Fiscalía formaliza a 22 implicados en red de trata de personas y lavado de activos
La Fiscalía formalizó a los imputados por trata de personas, asociación criminal y lavado de activos, con un patrimonio ilícito que supera los $4.300 millones.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha asestado un duro golpe al crimen organizado, formalizando a 22 personas detenidas en una vasta operación policial contra redes de trata de personas con fines de explotación sexual. La investigación, que se extendió durante meses, ha revelado un entramado criminal de alcance transnacional con un impresionante flujo económico que supera los $4.300 millones, entre dinero en efectivo, vehículos de lujo y propiedades.
En una maratónica audiencia que culminó en la madrugada, la Fiscalía de Alta Complejidad y la Policía de Investigaciones (PDI) presentaron los cargos en contra de los detenidos. Se les imputan delitos graves como trata de personas con fines de explotación sexual, facilitación de la entrada al país para prostitución y asociación criminal. Además, a los cabecillas de la red se les investiga por lavado de activos, asociación ilícita para este delito e incluso tráfico de drogas.
Ante esto, la operación permitió incautar bienes por un valor de $86 millones en efectivo, joyas y otros artículos, además de vehículos de alto valor que sumaban $252 millones. Pero la cifra más impactante fue la revelación de un flujo de dinero ilícito de casi $4.000 millones, que circulaba a través de diversas maniobras de ocultamiento, como el uso de empresas de pantalla, testaferros y simulación de actividades comerciales.
Asimismo, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó la magnitud de la investigación, señalando que es la primera vez que se logra formalizar y desarticular una red de este tipo que vincula directamente la trata de personas con el lavado de activos. Esta estrategia, según el fiscal, es clave para cortar de raíz el flujo económico de estas organizaciones.
Finalmente, el tribunal decretó la prisión preventiva para 21 de los imputados, mientras que una mujer quedó con arresto domiciliario total. El plazo de la investigación se fijó en 100 días. Esta acción representa un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región y un importante avance en la protección de las víctimas, que eran captadas en sus países de origen aprovechando su situación de vulnerabilidad.
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