Salud Antofagasta advierte de los graves peligros de comprar medicamentos en lugares no autorizados
La Seremi de Salud alerta a la ciudadanía tras recibir denuncias sobre la venta ilegal en almacenes de barrio. Autoridad subraya que la cadena de frío, autenticidad y dosificación correcta no están garantizadas, con multas para infractores que llegan hasta las mil UTM y posible clausura.
La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud ha lanzado una enérgica advertencia sobre los graves riesgos que implica la compra de medicamentos en lugares no autorizados, como almacenes de barrio u otros comercios informales. La alerta surge a raíz de diversas denuncias ciudadanas recibidas por la institución.
Ante esto, el Secretario Regional Ministerial de Salud, Alberto Godoy, fue categórico al señalar que solo las farmacias o almacenes farmacéuticos debidamente autorizados por la propia Seremi de Salud están facultados para expender todo producto definido como medicamento por el Instituto de Salud Pública (ISP).
Falsificación, almacenaje deficiente y dosificación peligrosa
Godoy detalló que adquirir fármacos fuera de los canales legales representa un peligro de múltiples dimensiones. Los locales no autorizados no garantizan la correcta cadena de frío ni las condiciones de almacenamiento adecuadas, lo que podría provocar reacciones adversas en los pacientes. Además, existe un alto riesgo de que los productos sean falsificados o que no sean los indicados para la necesidad de salud del consumidor, incluso con productos de libre venta, como el paracetamol, el riesgo es latente.
Asimismo, el seremi ejemplificó que una dosis inadecuada del popular analgésico puede generar un "cuadro de intoxicación con graves consecuencias para la función hepática". La restricción es aún más estricta para antibióticos, psicotrópicos y estupefacientes —cuya venta ilegal puede constituir tráfico conforme a la Ley 20.000.
Finalmente, la autoridad sanitaria también puso el foco en los infractores. Los locales sorprendidos vendiendo medicamentos ilegalmente se exponen a sanciones económicas severas. Las multas fluctúan entre un décimo y las mil UTM, y, dependiendo de la gravedad de la falta, podrían arriesgar incluso la prohibición de funcionamiento.
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