La solicitud fue presentada por la defensa de Andrade ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, buscando que se realicen nuevas diligencias en el marco del caso Democracia Viva. Esta acción se produce poco después de que la Fiscalía solicitara 10 años de cárcel para Andrade y otros tres involucrados, incluida su expareja, la diputada Catalina Pérez. Según la defensa, las acusaciones del Ministerio Público sonsuperficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio. En su escrito, los abogados señalaron que una de las principales controversias se centra en un antecedente que la Fiscalía habría sumado el mismo día del cierre de la indagatoria: la supuesta firma de un contrato de arriendo falso entre la ONG y la dueña de una propiedad en Ñuñoa. Ante esto, el equipo legal de Andrade insistió en que su cliente es inocente y que las acusaciones en su contra no tienen sustento fáctico y jurídico. Además, cuestionaron la forma en que se llevó a cabo el proceso, afirmando queresulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación, el mismo día que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos. Finalmente, la petición de la defensa de Daniel Andrade marca un nuevo capítulo en el mediático caso que investiga los convenios entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y ahora está en manos del tribunal decidir si se reabren las diligencias.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha asestado un duro golpe al crimen organizado, formalizando a 22 personas detenidas en una vasta operación policial contra redes de trata de personas con fines de explotación sexual. La investigación, que se extendió durante meses, ha revelado un entramado criminal de alcance transnacional con un impresionante flujo económico que supera los $4.300 millones, entre dinero en efectivo, vehículos de lujo y propiedades. En una maratónica audiencia que culminó en la madrugada, la Fiscalía de Alta Complejidad y la Policía de Investigaciones (PDI) presentaron los cargos en contra de los detenidos. Se les imputan delitos graves como trata de personas con fines de explotación sexual, facilitación de la entrada al país para prostitución y asociación criminal. Además, a los cabecillas de la red se les investiga por lavado de activos, asociación ilícita para este delito e incluso tráfico de drogas. Ante esto, la operación permitió incautar bienes por un valor de $86 millones en efectivo, joyas y otros artículos, además de vehículos de alto valor que sumaban $252 millones. Pero la cifra más impactante fue la revelación de un flujo de dinero ilícito de casi $4.000 millones, que circulaba a través de diversas maniobras de ocultamiento, como el uso de empresas de pantalla, testaferros y simulación de actividades comerciales. Asimismo, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó la magnitud de la investigación, señalando que es la primera vez que se logra formalizar y desarticular una red de este tipo que vincula directamente la trata de personas con el lavado de activos. Esta estrategia, según el fiscal, es clave para cortar de raíz el flujo económico de estas organizaciones. Finalmente, el tribunal decretó la prisión preventiva para 21 de los imputados, mientras que una mujer quedó con arresto domiciliario total. El plazo de la investigación se fijó en 100 días. Esta acción representa un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región y un importante avance en la protección de las víctimas, que eran captadas en sus países de origen aprovechando su situación de vulnerabilidad.
Cinco integrantes de una banda de narcotráfico, conocida como Las Tías, recibieron una condena de 5 años y 1 día de presidio y una multa de 200 UTM por el delito de lavado de activos. La sentencia, lograda por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta, marca un hito en la persecución de este tipo de crímenes en la región, sumándose a las condenas previas por asociación ilícita y tráfico de drogas. Con esto, las penas totales de los acusados alcanzan entre 15 y 25 años de cárcel, mientras que la banda completa, compuesta por 13 miembros, suma cerca de 150 años de presidio. Ante esto, el veredicto se dictó tras un nuevo juicio oral que tuvo lugar entre el 30 de junio y el 25 de julio de este año, después de que un recurso de nulidad de la defensa obligara a repetir el proceso solo para el delito de lavado de activos. Durante el juicio, la Fiscalía demostró que los acusados, Jenny Noemí Naranjo Vega, Denisse Gioconda González Sepúlveda, Sergio Fabián Quispe Arellano, Manuel Antonio Almonte Cortés y Nicole Gissel Velásquez Naranjo, utilizaron diversas técnicas para ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de la venta de drogas. Entre estas técnicas, se identificó elpitufeo, que consiste en fraccionar grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones para evitar sospechas y controles bancarios. Asimismo, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la importancia del fallo, señalando que representa un cambio en el enfoque de la persecución del delito en la región.Se logra una condena por tráfico de drogas, asociación ilícita y, ahora, por el lavado de activos, afirmó, subrayando la calidad de la investigación. La banda, que operaba en la ciudad de Calama, estaba liderada por dos mujeres apodadas “las tías”, quienes controlaban puntos de venta de drogas, principalmente pasta base. Para evitar ser descubiertas, rotaban constantemente a sus vendedores, conocidos comosoldados o pilotos. Finalmente, la desarticulación de la organización fue el resultado de una compleja investigación liderada por la Fiscalía en conjunto con el OS7 de Calama y la Sección de Lavado de Activos del Departamento Antidrogas de Carabineros, que permitió reunir pruebas que llevaron a la condena final.
La operación, que ha sido el resultado de más de un año de investigación coordinada entre la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Antofagasta (Brianco) y la Fiscalía de Alta Complejidad, contó con el despliegue de más de 100 detectives de diversas regiones del país. Los allanamientos simultáneos a múltiples domicilios en la ciudad permitieron no solo las detenciones, sino también la recuperación de un importante patrimonio ilícito. Entre los 22 detenidos, 18 son de nacionalidad extranjera (seis en situación migratoria irregular) y cuatro chilenos, quienes formaban parte de una organización criminal transnacional que operaba reclutando a sus víctimas mediante engaños. Les ofrecían trabajos ficticios para luego mantenerlas en cautiverio y privarlas de sus documentos. Según el jefe Nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Mauricio Jorquera Ramírez, esta acción golpea a las bandasdonde más les duele: en su patrimonio. Las incautaciones incluyen 11 vehículos y más de $86 millones en dinero en efectivo, además de otras especies. También se logró el congelamiento de 87 cuentas bancarias, lo que dificulta significativamente la continuidad de las operaciones de esta red. Por otra parte, el jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Jorge Aguillón Vidal, destacó que “este operativo es el resultado de un trabajo investigativo riguroso y coordinado, que demuestra la capacidad de la PDI para enfrentar organizaciones criminales de alta complejidad. La labor conjunta con la Fiscalía y el compromiso de nuestros detectives permiten entregar una respuesta efectiva frente a delitos que atentan gravemente contra la dignidad y la integridad de las personas”. Asimismo, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó que la investigación utilizó todas las herramientas legales disponibles para acreditar los delitos y el enriquecimiento patrimonial de estas organizaciones. Las víctimas rescatadas, todas mujeres extranjeras, quedaron bajo la protección de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Antofagasta. Finalmente, este operativo es un claro ejemplo del compromiso de las instituciones chilenas para combatir el crimen organizado, enfocándose no solo en la detención de los responsables, sino también en el desmantelamiento completo de las estructuras criminales y en la protección de las víctimas. Los detenidos quedaron con su detención ampliada hasta el próximo martes, cuando serán formalizados y se solicitarán medidas cautelares.
La Fiscalía de Antofagasta formalizó a un sujeto por homicidio frustrado tras agredir a una persona con un arma cortopunzante y una pistola a postones mientras dormía en el campamento La Negra. El imputado, de nacionalidad chilena, fue detenido por Carabineros y deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva por representar un peligro para la sociedad. La investigación, liderada por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta, arrojó que el incidente ocurrió la madrugada del pasado 7 de agosto. El agresor ingresó al domicilio de la víctima y la atacó sin mediar provocación, causándole lesiones graves en varias partes del cuerpo. Gracias a la rápida acción de vecinos, el afectado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Finalmente, el trabajo coordinado entre el fiscal especializado de SACFI, el equipo ECOH y personal de la SIP y Labocar de Carabineros permitió identificar y detener al agresor al día siguiente. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando que su libertad representa un riesgo para la seguridad de la comunidad. El tribunal acogió la petición y fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
La solicitud fue presentada por la defensa de Andrade ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, buscando que se realicen nuevas diligencias en el marco del caso Democracia Viva. Esta acción se produce poco después de que la Fiscalía solicitara 10 años de cárcel para Andrade y otros tres involucrados, incluida su expareja, la diputada Catalina Pérez. Según la defensa, las acusaciones del Ministerio Público sonsuperficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio. En su escrito, los abogados señalaron que una de las principales controversias se centra en un antecedente que la Fiscalía habría sumado el mismo día del cierre de la indagatoria: la supuesta firma de un contrato de arriendo falso entre la ONG y la dueña de una propiedad en Ñuñoa. Ante esto, el equipo legal de Andrade insistió en que su cliente es inocente y que las acusaciones en su contra no tienen sustento fáctico y jurídico. Además, cuestionaron la forma en que se llevó a cabo el proceso, afirmando queresulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación, el mismo día que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos. Finalmente, la petición de la defensa de Daniel Andrade marca un nuevo capítulo en el mediático caso que investiga los convenios entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y ahora está en manos del tribunal decidir si se reabren las diligencias.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha asestado un duro golpe al crimen organizado, formalizando a 22 personas detenidas en una vasta operación policial contra redes de trata de personas con fines de explotación sexual. La investigación, que se extendió durante meses, ha revelado un entramado criminal de alcance transnacional con un impresionante flujo económico que supera los $4.300 millones, entre dinero en efectivo, vehículos de lujo y propiedades. En una maratónica audiencia que culminó en la madrugada, la Fiscalía de Alta Complejidad y la Policía de Investigaciones (PDI) presentaron los cargos en contra de los detenidos. Se les imputan delitos graves como trata de personas con fines de explotación sexual, facilitación de la entrada al país para prostitución y asociación criminal. Además, a los cabecillas de la red se les investiga por lavado de activos, asociación ilícita para este delito e incluso tráfico de drogas. Ante esto, la operación permitió incautar bienes por un valor de $86 millones en efectivo, joyas y otros artículos, además de vehículos de alto valor que sumaban $252 millones. Pero la cifra más impactante fue la revelación de un flujo de dinero ilícito de casi $4.000 millones, que circulaba a través de diversas maniobras de ocultamiento, como el uso de empresas de pantalla, testaferros y simulación de actividades comerciales. Asimismo, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó la magnitud de la investigación, señalando que es la primera vez que se logra formalizar y desarticular una red de este tipo que vincula directamente la trata de personas con el lavado de activos. Esta estrategia, según el fiscal, es clave para cortar de raíz el flujo económico de estas organizaciones. Finalmente, el tribunal decretó la prisión preventiva para 21 de los imputados, mientras que una mujer quedó con arresto domiciliario total. El plazo de la investigación se fijó en 100 días. Esta acción representa un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región y un importante avance en la protección de las víctimas, que eran captadas en sus países de origen aprovechando su situación de vulnerabilidad.
Cinco integrantes de una banda de narcotráfico, conocida como Las Tías, recibieron una condena de 5 años y 1 día de presidio y una multa de 200 UTM por el delito de lavado de activos. La sentencia, lograda por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta, marca un hito en la persecución de este tipo de crímenes en la región, sumándose a las condenas previas por asociación ilícita y tráfico de drogas. Con esto, las penas totales de los acusados alcanzan entre 15 y 25 años de cárcel, mientras que la banda completa, compuesta por 13 miembros, suma cerca de 150 años de presidio. Ante esto, el veredicto se dictó tras un nuevo juicio oral que tuvo lugar entre el 30 de junio y el 25 de julio de este año, después de que un recurso de nulidad de la defensa obligara a repetir el proceso solo para el delito de lavado de activos. Durante el juicio, la Fiscalía demostró que los acusados, Jenny Noemí Naranjo Vega, Denisse Gioconda González Sepúlveda, Sergio Fabián Quispe Arellano, Manuel Antonio Almonte Cortés y Nicole Gissel Velásquez Naranjo, utilizaron diversas técnicas para ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de la venta de drogas. Entre estas técnicas, se identificó elpitufeo, que consiste en fraccionar grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones para evitar sospechas y controles bancarios. Asimismo, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la importancia del fallo, señalando que representa un cambio en el enfoque de la persecución del delito en la región.Se logra una condena por tráfico de drogas, asociación ilícita y, ahora, por el lavado de activos, afirmó, subrayando la calidad de la investigación. La banda, que operaba en la ciudad de Calama, estaba liderada por dos mujeres apodadas “las tías”, quienes controlaban puntos de venta de drogas, principalmente pasta base. Para evitar ser descubiertas, rotaban constantemente a sus vendedores, conocidos comosoldados o pilotos. Finalmente, la desarticulación de la organización fue el resultado de una compleja investigación liderada por la Fiscalía en conjunto con el OS7 de Calama y la Sección de Lavado de Activos del Departamento Antidrogas de Carabineros, que permitió reunir pruebas que llevaron a la condena final.
La operación, que ha sido el resultado de más de un año de investigación coordinada entre la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Antofagasta (Brianco) y la Fiscalía de Alta Complejidad, contó con el despliegue de más de 100 detectives de diversas regiones del país. Los allanamientos simultáneos a múltiples domicilios en la ciudad permitieron no solo las detenciones, sino también la recuperación de un importante patrimonio ilícito. Entre los 22 detenidos, 18 son de nacionalidad extranjera (seis en situación migratoria irregular) y cuatro chilenos, quienes formaban parte de una organización criminal transnacional que operaba reclutando a sus víctimas mediante engaños. Les ofrecían trabajos ficticios para luego mantenerlas en cautiverio y privarlas de sus documentos. Según el jefe Nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Mauricio Jorquera Ramírez, esta acción golpea a las bandasdonde más les duele: en su patrimonio. Las incautaciones incluyen 11 vehículos y más de $86 millones en dinero en efectivo, además de otras especies. También se logró el congelamiento de 87 cuentas bancarias, lo que dificulta significativamente la continuidad de las operaciones de esta red. Por otra parte, el jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Jorge Aguillón Vidal, destacó que “este operativo es el resultado de un trabajo investigativo riguroso y coordinado, que demuestra la capacidad de la PDI para enfrentar organizaciones criminales de alta complejidad. La labor conjunta con la Fiscalía y el compromiso de nuestros detectives permiten entregar una respuesta efectiva frente a delitos que atentan gravemente contra la dignidad y la integridad de las personas”. Asimismo, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó que la investigación utilizó todas las herramientas legales disponibles para acreditar los delitos y el enriquecimiento patrimonial de estas organizaciones. Las víctimas rescatadas, todas mujeres extranjeras, quedaron bajo la protección de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Antofagasta. Finalmente, este operativo es un claro ejemplo del compromiso de las instituciones chilenas para combatir el crimen organizado, enfocándose no solo en la detención de los responsables, sino también en el desmantelamiento completo de las estructuras criminales y en la protección de las víctimas. Los detenidos quedaron con su detención ampliada hasta el próximo martes, cuando serán formalizados y se solicitarán medidas cautelares.
La Fiscalía de Antofagasta formalizó a un sujeto por homicidio frustrado tras agredir a una persona con un arma cortopunzante y una pistola a postones mientras dormía en el campamento La Negra. El imputado, de nacionalidad chilena, fue detenido por Carabineros y deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva por representar un peligro para la sociedad. La investigación, liderada por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta, arrojó que el incidente ocurrió la madrugada del pasado 7 de agosto. El agresor ingresó al domicilio de la víctima y la atacó sin mediar provocación, causándole lesiones graves en varias partes del cuerpo. Gracias a la rápida acción de vecinos, el afectado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Finalmente, el trabajo coordinado entre el fiscal especializado de SACFI, el equipo ECOH y personal de la SIP y Labocar de Carabineros permitió identificar y detener al agresor al día siguiente. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando que su libertad representa un riesgo para la seguridad de la comunidad. El tribunal acogió la petición y fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
