Tras decapitación de reo: Ministro de Justicia afirma que "en Chile los internos no tienen el control"
Entre las medidas adoptadas, el secretario de Estado mencionó avances en infraestructura penitenciaria y la implementación de inhibidores de telefonía celular.
Este martes, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, salió al paso y abordó la inusitada -y con todo, polémica- situación ocurrida en el Centro Penitenciario Biobío, en Concepción, luego de que Gendarmería encontrara a un reo decapitado dentro de su celda. El hecho, suscitado en el Módulo 42, fue calificado por las autoridades como un caso inédito en el sistema penitenciario chileno.
Según un comunicado de la Dirección Regional de Gendarmería del Bío Bío, en el lugar se halló una biblia, escritos satánicos, sangre en las paredes con la inscripción “666”, el cadáver sobre la cama y su cabeza a un costado mirando hacia la puerta; todo en directa relación a un posible "ritual satánico".
En este contexto, el titular de la cartera explicó las medidas investigativas y administrativas que se están implementando para esclarecer los hechos y mejorar las falencias detectadas.
“El día de ayer dispusimos varias medidas inmediatas. El subsecretario de Justicia y el director nacional de Gendarmería se trasladaron al penal, donde se inició un sumario administrativo para esclarecer los hechos. Esta investigación se llevará a cabo con la mayor celeridad posible para determinar las motivaciones del agresor y evaluar la necesidad de nuevas acciones”, señaló desde La Moneda.
De igual forma, agregó que se reforzarán los turnos nocturnos dentro de Gendarmería para evitar situaciones similares, destacando que la decisión de agilizar el sumario fue tomada para esclarecer rápidamente los hechos.Al ser consultado sobre posibles medidas adicionales, el personero de Gobierno indicó que éstas se evaluarán en el camino.
“Este es un hecho grave y sin precedentes en el sistema penitenciario chileno. A pesar de que la cárcel no presenta sobrepoblación, se deben reforzar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir en ningún penal del país”, enfatizó el secretario de Estado.
“En nuestro país no ocurre lo que ocurre en otros países de la región, donde quienes administran el establecimiento penitenciario son los propios internos y el Estado después tiene que ir a retomar el control de esa cárcel. Y eso lo hemos visto muy recientemente en varios países de la región. Eso en nuestro país no ocurre”, fustigó.
Como último punto, Gajardo refrendó que “cuando recibimos Gendarmería refrendó que "cuando recibimos Gendarmería, existía sólo un vehículo parcialmente blindado para traslados de alto riesgo; ahora contamos con una flota de vehículos blindados”. También resaltó que, anteriormente, no existía un sistema de inhibición de telefonía celular en las cárceles, y ahora se ha implementado en el 20% de la población penal, con la meta de llegar al 50% en el próximo año", cerró.
Cabe resaltar que el recluso acusado de decapitar a su compañero de celda fue identificado como Diego Valdés de 41 años de edad, para quien fue solicitada "la atención de salud mental correspondiente, psicólogo y psiquiatra, para que nuestro representado pueda recibir tratamiento médico adecuado a su estado de salud mental, esto en el hospital penal, preferentemente y de forma inmediata o urgente”, confirmó María Cristina Melgarejo, coordinadora de la defensoría pública penitenciaria.
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Además, fue decretado arraigo nacional para ambos sujetos, mientras que la casa de estudios anunció el inicio de un proceso disciplinario que podría terminar en expulsión.
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Las iniciativas contemplan modificar el Código Penal y permitir la revisión de mochilas, prohibición de capuchas y gorros, inhabilidad de ciertos condenados para optar a la gratuidad, entre otros.
Los detenidos fueron dos chilenos de 23 y 48 años, y un ecuatoriano de 22 años, quien mantiene una orden de expulsión vigente desde agosto de 2025.
El ente resolvió responsabilizar al ex jefe comunal por retrasos en la tramitación sumarios administrativos y además, proponen sanciones económicas para el ex asesor jurídico.
Informe revela que municipios del país gastaron más en festejos que en ayuda social. En la región, Sierra Gorda destaca por su alto gasto por habitante y San Pedro figura entre comunas con mayor brecha.
Autoridades sanitarias cursaron 21 sumarios sanitarios, 6 prohibiciones de funcionamiento y el decomiso de una tonelada de productos del mar, otras carnes y alimentos perecibles.
El hecho se registró en la sede ubicada en la intersección de las calles Arturo Prat con José Santos Ossa. Carabineros acudió al lugar para el cierre del recinto.
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El decomiso se concretó luego de que Carabineros acudiera a un domicilio de la capital loína, tras recibir un llamado alertando sobre un robo en desarrollo.
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Los abogados del imputado, Daniel Andrade, solicitaron declarar incompetente al tribunal de Antofagasta. Se fijó una nueva fecha de preparación de juicio oral.
