El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió un recurso de reposición presentado por el Ministerio Público y fijó para el próximo 29 de septiembre la audiencia de preparación de juicio oral contra seis de los siete imputados en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del denominado Caso Convenios. La excepción es Daniel Andrade Schwarze, respecto de quien se mantiene la reapertura de la investigación por 45 días, autorizada para la realización de diligencias específicas. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la resolución, indicando que la solicitud de reapertura fue presentada solo por una defensa sin adhesiones, por lo que no correspondía aplicarla de forma general. Con esta decisión, el proceso penal continuará con la audiencia del 29 de septiembre, que se desarrollará contra la mayoría de los imputados, avanzando así en la preparación del juicio oral.
El Ministerio Público señaló en un comunicado que considera fundamental que el procedimiento de desafuero continúe sin más demoras. Su objetivo es determinar si existen o no los antecedentes necesarios para formalizar la investigación contra el gobernador, un proceso que la Fiscalía califica comoautónomo y que ya ha sido iniciado. Ante esto, la Fiscalía de Antofagasta, consciente de la connotación pública del caso, reafirmó su compromiso con la objetividad, la legalidad y la probidad. Subrayó que, a pesar del impacto en la opinión pública, su actuación se rige por la ley y busca evitar dilaciones, avanzando con la celeridad que el caso merece y entregando respuestas oportunas. Con esta medida, la Fiscalía busca mantener la transparencia y el ágil desarrollo del proceso en defensa del interés público.
La Fiscalía de Antofagasta formalizó a un conductor de nacionalidad chilena por su presunta responsabilidad en el atropello de una mujer de 63 años en la Avenida Angamos de la ciudad. El imputado enfrenta cargos por cuasidelito de lesiones graves y por huir del lugar del accidente sin auxiliar a la víctima. Según la investigación, el conductor circulaba en un vehículo marca Suzuki por la mencionada avenida cuando, al llegar a un paso de peatones, no respetó el derecho preferente de paso de la víctima y la atropelló. A raíz del impacto, la mujer sufrió lesiones de gravedad que requirieron su hospitalización. En lugar de detenerse y prestar ayuda, el conductor se dio a la fuga. Tras el hecho, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros realizó diversas diligencias, logrando ubicar el vehículo en un taller mecánico e identificar al presunto responsable. Durante la audiencia de formalización, el tribunal no acogió la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, pero impuso al imputado las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y la retención de su licencia de conducir. El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
Un total de 172 detenidos dejó en la Región de Antofagasta la Operación Fortaleza, amplio operativo conjunto de Carabineros y la PDI desplegado simultáneamente en todo el país entre el 8 y 10 de septiembre. La acción forma parte de la segunda jornada de coordinación nacional impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública. A nivel nacional, el despliegue involucró a 6.733 funcionarios en las 16 regiones, arrojando 3.348 detenciones, la incautación de 1.018 kilos de droga, 147 armas de fuego y 1.221 municiones. El 77% de las detenciones se produjo en regiones y un 23% en la Metropolitana. En Antofagasta, el operativo se concentró en sectores críticos como el centro, La Negra, el Terminal de Buses, el Campamento Vista Hermosa y el Aeropuerto Andrés Sabella, con énfasis en la persecución de prófugos, microtráfico y control migratorio. El seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, destacó que el despliegue “refleja el impacto positivo de la colaboración interinstitucional” y permite fortalecer la prevención. Por su parte, el prefecto inspector de la PDI, Jorge Aguillón, informó que se fiscalizó a 175 personas, detectando 39 extranjeros en situación irregular, además de incautaciones vinculadas al plan MT-0. En paralelo, Carabineros realizó 5.686 controles, con 133 detenidos, la incautación de drogas, armas y vehículos, y cinco allanamientos que dejaron 10 detenidos por microtráfico. También se cursaron 360 infracciones, en su mayoría por tránsito y alcoholes. El general Montre enfatizó que los resultados demuestran que “el trabajo conjunto con la PDI es la mejor forma de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado”, subrayando que la cooperación permite optimizar recursos y aumentar la cobertura preventiva.
La petición de 392 años de presidio se suma a la reciente solicitud de 527 años para otra facción de la misma banda que operaba en Antofagasta, demostrando un contundente accionar del Ministerio Público contra esta organización criminal. La investigación, llevada a cabo en conjunto con Carabineros y la PDI, reveló el modus operandi de “Los Piratas”, quienes se especializaban en secuestros extorsivos. La banda retenía a sus víctimas, principalmente ciudadanos extranjeros, en inmuebles que denominaban “neveras”, ubicados dentro y fuera de Calama. Para presionar a los familiares, los delincuentes enviaban fotografías y realizaban videollamadas, amenazando con dañar o incluso asesinar a los secuestrados si no se pagaba el rescate. Según la Fiscalía, al menos cuatro de estos secuestros se registraron en diciembre de 2023. Además, los secuestradores solían obligar a las víctimas a unirse a la organización o a pagar “vacunas” o mensualidades indefinidas a cambio de una supuesta protección. La investigación también desveló que la agrupación estaba involucrada en el tráfico de drogas y en el robo de vehículos. Para el líder de la banda se piden 66 años de cárcel, mientras que para los demás integrantes las penas van desde los 54 a 56 años. Finalmente, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, resaltó la importancia de este operativo para desarticular la estructura criminal que se había establecido en la zona.Estamos dando un golpe muy importante a una estructura criminal que se había establecido en nuestra región, cometiendo todo tipo de atroces crímenes, afirmó. En las próximas semanas se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral, donde se presentarán las pruebas que la Fiscalía usará para llevar a los delincuentes a la justicia.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió un recurso de reposición presentado por el Ministerio Público y fijó para el próximo 29 de septiembre la audiencia de preparación de juicio oral contra seis de los siete imputados en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del denominado Caso Convenios. La excepción es Daniel Andrade Schwarze, respecto de quien se mantiene la reapertura de la investigación por 45 días, autorizada para la realización de diligencias específicas. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la resolución, indicando que la solicitud de reapertura fue presentada solo por una defensa sin adhesiones, por lo que no correspondía aplicarla de forma general. Con esta decisión, el proceso penal continuará con la audiencia del 29 de septiembre, que se desarrollará contra la mayoría de los imputados, avanzando así en la preparación del juicio oral.
El Ministerio Público señaló en un comunicado que considera fundamental que el procedimiento de desafuero continúe sin más demoras. Su objetivo es determinar si existen o no los antecedentes necesarios para formalizar la investigación contra el gobernador, un proceso que la Fiscalía califica comoautónomo y que ya ha sido iniciado. Ante esto, la Fiscalía de Antofagasta, consciente de la connotación pública del caso, reafirmó su compromiso con la objetividad, la legalidad y la probidad. Subrayó que, a pesar del impacto en la opinión pública, su actuación se rige por la ley y busca evitar dilaciones, avanzando con la celeridad que el caso merece y entregando respuestas oportunas. Con esta medida, la Fiscalía busca mantener la transparencia y el ágil desarrollo del proceso en defensa del interés público.
La Fiscalía de Antofagasta formalizó a un conductor de nacionalidad chilena por su presunta responsabilidad en el atropello de una mujer de 63 años en la Avenida Angamos de la ciudad. El imputado enfrenta cargos por cuasidelito de lesiones graves y por huir del lugar del accidente sin auxiliar a la víctima. Según la investigación, el conductor circulaba en un vehículo marca Suzuki por la mencionada avenida cuando, al llegar a un paso de peatones, no respetó el derecho preferente de paso de la víctima y la atropelló. A raíz del impacto, la mujer sufrió lesiones de gravedad que requirieron su hospitalización. En lugar de detenerse y prestar ayuda, el conductor se dio a la fuga. Tras el hecho, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros realizó diversas diligencias, logrando ubicar el vehículo en un taller mecánico e identificar al presunto responsable. Durante la audiencia de formalización, el tribunal no acogió la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, pero impuso al imputado las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y la retención de su licencia de conducir. El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
Un total de 172 detenidos dejó en la Región de Antofagasta la Operación Fortaleza, amplio operativo conjunto de Carabineros y la PDI desplegado simultáneamente en todo el país entre el 8 y 10 de septiembre. La acción forma parte de la segunda jornada de coordinación nacional impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública. A nivel nacional, el despliegue involucró a 6.733 funcionarios en las 16 regiones, arrojando 3.348 detenciones, la incautación de 1.018 kilos de droga, 147 armas de fuego y 1.221 municiones. El 77% de las detenciones se produjo en regiones y un 23% en la Metropolitana. En Antofagasta, el operativo se concentró en sectores críticos como el centro, La Negra, el Terminal de Buses, el Campamento Vista Hermosa y el Aeropuerto Andrés Sabella, con énfasis en la persecución de prófugos, microtráfico y control migratorio. El seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, destacó que el despliegue “refleja el impacto positivo de la colaboración interinstitucional” y permite fortalecer la prevención. Por su parte, el prefecto inspector de la PDI, Jorge Aguillón, informó que se fiscalizó a 175 personas, detectando 39 extranjeros en situación irregular, además de incautaciones vinculadas al plan MT-0. En paralelo, Carabineros realizó 5.686 controles, con 133 detenidos, la incautación de drogas, armas y vehículos, y cinco allanamientos que dejaron 10 detenidos por microtráfico. También se cursaron 360 infracciones, en su mayoría por tránsito y alcoholes. El general Montre enfatizó que los resultados demuestran que “el trabajo conjunto con la PDI es la mejor forma de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado”, subrayando que la cooperación permite optimizar recursos y aumentar la cobertura preventiva.
La petición de 392 años de presidio se suma a la reciente solicitud de 527 años para otra facción de la misma banda que operaba en Antofagasta, demostrando un contundente accionar del Ministerio Público contra esta organización criminal. La investigación, llevada a cabo en conjunto con Carabineros y la PDI, reveló el modus operandi de “Los Piratas”, quienes se especializaban en secuestros extorsivos. La banda retenía a sus víctimas, principalmente ciudadanos extranjeros, en inmuebles que denominaban “neveras”, ubicados dentro y fuera de Calama. Para presionar a los familiares, los delincuentes enviaban fotografías y realizaban videollamadas, amenazando con dañar o incluso asesinar a los secuestrados si no se pagaba el rescate. Según la Fiscalía, al menos cuatro de estos secuestros se registraron en diciembre de 2023. Además, los secuestradores solían obligar a las víctimas a unirse a la organización o a pagar “vacunas” o mensualidades indefinidas a cambio de una supuesta protección. La investigación también desveló que la agrupación estaba involucrada en el tráfico de drogas y en el robo de vehículos. Para el líder de la banda se piden 66 años de cárcel, mientras que para los demás integrantes las penas van desde los 54 a 56 años. Finalmente, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, resaltó la importancia de este operativo para desarticular la estructura criminal que se había establecido en la zona.Estamos dando un golpe muy importante a una estructura criminal que se había establecido en nuestra región, cometiendo todo tipo de atroces crímenes, afirmó. En las próximas semanas se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral, donde se presentarán las pruebas que la Fiscalía usará para llevar a los delincuentes a la justicia.
