Una grave denuncia marcó la reciente sesión ampliada del Consejo Regional de Antofagasta (CORE), donde se presentaron los resultados de la auditoría externa realizada por la empresa Fortunato y Asociados al Centro Científico y Tecnológico (CICITEM). El informe, solicitado por el Gobierno Regional, detectó severas irregularidades financieras, entre ellas traspasos desde cuentas institucionales a personales, falta de control interno y manejo irregular de recursos públicos. El gobernador Ricardo Díaz confirmó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto fraude al fisco, señalando que el monto involucrado asciende a unos $400 millones. “La auditoría revela que el ex administrador del CICITEM habría transferido fondos a sus propias cuentas, sin control ni supervisión”, afirmó. Díaz añadió que el Gobierno Regional suspendió todo traspaso de recursos al centro y evalúa interponer una querella penal, además de revisar su continuidad como socio. “Las condiciones actuales del CICITEM no garantizan seguridad en el uso de fondos públicos”, subrayó. Desde el CORE, los consejeros coincidieron en la gravedad del informe. Emilio Mavrakis denunció la existencia de 16 cuentas corrientes y una denominada “cuenta saco” utilizada para desviar fondos. Patricio Tapia calificó la situación como “gravísima” y Dusanka Flores lamentó que “los trabajadores honestos del centro enfrenten las consecuencias de la mala gestión”. Rubén Rojo, su gerente, el principal involucrado (extraída de nota del 28 de enero de 2025) “Uno se da cuenta que había cosas que no correspondían”. Así parte el testimonio de una fuente cercana al Centro Científico Tecnológico Región de Antofagasta (CICITEM), en medio del caso que involucra a su actual director gerente, Rubén Rojo, quien por esos día protagonizó un accidente en la Ruta 5, y que es apuntado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos institucionales con fines personales. Según antecedentes entregados desde la propia administración del centro, el hecho estaría vinculado al uso indebido de recursos asignados a proyectos científicos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). La alerta habría surgido durante la revisión de las cartolas bancarias de una iniciativa financiada por dicha entidad, que exige un manejo exclusivo de sus cuentas sin ingresos ni retiros externos. “Fue ahí donde saltó la alerta”, relató la fuente, quien precisó que el aviso inicial provino del investigador titular de minería y del jefe de administración y finanzas del CICITEM. El proyecto afectado tenía un alto valor estratégico y científico para la región, por lo que esta situación amenaza con dañar gravemente la reputación y credibilidad del centro, además de comprometer futuras adjudicaciones. De acuerdo con información extraoficial, entre 200 y 500 millones de pesos habrían sido transferidos desde cuentas del CICITEM a una cuenta personal de Rubén Rojo, quien sería el único autorizado para realizar movimientos financieros dentro de la institución. Las irregularidades se detectaron cuando se preparaba el pago de remuneraciones del mes de enero. El gobernador regional Ricardo Díaz confirmó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando que “los antecedentes son graves y fundados, por lo que corresponde que la Fiscalía investigue para resguardar los recursos públicos del Gobierno Regional”. La investigación busca determinar la magnitud del perjuicio fiscal y las responsabilidades administrativas y penales que podrían derivarse de este presunto desvío de fondos.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva y de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte. Según el Poder Judicial, la instancia se desarrollará desde las 8:30 horas y continuará los días que sean necesarios. La audiencia había sido suspendida tras un requerimiento de la defensa de Daniel Andrade, lo que llevó a la Fiscalía a realizar nuevas diligencias y volver a cerrar la investigación, presentando nuevamente la acusación la semana pasada. El Ministerio Público solicita penas de 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, imputados por tres delitos consumados de fraude al fisco. La Fiscalía estima que, una vez completada la preparación, el juicio podría extenderse entre tres y seis meses, marcando una de las etapas más relevantes del caso que remeció al sistema de fundaciones del país.
Una grave denuncia marcó la reciente sesión ampliada del Consejo Regional de Antofagasta (CORE), donde se presentaron los resultados de la auditoría externa realizada por la empresa Fortunato y Asociados al Centro Científico y Tecnológico (CICITEM). El informe, solicitado por el Gobierno Regional, detectó severas irregularidades financieras, entre ellas traspasos desde cuentas institucionales a personales, falta de control interno y manejo irregular de recursos públicos. El gobernador Ricardo Díaz confirmó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto fraude al fisco, señalando que el monto involucrado asciende a unos $400 millones. “La auditoría revela que el ex administrador del CICITEM habría transferido fondos a sus propias cuentas, sin control ni supervisión”, afirmó. Díaz añadió que el Gobierno Regional suspendió todo traspaso de recursos al centro y evalúa interponer una querella penal, además de revisar su continuidad como socio. “Las condiciones actuales del CICITEM no garantizan seguridad en el uso de fondos públicos”, subrayó. Desde el CORE, los consejeros coincidieron en la gravedad del informe. Emilio Mavrakis denunció la existencia de 16 cuentas corrientes y una denominada “cuenta saco” utilizada para desviar fondos. Patricio Tapia calificó la situación como “gravísima” y Dusanka Flores lamentó que “los trabajadores honestos del centro enfrenten las consecuencias de la mala gestión”. Rubén Rojo, su gerente, el principal involucrado (extraída de nota del 28 de enero de 2025) “Uno se da cuenta que había cosas que no correspondían”. Así parte el testimonio de una fuente cercana al Centro Científico Tecnológico Región de Antofagasta (CICITEM), en medio del caso que involucra a su actual director gerente, Rubén Rojo, quien por esos día protagonizó un accidente en la Ruta 5, y que es apuntado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos institucionales con fines personales. Según antecedentes entregados desde la propia administración del centro, el hecho estaría vinculado al uso indebido de recursos asignados a proyectos científicos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). La alerta habría surgido durante la revisión de las cartolas bancarias de una iniciativa financiada por dicha entidad, que exige un manejo exclusivo de sus cuentas sin ingresos ni retiros externos. “Fue ahí donde saltó la alerta”, relató la fuente, quien precisó que el aviso inicial provino del investigador titular de minería y del jefe de administración y finanzas del CICITEM. El proyecto afectado tenía un alto valor estratégico y científico para la región, por lo que esta situación amenaza con dañar gravemente la reputación y credibilidad del centro, además de comprometer futuras adjudicaciones. De acuerdo con información extraoficial, entre 200 y 500 millones de pesos habrían sido transferidos desde cuentas del CICITEM a una cuenta personal de Rubén Rojo, quien sería el único autorizado para realizar movimientos financieros dentro de la institución. Las irregularidades se detectaron cuando se preparaba el pago de remuneraciones del mes de enero. El gobernador regional Ricardo Díaz confirmó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando que “los antecedentes son graves y fundados, por lo que corresponde que la Fiscalía investigue para resguardar los recursos públicos del Gobierno Regional”. La investigación busca determinar la magnitud del perjuicio fiscal y las responsabilidades administrativas y penales que podrían derivarse de este presunto desvío de fondos.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral del caso Democracia Viva y de las fundaciones Fibra, Fusupo y Tomarte. Según el Poder Judicial, la instancia se desarrollará desde las 8:30 horas y continuará los días que sean necesarios. La audiencia había sido suspendida tras un requerimiento de la defensa de Daniel Andrade, lo que llevó a la Fiscalía a realizar nuevas diligencias y volver a cerrar la investigación, presentando nuevamente la acusación la semana pasada. El Ministerio Público solicita penas de 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, imputados por tres delitos consumados de fraude al fisco. La Fiscalía estima que, una vez completada la preparación, el juicio podría extenderse entre tres y seis meses, marcando una de las etapas más relevantes del caso que remeció al sistema de fundaciones del país.
