La Fiscalía de Antofagasta formalizó a un sujeto por homicidio frustrado tras agredir a una persona con un arma cortopunzante y una pistola a postones mientras dormía en el campamento La Negra. El imputado, de nacionalidad chilena, fue detenido por Carabineros y deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva por representar un peligro para la sociedad. La investigación, liderada por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta, arrojó que el incidente ocurrió la madrugada del pasado 7 de agosto. El agresor ingresó al domicilio de la víctima y la atacó sin mediar provocación, causándole lesiones graves en varias partes del cuerpo. Gracias a la rápida acción de vecinos, el afectado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Finalmente, el trabajo coordinado entre el fiscal especializado de SACFI, el equipo ECOH y personal de la SIP y Labocar de Carabineros permitió identificar y detener al agresor al día siguiente. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando que su libertad representa un riesgo para la seguridad de la comunidad. El tribunal acogió la petición y fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
Una banda delictual compuesta por cinco personas, incluyendo a tres menores de edad, fue formalizada por la Fiscalía de Antofagasta tras un violento robo con intimidación a una pareja de adultos mayores en el sector Coviefi de la ciudad. El Juzgado de Garantía local decretó la prisión preventiva para los dos adultos y la internación provisoria para los adolescentes, considerando a todos un peligro para la seguridad de la sociedad. Según los antecedentes presentados en la audiencia de formalización, los delincuentes ingresaron a la vivienda a través de una ventana. Una vez dentro, intimidaron a las víctimas con cuchillos para robarles celulares, televisores y otros objetos de valor. Gracias a la rápida alerta de los vecinos, Carabineros logró seguir y detener a los implicados a bordo de un taxibús de la locomoción colectiva, recuperando todas las especies sustraídas y los elementos utilizados en el asalto. El tribunal fijó un plazo de 70 días para la investigación del caso.
La detención se produjo el pasado sábado en las cercanías del Terminal de Buses de Calama, luego de que Carabineros realizara un control preventivo motivado por denuncias de vecinos sobre un vehículo con ocupantes de actitud sospechosa. Tras fiscalizar a los individuos, los policías encontraron entre sus ropas 11 municiones calibre 9 mm y una granada de mano. El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) confirmó que se trataba de una granada de fragmentación de uso militar que estaba en condiciones de ser utilizada. Debido a la peligrosidad del armamento incautado, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los cuatro detenidos, la cual fue concedida por el tribunal, que consideró que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Se estableció un plazo de 120 días para la investigación.
La Contraloría General de la República reveló una preocupante situación tras detectar que 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. Esta información fue expuesta en el 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde se cruzaron datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según detalló el informe, durante ese periodo se otorgaron 5.235.890 licencias médicas a trabajadores del sector público. De manera paralela, la SCJ reportó 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos. Al analizar ambos registros, la Contraloría identificó a 13.286 personas que, estando con licencia médica, visitaron estos recintos, acumulando un total de 14.599 licencias cuestionadas. El informe, según señala Emol, también señala que 1.486 de estos funcionarios ya habían sido detectados en mayo pasado por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos en este contexto, concentrándose principalmente en las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162). Les siguen Los Lagos (1.454) y La Araucanía (1.125). Estas licencias se distribuyen en 799 entidades públicas, destacando las municipalidades (30%) y los servicios de salud y hospitales (29%). Algunas instituciones con mayor número de casos son JUNJI (516), Fundación Integra (480), Servicio de Salud Concepción (332), Salud O’Higgins (233), Codelco (211) y Salud Viña del Mar-Quillota (182). Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que notificará a las respectivas instituciones para que se inicien sumarios y procedimientos disciplinarios. Además, remitirá los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales pertinentes.
Una sofisticada red de tráfico de drogas que operaba bajo la modalidad de “delivery” y utilizaba productos de repostería como fachada fue desarticulada en Antofagasta, gracias a una innovadora investigación conjunta entre el OS7 de Carabineros y la Fiscalía SACFI. La operación, que incluyó un “patrullaje virtual” en redes sociales, culminó con la detención de siete personas y la incautación de una variada gama de estupefacientes, entre ellos, inusuales queques, alfajores y chocolates elaborados con marihuana. Ante esto, la investigación se inició luego de que Carabineros del OS7 detectaran ofertas de estos productos en plataformas digitales. La sorpresa fue mayúscula al descubrir que no se trataba de repostería común, sino de alimentos cuidadosamente empaquetados y etiquetados como “productos caseros”, pero con cannabis sativa incorporada en su composición, además de leche y mantequilla con la misma sustancia. Pero la creatividad de esta asociación criminal no se limitaba a la “repostería narco”. El catálogo de su “emprendimiento” incluía una amplia variedad de sustancias ilícitas como hongos alucinógenos, clorhidrato de cocaína, ketamina, LSD, éxtasis y fármacos como zopiclona y clonazepam. Asimismo, el General Cristian Montre Soto, Jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, enfatizó la importancia de este procedimiento, señalando que “la droga la estamos combatiendo en la frontera, en las rutas y en los barrios”. Explicó que, si bien la incautación se realizó en las calles de Antofagasta, la desarticulación de estos focos de venta es crucial para prevenir delitos asociados como robos, lesiones e incluso homicidios. Ahora bien, la operación permitió la detención de siete individuos: tres mujeres chilenas, quienes serían las encargadas de elaborar los alimentos a base de marihuana, y un chileno junto a tres extranjeros que actuaban como proveedores y distribuidores. Según el Fiscal Regional (s) Eduardo Peña Martínez, esta investigación busca frenar el accionar de la droga en todas sus modalidades, incluyendo el “tráfico urbano” que, a través de estas nuevas formas de distribución, “generan un grave daño a la Salud Pública, especialmente a través del consumo de los menores de edad”. Finalmente, los detenidos fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas, quedando todos en prisión preventiva, a excepción de una de las mujeres, a quien se le dictó arresto domiciliario total. La justicia ha dispuesto un plazo de investigación de 120 días para este caso que, sin duda, marca un precedente en la lucha contra el narcotráfico en la región.
La Fiscalía de Antofagasta formalizó a un sujeto por homicidio frustrado tras agredir a una persona con un arma cortopunzante y una pistola a postones mientras dormía en el campamento La Negra. El imputado, de nacionalidad chilena, fue detenido por Carabineros y deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva por representar un peligro para la sociedad. La investigación, liderada por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta, arrojó que el incidente ocurrió la madrugada del pasado 7 de agosto. El agresor ingresó al domicilio de la víctima y la atacó sin mediar provocación, causándole lesiones graves en varias partes del cuerpo. Gracias a la rápida acción de vecinos, el afectado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Finalmente, el trabajo coordinado entre el fiscal especializado de SACFI, el equipo ECOH y personal de la SIP y Labocar de Carabineros permitió identificar y detener al agresor al día siguiente. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando que su libertad representa un riesgo para la seguridad de la comunidad. El tribunal acogió la petición y fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
Una banda delictual compuesta por cinco personas, incluyendo a tres menores de edad, fue formalizada por la Fiscalía de Antofagasta tras un violento robo con intimidación a una pareja de adultos mayores en el sector Coviefi de la ciudad. El Juzgado de Garantía local decretó la prisión preventiva para los dos adultos y la internación provisoria para los adolescentes, considerando a todos un peligro para la seguridad de la sociedad. Según los antecedentes presentados en la audiencia de formalización, los delincuentes ingresaron a la vivienda a través de una ventana. Una vez dentro, intimidaron a las víctimas con cuchillos para robarles celulares, televisores y otros objetos de valor. Gracias a la rápida alerta de los vecinos, Carabineros logró seguir y detener a los implicados a bordo de un taxibús de la locomoción colectiva, recuperando todas las especies sustraídas y los elementos utilizados en el asalto. El tribunal fijó un plazo de 70 días para la investigación del caso.
La detención se produjo el pasado sábado en las cercanías del Terminal de Buses de Calama, luego de que Carabineros realizara un control preventivo motivado por denuncias de vecinos sobre un vehículo con ocupantes de actitud sospechosa. Tras fiscalizar a los individuos, los policías encontraron entre sus ropas 11 municiones calibre 9 mm y una granada de mano. El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) confirmó que se trataba de una granada de fragmentación de uso militar que estaba en condiciones de ser utilizada. Debido a la peligrosidad del armamento incautado, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los cuatro detenidos, la cual fue concedida por el tribunal, que consideró que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Se estableció un plazo de 120 días para la investigación.
La Contraloría General de la República reveló una preocupante situación tras detectar que 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. Esta información fue expuesta en el 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde se cruzaron datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según detalló el informe, durante ese periodo se otorgaron 5.235.890 licencias médicas a trabajadores del sector público. De manera paralela, la SCJ reportó 218.372 ingresos de funcionarios públicos a casinos. Al analizar ambos registros, la Contraloría identificó a 13.286 personas que, estando con licencia médica, visitaron estos recintos, acumulando un total de 14.599 licencias cuestionadas. El informe, según señala Emol, también señala que 1.486 de estos funcionarios ya habían sido detectados en mayo pasado por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos en este contexto, concentrándose principalmente en las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162). Les siguen Los Lagos (1.454) y La Araucanía (1.125). Estas licencias se distribuyen en 799 entidades públicas, destacando las municipalidades (30%) y los servicios de salud y hospitales (29%). Algunas instituciones con mayor número de casos son JUNJI (516), Fundación Integra (480), Servicio de Salud Concepción (332), Salud O’Higgins (233), Codelco (211) y Salud Viña del Mar-Quillota (182). Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que notificará a las respectivas instituciones para que se inicien sumarios y procedimientos disciplinarios. Además, remitirá los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales pertinentes.
Una sofisticada red de tráfico de drogas que operaba bajo la modalidad de “delivery” y utilizaba productos de repostería como fachada fue desarticulada en Antofagasta, gracias a una innovadora investigación conjunta entre el OS7 de Carabineros y la Fiscalía SACFI. La operación, que incluyó un “patrullaje virtual” en redes sociales, culminó con la detención de siete personas y la incautación de una variada gama de estupefacientes, entre ellos, inusuales queques, alfajores y chocolates elaborados con marihuana. Ante esto, la investigación se inició luego de que Carabineros del OS7 detectaran ofertas de estos productos en plataformas digitales. La sorpresa fue mayúscula al descubrir que no se trataba de repostería común, sino de alimentos cuidadosamente empaquetados y etiquetados como “productos caseros”, pero con cannabis sativa incorporada en su composición, además de leche y mantequilla con la misma sustancia. Pero la creatividad de esta asociación criminal no se limitaba a la “repostería narco”. El catálogo de su “emprendimiento” incluía una amplia variedad de sustancias ilícitas como hongos alucinógenos, clorhidrato de cocaína, ketamina, LSD, éxtasis y fármacos como zopiclona y clonazepam. Asimismo, el General Cristian Montre Soto, Jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, enfatizó la importancia de este procedimiento, señalando que “la droga la estamos combatiendo en la frontera, en las rutas y en los barrios”. Explicó que, si bien la incautación se realizó en las calles de Antofagasta, la desarticulación de estos focos de venta es crucial para prevenir delitos asociados como robos, lesiones e incluso homicidios. Ahora bien, la operación permitió la detención de siete individuos: tres mujeres chilenas, quienes serían las encargadas de elaborar los alimentos a base de marihuana, y un chileno junto a tres extranjeros que actuaban como proveedores y distribuidores. Según el Fiscal Regional (s) Eduardo Peña Martínez, esta investigación busca frenar el accionar de la droga en todas sus modalidades, incluyendo el “tráfico urbano” que, a través de estas nuevas formas de distribución, “generan un grave daño a la Salud Pública, especialmente a través del consumo de los menores de edad”. Finalmente, los detenidos fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas, quedando todos en prisión preventiva, a excepción de una de las mujeres, a quien se le dictó arresto domiciliario total. La justicia ha dispuesto un plazo de investigación de 120 días para este caso que, sin duda, marca un precedente en la lucha contra el narcotráfico en la región.
