Un importante paso en la reinserción social y el beneficio comunitario se dio en Antofagasta con la firma de un convenio entre Gendarmería de Chile y la Junta de Vecinos del Conjunto Habitacional Peñablanca. Este acuerdo permitirá implementar la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad, una medida sustitutiva impuesta por los tribunales que busca que quienes han cometido delitos reparen su falta a través de trabajo en favor de la sociedad. Ante esto, el convenio habilitará 15 plazas mensuales para que personas bajo esta pena realicen diversas actividades en el sector, tales como aseo, mantenimiento de la sede vecinal y la multicancha, cuidado de áreas verdes y otros espacios comunes. Estas labores serán supervisadas por un integrante de la Junta de Vecinos, quien orientará el plan de trabajo, y a su vez, por un delegado de Gendarmería, asegurando el cumplimiento efectivo de la pena. Asimismo, Leandro Montes, presidente de la Junta de Vecinos de Peñablanca, destacó la relevancia de esta iniciativa para su comunidad.Estamos sumamente agradecidos de poder firmar este convenio junto a Gendarmería porque será una gran ayuda para nosotros, en el caso de la limpieza, la mantención de las áreas verdes. Hay que tener el ánimo de dar una segunda oportunidad a las personas, expresó Montes, subrayando la escasez de mano de obra para este tipo de tareas que a menudo enfrentan. La seremi de Justicia y DD.HH., quien participó en la firma, enfatizó la conexión entre reinserción social y seguridad.Reinserción social es seguridad, es por ello que junto a Gendarmería de Chile relevamos una nueva firma de convenio de colaboración con una junta de vecinos de Antofagasta que permite avanzar en materia de reinserción social de personas sancionadas bajo la Ley 20.603, transformándose en un aporte comunitario y un beneficio para organizaciones sin fines de lucro, afirmó, resaltando la labor de Gendarmería más allá de la custodia. Actualmente, en la región existen 45 convenios vigentes de este tipo, 24 de ellos en Antofagasta, donde 105 personas cumplen penas sustitutivas. El coronel Rodrigo Salinas, director de Gendarmería Antofagasta, explicó quecomo Gendarmería, estamos de forma permanente generando estos convenios a fin de que tengamos las plazas disponibles para el cumplimiento de las penas sustitutivas de quienes fueron sancionados por un Tribunal y es importante que la comunidad conozca que existen estas alternativas que son un aporte para el trabajo de los dirigentes y también un apoyo a la reinserción. Finalmente, el convenio tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de ser renovado. La seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, hizo un llamado a otras organizaciones sociales a sumarse a esta iniciativa, destacando que la reinserción social es un desafío conjunto entre el Estado y la comunidad, que además contribuye a mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos.
En una reciente entrevista televisiva, el Suboficial Mayor Rodrigo Pereira, jefe operativo del Centro de Apoyo para la Integración Social (CAIS) de Gendarmería en Antofagasta, abordó los alcances del Decreto Ley 409, normativa que permite la eliminación de antecedentes penales en Chile, incluso en casos de delitos graves, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Este decreto, vigente desde 1932, permite que cualquier persona condenada por un delito pueda eliminar su registro penal tras cumplir su condena y someterse a un período de firma voluntaria ante Gendarmería. Si se trata de una sola causa penal, el plazo es de dos años; si hay más de una, debe firmar durante cinco años. Pereira explicó que este procedimiento se realiza sin costo alguno y que no se requiere representación legal. “La normativa es clara: no distingue el tipo de delito. Siempre que la persona cumpla los requisitos, puede eliminar sus antecedentes penales. Esto incluye desde delitos menores hasta delitos graves como homicidios o delitos sexuales”, indicó Pereira. Sin embargo, precisó que en casos de delitos sexuales, aunque se eliminen los antecedentes penales, la persona queda inscrita de por vida en registros especiales del Registro Civil, lo que le impide, por ejemplo, trabajar con menores o conducir transporte escolar. En cuanto a personas extranjeras, Pereira aseguró que también pueden acceder a este beneficio si cuentan con cédula nacional vigente o, en su defecto, un certificado del Registro Civil que indique que su cédula está en trámite. Respecto a infracciones a la Ley de Tránsito y la Ley 20.000 sobre drogas, el Suboficial explicó que si bien el delito puede eliminarse, los actos administrativos asociados —como suspensiones de licencia o registros por violencia intrafamiliar— permanecen en los antecedentes del Registro Civil. El CAIS no sólo gestiona procesos de eliminación de antecedentes, sino que también cumple un rol fundamental en la reinserción social de las personas condenadas, facilitando su acceso a capacitación y empleos, a través de convenios con empresas locales. “Nuestro objetivo es apoyar a quienes ya cumplieron con la justicia a que puedan reinsertarse y no reincidan. Hoy controlamos a más de mil usuarios en Antofagasta”, detalló Pereira. El funcionario concluyó haciendo un llamado a las personas interesadas en acogerse al Decreto Ley 409 a acercarse al CAIS ubicado en Barón de la Riviera 1030, en Antofagasta. También reiteró la importancia de actualizar esta legislación, ya que “es una normativa de 1932 que no se ha modernizado y permite eliminar todos los delitos sin distinción”. La entrevista dejó en evidencia la necesidad de un debate legislativo sobre la vigencia y alcances de esta ley, así como la urgencia de reforzar el sistema de control y apoyo para una reinserción efectiva en la sociedad.
El sistema carcelario de la región se encuentra en un punto crítico, marcado por un preocupante colapso evidenciado en el hacinamiento, la diversificación del perfil de los internos y funcionarios de Gendarmería sobrepasados por la situación. Un claro indicador de esta crisis es el incremento exponencial de la población extranjera recluida en los penales regionales. Según cifras proporcionadas por Gendarmería, al cierre de marzo del presente año, se contabilizaban 1.300 internos de otras nacionalidades en la región, cifra que representa el 39,7% del total de la población carcelaria. Al comparar este dato con abril de 2023, cuando se registraban 804 internos extranjeros, se observa un aumento del 61,69% en tan solo dos años. Ante esto, la nacionalidad predominante entre los reclusos extranjeros es la boliviana, con 543 personas registradas. Le siguen los ciudadanos colombianos, con 400 internos, y en tercer lugar se ubican los venezolanos, con 262. Este último grupo ha experimentado el crecimiento más significativo, pasando de 110 internos hace dos años a los 262 actuales, lo que implica un aumento del 138,18%. Finalmente, ante este escenario, el gremio de funcionarios de Gendarmería ha alzado la voz, denunciando la insuficiencia de recursos tanto humanos como económicos para hacer frente a esta creciente crisis. La falta de personal y la limitada inversión dificultan la gestión del hacinamiento y la atención de las necesidades específicas de esta nueva composición de la población carcelaria.
En una jornada marcada por el impulso a la reinserción social, autoridades regionales visitaron la comuna de Tocopilla para relevar las iniciativas que se desarrollan en el Centro de Detención Preventiva (CDP) local. La seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, junto a la seremi de Agricultura, Karina Araya, la delegada presidencial provincial de Tocopilla, Rachel Cortés, y el director regional (S) de Gendarmería de Chile, Coronel Álex Meza Domínguez, conocieron de cerca el trabajo del Centro de Educación y Trabajo (CET) cerrado de la unidad penal. Este CET alberga a 12 internos que, a través de un proyecto de cultivos hidropónicos, cultivan hortalizas, verduras y diversas plantas como parte de su proceso de reinserción y cumplimiento de condena. La seremi de Agricultura aprovechó la instancia para ofrecer una charla sobre Disoluciones Nutritivas en Hidroponía, buscando optimizar la producción de los internos. Además, se comprometió la entrega de implementos y asesoría técnica para fortalecer esta labor. Ante esto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, destacó el carácter intersectorial de estas acciones, señalando que buscancontribuir a la integración social y laboral de la población adulta infractora de ley en la Región de Antofagasta. Agradeció la disposición de la seremi de Agricultura y resaltó el conocimiento de los internos en el área, lo que les permitirá desarrollar este oficio una vez que obtengan su libertad. Asimismo, se informó sobre la próxima implementación de capacitaciones del Programa +R, que beneficiará a 10 internos de Tocopilla. Por su parte, el director (s) de Gendarmería Antofagasta, Coronel Alex Meza Domínguez, enfatizó la importancia de la colaboración de otros organismos para entregar herramientas y conocimientos a los internos, facilitando su reinserción social y evitando la reincidencia. Subrayó el valor del aprendizaje de la agricultura en una zona desértica como el norte, lo que les brindará la oportunidad de obtener recursos para sus familias. Asimismo, la seremi de Agricultura, Karina Araya, manifestó su satisfacción por el trabajo articulado con la cartera de Justicia y valoró el compromiso de los internos por salir adelante y aprender. En paralelo a la visita al CDP, se llevó a cabo en el Paseo Peatonal de la Plaza Carlos Condell de Tocopilla la segunda Plaza de Justicia y Derechos Humanos. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Trabajo 2025 de la Mesa Regional de Reinserción Social, tuvo como objetivo principal difundir los servicios y atenciones que Gendarmería de Chile ofrece en materia de reinserción social. Finalmente, en la Plaza Ciudadana, Gendarmería informó sobre el DL 409 para la eliminación de antecedentes a través del Centro de Apoyo para la Integración Social (CAIS), el proceso de Admisión a la Escuela de Gendarmería y la labor de la Unidad de Canes Adiestrados. También se realizó una muestra y venta de productos elaborados por el CET de Tocopilla. Además, participaron el Registro Civil e Identificación, la Defensoría Penal Pública y el Juzgado de Garantía de Tocopilla, brindando atención, orientación y gestionando trámites para la comunidad.
Este viernes, se informó que un total de 70 funcionarias y funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados Penitenciarios (USEP) de la Región de Antofagasta, junto con personal del establecimiento penal, efectuaron el operativo, interviniendo a 532 internos del Centro de Detención Preventiva de Calama. El procedimiento arrojó el hallazgo de 9 teléfonos celulares, 20 litros de licor artesanal y 10 armas blancas, elementos que pueden vulnerar la seguridad de los establecimientos penales y del personal penitenciario, así como la propia integridad de las personas privadas de libertad. El director (s) de Gendarmería Antofagasta, coronel Alex Meza, señaló que la participación de las diferentes Unidades Especiales provenientes de las ciudades de Antofagasta y Calama, lo cual nos permitió detectar una serie de elementos prohibidos, disminuyendo la ocurrencia de nuevos eventos críticos que puedan alterar el régimen interno en este establecimiento. En tanto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera sostuvo que no podemos minimizar lo que representa para la gestión penitenciaria el aumento de población penal, por ello, estamos trabajando para brindar una solución de fondo con el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, y junto a Gendarmería de Chile se realizan permanentemente acciones para mantener el control de esta unidad. Con todo, entre las dependencias allanadas se encuentran sectores de especial interés, identificados tras el análisis y procesamiento de información estratégica por parte de Gendarmería, que permitieron focalizar la búsqueda de elementos con un mayor impacto en seguridad.
Un importante paso en la reinserción social y el beneficio comunitario se dio en Antofagasta con la firma de un convenio entre Gendarmería de Chile y la Junta de Vecinos del Conjunto Habitacional Peñablanca. Este acuerdo permitirá implementar la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad, una medida sustitutiva impuesta por los tribunales que busca que quienes han cometido delitos reparen su falta a través de trabajo en favor de la sociedad. Ante esto, el convenio habilitará 15 plazas mensuales para que personas bajo esta pena realicen diversas actividades en el sector, tales como aseo, mantenimiento de la sede vecinal y la multicancha, cuidado de áreas verdes y otros espacios comunes. Estas labores serán supervisadas por un integrante de la Junta de Vecinos, quien orientará el plan de trabajo, y a su vez, por un delegado de Gendarmería, asegurando el cumplimiento efectivo de la pena. Asimismo, Leandro Montes, presidente de la Junta de Vecinos de Peñablanca, destacó la relevancia de esta iniciativa para su comunidad.Estamos sumamente agradecidos de poder firmar este convenio junto a Gendarmería porque será una gran ayuda para nosotros, en el caso de la limpieza, la mantención de las áreas verdes. Hay que tener el ánimo de dar una segunda oportunidad a las personas, expresó Montes, subrayando la escasez de mano de obra para este tipo de tareas que a menudo enfrentan. La seremi de Justicia y DD.HH., quien participó en la firma, enfatizó la conexión entre reinserción social y seguridad.Reinserción social es seguridad, es por ello que junto a Gendarmería de Chile relevamos una nueva firma de convenio de colaboración con una junta de vecinos de Antofagasta que permite avanzar en materia de reinserción social de personas sancionadas bajo la Ley 20.603, transformándose en un aporte comunitario y un beneficio para organizaciones sin fines de lucro, afirmó, resaltando la labor de Gendarmería más allá de la custodia. Actualmente, en la región existen 45 convenios vigentes de este tipo, 24 de ellos en Antofagasta, donde 105 personas cumplen penas sustitutivas. El coronel Rodrigo Salinas, director de Gendarmería Antofagasta, explicó quecomo Gendarmería, estamos de forma permanente generando estos convenios a fin de que tengamos las plazas disponibles para el cumplimiento de las penas sustitutivas de quienes fueron sancionados por un Tribunal y es importante que la comunidad conozca que existen estas alternativas que son un aporte para el trabajo de los dirigentes y también un apoyo a la reinserción. Finalmente, el convenio tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de ser renovado. La seremi de Gobierno, Paulina Larrondo, hizo un llamado a otras organizaciones sociales a sumarse a esta iniciativa, destacando que la reinserción social es un desafío conjunto entre el Estado y la comunidad, que además contribuye a mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos.
En una reciente entrevista televisiva, el Suboficial Mayor Rodrigo Pereira, jefe operativo del Centro de Apoyo para la Integración Social (CAIS) de Gendarmería en Antofagasta, abordó los alcances del Decreto Ley 409, normativa que permite la eliminación de antecedentes penales en Chile, incluso en casos de delitos graves, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Este decreto, vigente desde 1932, permite que cualquier persona condenada por un delito pueda eliminar su registro penal tras cumplir su condena y someterse a un período de firma voluntaria ante Gendarmería. Si se trata de una sola causa penal, el plazo es de dos años; si hay más de una, debe firmar durante cinco años. Pereira explicó que este procedimiento se realiza sin costo alguno y que no se requiere representación legal. “La normativa es clara: no distingue el tipo de delito. Siempre que la persona cumpla los requisitos, puede eliminar sus antecedentes penales. Esto incluye desde delitos menores hasta delitos graves como homicidios o delitos sexuales”, indicó Pereira. Sin embargo, precisó que en casos de delitos sexuales, aunque se eliminen los antecedentes penales, la persona queda inscrita de por vida en registros especiales del Registro Civil, lo que le impide, por ejemplo, trabajar con menores o conducir transporte escolar. En cuanto a personas extranjeras, Pereira aseguró que también pueden acceder a este beneficio si cuentan con cédula nacional vigente o, en su defecto, un certificado del Registro Civil que indique que su cédula está en trámite. Respecto a infracciones a la Ley de Tránsito y la Ley 20.000 sobre drogas, el Suboficial explicó que si bien el delito puede eliminarse, los actos administrativos asociados —como suspensiones de licencia o registros por violencia intrafamiliar— permanecen en los antecedentes del Registro Civil. El CAIS no sólo gestiona procesos de eliminación de antecedentes, sino que también cumple un rol fundamental en la reinserción social de las personas condenadas, facilitando su acceso a capacitación y empleos, a través de convenios con empresas locales. “Nuestro objetivo es apoyar a quienes ya cumplieron con la justicia a que puedan reinsertarse y no reincidan. Hoy controlamos a más de mil usuarios en Antofagasta”, detalló Pereira. El funcionario concluyó haciendo un llamado a las personas interesadas en acogerse al Decreto Ley 409 a acercarse al CAIS ubicado en Barón de la Riviera 1030, en Antofagasta. También reiteró la importancia de actualizar esta legislación, ya que “es una normativa de 1932 que no se ha modernizado y permite eliminar todos los delitos sin distinción”. La entrevista dejó en evidencia la necesidad de un debate legislativo sobre la vigencia y alcances de esta ley, así como la urgencia de reforzar el sistema de control y apoyo para una reinserción efectiva en la sociedad.
El sistema carcelario de la región se encuentra en un punto crítico, marcado por un preocupante colapso evidenciado en el hacinamiento, la diversificación del perfil de los internos y funcionarios de Gendarmería sobrepasados por la situación. Un claro indicador de esta crisis es el incremento exponencial de la población extranjera recluida en los penales regionales. Según cifras proporcionadas por Gendarmería, al cierre de marzo del presente año, se contabilizaban 1.300 internos de otras nacionalidades en la región, cifra que representa el 39,7% del total de la población carcelaria. Al comparar este dato con abril de 2023, cuando se registraban 804 internos extranjeros, se observa un aumento del 61,69% en tan solo dos años. Ante esto, la nacionalidad predominante entre los reclusos extranjeros es la boliviana, con 543 personas registradas. Le siguen los ciudadanos colombianos, con 400 internos, y en tercer lugar se ubican los venezolanos, con 262. Este último grupo ha experimentado el crecimiento más significativo, pasando de 110 internos hace dos años a los 262 actuales, lo que implica un aumento del 138,18%. Finalmente, ante este escenario, el gremio de funcionarios de Gendarmería ha alzado la voz, denunciando la insuficiencia de recursos tanto humanos como económicos para hacer frente a esta creciente crisis. La falta de personal y la limitada inversión dificultan la gestión del hacinamiento y la atención de las necesidades específicas de esta nueva composición de la población carcelaria.
En una jornada marcada por el impulso a la reinserción social, autoridades regionales visitaron la comuna de Tocopilla para relevar las iniciativas que se desarrollan en el Centro de Detención Preventiva (CDP) local. La seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, junto a la seremi de Agricultura, Karina Araya, la delegada presidencial provincial de Tocopilla, Rachel Cortés, y el director regional (S) de Gendarmería de Chile, Coronel Álex Meza Domínguez, conocieron de cerca el trabajo del Centro de Educación y Trabajo (CET) cerrado de la unidad penal. Este CET alberga a 12 internos que, a través de un proyecto de cultivos hidropónicos, cultivan hortalizas, verduras y diversas plantas como parte de su proceso de reinserción y cumplimiento de condena. La seremi de Agricultura aprovechó la instancia para ofrecer una charla sobre Disoluciones Nutritivas en Hidroponía, buscando optimizar la producción de los internos. Además, se comprometió la entrega de implementos y asesoría técnica para fortalecer esta labor. Ante esto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, destacó el carácter intersectorial de estas acciones, señalando que buscancontribuir a la integración social y laboral de la población adulta infractora de ley en la Región de Antofagasta. Agradeció la disposición de la seremi de Agricultura y resaltó el conocimiento de los internos en el área, lo que les permitirá desarrollar este oficio una vez que obtengan su libertad. Asimismo, se informó sobre la próxima implementación de capacitaciones del Programa +R, que beneficiará a 10 internos de Tocopilla. Por su parte, el director (s) de Gendarmería Antofagasta, Coronel Alex Meza Domínguez, enfatizó la importancia de la colaboración de otros organismos para entregar herramientas y conocimientos a los internos, facilitando su reinserción social y evitando la reincidencia. Subrayó el valor del aprendizaje de la agricultura en una zona desértica como el norte, lo que les brindará la oportunidad de obtener recursos para sus familias. Asimismo, la seremi de Agricultura, Karina Araya, manifestó su satisfacción por el trabajo articulado con la cartera de Justicia y valoró el compromiso de los internos por salir adelante y aprender. En paralelo a la visita al CDP, se llevó a cabo en el Paseo Peatonal de la Plaza Carlos Condell de Tocopilla la segunda Plaza de Justicia y Derechos Humanos. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Trabajo 2025 de la Mesa Regional de Reinserción Social, tuvo como objetivo principal difundir los servicios y atenciones que Gendarmería de Chile ofrece en materia de reinserción social. Finalmente, en la Plaza Ciudadana, Gendarmería informó sobre el DL 409 para la eliminación de antecedentes a través del Centro de Apoyo para la Integración Social (CAIS), el proceso de Admisión a la Escuela de Gendarmería y la labor de la Unidad de Canes Adiestrados. También se realizó una muestra y venta de productos elaborados por el CET de Tocopilla. Además, participaron el Registro Civil e Identificación, la Defensoría Penal Pública y el Juzgado de Garantía de Tocopilla, brindando atención, orientación y gestionando trámites para la comunidad.
Este viernes, se informó que un total de 70 funcionarias y funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados Penitenciarios (USEP) de la Región de Antofagasta, junto con personal del establecimiento penal, efectuaron el operativo, interviniendo a 532 internos del Centro de Detención Preventiva de Calama. El procedimiento arrojó el hallazgo de 9 teléfonos celulares, 20 litros de licor artesanal y 10 armas blancas, elementos que pueden vulnerar la seguridad de los establecimientos penales y del personal penitenciario, así como la propia integridad de las personas privadas de libertad. El director (s) de Gendarmería Antofagasta, coronel Alex Meza, señaló que la participación de las diferentes Unidades Especiales provenientes de las ciudades de Antofagasta y Calama, lo cual nos permitió detectar una serie de elementos prohibidos, disminuyendo la ocurrencia de nuevos eventos críticos que puedan alterar el régimen interno en este establecimiento. En tanto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera sostuvo que no podemos minimizar lo que representa para la gestión penitenciaria el aumento de población penal, por ello, estamos trabajando para brindar una solución de fondo con el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, y junto a Gendarmería de Chile se realizan permanentemente acciones para mantener el control de esta unidad. Con todo, entre las dependencias allanadas se encuentran sectores de especial interés, identificados tras el análisis y procesamiento de información estratégica por parte de Gendarmería, que permitieron focalizar la búsqueda de elementos con un mayor impacto en seguridad.
