Vinculan a diputada Catalina Pérez con el delito de tráfico de influencias

En las últimas horas de ayer se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre la diputada Catalina Pérez en relación a la investigación judicial del Caso Convenios que involucra al ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y al representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, ex pareja de la parlamentaria, todos vinculados al partido Revolución Democrática. 

En una de las declaraciones efectuadas ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, la abogada del Serviu de Antofagasta, Aleksandra Vrasalovic se refirió a los tormentosos días que vivió el ex seremi cuando se reveló a la opinión pública el traspaso de $426 millones de pesos a Democracia Viva. 

“Contreras Gutiérrez me llama a su oficina y me solicita revisar comunicados de prensa que responderían a la noticia que saldría ese día sobre su nexo con Daniel Andrade de la fundación Democracia Viva, y señala que solo lo conoce, pero desconocía su relación de pareja con la diputada Catalina Pérez, siendo la primera vez que escuchó que la nombra en alguna reunión”. 

La abogada agregó que la ex autoridad regional “estaba muy nervioso y constantemente salía a hablar telefónicamente fuera de la oficina”, relato que es parte del trabajo que han recopilado los detectives tras diversos allanamientos, revisión de fuentes documentales y entrevistas indagatorias. 

De acuerdo a la información que accedió La Tercera, las pesquisas vincularían a la diputada Catalina Pérez (suspendida de RD) con el delito de tráfico de influencias, pese a que la parlamentaria desde el inicio deslindó responsabilidades en el caso.

No obstante, según el informe evacuado por la PDI a la Fiscalía de Antofagasta fechado el 19 de julio, señala que “existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el ex seremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”, documento que se encuentra inserto en el expediente judicial.

Asimismo, los investigadores responsabilizan al ex seremi del ingreso de fundaciones sin la trayectoria adecuada en la ejecución de los convenios, “fue Contreras quien invitó a participar, a través de convenios a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra, pese a que personal de la Seremía le hicieron saber de la poca experiencia de la fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios”. 

Otro de los testigos claves del caso es la funcionaria a honorarios de la Seremi, Marietta Méndez, quien desempeñó funciones de Analista del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura. En sus declaraciones ante la PDI a fines de junio, afirma que “el ex seremi me muestra una carta realizada por funcionarios de Serviu, dirigida a la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, que señalaba que había maltrato de Carlos Contreras contra funcionarios del Serviu. Señalan, además, que les parece extraña la forma en que él había elegido las cinco nuevas fundaciones que participaban en el programa de asentamientos precarios”. 

Además, la funcionaria añade que “había un gasto en arriendo de $54 millones autorizado por la Seremi para la Fundación ProCultura”. 

Con anterioridad los Programas de Asentamientos Precarios eran ejecutados por Campamento Ideas, Techo para Chile, Urbanismo Social, Fusupo y la Delegación Presidencial Regional, sin embargo, habría sido Contreras quien invitó a participar a un grupo de fundaciones con menor experiencia en el ámbito. 

En este sentido, la funcionaria dice ignorar la forma como fueron escogidas las fundaciones para ejecutar los programas, no obstante, agrega una información importante en relación a las exigencias que debían cumplir, “lo que sí sé, es que hay una resolución que el ex seremi envió a realizar a jurídica con los requisitos mínimos que debía tener cada fundación para participar. Fue el Serviu quien estableció que los $5 mil millones se debían dividir en 74 convenios, debido a que cada uno de ellos no debía superar las 5.000 UTM para que no pasaran por el trámite de toma de razón de la Contraloría”. 

En el informe de la PDI también están insertas las declaraciones del analista financiero de la Seremi, Diego Barrera, quien reveló los vínculos políticos de las ONG, “me llamó siempre la atención la tendencia política de las fundaciones, escuché conversaciones pro gobierno y antioposición en el sentido de que se debía trabajar a futuro por el Chile revolucionario”. 

En la publicación también se hace alusión a la concejala Paz Fuica (RD), ex jefa de gabinete de Catalina Pérez y cercana al ex seremi Contreras, en el informe se señala que “podría estar involucrada, ya que según un mail enviado por ella, habría participado en la designación de la fundación que desarrollaría cada convenio”. Además, la PDI advierte que “llama la atención su elevado sueldo pagado por una fundación con cargo a los convenios en comparación a los demás profesionales pagados con esta misma modalidad”.

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