Un importante avance registró la investigación por el homicidio de Edison Araya, el joven estudiante de 21 años que perdió la vida la madrugada del 19 de abril tras recibir un disparo a corta distancia en las afueras de un local nocturno ubicado en el sector sur de Antofagasta. El Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó al presunto autor material del crimen, un ciudadano chileno mayor de edad que permanecía prófugo desde el día de los hechos y que finalmente fue detenido gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público y las policías. Durante la audiencia, el imputado fue formalizado por los delitos de robo con homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad. La muerte de Edison Araya generó una profunda conmoción en la comunidad antofagastina y motivó una intensa búsqueda para dar con el responsable. Según los antecedentes reunidos por la investigación, la víctima falleció mientras recibía atención médica de urgencia en el Hospital Regional de Antofagasta, luego de ser atacada con un arma de fuego. Este nuevo avance se suma a la formalización previa de otros dos imputados chilenos, también mayores de edad, quienes según la Fiscalía habrían facilitado el arma utilizada en el homicidio. Ambos permanecen actualmente en prisión preventiva. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo desarrollado por el Sistema de Análisis Criminal, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Brigada de Homicidios de la PDI, labor que permitió identificar y detener a quienes tendrían participación en este caso. La autoridad explicó que las diligencias continuarán con el objetivo de reunir todos los antecedentes necesarios para presentar una acusación sólida y llevar a juicio a los imputados por su presunta responsabilidad en el crimen. Por su parte, el Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó un plazo de investigación de 120 días para continuar con las diligencias pendientes y avanzar hacia el esclarecimiento total de los hechos que terminaron con la vida del joven estudiante. La detención del presunto autor material representa un paso significativo para la familia de Edison Araya, que durante estos meses mantuvo constantes llamados a la justicia y a no olvidar un caso que marcó profundamente a la comunidad local.
Conmoción y profundo impacto ha generado el crimen ocurrido este viernes al interior de un colegio en Calama, región de Antofagasta, donde un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a integrantes de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora y dejando además a otra trabajadora y a tres alumnos gravemente heridos. El hecho, considerado uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en el país, movilizó rápidamente a autoridades regionales y nacionales. Durante las primeras horas de este sábado se realizaron reuniones de coordinación para definir los pasos a seguir, especialmente en materia de contención para la comunidad educativa afectada. A primera hora de la jornada fue trasladado a tribunales Hernán Meneses Leal, joven de 18 años acusado de perpetrar el ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Durante la agresión, uno de los estudiantes resultó con una grave herida en el tórax, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Antofagasta, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida. El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención del imputado, fijando una nueva audiencia para el martes 31 de marzo. La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación. En paralelo, este viernes llegaron a la capital de la provincia de El Loa las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. Las autoridades sostuvieron reuniones en la Delegación Provincial para coordinar acciones y posteriormente se trasladaron al hospital para acompañar a las familias de las víctimas. La ministra de Educación explicó que “hoy día hay una suspensión de clases en el establecimiento afectado y el regreso va a ser gradual, partiendo primero por los funcionarios, después por los estudiantes, con programas y jornadas de apoyo y contención emocional, que hoy día, como dije antes, es la urgencia”. “A través de la Seremi ya se ha articulado a todos aquellos que pueden colaborar en esa labor y se están disponiendo todos los recursos y todos los esfuerzos para cumplir con ese primer objetivo que es lo urgente”, complementó. Tras lo ocurrido, el establecimiento educacional suspendió sus clases, informándose que el retorno de los estudiantes se realizará de manera gradual, priorizando el apoyo psicológico y emocional para alumnos, docentes y funcionarios. Desde el Ministerio de Educación también se anunció que se avanzará en nuevas orientaciones y reglamentos para los establecimientos educacionales una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, actualmente en proceso de toma de razón en la Contraloría. La normativa busca facilitar la implementación de medidas de seguridad en los colegios que lo requieran, como la instalación de pórticos detectores de metales, además de reforzar los protocolos de prevención y manejo de situaciones de violencia al interior de las comunidades escolares. El caso ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad en los establecimientos educacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y convivencia escolar en todo el país.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó una pena total de 14 años de presidio efectivo para el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en el marco de la acusación ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El Ministerio Público busca llevar a juicio a la exautoridad por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una subalterna de la Subsecretaría del Interior, hechos que habrían ocurrido entre el 22 y 23 de septiembre de 2024. De acuerdo con el escrito presentado por el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Xavier Armendáriz, la Fiscalía solicita 10 años de cárcel por el delito de violación y otros cuatro años por abuso sexual. La acusación se presentó tras el cierre de la investigación el pasado 11 de diciembre, luego de un año y dos meses de diligencias. Según el relato del ente persecutor, los hechos se iniciaron la tarde del 22 de septiembre de 2024, cuando Monsalve se reunió a almorzar con la denunciante en un restaurante del centro de Santiago. Horas más tarde, la víctima —según la acusación— se encontraba gravemente afectada por una alta ingesta de alcohol, circunstancia en la que habría sido trasladada por el imputado a una habitación del Hotel Panamericano. En ese lugar, la Fiscalía sostiene que se habría cometido el delito de violación, aprovechando que la mujer se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse. El segundo ilícito, de acuerdo con la acusación, ocurrió la mañana del 23 de septiembre, cuando la víctima despertó. En ese contexto, el Ministerio Público imputa a Monsalve el delito de abuso sexual, señalando que realizó actos de relevancia sexual sin consentimiento y aprovechando el estado de estupefacción de la afectada. Tras la apertura de la investigación el 14 de octubre de 2024, Monsalve fue formalizado un mes después, quedando en prisión preventiva por 181 días en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Posteriormente, la medida cautelar fue modificada a arresto domiciliario total, condición bajo la cual permanece actualmente. En la acusación, la Fiscalía ofrece un total de 89 testigos, entre ellos la propia víctima, familiares y diversas autoridades de gobierno. El listado incluye, además, a altos funcionarios y exautoridades, cuyas declaraciones apuntan a esclarecer los hechos y las circunstancias previas y posteriores a los delitos investigados. A esto se suman 105 pruebas documentales, 19 peritajes y más de un centenar de otros medios probatorios. Tras la presentación de la acusación, la defensa de Monsalve solicitó la reapertura de la investigación para realizar nuevas diligencias. El tribunal fijó para el 20 de enero de 2026 una audiencia destinada a discutir dicha solicitud, instancia que coincidirá con la revisión de la apertura del juicio oral en esta causa.
Un importante avance registró la investigación por el homicidio de Edison Araya, el joven estudiante de 21 años que perdió la vida la madrugada del 19 de abril tras recibir un disparo a corta distancia en las afueras de un local nocturno ubicado en el sector sur de Antofagasta. El Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó al presunto autor material del crimen, un ciudadano chileno mayor de edad que permanecía prófugo desde el día de los hechos y que finalmente fue detenido gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público y las policías. Durante la audiencia, el imputado fue formalizado por los delitos de robo con homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad. La muerte de Edison Araya generó una profunda conmoción en la comunidad antofagastina y motivó una intensa búsqueda para dar con el responsable. Según los antecedentes reunidos por la investigación, la víctima falleció mientras recibía atención médica de urgencia en el Hospital Regional de Antofagasta, luego de ser atacada con un arma de fuego. Este nuevo avance se suma a la formalización previa de otros dos imputados chilenos, también mayores de edad, quienes según la Fiscalía habrían facilitado el arma utilizada en el homicidio. Ambos permanecen actualmente en prisión preventiva. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo desarrollado por el Sistema de Análisis Criminal, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Brigada de Homicidios de la PDI, labor que permitió identificar y detener a quienes tendrían participación en este caso. La autoridad explicó que las diligencias continuarán con el objetivo de reunir todos los antecedentes necesarios para presentar una acusación sólida y llevar a juicio a los imputados por su presunta responsabilidad en el crimen. Por su parte, el Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó un plazo de investigación de 120 días para continuar con las diligencias pendientes y avanzar hacia el esclarecimiento total de los hechos que terminaron con la vida del joven estudiante. La detención del presunto autor material representa un paso significativo para la familia de Edison Araya, que durante estos meses mantuvo constantes llamados a la justicia y a no olvidar un caso que marcó profundamente a la comunidad local.
Conmoción y profundo impacto ha generado el crimen ocurrido este viernes al interior de un colegio en Calama, región de Antofagasta, donde un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a integrantes de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora y dejando además a otra trabajadora y a tres alumnos gravemente heridos. El hecho, considerado uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en el país, movilizó rápidamente a autoridades regionales y nacionales. Durante las primeras horas de este sábado se realizaron reuniones de coordinación para definir los pasos a seguir, especialmente en materia de contención para la comunidad educativa afectada. A primera hora de la jornada fue trasladado a tribunales Hernán Meneses Leal, joven de 18 años acusado de perpetrar el ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Durante la agresión, uno de los estudiantes resultó con una grave herida en el tórax, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Antofagasta, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida. El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención del imputado, fijando una nueva audiencia para el martes 31 de marzo. La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación. En paralelo, este viernes llegaron a la capital de la provincia de El Loa las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. Las autoridades sostuvieron reuniones en la Delegación Provincial para coordinar acciones y posteriormente se trasladaron al hospital para acompañar a las familias de las víctimas. La ministra de Educación explicó que “hoy día hay una suspensión de clases en el establecimiento afectado y el regreso va a ser gradual, partiendo primero por los funcionarios, después por los estudiantes, con programas y jornadas de apoyo y contención emocional, que hoy día, como dije antes, es la urgencia”. “A través de la Seremi ya se ha articulado a todos aquellos que pueden colaborar en esa labor y se están disponiendo todos los recursos y todos los esfuerzos para cumplir con ese primer objetivo que es lo urgente”, complementó. Tras lo ocurrido, el establecimiento educacional suspendió sus clases, informándose que el retorno de los estudiantes se realizará de manera gradual, priorizando el apoyo psicológico y emocional para alumnos, docentes y funcionarios. Desde el Ministerio de Educación también se anunció que se avanzará en nuevas orientaciones y reglamentos para los establecimientos educacionales una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, actualmente en proceso de toma de razón en la Contraloría. La normativa busca facilitar la implementación de medidas de seguridad en los colegios que lo requieran, como la instalación de pórticos detectores de metales, además de reforzar los protocolos de prevención y manejo de situaciones de violencia al interior de las comunidades escolares. El caso ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad en los establecimientos educacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y convivencia escolar en todo el país.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó una pena total de 14 años de presidio efectivo para el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en el marco de la acusación ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El Ministerio Público busca llevar a juicio a la exautoridad por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una subalterna de la Subsecretaría del Interior, hechos que habrían ocurrido entre el 22 y 23 de septiembre de 2024. De acuerdo con el escrito presentado por el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Xavier Armendáriz, la Fiscalía solicita 10 años de cárcel por el delito de violación y otros cuatro años por abuso sexual. La acusación se presentó tras el cierre de la investigación el pasado 11 de diciembre, luego de un año y dos meses de diligencias. Según el relato del ente persecutor, los hechos se iniciaron la tarde del 22 de septiembre de 2024, cuando Monsalve se reunió a almorzar con la denunciante en un restaurante del centro de Santiago. Horas más tarde, la víctima —según la acusación— se encontraba gravemente afectada por una alta ingesta de alcohol, circunstancia en la que habría sido trasladada por el imputado a una habitación del Hotel Panamericano. En ese lugar, la Fiscalía sostiene que se habría cometido el delito de violación, aprovechando que la mujer se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse. El segundo ilícito, de acuerdo con la acusación, ocurrió la mañana del 23 de septiembre, cuando la víctima despertó. En ese contexto, el Ministerio Público imputa a Monsalve el delito de abuso sexual, señalando que realizó actos de relevancia sexual sin consentimiento y aprovechando el estado de estupefacción de la afectada. Tras la apertura de la investigación el 14 de octubre de 2024, Monsalve fue formalizado un mes después, quedando en prisión preventiva por 181 días en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Posteriormente, la medida cautelar fue modificada a arresto domiciliario total, condición bajo la cual permanece actualmente. En la acusación, la Fiscalía ofrece un total de 89 testigos, entre ellos la propia víctima, familiares y diversas autoridades de gobierno. El listado incluye, además, a altos funcionarios y exautoridades, cuyas declaraciones apuntan a esclarecer los hechos y las circunstancias previas y posteriores a los delitos investigados. A esto se suman 105 pruebas documentales, 19 peritajes y más de un centenar de otros medios probatorios. Tras la presentación de la acusación, la defensa de Monsalve solicitó la reapertura de la investigación para realizar nuevas diligencias. El tribunal fijó para el 20 de enero de 2026 una audiencia destinada a discutir dicha solicitud, instancia que coincidirá con la revisión de la apertura del juicio oral en esta causa.
