Tras 13 años: comisión Mixta despacha nueva Ley Antiterrorista y está a punto de ser ley
La propuesta que es parte del fast-track legislativo avanzó y está ad portas de convertirse en ley.
La jornada de este martes, la comisión Mixta del Congreso despachó el proyecto de la nueva Ley Antiterrorista, tras zanjar puntos clave que generaron diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado.Esta iniciativa, que lleva 13 años siendo debatida y es parte del fast-track legislativo, busca actualizar y endurecer la legislación vigente en materia de terrorismo, siendo parte de la agenda priorizada de seguridad.
En concreto, el proyecto, que permitiría la derogación de la ley vigente, establece una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas. Cabe recordar que ésta se inició en el Senado, en un mensaje refundido con cuatro mociones de senadores y el aporte del Ejecutivo, haciendo suyo el proyecto.
“Estamos a punto de tener una nueva ley antiterrorista en Chile, a la altura de los estándares mundiales y con una normativa que permitirá su aplicación, subsanando todos los inconvenientes de la actual normativa”, señaló el presidente de la comisión Mixta, senador Iván Flores (DC).
Por otra parte, el congresal sostuvo que “la idea que sustenta la propuesta es consagrar una legislación más moderna que supere las dificultades que se han evidenciado en la persecución oportuna de estos crímenes”, por ello, sostuvo que “a la luz de todos los hechos que han venido ocurriendo, no cabe duda de su necesidad”, precisó.
Consultado sobre las sanciones, el parlamentario apuntó que “una vez promulgada, se podrá sancionar la asociación terrorista y establecer delitos y penas acordes al grado de implicación en la organización terrorista, aprobándose además lo que conocemos como la figura del “lobo solitario“ (término que alude a individuos que actúan de forma aislada para cometer actos terroristas).
De esta forma, se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la perpetración de determinados delitos terroristas.
En ese sentido, el documento asevera que, con independencia de pertenecer o no a una asociación terrorista, se entenderá que se comete un delito terrorista cuando se busque: Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático ; someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.
Uno de los temas más controvertidos fue la interceptación de comunicaciones, aprobada bajo estrictas regulaciones. Ante ello, el senador Flores explicó que “deberá ser autorizada por un juez de garantía, a solicitud del fiscal, y estará limitada por plazos y condiciones estrictas para proteger la información irrelevante para la causa.”
Finalmente, se plantea sancionar la asociación terrorista con presidio mayor en su grado mínimo; en cambio, será presidio mayor en su grado medio para quien tome parte en ella cumpliendo funciones de jefatura o ejerciendo mando en ella. También, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.
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