Gendarmería coordina medidas para Plebiscito en cárceles
Con el fin de asegurar la integridad y la planificación apropiada de los centros de votación, la Gendarmería de Chile informó que, del 15 al 17 de diciembre, quedará prohibido el acceso a las instalaciones carcelarias.
En vísperas del Plebiscito Constitucional 2023, Gendarmería de Chile dio a conocer importantes detalles sobre el desarrollo del proceso electoral al interior de los recintos penitenciarios. Un total de 1,307 personas estarán habilitadas para sufragar este domingo, de las cuales 1,240 son internos e internas, y 67 son funcionarios y funcionarias de la institución.
Las labores durante la jornada electoral se llevarán a cabo en 17 unidades penales distribuidas en 10 regiones del país. Con el objetivo de garantizar la seguridad y la preparación adecuada de los locales de votación, Gendarmería de Chile anunció que, desde el 15 hasta el 17 de diciembre, no se permitirán visitas en los recintos penitenciarios donde se realice el acto plebiscitario. Las visitas serán reprogramadas, y los detalles respecto a fechas y horarios serán comunicados por cada unidad penal.
Además, se informa que en el resto de las unidades penales del país, el domingo 17 de diciembre no habrá visitas ni encomiendas, las cuales también serán reprogramadas. No obstante, las demás actividades de régimen interno de la población penal se desarrollarán con normalidad.
En relación con los electores que hayan obtenido su libertad o hayan sido trasladados de establecimiento, Gendarmería de Chile estableció un horario especial. A partir de las 09:00 horas, podrán ingresar a votar hasta la hora de cierre de las mesas, determinada por los respectivos delegados.
Cabe destacar que todas estas medidas forman parte del protocolo elaborado por la institución en coordinación con el Servicio Electoral (SERVEL), Carabineros de Chile y el Estado Mayor Conjunto del Ejército.
el viernes pasado a las 9:19
el miércoles pasado a las 18:59
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1 de junio de 2026
El Presidente anunció medidas entre las que incluyó proyectos de ley para bajar el número de ministerios, Plan Retorno para migrantes irregulares, ayudas económicas, entre otras.



Los funcionarios involucrados corresponden a Natalia Cáceres, directora de Aseo; Francisco González, director de Medio Ambiente; y Rodrigo Silva, director de Cultura.
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