La mitad de las atenciones realizadas por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), corresponden a la segunda causal en la Región de Antofagasta. Es decir, debido a que el embrión o feto padecía una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente. 

Desde que la norma entró en vigencia existen en total 184 atenciones en la región. "No estamos disponibles para retroceder en los derechos alcanzados por las mujeres. Todo lo contrario, queremos avanzar en la garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en el bienestar de las niñas", asegura la seremi de Salud, Jessica Bravo.

Para seguir fortaleciendo este derecho, el Ministerio de Salud junto al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, establecieron dentro de sus prioridades recabar información actualizada respecto a las principales brechas en la implementación de la Ley.

"Con esa información en la mano, formularemos un plan de acción orientado a garantizar el acceso oportuno a nivel nacional a todas las mujeres. Mejorar la calidad en atención a toda persona que acceda a la Ley, fortaleceremos el monitoreo y fiscalización de su implementación, la educación ciudadana y de equipos clínicos respecto a la Ley IVE", explica Bravo. 

La autoridad sanitaria ya fiscalizó a los nueve establecimientos de salud implementados para esta normativa en la región, los cuales estarían en proceso de corregir las observaciones realizadas por la autoridad.

La legislación incluye un programa de acompañamiento al que toda persona gestante tiene derecho, en el marco de las tres causales. Tanto en el proceso de discernimiento como luego de tomar la decisión. 

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Paulina Larrondo, sostiene que "este acompañamiento incluye acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico. Y en cualquier otro momento de este proceso".

Aunque en el sector privado de la región han detectado algunas brechas, Larrondo indica que desde el 2018 hasta el 2023, la decisión de aceptar el acompañamiento ha sido mayoritaria. 

A nivel nacional suman 19.664 atenciones de acompañamiento en todas las causales, esto incluye consultas con asistente social, duplas psicosociales, psicólogo y psiquiatra.

La seremi recuerda que la causal por violación concentra el mayor número de menores de edad, más de la mitad de ellas menores de 14 años. "Derogar la tercera causal es dejar a niñas desamparadas, es obligarlas a continuar con un embarazo peligroso y no deseado, o hacerlas optar por métodos inseguros", advierte Larrondo.

Añade que a nivel internacional, "se ha demostrado que prohibir el aborto no disminuye su práctica. Hace que se realice sin garantías de seguridad, poniendo en riesgo la integridad y la vida de las mujeres, en particular de aquellas más vulnerables".

Fue durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, entre el 2015 y el 2017, que el Congreso discutió y aprobó la Ley 21.030. Regulando de esta manera la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo vital de la persona gestante, inviabilidad fetal de carácter letal o embarazo por resultado de una violación. 

Hace pocos días, la Ley cumplió seis años desde que fuera publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre de 2017.