El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este viernes la detención de los principales involucrados en la investigación ligada a la Fundación ProCultura, una de las aristas más relevantes del denominado caso Convenios o “Líos de Platas”. La solicitud fue presentada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien encabeza la causa junto a un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), enfocada en eventuales irregularidades en el traspaso y uso de recursos públicos. Entre los detenidos se encuentran Alberto Larraín, cofundador de la organización; María Constanza Gómez, representante legal de la fundación; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y exfuncionario contratado por el GORE para relacionarse con la ONG. Todos ellos fueron aprehendidos en las últimas horas y quedaron a disposición del tribunal para el respectivo control de detención. Desde su domicilio, Larraín aseguró que la diligencia forma parte del proceso investigativo y manifestó su disposición a colaborar. “Todo lo que permita que esto avance ayuda. Llevamos dos años y medio en este proceso que no se ha podido esclarecer”, afirmó, agregando que confía en que las indagatorias permitirán despejar las dudas en torno a la gestión de la fundación. Según el Ministerio Público, las detenciones se enmarcan en la investigación del convenio suscrito entre ProCultura y el Gobierno Regional Metropolitano para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”. En ese contrato, el GORE RM transfirió más de $1.600 millones a la fundación, lo que activó alertas por posibles irregularidades en los procesos de asignación, evaluación técnica y rendición de los fondos. En paralelo, la Fiscalía mantiene vigente la solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego, presentada en septiembre del año pasado. El Ministerio Público sostiene que el convenio habría sido acelerado sin una justificación técnica suficiente y que existieron vínculos previos entre autoridades regionales y directivos de ProCultura, lo que podría configurar infracciones a los principios de probidad, transparencia e imparcialidad administrativa. La investigación también ha considerado conversaciones internas entre imputados, las que darían cuenta de presiones para apurar la aprobación del convenio. Para la Fiscalía, los recursos públicos habrían sido asignados de manera discrecional, sin parámetros objetivos de evaluación y sin resguardar adecuadamente el interés fiscal. Antofagasta En el norte del país, la fundación también quedó bajo escrutinio por convenios firmados con el Gobierno Regional de Antofagasta, liderado por Ricardo Díaz. En 2023 se cuestionó un acuerdo por más de $629 millones destinado a la restauración de fachadas del casco histórico de la ciudad, que incluía inmuebles emblemáticos como la casa de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, el Consulado de Bélgica y el Edificio Colón. Además, ProCultura ejecutó programas como “Quiero Mi Barrio”, iniciativas de habitabilidad primaria y proyectos de recuperación patrimonial a través de su Escuela Taller. El caso, que inicialmente se investigaba en Antofagasta, fue posteriormente trasladado a Santiago y ha estado marcado por controversias adicionales, como escuchas telefónicas declaradas ilegales y diligencias judiciales en curso. Con la orden de detención de la plana mayor de la fundación, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades penales y administrativas. Durante este fin de semana, los imputados enfrentarán el control de detención, instancia en la que el Ministerio Público expondrá los antecedentes reunidos. En tanto, el gobernador Orrego no comparecerá ante el tribunal mientras se resuelve su situación de fuero. El desenlace de estas audiencias será clave para definir el curso de una de las investigaciones más complejas y sensibles sobre el uso de fondos públicos en los últimos años.
Pese a que se encontraba fijada para este lunes 19 de enero, el Juzgado de Garantía de Antofagasta volvió a reprogramar la audiencia de preparación de juicio oral por Democracia Viva, principal arista del denominado Caso Convenios. Esto, luego de que el juzgado acogiera previamente la solicitud de las defensas de los imputados para reagendarla, puesto que necesitaban más tiempo para analizar antecedentes presentados por Fiscalía. Además de la petición del defensor que la semana pasada asumió la representación de Mery Donoso. En este escenario, la audiencia fue reprogramada por segunda vez, luego de ser pospuesta durante noviembre de 2025 para este lunes 19 de enero. Finalmente, la audiencia quedó fijada para el próximo 6 de abril, a las 08:30 horas. No obstante, también fue revisada la medida cautelar de Lorena Cisternas, quien seguirá con arresto domiciliario nocturno luego de que el tribunal rechazara la solicitud de cambio. El juicio revisará la existencia de 1 2 delitos de fraude al Fisco y dos de lavado de activos, donde se revisarán las sanciones para integrantes de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva y de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte. Según el Poder Judicial, la instancia se desarrollará desde las 8:30 horas y continuará los días que sean necesarios. La audiencia había sido suspendida tras un requerimiento de la defensa de Daniel Andrade, lo que llevó a la Fiscalía a realizar nuevas diligencias y volver a cerrar la investigación, presentando nuevamente la acusación la semana pasada. El Ministerio Público solicita penas de 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, imputados por tres delitos consumados de fraude al fisco. La Fiscalía estima que, una vez completada la preparación, el juicio podría extenderse entre tres y seis meses, marcando una de las etapas más relevantes del caso que remeció al sistema de fundaciones del país.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este viernes la detención de los principales involucrados en la investigación ligada a la Fundación ProCultura, una de las aristas más relevantes del denominado caso Convenios o “Líos de Platas”. La solicitud fue presentada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien encabeza la causa junto a un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), enfocada en eventuales irregularidades en el traspaso y uso de recursos públicos. Entre los detenidos se encuentran Alberto Larraín, cofundador de la organización; María Constanza Gómez, representante legal de la fundación; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y exfuncionario contratado por el GORE para relacionarse con la ONG. Todos ellos fueron aprehendidos en las últimas horas y quedaron a disposición del tribunal para el respectivo control de detención. Desde su domicilio, Larraín aseguró que la diligencia forma parte del proceso investigativo y manifestó su disposición a colaborar. “Todo lo que permita que esto avance ayuda. Llevamos dos años y medio en este proceso que no se ha podido esclarecer”, afirmó, agregando que confía en que las indagatorias permitirán despejar las dudas en torno a la gestión de la fundación. Según el Ministerio Público, las detenciones se enmarcan en la investigación del convenio suscrito entre ProCultura y el Gobierno Regional Metropolitano para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”. En ese contrato, el GORE RM transfirió más de $1.600 millones a la fundación, lo que activó alertas por posibles irregularidades en los procesos de asignación, evaluación técnica y rendición de los fondos. En paralelo, la Fiscalía mantiene vigente la solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego, presentada en septiembre del año pasado. El Ministerio Público sostiene que el convenio habría sido acelerado sin una justificación técnica suficiente y que existieron vínculos previos entre autoridades regionales y directivos de ProCultura, lo que podría configurar infracciones a los principios de probidad, transparencia e imparcialidad administrativa. La investigación también ha considerado conversaciones internas entre imputados, las que darían cuenta de presiones para apurar la aprobación del convenio. Para la Fiscalía, los recursos públicos habrían sido asignados de manera discrecional, sin parámetros objetivos de evaluación y sin resguardar adecuadamente el interés fiscal. Antofagasta En el norte del país, la fundación también quedó bajo escrutinio por convenios firmados con el Gobierno Regional de Antofagasta, liderado por Ricardo Díaz. En 2023 se cuestionó un acuerdo por más de $629 millones destinado a la restauración de fachadas del casco histórico de la ciudad, que incluía inmuebles emblemáticos como la casa de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, el Consulado de Bélgica y el Edificio Colón. Además, ProCultura ejecutó programas como “Quiero Mi Barrio”, iniciativas de habitabilidad primaria y proyectos de recuperación patrimonial a través de su Escuela Taller. El caso, que inicialmente se investigaba en Antofagasta, fue posteriormente trasladado a Santiago y ha estado marcado por controversias adicionales, como escuchas telefónicas declaradas ilegales y diligencias judiciales en curso. Con la orden de detención de la plana mayor de la fundación, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades penales y administrativas. Durante este fin de semana, los imputados enfrentarán el control de detención, instancia en la que el Ministerio Público expondrá los antecedentes reunidos. En tanto, el gobernador Orrego no comparecerá ante el tribunal mientras se resuelve su situación de fuero. El desenlace de estas audiencias será clave para definir el curso de una de las investigaciones más complejas y sensibles sobre el uso de fondos públicos en los últimos años.
Pese a que se encontraba fijada para este lunes 19 de enero, el Juzgado de Garantía de Antofagasta volvió a reprogramar la audiencia de preparación de juicio oral por Democracia Viva, principal arista del denominado Caso Convenios. Esto, luego de que el juzgado acogiera previamente la solicitud de las defensas de los imputados para reagendarla, puesto que necesitaban más tiempo para analizar antecedentes presentados por Fiscalía. Además de la petición del defensor que la semana pasada asumió la representación de Mery Donoso. En este escenario, la audiencia fue reprogramada por segunda vez, luego de ser pospuesta durante noviembre de 2025 para este lunes 19 de enero. Finalmente, la audiencia quedó fijada para el próximo 6 de abril, a las 08:30 horas. No obstante, también fue revisada la medida cautelar de Lorena Cisternas, quien seguirá con arresto domiciliario nocturno luego de que el tribunal rechazara la solicitud de cambio. El juicio revisará la existencia de 1 2 delitos de fraude al Fisco y dos de lavado de activos, donde se revisarán las sanciones para integrantes de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva y de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte. Según el Poder Judicial, la instancia se desarrollará desde las 8:30 horas y continuará los días que sean necesarios. La audiencia había sido suspendida tras un requerimiento de la defensa de Daniel Andrade, lo que llevó a la Fiscalía a realizar nuevas diligencias y volver a cerrar la investigación, presentando nuevamente la acusación la semana pasada. El Ministerio Público solicita penas de 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, imputados por tres delitos consumados de fraude al fisco. La Fiscalía estima que, una vez completada la preparación, el juicio podría extenderse entre tres y seis meses, marcando una de las etapas más relevantes del caso que remeció al sistema de fundaciones del país.
