Democracia Viva presenta recurso de protección contra término unilateral de convenios con Minvu

La Fundación Democracia Viva, vinculada al escándalo político conocido como Caso Convenios, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esto se debe a que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio por terminados de manera unilateral los tres convenios que tenían con la fundación.

La institución, representada legalmente por Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democrática, presentó este recurso con el objetivo de poner fin a los convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La presentación del recurso se realizó cuando faltan tres días para que se cumpla el plazo de 30 días que el Minvu dio a la fundación para reponer el 92% de los $426 millones transferidos originalmente, es decir, $391.768.516. Según el Minvu, la fundación sólo ha ejecutado un 8% de lo presupuestado.

Democracia Viva considera que el actuar del Ministerio ha sido poco respetuoso de la rigurosidad técnica necesaria en estos actos administrativos, por lo que han recurrido a los tribunales de justicia para buscar un pronunciamiento sobre la ilegalidad y arbitrariedad del acto que pone fin unilateralmente a los convenios.

La fundación espera un pronunciamiento favorable para poner fin a los convenios y restituir los montos no ejecutados, tal como han manifestado desde el principio.

Cabe destacar que este no es el primer recurso que la fundación ha presentado después del ultimátum del Minvu. Anteriormente, el 21 de julio, presentaron un recurso de reposición ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, mostrando su desacuerdo con la solicitud de devolver los montos recibidos del Estado. Sin embargo, este recurso fue rechazado en su totalidad. Posteriormente, la Justicia retuvo más de 290 millones desde la cuenta corriente de la fundación, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado.

Los tres convenios entre el Minvu y Democracia Viva ascienden a $426 millones. El primero estaba destinado a proyectos de habitabilidad primaria en el campamento Ecuachilepe ($200 millones), el segundo tenía el mismo fin en el campamento Irarrázaval Etapa I ($170 millones) y los $56 millones restantes corresponden a la ejecución de diagnósticos territoriales en diferentes campamentos de la región de Antofagasta.