La preocupación por la posible utilización de puertos chilenos por parte de organizaciones criminales para el tráfico de drogas y armas ha llevado al Ministerio Público a adoptar medidas preventivas. En los últimos cinco años, se han iniciado 17 investigaciones sobre delitos en puertos y áreas marítimas de la macrozona norte, lo que, aunque no es una cifra alarmante, plantea desafíos significativos debido a la complejidad de los crímenes involucrados.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha designado al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para liderar la persecución de estos delitos en los puertos desde Antofagasta hasta Coquimbo. Este equipo multidisciplinario incluirá a policías, la Armada, Aduanas y personal especializado del Ministerio Público, abarcando un litoral de aproximadamente mil kilómetros con 12 puertos formales y numerosas caletas.
Castro Bekios ha señalado que existen evidencias que sugieren la posibilidad de que se estén llevando a cabo actividades criminales en los puertos chilenos. La gran cantidad de mercancías que transitan por estos terminales, combinada con los escasos controles en algunas áreas, facilita que las cargas sean manipuladas durante el transporte. Las embarcaciones que llegan frecuentemente desde puertos colombianos y peruanos son de especial interés, ya que estas rutas son aprovechadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.
"Las organizaciones criminales están en constante búsqueda de rutas para sacar su mercancía ilícita a sus mercados finales y en ese contexto no podemos pasar por alto que los puertos chilenos, y en particular los del norte, podrían ser parte de una ruta internacional para el abastecimiento de mercados como el europeo, que es un gran consumidor del clorhidrato de cocaína que se produce en Sudamérica. Ese es un elemento que no sólo surge de nuestros análisis, sino que también de numerosos informes y alertas internacionales", afirmó Castro Bekios, enfatizando la gravedad de la situación.
El fiscal también destacó casos en los que se han encontrado embarcaciones modificadas para el transporte de armas y drogas, además de hallazgos sospechosos en contenedores. La actividad constante de naves que transportan combustible para el sector minero y energético, a menudo bajo controles laxos, representa otra área de riesgo.
Además, la existencia de cientos de caletas en el norte del país presenta oportunidades para el tráfico de mercancías, eludiendo los controles que se enfocan mayormente en las rutas terrestres.
La situación se torna aún más crítica con la inminente implementación del Corredor Bioceánico Capricornio, que conectará Chile con Brasil, Paraguay y Argentina, facilitando el comercio pero también atrayendo fenómenos criminales complejos. "Esto, que es una buena noticia para Chile y en especial para el norte por la actividad económica y comercial que generará, es también un tema para el cual debemos prepararnos, porque nos pondrá en contacto con fenómenos criminales muy complejos que actualmente existen en esas zonas y hará que nuestros puertos sean aún más atractivos para organizaciones que buscan rutas rápidas y económicas para llegar a Europa u otros mercados, incluso más lejanos, como Asia o Australia", advirtió Castro Bekios.
En relación al trabajo que realizará tras su designación a cargo de las investigaciones desde Antofagasta a Coquimbo, el fiscal explicó que la primera actividad será conformar los equipos e iniciar las coordinaciones con las distintas instituciones que contribuirán a la tarea. Afortunadamente -precisó - esta labor ya se encuentra avanzada, por lo que el inicio del trabajo será inmediato.
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