Con la investigación de oficio recién abierta, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, quien llevará adelante las indagatorias sobre el caso de traspasos de recursos entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo en la Región de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ofreció un punto de prensa para dar cuenta de las diligencias.
"Se ha despachado ya una orden de investigar a la Bridec (Brigada Investigadora de Delitos Económicos) de Antofagasta de la PDI. Y se han derivado diversos requerimientos de información, tanto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo como a la Contraloría Regional de Antofagasta, como a la Seremi de Antofagasta, para que puedan poner a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes relativos a la existencia de convenios", comenzó explicando el fiscal Aguilar.
Sobre los antecedentes requeridos, el persecutor agrega "para poder definir las circunstancias en que se produjeron dichos convenios, previa licitación o contratación directa, eso lo desconocemos. Y cualquier otra circunstancia que sea relevante para la eventual configuración de un delito".
"También fue puesto en conocimiento la apertura de una investigación por parte del Consejo de Defensa del Estado, para los efectos de que ellos adopten las medidas que sean pertinentes en la esfera de sus competencias", sostiene Aguilar.
En cuanto a los delitos que podrían configurarse, el fiscal jefe detalla "podríamos citar tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude al fisco".
Frente a la revelación de una serie de fundaciones que suscribieron convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta durante el año pasado, Aguilar aclara "hasta ahora la apertura de investigación de oficio por parte de la Fiscalía, dice relación con los convenios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva. Otros hechos u otros convenios de distinta naturaleza, será una materia que deberá determinarse en su oportunidad".
Respecto al avance de la querella presentada por parlamentarios de la UDI para investigar los delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de caudales públicos, contra quienes resulten responsables. Aguilar responde "hasta el momento no hemos recibido como Fiscalía ninguna derivación de una querella proveídos por los hechos en materia de ésta investigación".
"Por el evento que así sea, se agregarán a la investigación ya iniciada y se revisará la propuesta de diligencias que contiene cada querella", manifiesta el fiscal junto con señalar, "hay varias personas que en distintos medios de comunicación han aparecido refiriéndose al tema, pero concretamente no tenemos ninguna denuncia y ninguna querella relativa a éstos hechos".
Referente a la información que debe entregar la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, el persecutor expresa "esperamos que las autoridades nos den las facilidades para que éstos sean remitidos a la brevedad posible, para poder revisarlos y decretar otras diligencias".
Sobre la eventual visita del ministro del Minvu, Carlos Montes, a Antofagasta y una reunión que podría sostener con el fiscal, Aguilar indica "no hemos recibido ninguna comunicación como Fiscalía respecto a la existencia de una reunión con el señor ministro de Vivienda y Urbanismo. No hemos tenido ningún contacto".
Finalmente, el persecutor comentó las penas que arriesgarían los eventuales responsables. "En general las penas son privativas de libertad, van desde los 541 días hasta los 10 años de privación de libertad, en términos muy generales respecto a las figuras de las que he hecho mención".
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