La Fiscalía de Calama ha formalizado cargos por cohecho contra un funcionario de Carabineros en un incidente que tuvo lugar durante un control de tránsito en la ciudad. Según la denuncia presentada por el conductor afectado, el uniformado en cuestión habría solicitado dinero a cambio de no retener el vehículo que estaba manejando. El incidente ocurrió en calle Bañados Espinoza cuando el conductor, que no contaba con la documentación necesaria, fue detenido por los carabineros. En este contexto, uno de los policías presuntamente se acercó al conductor con la solicitud de una suma de dinero para evitar el decomiso del vehículo. El afectado denunció el hecho en la Primera Comisaría de Calama, lo que llevó a una pronta intervención de las autoridades. El funcionario de Carabineros fue detenido y los antecedentes del caso fueron entregados al Ministerio Público para su investigación. El Juzgado de Garantía ha impuesto al detenido medidas cautelares que incluyen f irma periódica, arraigo nacional, prohibición de contacto con los colegas que participaron en el procedimiento, y restricción de acercamiento a la víctima. La investigación se extenderá por un plazo de 80 días. Además, se ha confirmado que el carabinero implicado ha sido apartado de la institución.
La Fiscalía de Taltal consiguió 93 años de cárcel para diez imputados detenidos por el OS7 de Carabineros en agosto de 2023 cuando transportaban marihuana y pasta base de cocaína en dirección a la zona central. Para detallar, los detenidos eran de nacionalidad colombiana y venezolana. Ahora bien, se realizaron una serie de diligencias para dar con la banda, desde escuchas telefónicas dispuestas por el Ministerio Público al celular de uno de los sujetos que ya se había fugado del CDP de la comuna, hasta un control policial en las inmediaciones del peaje de Mejillones, a cargo de OS7, con apoyo de GOPE y personal motorizado de Carabineros. Asimismo, se logra la detención de Yeferson Stiven Chacón Villalobos, Blainer Andrés Montaño Rivas, Freiny José Parra Chávez, Josué Daniel Hernández López, Juan Gabriel Riascos Murillo, Jhon Jairo Valencia Ruiz, Esteban Quintero Valencia y Stiven Sinisterra Vente, Miguel Osvaldo Vivas Medina y Joaquín Alirio Soza Sivira. Para contextualizar, los detenidos viajaban en tres vehículos, uno de ellos transportaba 9 paquetes de cocaína base con un peso de 9 kilos 200 gramos y 145 paquetes con marihuana que pesaron 152 kilos 50 gramos. Durante la detención de uno de los vehículos, se produce el volcamiento de este, falleciendo en el lugar Creisman Ramírez Victoria, quien había sido la persona fugada desde el CDP de Taltal. Por consiguiente, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a Jhon Jairo Valencia Ruiz a 12 años de presidio mayor en su grado medio, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas. Mientras que, los demás participantes se les impuso la pena de 9 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del mismo delito. Ahora bien, se condenó a todos los sentenciados al pago de una multa de 40 UTM, divididos en diez cuotas, las que deberán cancelarse a contar del mes siguiente a la fecha en que la sentencia quede ejecutada. Finalmente, el fiscal jefe de Taltal, Ricardo Castro Lillo señaló quese trató de una investigación que surge de interceptaciones telefónicas realizadas en una indagatoria dirigida por la Fiscalía de Taltal, que permite la detención de 10 sujetos y la aplicación de penas cuya su sumatoria supera los 90 años de cárcel.
La Fiscalía Local de Antofagasta se encuentra en la etapa final de preparación para una audiencia de reformalización que involucra a tres imputados: Carlos Contreras, exseremi de Vivienda; Paz Fuica, concejala de la comuna; y Daniel Andrade, exrepresentante de la fundación Democracia Viva. La audiencia, que se llevará a cabo este jueves 18 de julio a las 08:30 horas en el Tribunal de Garantía, tiene como objetivo formalizar nuevos cargos y ajustar las medidas cautelares impuestas a los involucrados. El caso ha dado un giro significativo con el descubrimiento de tres nuevos delitos de fraude al fisco durante la investigación en curso. Carlos Contreras, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Antofagasta por su implicación en el caso Tomarte, participará en la audiencia de reformalización de manera remota debido a su situación de encarcelamiento. En contraste, Paz Fuica y Daniel Andrade deberán asistir a la audiencia de manera presencial, ya que se encuentran bajo medidas cautelares menos restrictivas.
Un sujeto de nacionalidad chilena, de 58 años, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por la Fiscalía de Antofagasta por el delito de femicidio frustrado en contra de su cónyuge. El arresto se produjo luego de un violento incidente ocurrido el pasado 7 de julio en un domicilio ubicado en calle Juan Bolívar, Antofagasta. Durante la audiencia de formalización, se reveló que el acusado, en medio de una acalorada discusión con su esposa de 53 años, la agredió violentamente con un cuchillo. La víctima recibió múltiples heridas en la espalda, así como lesiones adicionales en una mano y en la cabeza mientras intentaba defenderse del ataque. La intervención de los vecinos, quienes alertaron a los servicios de emergencia, permitió que la mujer fuera trasladada a un centro asistencial en ambulancia. El agresor, tras el ataque, abandonó el lugar, pero fue capturado posteriormente por Carabineros. La Fiscalía de Antofagasta solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando que representa un grave peligro tanto para la sociedad como para la víctima. La solicitud fue acogida por el tribunal, que dispuso la medida cautelar. Es relevante mencionar que el imputado ya contaba con una condena previa por amenazas en violencia intrafamiliar (VIF) contra la misma víctima, dictada en 2022. El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha fijado un plazo de 100 días para la investigación del caso.
En los primeros seis meses del año en curso, la Fiscalía Regional de Antofagasta ha reportado un preocupante incremento en la incidencia de delitos vinculados al uso de armamento, según revelan cifras entregadas por la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC). De acuerdo con el reporte, se registraron 492 ingresos por delitos relacionados con la Ley de Control de Armas y Explosivos (N° 17.798), marcando un aumento del 71% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se reportaron 287 denuncias. El tipo penal que ha experimentado el mayor incremento es el porte, tenencia o posesión de arma de fuego, seguido por casos de porte, tenencia o posesión de munición, así como otros delitos contemplados en la misma ley. Por el contrario, se observaron descensos en categorías como porte de arma prohibida, disparos injustificados en la vía pública y tenencia de armas prohibidas. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, expresó su preocupación ante estas cifras, destacando que reflejan una realidad palpable en el trabajo diario de la fiscalía. El uso de armas de fuego es un fenómeno que viene al alza en nuestra región y que va en línea con lo que hemos planteado muchas veces, respecto a que estamos enfrentando nuevos fenómenos criminales que requieren acciones firmes de todas instituciones vinculadas tanto a la prevención del delito, como a su persecución penal , afirmó el fiscal. Castro Bekios señaló que gran parte del armamento incautado en la región no cuenta con registro legal, sugiriendo que podría estar ingresando ilegalmente a través de la frontera, en contraste con lo observado en la zona central del país, donde muchas armas son robadas a sus propietarios. El fiscal también hizo mención de la preocupante tendencia de grupos criminales que se dedican a la fabricación de armas hechizas o a la adaptación de armas de fogueo para usar munición convencional, las cuales son empleadas en la comisión de delitos o comercializadas en el mercado negro. Hoy las armas de fuego , sean convencionales, adaptadas o hechizas, son un insumo transable en los mercados criminales, es decir, tienen un valor y aquel que las posee no sólo las emplea para comisión de delitos, sino que puede lucrar con ellas mediante su arriendo o venta a terceros, ya sea para actividades criminales o para defenderse de otras organizaciones , subrayó Castro Bekios. Para hacer frente a este fenómeno, la Fiscalía Regional ha implementado diversas estrategias, incluyendo la creación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), dedicado a investigaciones de alto impacto, así como la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC), encargada de detectar y perseguir fenómenos criminales.
La Fiscalía de Calama ha formalizado cargos por cohecho contra un funcionario de Carabineros en un incidente que tuvo lugar durante un control de tránsito en la ciudad. Según la denuncia presentada por el conductor afectado, el uniformado en cuestión habría solicitado dinero a cambio de no retener el vehículo que estaba manejando. El incidente ocurrió en calle Bañados Espinoza cuando el conductor, que no contaba con la documentación necesaria, fue detenido por los carabineros. En este contexto, uno de los policías presuntamente se acercó al conductor con la solicitud de una suma de dinero para evitar el decomiso del vehículo. El afectado denunció el hecho en la Primera Comisaría de Calama, lo que llevó a una pronta intervención de las autoridades. El funcionario de Carabineros fue detenido y los antecedentes del caso fueron entregados al Ministerio Público para su investigación. El Juzgado de Garantía ha impuesto al detenido medidas cautelares que incluyen f irma periódica, arraigo nacional, prohibición de contacto con los colegas que participaron en el procedimiento, y restricción de acercamiento a la víctima. La investigación se extenderá por un plazo de 80 días. Además, se ha confirmado que el carabinero implicado ha sido apartado de la institución.
La Fiscalía de Taltal consiguió 93 años de cárcel para diez imputados detenidos por el OS7 de Carabineros en agosto de 2023 cuando transportaban marihuana y pasta base de cocaína en dirección a la zona central. Para detallar, los detenidos eran de nacionalidad colombiana y venezolana. Ahora bien, se realizaron una serie de diligencias para dar con la banda, desde escuchas telefónicas dispuestas por el Ministerio Público al celular de uno de los sujetos que ya se había fugado del CDP de la comuna, hasta un control policial en las inmediaciones del peaje de Mejillones, a cargo de OS7, con apoyo de GOPE y personal motorizado de Carabineros. Asimismo, se logra la detención de Yeferson Stiven Chacón Villalobos, Blainer Andrés Montaño Rivas, Freiny José Parra Chávez, Josué Daniel Hernández López, Juan Gabriel Riascos Murillo, Jhon Jairo Valencia Ruiz, Esteban Quintero Valencia y Stiven Sinisterra Vente, Miguel Osvaldo Vivas Medina y Joaquín Alirio Soza Sivira. Para contextualizar, los detenidos viajaban en tres vehículos, uno de ellos transportaba 9 paquetes de cocaína base con un peso de 9 kilos 200 gramos y 145 paquetes con marihuana que pesaron 152 kilos 50 gramos. Durante la detención de uno de los vehículos, se produce el volcamiento de este, falleciendo en el lugar Creisman Ramírez Victoria, quien había sido la persona fugada desde el CDP de Taltal. Por consiguiente, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a Jhon Jairo Valencia Ruiz a 12 años de presidio mayor en su grado medio, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas. Mientras que, los demás participantes se les impuso la pena de 9 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del mismo delito. Ahora bien, se condenó a todos los sentenciados al pago de una multa de 40 UTM, divididos en diez cuotas, las que deberán cancelarse a contar del mes siguiente a la fecha en que la sentencia quede ejecutada. Finalmente, el fiscal jefe de Taltal, Ricardo Castro Lillo señaló quese trató de una investigación que surge de interceptaciones telefónicas realizadas en una indagatoria dirigida por la Fiscalía de Taltal, que permite la detención de 10 sujetos y la aplicación de penas cuya su sumatoria supera los 90 años de cárcel.
La Fiscalía Local de Antofagasta se encuentra en la etapa final de preparación para una audiencia de reformalización que involucra a tres imputados: Carlos Contreras, exseremi de Vivienda; Paz Fuica, concejala de la comuna; y Daniel Andrade, exrepresentante de la fundación Democracia Viva. La audiencia, que se llevará a cabo este jueves 18 de julio a las 08:30 horas en el Tribunal de Garantía, tiene como objetivo formalizar nuevos cargos y ajustar las medidas cautelares impuestas a los involucrados. El caso ha dado un giro significativo con el descubrimiento de tres nuevos delitos de fraude al fisco durante la investigación en curso. Carlos Contreras, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Antofagasta por su implicación en el caso Tomarte, participará en la audiencia de reformalización de manera remota debido a su situación de encarcelamiento. En contraste, Paz Fuica y Daniel Andrade deberán asistir a la audiencia de manera presencial, ya que se encuentran bajo medidas cautelares menos restrictivas.
Un sujeto de nacionalidad chilena, de 58 años, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por la Fiscalía de Antofagasta por el delito de femicidio frustrado en contra de su cónyuge. El arresto se produjo luego de un violento incidente ocurrido el pasado 7 de julio en un domicilio ubicado en calle Juan Bolívar, Antofagasta. Durante la audiencia de formalización, se reveló que el acusado, en medio de una acalorada discusión con su esposa de 53 años, la agredió violentamente con un cuchillo. La víctima recibió múltiples heridas en la espalda, así como lesiones adicionales en una mano y en la cabeza mientras intentaba defenderse del ataque. La intervención de los vecinos, quienes alertaron a los servicios de emergencia, permitió que la mujer fuera trasladada a un centro asistencial en ambulancia. El agresor, tras el ataque, abandonó el lugar, pero fue capturado posteriormente por Carabineros. La Fiscalía de Antofagasta solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando que representa un grave peligro tanto para la sociedad como para la víctima. La solicitud fue acogida por el tribunal, que dispuso la medida cautelar. Es relevante mencionar que el imputado ya contaba con una condena previa por amenazas en violencia intrafamiliar (VIF) contra la misma víctima, dictada en 2022. El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha fijado un plazo de 100 días para la investigación del caso.
En los primeros seis meses del año en curso, la Fiscalía Regional de Antofagasta ha reportado un preocupante incremento en la incidencia de delitos vinculados al uso de armamento, según revelan cifras entregadas por la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC). De acuerdo con el reporte, se registraron 492 ingresos por delitos relacionados con la Ley de Control de Armas y Explosivos (N° 17.798), marcando un aumento del 71% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se reportaron 287 denuncias. El tipo penal que ha experimentado el mayor incremento es el porte, tenencia o posesión de arma de fuego, seguido por casos de porte, tenencia o posesión de munición, así como otros delitos contemplados en la misma ley. Por el contrario, se observaron descensos en categorías como porte de arma prohibida, disparos injustificados en la vía pública y tenencia de armas prohibidas. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, expresó su preocupación ante estas cifras, destacando que reflejan una realidad palpable en el trabajo diario de la fiscalía. El uso de armas de fuego es un fenómeno que viene al alza en nuestra región y que va en línea con lo que hemos planteado muchas veces, respecto a que estamos enfrentando nuevos fenómenos criminales que requieren acciones firmes de todas instituciones vinculadas tanto a la prevención del delito, como a su persecución penal , afirmó el fiscal. Castro Bekios señaló que gran parte del armamento incautado en la región no cuenta con registro legal, sugiriendo que podría estar ingresando ilegalmente a través de la frontera, en contraste con lo observado en la zona central del país, donde muchas armas son robadas a sus propietarios. El fiscal también hizo mención de la preocupante tendencia de grupos criminales que se dedican a la fabricación de armas hechizas o a la adaptación de armas de fogueo para usar munición convencional, las cuales son empleadas en la comisión de delitos o comercializadas en el mercado negro. Hoy las armas de fuego , sean convencionales, adaptadas o hechizas, son un insumo transable en los mercados criminales, es decir, tienen un valor y aquel que las posee no sólo las emplea para comisión de delitos, sino que puede lucrar con ellas mediante su arriendo o venta a terceros, ya sea para actividades criminales o para defenderse de otras organizaciones , subrayó Castro Bekios. Para hacer frente a este fenómeno, la Fiscalía Regional ha implementado diversas estrategias, incluyendo la creación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), dedicado a investigaciones de alto impacto, así como la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC), encargada de detectar y perseguir fenómenos criminales.
