La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó al Juzgado de Garantía una audiencia para comunicar el cierre de la investigación en una de las aristas del denominado caso Convenios que involucra a los exfuncionarios de Gobierno Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez. La petición fue ingresada el pasado 7 de julio por el fiscal adjunto Cristián Aguilar, quien informó al tribunal que la investigación fue concluida y que el Ministerio Público adoptó la decisión de no perseverar en el procedimiento respecto de los tres imputados, al no contar con antecedentes suficientes para sustentar una formalización. En el escrito presentado al tribunal, la Fiscalía señala que la determinación alcanza a Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago, precisando que las diligencias realizadas no permitieron reunir evidencia suficiente para continuar con la persecución penal en esta causa. Tras recibir la presentación, el Juzgado de Garantía de Antofagasta citó a todos los intervinientes a una audiencia para discutir la solicitud del Ministerio Público. La instancia quedó fijada para el próximo 21 de agosto, a partir de las 08:30 horas. Esta investigación corresponde a una de las múltiples aristas derivadas del caso Convenios, que indaga eventuales irregularidades en transferencias de recursos públicos hacia fundaciones y organizaciones privadas. Al momento en que estalló el caso, Giorgio Jackson ejercía como ministro de Desarrollo Social; Miguel Crispi se desempeñaba como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda; mientras que Javiera Martínez era directora de Presupuestos, cargo desde el cual, según los antecedentes investigados, habría participado en la validación de traspasos de recursos entre organismos públicos y entidades privadas. La decisión de no perseverar en esta investigación será comunicada formalmente por la Fiscalía durante la audiencia programada para agosto.
La investigación por las presuntas irregularidades financieras detectadas en el Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la Región de Antofagasta (CICITEM) dio un nuevo paso. El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el próximo 13 de agosto la audiencia de formalización del exdirector del organismo, Rubén Rojo Maturana, quien será imputado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y privados y administración desleal. La solicitud fue presentada por el fiscal adjunto de la Fiscalía SAC de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien pidió al tribunal comunicar formalmente los cargos en contra del exdirector por hechos que habrían ocurrido entre los años 2022 y 2024. De acuerdo con el escrito ingresado al tribunal, el Ministerio Público investiga la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos y privados, contemplado en el artículo 233 N°3 del Código Penal, además del delito de administración desleal, establecido en el artículo 470 N°11 del mismo cuerpo legal. Ambos ilícitos son investigados en calidad de consumados. La audiencia del 13 de agosto marcará una etapa clave del proceso, ya que será la instancia en que la Fiscalía expondrá los antecedentes reunidos durante más de un año de diligencias e informará oficialmente al imputado los cargos que pesan en su contra. El origen del caso se remonta a enero de 2025, cuando el Gobierno Regional de Antofagasta presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos de CICITEM. En esa oportunidad se informó sobre supuestas transferencias de dinero desde cuentas institucionales hacia una cuenta personal atribuida al entonces director del centro, antecedentes que dieron inicio a la investigación penal. Pocos días después, la Fiscalía confirmó la apertura de una causa por presunto fraude al fisco y malversación de caudales públicos, señalando que el monto inicial investigado alcanzaba aproximadamente 132 millones de pesos. Con el avance de las diligencias también se interpusieron acciones judiciales. Según los registros del Poder Judicial, el 21 de octubre de 2025 el Gobierno Regional presentó una querella criminal contra Rubén Rojo y quienes resultaran responsables por eventuales delitos vinculados a la administración de los recursos de la institución. La acción fue declarada admisible dos días más tarde. Paralelamente, el 4 de marzo de 2025, el propio CICITEM interpuso una querella por el delito de administración desleal, la que igualmente fue acogida a tramitación por el tribunal. El caso provocó un fuerte impacto en la región debido al rol que cumplía CICITEM como uno de los principales centros de investigación científica y tecnológica del norte del país. Las investigaciones derivaron posteriormente en el congelamiento de los aportes públicos destinados a la institución, decisión adoptada por el Gobierno Regional tras conocerse una auditoría que detectó presuntas irregularidades financieras por un monto cercano a 400 millones de pesos. La suspensión del financiamiento terminó afectando directamente el funcionamiento del centro, que cesó sus operaciones y desvinculó a sus trabajadores. A ello se sumó otro episodio que marcó el desarrollo del caso: horas después de hacerse pública la denuncia, Rubén Rojo protagonizó un grave accidente de tránsito en la Ruta 5, hecho que posteriormente también dio origen a una investigación judicial independiente. Con la audiencia fijada para el 13 de agosto, el Ministerio Público iniciará formalmente la persecución penal contra el exdirector de CICITEM, en uno de los casos de mayor impacto para la institucionalidad científica y la administración de recursos públicos en la Región de Antofagasta durante los últimos años.
En prisión preventiva quedaron dos ciudadanos colombianos, quienes fueron formalizados como presuntos autores de los d elitos de secuestro extorsivo y hurto, tras una investigación conjunta del OS9 de Carabineros y el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Antofagasta. De acuerdo a los antecedentes, los hechos ocurrieron el 21 de junio, cuando los imputados se reunieron con la víctima, un adulto de su misma nacionalidad, en la intersección de calle Orione con Avenida Óscar Bonilla, en el sector norte de la ciudad. Desde ese punto, los imputados obligaron a la víctima a subir al vehículo en que se trasladaban, para luego iniciar un recorrido por distintos sectores de la ciudad. Tras ello, los detenidos habrían abordado un segundo vehículo junto a la víctima, donde aprovecharon de sustraerle diversas especies y obligarlo a comunicarse con familiares exigiendo el pago de importantes sumas de dinero. Durante todo este trayecto, la víctima habría sido amenazada y agredida reiteradamente por los imputados con diferentes elementos. Finalmente, la víctima fue abandonada en el sector de La Negra, donde recibió ayuda de terceros y logró llegar hasta Carabineros para denunciar el hecho. Conocidos los hechos, se inició una rápida pesquisa a cargo de SAC y OS9, con participación además del equipo ECOH de la Fiscalía, la que permite a las pocas horas la captura de dos de los presuntos autores del hecho. En este escenario, por solicitud del Ministerio Público, los detenidos quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva y se dispuso un plazo de investigación de 120 días.
Un importante avance registró la investigación por el homicidio de Edison Araya, el joven estudiante de 21 años que perdió la vida la madrugada del 19 de abril tras recibir un disparo a corta distancia en las afueras de un local nocturno ubicado en el sector sur de Antofagasta. El Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó al presunto autor material del crimen, un ciudadano chileno mayor de edad que permanecía prófugo desde el día de los hechos y que finalmente fue detenido gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público y las policías. Durante la audiencia, el imputado fue formalizado por los delitos de robo con homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad. La muerte de Edison Araya generó una profunda conmoción en la comunidad antofagastina y motivó una intensa búsqueda para dar con el responsable. Según los antecedentes reunidos por la investigación, la víctima falleció mientras recibía atención médica de urgencia en el Hospital Regional de Antofagasta, luego de ser atacada con un arma de fuego. Este nuevo avance se suma a la formalización previa de otros dos imputados chilenos, también mayores de edad, quienes según la Fiscalía habrían facilitado el arma utilizada en el homicidio. Ambos permanecen actualmente en prisión preventiva. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo desarrollado por el Sistema de Análisis Criminal, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Brigada de Homicidios de la PDI, labor que permitió identificar y detener a quienes tendrían participación en este caso. La autoridad explicó que las diligencias continuarán con el objetivo de reunir todos los antecedentes necesarios para presentar una acusación sólida y llevar a juicio a los imputados por su presunta responsabilidad en el crimen. Por su parte, el Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó un plazo de investigación de 120 días para continuar con las diligencias pendientes y avanzar hacia el esclarecimiento total de los hechos que terminaron con la vida del joven estudiante. La detención del presunto autor material representa un paso significativo para la familia de Edison Araya, que durante estos meses mantuvo constantes llamados a la justicia y a no olvidar un caso que marcó profundamente a la comunidad local.
Conmoción y profundo impacto ha generado el crimen ocurrido este viernes al interior de un colegio en Calama, región de Antofagasta, donde un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a integrantes de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora y dejando además a otra trabajadora y a tres alumnos gravemente heridos. El hecho, considerado uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en el país, movilizó rápidamente a autoridades regionales y nacionales. Durante las primeras horas de este sábado se realizaron reuniones de coordinación para definir los pasos a seguir, especialmente en materia de contención para la comunidad educativa afectada. A primera hora de la jornada fue trasladado a tribunales Hernán Meneses Leal, joven de 18 años acusado de perpetrar el ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Durante la agresión, uno de los estudiantes resultó con una grave herida en el tórax, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Antofagasta, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida. El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención del imputado, fijando una nueva audiencia para el martes 31 de marzo. La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación. En paralelo, este viernes llegaron a la capital de la provincia de El Loa las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. Las autoridades sostuvieron reuniones en la Delegación Provincial para coordinar acciones y posteriormente se trasladaron al hospital para acompañar a las familias de las víctimas. La ministra de Educación explicó que “hoy día hay una suspensión de clases en el establecimiento afectado y el regreso va a ser gradual, partiendo primero por los funcionarios, después por los estudiantes, con programas y jornadas de apoyo y contención emocional, que hoy día, como dije antes, es la urgencia”. “A través de la Seremi ya se ha articulado a todos aquellos que pueden colaborar en esa labor y se están disponiendo todos los recursos y todos los esfuerzos para cumplir con ese primer objetivo que es lo urgente”, complementó. Tras lo ocurrido, el establecimiento educacional suspendió sus clases, informándose que el retorno de los estudiantes se realizará de manera gradual, priorizando el apoyo psicológico y emocional para alumnos, docentes y funcionarios. Desde el Ministerio de Educación también se anunció que se avanzará en nuevas orientaciones y reglamentos para los establecimientos educacionales una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, actualmente en proceso de toma de razón en la Contraloría. La normativa busca facilitar la implementación de medidas de seguridad en los colegios que lo requieran, como la instalación de pórticos detectores de metales, además de reforzar los protocolos de prevención y manejo de situaciones de violencia al interior de las comunidades escolares. El caso ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad en los establecimientos educacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y convivencia escolar en todo el país.
La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó al Juzgado de Garantía una audiencia para comunicar el cierre de la investigación en una de las aristas del denominado caso Convenios que involucra a los exfuncionarios de Gobierno Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez. La petición fue ingresada el pasado 7 de julio por el fiscal adjunto Cristián Aguilar, quien informó al tribunal que la investigación fue concluida y que el Ministerio Público adoptó la decisión de no perseverar en el procedimiento respecto de los tres imputados, al no contar con antecedentes suficientes para sustentar una formalización. En el escrito presentado al tribunal, la Fiscalía señala que la determinación alcanza a Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago, precisando que las diligencias realizadas no permitieron reunir evidencia suficiente para continuar con la persecución penal en esta causa. Tras recibir la presentación, el Juzgado de Garantía de Antofagasta citó a todos los intervinientes a una audiencia para discutir la solicitud del Ministerio Público. La instancia quedó fijada para el próximo 21 de agosto, a partir de las 08:30 horas. Esta investigación corresponde a una de las múltiples aristas derivadas del caso Convenios, que indaga eventuales irregularidades en transferencias de recursos públicos hacia fundaciones y organizaciones privadas. Al momento en que estalló el caso, Giorgio Jackson ejercía como ministro de Desarrollo Social; Miguel Crispi se desempeñaba como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda; mientras que Javiera Martínez era directora de Presupuestos, cargo desde el cual, según los antecedentes investigados, habría participado en la validación de traspasos de recursos entre organismos públicos y entidades privadas. La decisión de no perseverar en esta investigación será comunicada formalmente por la Fiscalía durante la audiencia programada para agosto.
La investigación por las presuntas irregularidades financieras detectadas en el Centro de Investigación Científico y Tecnológico de la Región de Antofagasta (CICITEM) dio un nuevo paso. El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el próximo 13 de agosto la audiencia de formalización del exdirector del organismo, Rubén Rojo Maturana, quien será imputado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y privados y administración desleal. La solicitud fue presentada por el fiscal adjunto de la Fiscalía SAC de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien pidió al tribunal comunicar formalmente los cargos en contra del exdirector por hechos que habrían ocurrido entre los años 2022 y 2024. De acuerdo con el escrito ingresado al tribunal, el Ministerio Público investiga la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos y privados, contemplado en el artículo 233 N°3 del Código Penal, además del delito de administración desleal, establecido en el artículo 470 N°11 del mismo cuerpo legal. Ambos ilícitos son investigados en calidad de consumados. La audiencia del 13 de agosto marcará una etapa clave del proceso, ya que será la instancia en que la Fiscalía expondrá los antecedentes reunidos durante más de un año de diligencias e informará oficialmente al imputado los cargos que pesan en su contra. El origen del caso se remonta a enero de 2025, cuando el Gobierno Regional de Antofagasta presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos de CICITEM. En esa oportunidad se informó sobre supuestas transferencias de dinero desde cuentas institucionales hacia una cuenta personal atribuida al entonces director del centro, antecedentes que dieron inicio a la investigación penal. Pocos días después, la Fiscalía confirmó la apertura de una causa por presunto fraude al fisco y malversación de caudales públicos, señalando que el monto inicial investigado alcanzaba aproximadamente 132 millones de pesos. Con el avance de las diligencias también se interpusieron acciones judiciales. Según los registros del Poder Judicial, el 21 de octubre de 2025 el Gobierno Regional presentó una querella criminal contra Rubén Rojo y quienes resultaran responsables por eventuales delitos vinculados a la administración de los recursos de la institución. La acción fue declarada admisible dos días más tarde. Paralelamente, el 4 de marzo de 2025, el propio CICITEM interpuso una querella por el delito de administración desleal, la que igualmente fue acogida a tramitación por el tribunal. El caso provocó un fuerte impacto en la región debido al rol que cumplía CICITEM como uno de los principales centros de investigación científica y tecnológica del norte del país. Las investigaciones derivaron posteriormente en el congelamiento de los aportes públicos destinados a la institución, decisión adoptada por el Gobierno Regional tras conocerse una auditoría que detectó presuntas irregularidades financieras por un monto cercano a 400 millones de pesos. La suspensión del financiamiento terminó afectando directamente el funcionamiento del centro, que cesó sus operaciones y desvinculó a sus trabajadores. A ello se sumó otro episodio que marcó el desarrollo del caso: horas después de hacerse pública la denuncia, Rubén Rojo protagonizó un grave accidente de tránsito en la Ruta 5, hecho que posteriormente también dio origen a una investigación judicial independiente. Con la audiencia fijada para el 13 de agosto, el Ministerio Público iniciará formalmente la persecución penal contra el exdirector de CICITEM, en uno de los casos de mayor impacto para la institucionalidad científica y la administración de recursos públicos en la Región de Antofagasta durante los últimos años.
En prisión preventiva quedaron dos ciudadanos colombianos, quienes fueron formalizados como presuntos autores de los d elitos de secuestro extorsivo y hurto, tras una investigación conjunta del OS9 de Carabineros y el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Antofagasta. De acuerdo a los antecedentes, los hechos ocurrieron el 21 de junio, cuando los imputados se reunieron con la víctima, un adulto de su misma nacionalidad, en la intersección de calle Orione con Avenida Óscar Bonilla, en el sector norte de la ciudad. Desde ese punto, los imputados obligaron a la víctima a subir al vehículo en que se trasladaban, para luego iniciar un recorrido por distintos sectores de la ciudad. Tras ello, los detenidos habrían abordado un segundo vehículo junto a la víctima, donde aprovecharon de sustraerle diversas especies y obligarlo a comunicarse con familiares exigiendo el pago de importantes sumas de dinero. Durante todo este trayecto, la víctima habría sido amenazada y agredida reiteradamente por los imputados con diferentes elementos. Finalmente, la víctima fue abandonada en el sector de La Negra, donde recibió ayuda de terceros y logró llegar hasta Carabineros para denunciar el hecho. Conocidos los hechos, se inició una rápida pesquisa a cargo de SAC y OS9, con participación además del equipo ECOH de la Fiscalía, la que permite a las pocas horas la captura de dos de los presuntos autores del hecho. En este escenario, por solicitud del Ministerio Público, los detenidos quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva y se dispuso un plazo de investigación de 120 días.
Un importante avance registró la investigación por el homicidio de Edison Araya, el joven estudiante de 21 años que perdió la vida la madrugada del 19 de abril tras recibir un disparo a corta distancia en las afueras de un local nocturno ubicado en el sector sur de Antofagasta. El Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó al presunto autor material del crimen, un ciudadano chileno mayor de edad que permanecía prófugo desde el día de los hechos y que finalmente fue detenido gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público y las policías. Durante la audiencia, el imputado fue formalizado por los delitos de robo con homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad. La muerte de Edison Araya generó una profunda conmoción en la comunidad antofagastina y motivó una intensa búsqueda para dar con el responsable. Según los antecedentes reunidos por la investigación, la víctima falleció mientras recibía atención médica de urgencia en el Hospital Regional de Antofagasta, luego de ser atacada con un arma de fuego. Este nuevo avance se suma a la formalización previa de otros dos imputados chilenos, también mayores de edad, quienes según la Fiscalía habrían facilitado el arma utilizada en el homicidio. Ambos permanecen actualmente en prisión preventiva. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo desarrollado por el Sistema de Análisis Criminal, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Brigada de Homicidios de la PDI, labor que permitió identificar y detener a quienes tendrían participación en este caso. La autoridad explicó que las diligencias continuarán con el objetivo de reunir todos los antecedentes necesarios para presentar una acusación sólida y llevar a juicio a los imputados por su presunta responsabilidad en el crimen. Por su parte, el Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó un plazo de investigación de 120 días para continuar con las diligencias pendientes y avanzar hacia el esclarecimiento total de los hechos que terminaron con la vida del joven estudiante. La detención del presunto autor material representa un paso significativo para la familia de Edison Araya, que durante estos meses mantuvo constantes llamados a la justicia y a no olvidar un caso que marcó profundamente a la comunidad local.
Conmoción y profundo impacto ha generado el crimen ocurrido este viernes al interior de un colegio en Calama, región de Antofagasta, donde un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a integrantes de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora y dejando además a otra trabajadora y a tres alumnos gravemente heridos. El hecho, considerado uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en el país, movilizó rápidamente a autoridades regionales y nacionales. Durante las primeras horas de este sábado se realizaron reuniones de coordinación para definir los pasos a seguir, especialmente en materia de contención para la comunidad educativa afectada. A primera hora de la jornada fue trasladado a tribunales Hernán Meneses Leal, joven de 18 años acusado de perpetrar el ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Durante la agresión, uno de los estudiantes resultó con una grave herida en el tórax, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Antofagasta, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida. El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención del imputado, fijando una nueva audiencia para el martes 31 de marzo. La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación. En paralelo, este viernes llegaron a la capital de la provincia de El Loa las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. Las autoridades sostuvieron reuniones en la Delegación Provincial para coordinar acciones y posteriormente se trasladaron al hospital para acompañar a las familias de las víctimas. La ministra de Educación explicó que “hoy día hay una suspensión de clases en el establecimiento afectado y el regreso va a ser gradual, partiendo primero por los funcionarios, después por los estudiantes, con programas y jornadas de apoyo y contención emocional, que hoy día, como dije antes, es la urgencia”. “A través de la Seremi ya se ha articulado a todos aquellos que pueden colaborar en esa labor y se están disponiendo todos los recursos y todos los esfuerzos para cumplir con ese primer objetivo que es lo urgente”, complementó. Tras lo ocurrido, el establecimiento educacional suspendió sus clases, informándose que el retorno de los estudiantes se realizará de manera gradual, priorizando el apoyo psicológico y emocional para alumnos, docentes y funcionarios. Desde el Ministerio de Educación también se anunció que se avanzará en nuevas orientaciones y reglamentos para los establecimientos educacionales una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, actualmente en proceso de toma de razón en la Contraloría. La normativa busca facilitar la implementación de medidas de seguridad en los colegios que lo requieran, como la instalación de pórticos detectores de metales, además de reforzar los protocolos de prevención y manejo de situaciones de violencia al interior de las comunidades escolares. El caso ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad en los establecimientos educacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y convivencia escolar en todo el país.
