Ministro Monsalve cuestionó autorización de videollamadas por parte del Juez Urrutia
"A nosotros nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno utilizará todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir", detalló.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha expresado su desacuerdo con la polémica resolución del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien habría autorizado la realización de videollamadas para reos de alta peligrosidad internos en la Cárcel de Alta Seguridad de la región Metropolitana.
Desde Valparaíso, Monsalve afirmó que el Ministerio de Justicia y Gendarmería utilizarán todas las herramientas legales disponibles para revertir medidas de esta índole.
Según informes de Meganoticias, el juez Urrutia habría emitido la orden de realizar videollamadas de los reos con terceras personas, sin contar con la autorización de la administración penitenciaria. Esta resolución fue objeto de críticas por parte de Gendarmería, argumentando que pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada.
A pesar del reclamo de Gendarmería, el juez Urrutia ratificó su resolución, lo que llevó a la institución penitenciaria a recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se alertó sobre la gravedad de la medida.
En respuesta, Monsalve criticó la decisión del juez Urrutia y destacó que los reos de alta peligrosidad “ tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización”. Además, señaló que medidas como esta socavan los esfuerzos del Estado por generar seguridad en la población.
"A nosotros nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno utilizará todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir", aseguró Monsalve.
Para cerrar, el subsecretario fue consultado acerca de la eventualidad de aplicar sanciones contra el juez Daniel Urrutia, donde señaló que la competencia para tomar dicha determinación recae en el Poder Judicial. Sin embargo, reafirmó su convicción de que la resolución es altamente desacertada y conlleva un perjuicio tanto para la seguridad nacional como para los esfuerzos de las instituciones en la lucha contra el crimen organizado.
1 de septiembre de 2026
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