En un esfuerzo por combatir el crimen organizado al interior de los recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile, en el marco del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, realizó un masivo operativo de allanamiento en ocho cárceles del norte del país. La acción, que contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, y otras autoridades regionales y de la institución, se centró en los complejos penitenciarios de Arica, Alto Hospicio y Antofagasta, además de otros centros de detención en Iquique, Calama, Tocopilla y Taltal. El operativo, que movilizó a más de 800 funcionarios, permitió registrar a 6.932 personas privadas de libertad y decomisar 38 teléfonos celulares, 44 litros de licor artesanal, 952 kilogramos de sustancias ilícitas y 209 armas blancas. Según el ministro Gajardo, este tipo de procedimientos, que se implementan desde 2022, se están perfeccionando con allanamientos más exhaustivos y focalizados por zonas. Además de los resultados del operativo, las autoridades presentaron un vehículo blindado de alta seguridad destinado al traslado de reclusos de alto riesgo en las ciudades de Antofagasta e Iquique. Este tipo de automóvil, que ya opera en Valparaíso y próximamente llegará a Arica y La Serena, cuenta con tracción 4x4, blindaje táctico de 360 grados y monitoreo permanente a través de GPS, lo que garantiza la seguridad en los desplazamientos. Finalmente, en la región de Antofagasta, los allanamientos en las cinco unidades penales resultaron en la incautación de 71 armas blancas, 12 celulares y diversas sustancias ilícitas. Más de 260 funcionarios participaron en el registro de cerca de 2.000 internos, confirmando el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la seguridad en los centros penitenciarios del país.
Quince mujeres, usuarias del Centro de Reinserción Social de Antofagasta, completaron el programaFamilia y Pareja de Gendarmería, una iniciativa diseñada para entregarles herramientas y así evitar la reincidencia delictual. Este taller se realizó por primera vez en la comuna, con el objetivo de ayudarlas a construir un camino prosocial y sostenible. El programa, que se extendió por tres meses, se centró en la problemática de la influencia familiar y de pareja en la comisión de delitos. Las participantes, que cumplen penas de Libertad Vigilada Intensiva, aprendieron a identificar y distanciarse de las personas y entornos negativos. Además, se les enseñó a apoyarse en círculos virtuosos para consolidar su proceso de reinserción. Ana, una de las beneficiarias del programa, destacó el impacto positivo del taller.Nos ayudaron mucho. Varias teníamos problemas familiares y sentimentales, y siempre nos orientaron. Nos ayudó a unirnos y aprendimos a alejarnos de lo procriminal. Varias hemos tenido cambios y ahora sabemos que cuando hay un problema, nos alejamos y ya no tenemos a los amigos que teníamos antes, comentó. Ante esto, la ceremonia de certificación contó con la presencia de la seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, y el director regional de Gendarmería, Rodrigo Salinas Robles. Miguel Bravo, jefe del Centro de Reinserción Social, resaltó la importancia del compromiso de las usuarias.Es fundamental que cada una comprenda que el camino hacia el futuro lo construimos entre todos. Sabemos que no es simple, pero estamos seguros de que se puede lograr, afirmó. Finalmente, la alta asistencia y el compromiso de las participantes demostraron el éxito de este primer taller, que abre un camino de esperanza para la reinserción social de estas mujeres en la región.
Un importante paso en la reinserción social y el beneficio comunitario se dio en Antofagasta con la firma de un convenio entre Gendarmería de Chile y la Junta de Vecinos del Conjunto Habitacional Peñablanca. Este acuerdo permitirá implementar la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad, una medida sustitutiva impuesta por los tribunales que busca que quienes han cometido delitos reparen su falta a través de trabajo en favor de la sociedad. Ante esto, el convenio habilitará 15 plazas mensuales para que personas bajo esta pena realicen diversas actividades en el sector, tales como aseo, mantenimiento de la sede vecinal y la multicancha, cuidado de áreas verdes y otros espacios comunes. Estas labores serán supervisadas por un integrante de la Junta de Vecinos, quien orientará el plan de trabajo, y a su vez, por un delegado de Gendarmería, asegurando el cumplimiento efectivo de la pena. Asimismo, Leandro Montes, presidente de la Junta de Vecinos de Peñablanca, destacó la relevancia de esta iniciativa para su comunidad.Estamos sumamente agradecidos de poder firmar este convenio junto a Gendarmería porque será una gran ayuda para nosotros, en el caso de la limpieza, la mantención de las áreas verdes. Hay que tener el ánimo de dar una segunda oportunidad a las personas, expresó Montes, subrayando la escasez de mano de obra para este tipo de tareas que a menudo enfrentan. La seremi de Justicia y DD.HH., quien participó en la firma, enfatizó la conexión entre reinserción social y seguridad.Reinserción social es seguridad, es por ello que junto a Gendarmería de Chile relevamos una nueva firma de convenio de colaboración con una junta de vecinos de Antofagasta que permite avanzar en materia de reinserción social de personas sancionadas bajo la Ley 20.603, transformándose en un aporte comunitario y un beneficio para organizaciones sin fines de lucro, afirmó, resaltando la labor de Gendarmería más allá de la custodia. Actualmente, en la región existen 45 convenios vigentes de este tipo, 24 de ellos en Antofagasta, donde 105 personas cumplen penas sustitutivas. El coronel Rodrigo Salinas, director de Gendarmería Antofagasta, explicó quecomo Gendarmería, estamos de forma permanente generando estos convenios a fin de que tengamos las plazas disponibles para el cumplimiento de las penas sustitutivas de quienes fueron sancionados por un Tribunal y es importante que la comunidad conozca que existen estas alternativas que son un aporte para el trabajo de los dirigentes y también un apoyo a la reinserción. Finalmente, el convenio tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de ser renovado. La seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, hizo un llamado a otras organizaciones sociales a sumarse a esta iniciativa, destacando que la reinserción social es un desafío conjunto entre el Estado y la comunidad, que además contribuye a mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos.
En una reciente entrevista televisiva, el Suboficial Mayor Rodrigo Pereira, jefe operativo del Centro de Apoyo para la Integración Social (CAIS) de Gendarmería en Antofagasta, abordó los alcances del Decreto Ley 409, normativa que permite la eliminación de antecedentes penales en Chile, incluso en casos de delitos graves, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Este decreto, vigente desde 1932, permite que cualquier persona condenada por un delito pueda eliminar su registro penal tras cumplir su condena y someterse a un período de firma voluntaria ante Gendarmería. Si se trata de una sola causa penal, el plazo es de dos años; si hay más de una, debe firmar durante cinco años. Pereira explicó que este procedimiento se realiza sin costo alguno y que no se requiere representación legal. “La normativa es clara: no distingue el tipo de delito. Siempre que la persona cumpla los requisitos, puede eliminar sus antecedentes penales. Esto incluye desde delitos menores hasta delitos graves como homicidios o delitos sexuales”, indicó Pereira. Sin embargo, precisó que en casos de delitos sexuales, aunque se eliminen los antecedentes penales, la persona queda inscrita de por vida en registros especiales del Registro Civil, lo que le impide, por ejemplo, trabajar con menores o conducir transporte escolar. En cuanto a personas extranjeras, Pereira aseguró que también pueden acceder a este beneficio si cuentan con cédula nacional vigente o, en su defecto, un certificado del Registro Civil que indique que su cédula está en trámite. Respecto a infracciones a la Ley de Tránsito y la Ley 20.000 sobre drogas, el Suboficial explicó que si bien el delito puede eliminarse, los actos administrativos asociados —como suspensiones de licencia o registros por violencia intrafamiliar— permanecen en los antecedentes del Registro Civil. El CAIS no sólo gestiona procesos de eliminación de antecedentes, sino que también cumple un rol fundamental en la reinserción social de las personas condenadas, facilitando su acceso a capacitación y empleos, a través de convenios con empresas locales. “Nuestro objetivo es apoyar a quienes ya cumplieron con la justicia a que puedan reinsertarse y no reincidan. Hoy controlamos a más de mil usuarios en Antofagasta”, detalló Pereira. El funcionario concluyó haciendo un llamado a las personas interesadas en acogerse al Decreto Ley 409 a acercarse al CAIS ubicado en Barón de la Riviera 1030, en Antofagasta. También reiteró la importancia de actualizar esta legislación, ya que “es una normativa de 1932 que no se ha modernizado y permite eliminar todos los delitos sin distinción”. La entrevista dejó en evidencia la necesidad de un debate legislativo sobre la vigencia y alcances de esta ley, así como la urgencia de reforzar el sistema de control y apoyo para una reinserción efectiva en la sociedad.
El sistema carcelario de la región se encuentra en un punto crítico, marcado por un preocupante colapso evidenciado en el hacinamiento, la diversificación del perfil de los internos y funcionarios de Gendarmería sobrepasados por la situación. Un claro indicador de esta crisis es el incremento exponencial de la población extranjera recluida en los penales regionales. Según cifras proporcionadas por Gendarmería, al cierre de marzo del presente año, se contabilizaban 1.300 internos de otras nacionalidades en la región, cifra que representa el 39,7% del total de la población carcelaria. Al comparar este dato con abril de 2023, cuando se registraban 804 internos extranjeros, se observa un aumento del 61,69% en tan solo dos años. Ante esto, la nacionalidad predominante entre los reclusos extranjeros es la boliviana, con 543 personas registradas. Le siguen los ciudadanos colombianos, con 400 internos, y en tercer lugar se ubican los venezolanos, con 262. Este último grupo ha experimentado el crecimiento más significativo, pasando de 110 internos hace dos años a los 262 actuales, lo que implica un aumento del 138,18%. Finalmente, ante este escenario, el gremio de funcionarios de Gendarmería ha alzado la voz, denunciando la insuficiencia de recursos tanto humanos como económicos para hacer frente a esta creciente crisis. La falta de personal y la limitada inversión dificultan la gestión del hacinamiento y la atención de las necesidades específicas de esta nueva composición de la población carcelaria.
En un esfuerzo por combatir el crimen organizado al interior de los recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile, en el marco del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, realizó un masivo operativo de allanamiento en ocho cárceles del norte del país. La acción, que contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, y otras autoridades regionales y de la institución, se centró en los complejos penitenciarios de Arica, Alto Hospicio y Antofagasta, además de otros centros de detención en Iquique, Calama, Tocopilla y Taltal. El operativo, que movilizó a más de 800 funcionarios, permitió registrar a 6.932 personas privadas de libertad y decomisar 38 teléfonos celulares, 44 litros de licor artesanal, 952 kilogramos de sustancias ilícitas y 209 armas blancas. Según el ministro Gajardo, este tipo de procedimientos, que se implementan desde 2022, se están perfeccionando con allanamientos más exhaustivos y focalizados por zonas. Además de los resultados del operativo, las autoridades presentaron un vehículo blindado de alta seguridad destinado al traslado de reclusos de alto riesgo en las ciudades de Antofagasta e Iquique. Este tipo de automóvil, que ya opera en Valparaíso y próximamente llegará a Arica y La Serena, cuenta con tracción 4x4, blindaje táctico de 360 grados y monitoreo permanente a través de GPS, lo que garantiza la seguridad en los desplazamientos. Finalmente, en la región de Antofagasta, los allanamientos en las cinco unidades penales resultaron en la incautación de 71 armas blancas, 12 celulares y diversas sustancias ilícitas. Más de 260 funcionarios participaron en el registro de cerca de 2.000 internos, confirmando el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la seguridad en los centros penitenciarios del país.
Quince mujeres, usuarias del Centro de Reinserción Social de Antofagasta, completaron el programaFamilia y Pareja de Gendarmería, una iniciativa diseñada para entregarles herramientas y así evitar la reincidencia delictual. Este taller se realizó por primera vez en la comuna, con el objetivo de ayudarlas a construir un camino prosocial y sostenible. El programa, que se extendió por tres meses, se centró en la problemática de la influencia familiar y de pareja en la comisión de delitos. Las participantes, que cumplen penas de Libertad Vigilada Intensiva, aprendieron a identificar y distanciarse de las personas y entornos negativos. Además, se les enseñó a apoyarse en círculos virtuosos para consolidar su proceso de reinserción. Ana, una de las beneficiarias del programa, destacó el impacto positivo del taller.Nos ayudaron mucho. Varias teníamos problemas familiares y sentimentales, y siempre nos orientaron. Nos ayudó a unirnos y aprendimos a alejarnos de lo procriminal. Varias hemos tenido cambios y ahora sabemos que cuando hay un problema, nos alejamos y ya no tenemos a los amigos que teníamos antes, comentó. Ante esto, la ceremonia de certificación contó con la presencia de la seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, y el director regional de Gendarmería, Rodrigo Salinas Robles. Miguel Bravo, jefe del Centro de Reinserción Social, resaltó la importancia del compromiso de las usuarias.Es fundamental que cada una comprenda que el camino hacia el futuro lo construimos entre todos. Sabemos que no es simple, pero estamos seguros de que se puede lograr, afirmó. Finalmente, la alta asistencia y el compromiso de las participantes demostraron el éxito de este primer taller, que abre un camino de esperanza para la reinserción social de estas mujeres en la región.
Un importante paso en la reinserción social y el beneficio comunitario se dio en Antofagasta con la firma de un convenio entre Gendarmería de Chile y la Junta de Vecinos del Conjunto Habitacional Peñablanca. Este acuerdo permitirá implementar la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad, una medida sustitutiva impuesta por los tribunales que busca que quienes han cometido delitos reparen su falta a través de trabajo en favor de la sociedad. Ante esto, el convenio habilitará 15 plazas mensuales para que personas bajo esta pena realicen diversas actividades en el sector, tales como aseo, mantenimiento de la sede vecinal y la multicancha, cuidado de áreas verdes y otros espacios comunes. Estas labores serán supervisadas por un integrante de la Junta de Vecinos, quien orientará el plan de trabajo, y a su vez, por un delegado de Gendarmería, asegurando el cumplimiento efectivo de la pena. Asimismo, Leandro Montes, presidente de la Junta de Vecinos de Peñablanca, destacó la relevancia de esta iniciativa para su comunidad.Estamos sumamente agradecidos de poder firmar este convenio junto a Gendarmería porque será una gran ayuda para nosotros, en el caso de la limpieza, la mantención de las áreas verdes. Hay que tener el ánimo de dar una segunda oportunidad a las personas, expresó Montes, subrayando la escasez de mano de obra para este tipo de tareas que a menudo enfrentan. La seremi de Justicia y DD.HH., quien participó en la firma, enfatizó la conexión entre reinserción social y seguridad.Reinserción social es seguridad, es por ello que junto a Gendarmería de Chile relevamos una nueva firma de convenio de colaboración con una junta de vecinos de Antofagasta que permite avanzar en materia de reinserción social de personas sancionadas bajo la Ley 20.603, transformándose en un aporte comunitario y un beneficio para organizaciones sin fines de lucro, afirmó, resaltando la labor de Gendarmería más allá de la custodia. Actualmente, en la región existen 45 convenios vigentes de este tipo, 24 de ellos en Antofagasta, donde 105 personas cumplen penas sustitutivas. El coronel Rodrigo Salinas, director de Gendarmería Antofagasta, explicó quecomo Gendarmería, estamos de forma permanente generando estos convenios a fin de que tengamos las plazas disponibles para el cumplimiento de las penas sustitutivas de quienes fueron sancionados por un Tribunal y es importante que la comunidad conozca que existen estas alternativas que son un aporte para el trabajo de los dirigentes y también un apoyo a la reinserción. Finalmente, el convenio tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de ser renovado. La seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, hizo un llamado a otras organizaciones sociales a sumarse a esta iniciativa, destacando que la reinserción social es un desafío conjunto entre el Estado y la comunidad, que además contribuye a mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos.
En una reciente entrevista televisiva, el Suboficial Mayor Rodrigo Pereira, jefe operativo del Centro de Apoyo para la Integración Social (CAIS) de Gendarmería en Antofagasta, abordó los alcances del Decreto Ley 409, normativa que permite la eliminación de antecedentes penales en Chile, incluso en casos de delitos graves, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Este decreto, vigente desde 1932, permite que cualquier persona condenada por un delito pueda eliminar su registro penal tras cumplir su condena y someterse a un período de firma voluntaria ante Gendarmería. Si se trata de una sola causa penal, el plazo es de dos años; si hay más de una, debe firmar durante cinco años. Pereira explicó que este procedimiento se realiza sin costo alguno y que no se requiere representación legal. “La normativa es clara: no distingue el tipo de delito. Siempre que la persona cumpla los requisitos, puede eliminar sus antecedentes penales. Esto incluye desde delitos menores hasta delitos graves como homicidios o delitos sexuales”, indicó Pereira. Sin embargo, precisó que en casos de delitos sexuales, aunque se eliminen los antecedentes penales, la persona queda inscrita de por vida en registros especiales del Registro Civil, lo que le impide, por ejemplo, trabajar con menores o conducir transporte escolar. En cuanto a personas extranjeras, Pereira aseguró que también pueden acceder a este beneficio si cuentan con cédula nacional vigente o, en su defecto, un certificado del Registro Civil que indique que su cédula está en trámite. Respecto a infracciones a la Ley de Tránsito y la Ley 20.000 sobre drogas, el Suboficial explicó que si bien el delito puede eliminarse, los actos administrativos asociados —como suspensiones de licencia o registros por violencia intrafamiliar— permanecen en los antecedentes del Registro Civil. El CAIS no sólo gestiona procesos de eliminación de antecedentes, sino que también cumple un rol fundamental en la reinserción social de las personas condenadas, facilitando su acceso a capacitación y empleos, a través de convenios con empresas locales. “Nuestro objetivo es apoyar a quienes ya cumplieron con la justicia a que puedan reinsertarse y no reincidan. Hoy controlamos a más de mil usuarios en Antofagasta”, detalló Pereira. El funcionario concluyó haciendo un llamado a las personas interesadas en acogerse al Decreto Ley 409 a acercarse al CAIS ubicado en Barón de la Riviera 1030, en Antofagasta. También reiteró la importancia de actualizar esta legislación, ya que “es una normativa de 1932 que no se ha modernizado y permite eliminar todos los delitos sin distinción”. La entrevista dejó en evidencia la necesidad de un debate legislativo sobre la vigencia y alcances de esta ley, así como la urgencia de reforzar el sistema de control y apoyo para una reinserción efectiva en la sociedad.
El sistema carcelario de la región se encuentra en un punto crítico, marcado por un preocupante colapso evidenciado en el hacinamiento, la diversificación del perfil de los internos y funcionarios de Gendarmería sobrepasados por la situación. Un claro indicador de esta crisis es el incremento exponencial de la población extranjera recluida en los penales regionales. Según cifras proporcionadas por Gendarmería, al cierre de marzo del presente año, se contabilizaban 1.300 internos de otras nacionalidades en la región, cifra que representa el 39,7% del total de la población carcelaria. Al comparar este dato con abril de 2023, cuando se registraban 804 internos extranjeros, se observa un aumento del 61,69% en tan solo dos años. Ante esto, la nacionalidad predominante entre los reclusos extranjeros es la boliviana, con 543 personas registradas. Le siguen los ciudadanos colombianos, con 400 internos, y en tercer lugar se ubican los venezolanos, con 262. Este último grupo ha experimentado el crecimiento más significativo, pasando de 110 internos hace dos años a los 262 actuales, lo que implica un aumento del 138,18%. Finalmente, ante este escenario, el gremio de funcionarios de Gendarmería ha alzado la voz, denunciando la insuficiencia de recursos tanto humanos como económicos para hacer frente a esta creciente crisis. La falta de personal y la limitada inversión dificultan la gestión del hacinamiento y la atención de las necesidades específicas de esta nueva composición de la población carcelaria.
