Gabriel Boric para su promulgación como ley de la República. La nueva normativa, que fue ingresada en octubre de 2013, pone el foco en el interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA), reconociendo su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que les asegure afecto, protección y cuidados esenciales, cualquiera sea su composición. Durante su debate, la propuesta recibió más de 400 modificaciones, muchas de ellas orientadas a actualizar el sistema en línea con otras leyes vigentes como la Ley de Garantías de la Niñez. Una de las innovaciones más destacadas es la reducción de los plazos del proceso de adopción, que actualmente puede extenderse por hasta ocho años, y que con la nueva norma podría acortarse a un máximo de dos. Derechos y garantías en el centro del proceso La ley se estructura en nueve títulos, abordando desde principios generales hasta procedimientos nacionales e internacionales, resguardo de orígenes, y nuevas figuras como la adopción por integración. También se reconoce el derecho de los NNA a ser oídos en todo momento del procedimiento, así como a contar con representación jurídica especializada, gratuita e independiente. En cuanto a las familias de acogida, se abre la posibilidad —en casos excepcionales— de que puedan adoptar a un menor si éste ha permanecido con ellos de forma continua por al menos 18 meses. Además, se prohíbe expresamente que la declaración de adoptabilidad se fundamente en la pobreza o en discriminación arbitraria hacia los progenitores o su entorno. Identidad y origen: un derecho irrenunciable Otro punto relevante es el reconocimiento del derecho a la identidad. Las personas adoptadas podrán acceder a información sobre sus orígenes, incluyendo la identidad de sus progenitores y hermanos biológicos, así como los antecedentes sobre su historia previa a la adopción. También se regula el procedimiento de adoptabilidad por cesión voluntaria, permitiendo que la persona embarazada o los progenitores puedan iniciar este proceso desde antes del nacimiento hasta los 18 meses posteriores. En este caso, el derecho a retractarse es irrenunciable. El proyecto fue aprobado con amplio respaldo en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 119 votos a favor y solo cinco abstenciones, y fue valorado por poner a los NNA al centro del sistema.
En entrevista televisiva, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, encendió las alarmas por el aumento del crimen organizado y la sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público, advirtiendo que la seguridad de los fiscales está en riesgo. “esperemos que nunca nos encontremos con un fiscal asesinado, pero hoy hay muchos fiscales con medidas de seguridad pues están amenazados. Ibarra explicó que el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que aun duerme en el congreso —presentado en 2023 y que contemplaba la incorporación de 205 nuevos fiscales— está basado en datos desactualizados de 2022, cuando ingresaban 1,3 millones de causas anuales. Hoy, esa cifra supera los 1,65 millones, con un alza de 20% en un año, mientras que la dotación de fiscales se mantiene. En regiones como Antofagasta, cada fiscal puede tener más de mil causas simultáneas. La dirigente advirtió que la falta de recursos humanos impacta directamente en la protección de víctimas, incluidas aquellas afectadas por delitos de violencia intrafamiliar o amenazas. “La delincuencia no se detiene, sigue operando 24/7, y nosotros debemos estar disponibles igual. La mayor afectación es para las víctimas”, subrayó. Asimismo, pidió al Poder Legislativo acelerar la aprobación de la ley y aumentar la meta a 600 nuevos fiscales, junto con medidas de seguridad urgentes como accesos diferenciados en tribunales y audiencias remotas para reducir riesgos. “El crimen organizado es cada vez más violento y temerario; no podemos permitir que avance más que el Estado”, concluyó.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite legislativo el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial (FS) de la Fiscalía Nacional, organismo encargado de perseguir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. De esta manera, la FS se incorporará a la Ley Orgánica del Ministerio Público y actuará en casos donde existan antecedentes de asociaciones delictivas o criminales que requieran intervención en más de una región o a nivel internacional (supraterritorial). Según lo indicado por la Fiscalía, el proyecto establece la creación de una unidad funcional nacional dentro del Ministerio Público, con un Fiscal Jefe designado por el Fiscal Nacional y con rango equivalente al de Fiscal Regional. Este fiscal será exclusiva confianza del Fiscal Nacional y podrá recibir instrucciones generales y particulares en las investigaciones a su cargo. Además, se conformará un equipo técnico-especializado integrado por fiscales adjuntos con experiencia en crimen organizado y litigación compleja, con evaluaciones exigentes y un régimen de rotación limitado en el tiempo. También se articulará un Sistema de Análisis Criminal para potenciar la persecución penal mediante estrategias integradas de análisis especializado a nivel nacional. La nueva Fiscalía Supraterritorial contará con facultades para actuar a nivel nacional y transnacional, complementando el modelo regionalizado actual. Se busca así hacer frente a la sofisticación y expansión territorial de las asociaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad pública y el Estado de Derecho. La ley también refuerza los mecanismos de rendición de cuentas e información al Congreso. El Fiscal Jefe deberá rendir cuenta pública anualmente sobre su gestión, mientras que el Fiscal Nacional informará al Congreso sobre el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los desafíos del crimen organizado. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que hoy damos un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. La ley que crea la Fiscalía supraterritorial ha sido aprobada por el Congreso Nacional y con ella dotamos al Ministerio Público y al Estado de Chile de una herramienta estratégica para investigar los delitos más complejos donde actúan organizaciones en varias regiones o incluso a nivel internacional. La nueva institucionalidad contempla una dotación de 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con un presupuesto inicial de 7691 millones de pesos y un plazo gradual de 3 años para su implementación. Fuente: Publimetro
Con una amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en su último trámite legislativo, el proyecto de Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile, que será ahora enviado al Presidente Gabriel Boric para su promulgación como ley de la República. La nueva normativa, que fue ingresada en octubre de 2013, pone el foco en el interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA), reconociendo su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que les asegure afecto, protección y cuidados esenciales, cualquiera sea su composición. Durante su debate, la propuesta recibió más de 400 modificaciones, muchas de ellas orientadas a actualizar el sistema en línea con otras leyes vigentes como la Ley de Garantías de la Niñez. Una de las innovaciones más destacadas es la reducción de los plazos del proceso de adopción, que actualmente puede extenderse por hasta ocho años, y que con la nueva norma podría acortarse a un máximo de dos. Derechos y garantías en el centro del proceso La ley se estructura en nueve títulos, abordando desde principios generales hasta procedimientos nacionales e internacionales, resguardo de orígenes, y nuevas figuras como la adopción por integración. También se reconoce el derecho de los NNA a ser oídos en todo momento del procedimiento, así como a contar con representación jurídica especializada, gratuita e independiente. En cuanto a las familias de acogida, se abre la posibilidad —en casos excepcionales— de que puedan adoptar a un menor si éste ha permanecido con ellos de forma continua por al menos 18 meses. Además, se prohíbe expresamente que la declaración de adoptabilidad se fundamente en la pobreza o en discriminación arbitraria hacia los progenitores o su entorno. Identidad y origen: un derecho irrenunciable Otro punto relevante es el reconocimiento del derecho a la identidad. Las personas adoptadas podrán acceder a información sobre sus orígenes, incluyendo la identidad de sus progenitores y hermanos biológicos, así como los antecedentes sobre su historia previa a la adopción. También se regula el procedimiento de adoptabilidad por cesión voluntaria, permitiendo que la persona embarazada o los progenitores puedan iniciar este proceso desde antes del nacimiento hasta los 18 meses posteriores. En este caso, el derecho a retractarse es irrenunciable. El proyecto fue aprobado con amplio respaldo en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 119 votos a favor y solo cinco abstenciones, y fue valorado por poner a los NNA al centro del sistema.
