Este martes 8 de septiembre comenzó el juicio oral en contra de A.A.E.S.A., apuntado como presunto autor del femicidio de su expareja, Javiera Jiménez Galleguillos, quien desapareció en agosto de 2022 y cuyos restos fueron hallados en el desierto de la Región de Antofagasta en 2024. Durante la audiencia, la Fiscalía de Antofagasta confirmó que solicita la pena de presidio perpetuo calificado para el imputado, quien renunció voluntariamente a su derecho a guardar silencio. Según acusación presentada por el Ministerio Público, la madrugada del 26 de agosto de 2022, el imputado llegó a la ciudad de Antofagasta a bordo de una camioneta, proveniente de Calama con el objetivo de reunirse con la víctima, quien se encontraba alojando en casa de una amiga. Todo esto, precedido de una fuerte discusión vía mensajes escritos y audios de WhatsApp por la tardanza en llegar a buscarla. Tras la llegada del sujeto al inmueble, la víctima habría abordado la camioneta del acusado para luego recorrer juntos distintos sectores de la ciudad, internándose posteriormente por caminos despoblados y desérticos cercanos a la ruta B-400. De acuerdo al relato de fiscalía, en el sitio ambos habrían sostenido una discusión, durante la cual el imputado le habría dado muerte y posteriormente incinerado su cuerpo, para luego enterrar los restos, cubriendo el lugar con rocas de gran tamaño. Luego de cometer el hecho, al ser consultado por familiares y amigos de la víctima sobre el paradero de ella, el acusado habría entregado información falsa e inexacta. Transcurrido el tiempo desde la desaparición, finalmente el sujeto fue detenido en Bolivia en enero de 2024 y trasladado a nuestro país. Días más tarde, la PDI logró dar con la ubicación de los restos de la víctima en un punto próximo a la ruta B-400. En este escenario, l a Fiscalía presentará ante el tribunal un total de 20 testigos civiles y de la PDI, además de otros elementos. En tanto se desarrolla el juicio, el imputado ya está cumpliendo una condena de 16 años de presidio como autor de dos robos con violencia e intimidación , por lo que de ser condenado por el femicidio de Javiera Jiménez, la pena por este crimen recién comenzará una vez terminada la primera condena.
Un operativo terminó con la incautación de 636 kilos de cannabis, que fueron encontrados en una bodega artesanal, ubicada en un sector de difícil acceso al interior de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de un procedimiento desarrollado por la Fiscalía de Taltal y la Brigada Antinarcóticos de la PDI, que concretaron el hallazgo de 20 sacos que contenían alrededor de 600 paquetes de droga, quepermanecían ocultos al interior de una estructura artesanal construida con piedras y otros elementos. El sitio era utilizado como bodega para almacenamiento temporal, previo al traslado de las sustancias a otros puntos de la región o el país. En este escenario, de acuerdo al Ministerio Público, se trataría de cerca de dos millones de dosis que fueron sacadas de circulación. Estamos hablando de 636 kilos de cannabis que fueron retirados de circulación y que, de acuerdo con nuestras estimaciones, representan aproximadamente dos millones de dosis que no llegaron a las calles, es decir, tres dosis por cada habitante de nuestra región, incluidos ancianos, adultos e infantes, señaló el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios. En tanto, continúan las diligencias frente al caso, debido a que tras el operativo no se registraron detenidos.
La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó al Juzgado de Garantía una audiencia para comunicar el cierre de la investigación en una de las aristas del denominado caso Convenios que involucra a los exfuncionarios de Gobierno Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez. La petición fue ingresada el pasado 7 de julio por el fiscal adjunto Cristián Aguilar, quien informó al tribunal que la investigación fue concluida y que el Ministerio Público adoptó la decisión de no perseverar en el procedimiento respecto de los tres imputados, al no contar con antecedentes suficientes para sustentar una formalización. En el escrito presentado al tribunal, la Fiscalía señala que la determinación alcanza a Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago, precisando que las diligencias realizadas no permitieron reunir evidencia suficiente para continuar con la persecución penal en esta causa. Tras recibir la presentación, el Juzgado de Garantía de Antofagasta citó a todos los intervinientes a una audiencia para discutir la solicitud del Ministerio Público. La instancia quedó fijada para el próximo 21 de agosto, a partir de las 08:30 horas. Esta investigación corresponde a una de las múltiples aristas derivadas del caso Convenios, que indaga eventuales irregularidades en transferencias de recursos públicos hacia fundaciones y organizaciones privadas. Al momento en que estalló el caso, Giorgio Jackson ejercía como ministro de Desarrollo Social; Miguel Crispi se desempeñaba como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda; mientras que Javiera Martínez era directora de Presupuestos, cargo desde el cual, según los antecedentes investigados, habría participado en la validación de traspasos de recursos entre organismos públicos y entidades privadas. La decisión de no perseverar en esta investigación será comunicada formalmente por la Fiscalía durante la audiencia programada para agosto.
Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia, según señala El Desconcierto, se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. Carabineros presentando al gobernador Ricardo Díaz proyecto de Adquisición de Avión Multipropósito Sección Área #Antofagasta Proyecto sería analizado por el CORE para obtención de financiamiento vía FNDR. (junio 2023) No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen. Reunión en Antofagasta El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, abordó ante la comisión de Seguridad del CORE la cuestionada compra de un avión institucional, asegurando que la aeronave ofrecida no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos. Según explicó, el aparato tenía una disponibilidad de 750 horas de vuelo, muy por debajo de las 1.400 solicitadas. Montre sostuvo que fueron informes internos de Carabineros los que frenaron la operación, evitando un eventual perjuicio fiscal. Añadió que actualmente no existe pérdida de recursos para el Estado y que se deberá buscar una nueva aeronave, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
Este martes 8 de septiembre comenzó el juicio oral en contra de A.A.E.S.A., apuntado como presunto autor del femicidio de su expareja, Javiera Jiménez Galleguillos, quien desapareció en agosto de 2022 y cuyos restos fueron hallados en el desierto de la Región de Antofagasta en 2024. Durante la audiencia, la Fiscalía de Antofagasta confirmó que solicita la pena de presidio perpetuo calificado para el imputado, quien renunció voluntariamente a su derecho a guardar silencio. Según acusación presentada por el Ministerio Público, la madrugada del 26 de agosto de 2022, el imputado llegó a la ciudad de Antofagasta a bordo de una camioneta, proveniente de Calama con el objetivo de reunirse con la víctima, quien se encontraba alojando en casa de una amiga. Todo esto, precedido de una fuerte discusión vía mensajes escritos y audios de WhatsApp por la tardanza en llegar a buscarla. Tras la llegada del sujeto al inmueble, la víctima habría abordado la camioneta del acusado para luego recorrer juntos distintos sectores de la ciudad, internándose posteriormente por caminos despoblados y desérticos cercanos a la ruta B-400. De acuerdo al relato de fiscalía, en el sitio ambos habrían sostenido una discusión, durante la cual el imputado le habría dado muerte y posteriormente incinerado su cuerpo, para luego enterrar los restos, cubriendo el lugar con rocas de gran tamaño. Luego de cometer el hecho, al ser consultado por familiares y amigos de la víctima sobre el paradero de ella, el acusado habría entregado información falsa e inexacta. Transcurrido el tiempo desde la desaparición, finalmente el sujeto fue detenido en Bolivia en enero de 2024 y trasladado a nuestro país. Días más tarde, la PDI logró dar con la ubicación de los restos de la víctima en un punto próximo a la ruta B-400. En este escenario, l a Fiscalía presentará ante el tribunal un total de 20 testigos civiles y de la PDI, además de otros elementos. En tanto se desarrolla el juicio, el imputado ya está cumpliendo una condena de 16 años de presidio como autor de dos robos con violencia e intimidación , por lo que de ser condenado por el femicidio de Javiera Jiménez, la pena por este crimen recién comenzará una vez terminada la primera condena.
Un operativo terminó con la incautación de 636 kilos de cannabis, que fueron encontrados en una bodega artesanal, ubicada en un sector de difícil acceso al interior de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de un procedimiento desarrollado por la Fiscalía de Taltal y la Brigada Antinarcóticos de la PDI, que concretaron el hallazgo de 20 sacos que contenían alrededor de 600 paquetes de droga, quepermanecían ocultos al interior de una estructura artesanal construida con piedras y otros elementos. El sitio era utilizado como bodega para almacenamiento temporal, previo al traslado de las sustancias a otros puntos de la región o el país. En este escenario, de acuerdo al Ministerio Público, se trataría de cerca de dos millones de dosis que fueron sacadas de circulación. Estamos hablando de 636 kilos de cannabis que fueron retirados de circulación y que, de acuerdo con nuestras estimaciones, representan aproximadamente dos millones de dosis que no llegaron a las calles, es decir, tres dosis por cada habitante de nuestra región, incluidos ancianos, adultos e infantes, señaló el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios. En tanto, continúan las diligencias frente al caso, debido a que tras el operativo no se registraron detenidos.
La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó al Juzgado de Garantía una audiencia para comunicar el cierre de la investigación en una de las aristas del denominado caso Convenios que involucra a los exfuncionarios de Gobierno Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez. La petición fue ingresada el pasado 7 de julio por el fiscal adjunto Cristián Aguilar, quien informó al tribunal que la investigación fue concluida y que el Ministerio Público adoptó la decisión de no perseverar en el procedimiento respecto de los tres imputados, al no contar con antecedentes suficientes para sustentar una formalización. En el escrito presentado al tribunal, la Fiscalía señala que la determinación alcanza a Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago, precisando que las diligencias realizadas no permitieron reunir evidencia suficiente para continuar con la persecución penal en esta causa. Tras recibir la presentación, el Juzgado de Garantía de Antofagasta citó a todos los intervinientes a una audiencia para discutir la solicitud del Ministerio Público. La instancia quedó fijada para el próximo 21 de agosto, a partir de las 08:30 horas. Esta investigación corresponde a una de las múltiples aristas derivadas del caso Convenios, que indaga eventuales irregularidades en transferencias de recursos públicos hacia fundaciones y organizaciones privadas. Al momento en que estalló el caso, Giorgio Jackson ejercía como ministro de Desarrollo Social; Miguel Crispi se desempeñaba como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda; mientras que Javiera Martínez era directora de Presupuestos, cargo desde el cual, según los antecedentes investigados, habría participado en la validación de traspasos de recursos entre organismos públicos y entidades privadas. La decisión de no perseverar en esta investigación será comunicada formalmente por la Fiscalía durante la audiencia programada para agosto.
Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia, según señala El Desconcierto, se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. Carabineros presentando al gobernador Ricardo Díaz proyecto de Adquisición de Avión Multipropósito Sección Área #Antofagasta Proyecto sería analizado por el CORE para obtención de financiamiento vía FNDR. (junio 2023) No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen. Reunión en Antofagasta El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, abordó ante la comisión de Seguridad del CORE la cuestionada compra de un avión institucional, asegurando que la aeronave ofrecida no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos. Según explicó, el aparato tenía una disponibilidad de 750 horas de vuelo, muy por debajo de las 1.400 solicitadas. Montre sostuvo que fueron informes internos de Carabineros los que frenaron la operación, evitando un eventual perjuicio fiscal. Añadió que actualmente no existe pérdida de recursos para el Estado y que se deberá buscar una nueva aeronave, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
