Ley pretende poner fin a los narcofunerales
Desde 2019, se han registrado 2.438 funerales de riesgo, con más de 169 mil controles preventivos, 1.610 personas detenidas y la participación de más de 136 mil efectivos policiales.
A partir de este miércoles, Chile contará con una nueva legislación que regula los funerales considerados de alto riesgo, conocidos como “narcofunerales”. Esta normativa surge en respuesta a episodios conflictivos asociados a funerales de personas vinculadas al narcotráfico y busca garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que uno de los objetivos principales es evitar que estas ceremonias se transformen en actos que enaltezcan el crimen o los delitos asociados. La ley establece que los funerales de riesgo deberán realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde que el delegado presidencial emite la resolución respectiva.
Este plazo comprende todo el proceso funerario: desde la inscripción de defunción en el Registro Civil, la identificación del fallecido, hasta su traslado al lugar de sepultura o cremación.
Además, la normativa incluye medidas de control específicas, como la posibilidad de efectuar controles de identidad y prohibir el ingreso de personas bajo los efectos del alcohol o drogas a cementerios, crematorios o durante traslados fúnebres.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que la ley fortalece los procesos de seguridad. Indicó que estos funerales contarán con un despliegue promedio de entre 35 y 40 carabineros para garantizar el resguardo del orden público y prevenir delitos.
En caso de incumplimiento, la ley contempla sanciones que incluyen penas de presidio menor en su grado medio, es decir, entre 541 días y 3 años y un día de cárcel, además de multas que pueden llegar hasta las 20 UTM.
Desde 2019, se han registrado 2.438 funerales de riesgo en el país, con más de 169 mil controles preventivos, 1.610 personas detenidas y la participación de más de 136 mil efectivos policiales. Con esta nueva legislación, el Gobierno busca frenar estos eventos y reforzar el control sobre situaciones que comprometen la seguridad pública.
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