Pueblos Atacameños emplazan a Boric por Estrategia Nacional del Litio
Apuntan a compromiso del Presidente de reunirse con la comunidad. "Están tomando decisiones empresariales sobre nuestras tierras", expresa el líder de la comunidad indígena.
Ante un público de más de 500 personas en la salida de San Pedro de Atacama, sector de la Apacheta, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Vladimir Reyes, emitió una declaración pública que nace tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre la Estrategia Nacional del Litio.
Temática que afecta directamente al pueblo atacameño lickanantay, que tiene una ocupación ancestral de hace más de 11 mil años en el territorio del Salar de Atacama. En su presentación, el líder de la asociación indígena enfatizó en el compromiso del mandatario al momento de transmitir su mensaje en cadena nacional.
"Sostener un primer hito, de conversación entre el Consejo de Pueblos Atacameños y mi persona", lo que tras dos semanas de ser anunciado aún no ocurre, pese a que ya se dieron los primeros diálogos con las empresas que operan actualmente el Salar de Atacama.
Al respecto, Vladimir Reyes enfatiza "los que ya vienen dialogando están tomando decisiones empresariales sobre nuestras tierras, sin atender a quienes las habitamos, sobrevivimos con la agricultura y los esfuerzos en turismo, otros aún sin espacio físico territorial. Comunidades sin alcantarillado, agua potable, establecimientos educacionales sin infraestructura ni docentes a la altura".
Los cuatro puntos
En la declaración del presidente del CPA destacan cuatro puntos, siendo el primero que el Presidente Boric dijo que la Estrategia Nacional del Litio contempla la creación de una red de protección de Salares y además pone en el centro de su estrategia el Salar de Atacama.
Sobre esto, Reyes sañala "diversos estudios propios de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, la academia regional, las ciencias comunitarias, dan cuenta de un salar en estado de fragilidad y cuya actual extracción aún genera incertidumbres científicas".
"Entendemos que los mismos informes de CORFO, del consejo de las ciencias (...) dan cuenta de este ecosistema en peligro a consecuencia de la extracción de salmuera (…) es cuestión de revisar lo que ocurre en el Salar de Punta Negra, en Tilopozo, por indicar algunos daños ambientales irreparables", detalla la autoridad indígena.
Y agrega "¿podría enviarnos un informe detallado sobre el estado actual del Salar de Atacama? Queremos que usted informe al país cómo está la vida del Salar de Atacama, que no es litio, que no es salmuera, sino que es parte de nuestra cosmovisión".
El segundo punto abordado es la deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo atacameño. "Si usted dispone de nuestros bienes comunes, dispone en la Estrategia Nacional del Litio de estas tierras ancestrales, llega el momento también de saldar estas deudas".
"Desde que se estableció la Ley 19.253, el Estado de Chile se compromete a restituir todas las tierras atacameñas. Está usted dispuesto a resolver en el más breve plazo con todos los equipos técnicos del Estado nuestras demandas territoriales, tanto en Alto Loa que ha sufrido desplazamiento forzado, con Calama y también con Atacama La Grande", cuestiona Reyes.
El líder indígena, añade "¿está usted dispuesto a validar y fortalecer el trabajo de la mesa de gobernanza territorial que la actual ministra de Bienes Nacionales reconoció en el territorio?".
Reyes también aborda la creación de una Empresa Nacional del Litio y anuncia "vamos a iniciar con todos los atacameños y atacameñas la redacción de una Ley Territorial Atacameña, que nace desde los amplios debates territoriales, que pueda resolver la mirada integradora en procesos de evaluación ambiental, que reconozca la cosmovisión de los Salares y su potencial científico".
"Lamentamos profundamente que el actor principal de las negociaciones sea Codelco, una empresa estatal que ha demostrado un comportamiento irrespetuoso con las comunidades, tanto de Alto Loa y un mal vecino con Calama", enfatiza la autoridad indígena.
Finalmente, sobre la empresa estatal, Reyes exclama "ha despojado de las aguas a las comunidades de Alto Loa, ha contaminado a la comuna de Calama, no atendió a las reclamaciones de la ciudadanía y pueblos indígenas respecto del tranque de relaves Talabre, de la carretera y viaducto en el valle de Yalquincha (...) de un plan de descontaminación que no descontamina".
27 de mayo de 2026
El ente estableció que el ex alcalde intervino directamente en la contratación por $600 millones de la productora del evento; sin licitación pública ni selección formal.



La campaña alcanza el 86,34% de lactantes vacunados, pero Antofagasta aparece como la comuna con más menores pendientes de inmunizar de la región, con 253 niños sin dosis.
Autoridades decretaron el aviso por temperaturas que irían desde los 33 a 35°C en las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena.
Carabineros, PDI y autoridades regionales intervienen el campamento Manos del Desierto, ubicado en el sector norte de la ciudad, por la recuperación de terrenos fiscales.
Alberto Larraín y Constanza Gómez serán formalizados este lunes en Antofagasta por seis delitos de apropiación indebida ligados a convenios con el Gore y Minvu.
La estatal recalculará incentivos tras detectar sobreestimación de producción en Chuquicamata y Ministro Hales durante 2025.
Auditoría interna detectó anomalías en cifras de producción de Chuquicamata y Ministro Hales. Hay despidos, sanciones y posible denuncia penal.
Dos restaurantes y una discoteca: Prohiben funcionamientos a 3 locales del sector sur de Antofagasta
La Seremi de Salud prohibió el funcionamiento de los restaurantes de la zona del Balneario Municipal, Mantaro y Ámbar, y de la discoteca Montecarlo, del sector El Huáscar.
El fatal accidente se registró en la intersección de Avenida Grecia y Manuel Antonio Matta. El incidente resultó con un hombre, mayor de edad, fallecido.
Una cámara de televigilancia municipal, captó al mismo vehículo durante dos noches arrojando basura en Bonilla con Pantaleón Cortés. El dueño fue citado al juzgado de policía local.
La retención, que supera los $8.500 millones, se origina en una demanda por indemnización de perjuicios arrastrada desde 2016 por la causa “Servicios Generales Global Ltda".



















































































