Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen.
Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen.
