Durante el jueves 4 de junio, los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Marcela Hernando (PR) presentaron una querella criminal contra quienes resulten responsables de la sobreestimación de producción detectada en Codelco. De acuerdo a los parlamentarios, los antecedentes del hecho podrían constituir delitos como administración desleal, falsificación de instrumento y fraude al fisco, entre otros. Por lo que solicitaron al menos 20 diligencias investigativas, como revisión de antecedentes de ejecutivos e incautaciones. En conversación con 24Horas, Mulet explicó que: Creo que hay elementos constitutivos de delito o para constituir al menos presunciones fundadas que se puede haber cometido un delito. A mi juicio, al menos puede haber con los elementos que uno ya va viendo, administración desleal. Y luego agregó que:Pedimos más de 20 diligencias en la presentación de la querella que hicimos con la ex ministra (de Minería) y diputada Hernando. Además, el legislador aseguró que debido a que el edificio corporativo de la estatal se encuentra en la Región Metropolitana, pidieron que la investigación se radique en la misma región. Hemos pedido que se radique en la Región Metropolitana, en Santiago, producto de que aquí está el edificio corporativo. Las 27 mil toneladas que se atribuyeron es una situación defraudatoria y grave, que no corresponde. Y, por cierto, creemos que hay delitos que se cometieron y por eso vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, sostuvo.
Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Una auditoría interna realizada por Codelco detectó una grave sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025, situación que derivó en el pago de bonos por más de US$14,3 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz de la estatal minera. Según antecedentes conocidos en las últimas horas, las irregularidades investigadas apuntan a una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre informadas a fines del año pasado. De ese total, aproximadamente 20 mil toneladas corresponderían a óxidos provenientes de Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas estarían asociadas a polvos metalúrgicos vinculados al depósito de residuos mineros Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las cifras infladas impactaron directamente en el cálculo de incentivos y bonos internos de producción, los cuales dependen del cumplimiento de metas operacionales. Altas fuentes de la estatal señalaron que ahora la empresa deberá recalcular los incentivos ya pagados para intentar recuperar los recursos desembolsados. La investigación interna concluyó además con medidas disciplinarias contra ocho ejecutivos vinculados a la cadena de decisiones y controles asociados al reconocimiento de producción. Uno de ellos fue desvinculado de la compañía, mientras que otros siete recibieron sanciones administrativas. De acuerdo con información conocida por medios nacionales, cinco de los ejecutivos involucrados pertenecen a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, mientras que los otros tres forman parte de la casa matriz. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que las desviaciones detectadas en la aplicación de normas de contabilización habrían tenido como objetivo mostrar un mejor desempeño productivo respecto a las metas del año anterior. Debido a que el pago de bonos compromete recursos públicos, Codelco anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El caso además abrió cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión del saliente presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, instalando preocupación en distintos sectores respecto a los mecanismos de control y transparencia dentro de la principal empresa minera del país. La polémica ocurre en momentos especialmente sensibles para la minera estatal, en medio de desafíos productivos, presión por resultados financieros y crecientes exigencias de eficiencia en la principal productora de cobre del mundo.
El Gobierno de José Antonio Kast, anunció la designación de nuevos integrantes para el directorio de Codelco, confirmando a Bernardo Fontaine como nuevo presidente del Directorio, en reemplazo de Máximo Pacheco, quien culminará su período el próximo 26 de mayo. El anuncio fue realizado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés, quien aseguró que la empresa estatal enfrenta un escenario complejo marcado por altos niveles de endeudamiento, estancamiento productivo y sobrecostos; además de la polémica por las 20 mil toneladas añadidas a la producción de diciembre de 2025. “Dado los últimos antecedentes preliminares que se han conocido, nuestra actitud es clara: vamos a iniciar las investigaciones del caso y por cierto adoptar todas las acciones correspondientes para esclarecer la información”, señaló. En este escenario, los nuevos integrantes del directorio de la estatal son: Bernardo Fontaine Talavera, economista e ingeniero comercial con experiencia en políticas públicas y empresas; Luz Granier Bulnes, ingeniera comercial y exsubsecretaria de Servicios Sociales; Alejandro Canut de Bon, abogado y exdirector de ENAMI, con trayectoria en minería privada. Los nuevos designados, reemplazarán a Máximo Pacheco Matte, Josefina Montenegro Araneda y Alejandra Wood Huidobro. Con este nuevo período, secretario de Estado aseguró que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia una gestión más rigurosa. “Nuestra misión es asegurar la viabilidad y eficiencia de la mayor empresa del país. Para ello, implementaremos una gestión financiera rigurosa a partir de los nuevos directores que se incorporan a la compañía”. “Los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y eventual auditoría externa, para recabar la información que los chilenos merecen conocer”, cerró el biministro.
Durante el jueves 4 de junio, los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Marcela Hernando (PR) presentaron una querella criminal contra quienes resulten responsables de la sobreestimación de producción detectada en Codelco. De acuerdo a los parlamentarios, los antecedentes del hecho podrían constituir delitos como administración desleal, falsificación de instrumento y fraude al fisco, entre otros. Por lo que solicitaron al menos 20 diligencias investigativas, como revisión de antecedentes de ejecutivos e incautaciones. En conversación con 24Horas, Mulet explicó que: Creo que hay elementos constitutivos de delito o para constituir al menos presunciones fundadas que se puede haber cometido un delito. A mi juicio, al menos puede haber con los elementos que uno ya va viendo, administración desleal. Y luego agregó que:Pedimos más de 20 diligencias en la presentación de la querella que hicimos con la ex ministra (de Minería) y diputada Hernando. Además, el legislador aseguró que debido a que el edificio corporativo de la estatal se encuentra en la Región Metropolitana, pidieron que la investigación se radique en la misma región. Hemos pedido que se radique en la Región Metropolitana, en Santiago, producto de que aquí está el edificio corporativo. Las 27 mil toneladas que se atribuyeron es una situación defraudatoria y grave, que no corresponde. Y, por cierto, creemos que hay delitos que se cometieron y por eso vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, sostuvo.
Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Una auditoría interna realizada por Codelco detectó una grave sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025, situación que derivó en el pago de bonos por más de US$14,3 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz de la estatal minera. Según antecedentes conocidos en las últimas horas, las irregularidades investigadas apuntan a una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre informadas a fines del año pasado. De ese total, aproximadamente 20 mil toneladas corresponderían a óxidos provenientes de Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas estarían asociadas a polvos metalúrgicos vinculados al depósito de residuos mineros Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las cifras infladas impactaron directamente en el cálculo de incentivos y bonos internos de producción, los cuales dependen del cumplimiento de metas operacionales. Altas fuentes de la estatal señalaron que ahora la empresa deberá recalcular los incentivos ya pagados para intentar recuperar los recursos desembolsados. La investigación interna concluyó además con medidas disciplinarias contra ocho ejecutivos vinculados a la cadena de decisiones y controles asociados al reconocimiento de producción. Uno de ellos fue desvinculado de la compañía, mientras que otros siete recibieron sanciones administrativas. De acuerdo con información conocida por medios nacionales, cinco de los ejecutivos involucrados pertenecen a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, mientras que los otros tres forman parte de la casa matriz. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que las desviaciones detectadas en la aplicación de normas de contabilización habrían tenido como objetivo mostrar un mejor desempeño productivo respecto a las metas del año anterior. Debido a que el pago de bonos compromete recursos públicos, Codelco anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El caso además abrió cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión del saliente presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, instalando preocupación en distintos sectores respecto a los mecanismos de control y transparencia dentro de la principal empresa minera del país. La polémica ocurre en momentos especialmente sensibles para la minera estatal, en medio de desafíos productivos, presión por resultados financieros y crecientes exigencias de eficiencia en la principal productora de cobre del mundo.
El Gobierno de José Antonio Kast, anunció la designación de nuevos integrantes para el directorio de Codelco, confirmando a Bernardo Fontaine como nuevo presidente del Directorio, en reemplazo de Máximo Pacheco, quien culminará su período el próximo 26 de mayo. El anuncio fue realizado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés, quien aseguró que la empresa estatal enfrenta un escenario complejo marcado por altos niveles de endeudamiento, estancamiento productivo y sobrecostos; además de la polémica por las 20 mil toneladas añadidas a la producción de diciembre de 2025. “Dado los últimos antecedentes preliminares que se han conocido, nuestra actitud es clara: vamos a iniciar las investigaciones del caso y por cierto adoptar todas las acciones correspondientes para esclarecer la información”, señaló. En este escenario, los nuevos integrantes del directorio de la estatal son: Bernardo Fontaine Talavera, economista e ingeniero comercial con experiencia en políticas públicas y empresas; Luz Granier Bulnes, ingeniera comercial y exsubsecretaria de Servicios Sociales; Alejandro Canut de Bon, abogado y exdirector de ENAMI, con trayectoria en minería privada. Los nuevos designados, reemplazarán a Máximo Pacheco Matte, Josefina Montenegro Araneda y Alejandra Wood Huidobro. Con este nuevo período, secretario de Estado aseguró que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia una gestión más rigurosa. “Nuestra misión es asegurar la viabilidad y eficiencia de la mayor empresa del país. Para ello, implementaremos una gestión financiera rigurosa a partir de los nuevos directores que se incorporan a la compañía”. “Los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y eventual auditoría externa, para recabar la información que los chilenos merecen conocer”, cerró el biministro.
