Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa desarrollando una serie de diligencias para reunir antecedentes que permitan al fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, formalizar este martes 31 de marzo al estudiante Hernán Meneses Leal, de 18 años, por los delitos de homicidio calificado consumado y tres homicidios frustrados tras el ataque ocurrido el viernes pasado en el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta. El Ministerio Público solicitó el sábado ampliar la detención del imputado con el objetivo de profundizar en la dinámica de los hechos ocurridos la mañana del 27 de marzo, alrededor de las 10:30 horas, cuando se desató la tragedia al interior del establecimiento educacional. Las primeras diligencias realizadas por los detectives apuntan a que el ataque habría sido planificado con antelación. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el joven habría estado elaborando su plan durante al menos cuatro meses. Parte de esa planificación habría quedado registrada en un cuaderno incautado por la policía y que actualmente es sometido a pericias. En ese escrito, el imputado habría manifestado ideas violentas contra la comunidad escolar e incluso referencias a quitarse la vida tras el ataque. El hecho terminó con la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, quien recibió múltiples heridas con un arma cortante de grandes dimensiones y falleció en el patio del establecimiento. Además, otra funcionaria resultó gravemente herida y tres estudiantes también sufrieron lesiones de consideración. Las indagatorias también se centran en el análisis del teléfono celular del imputado y de sus redes sociales. Según los investigadores, no se encontró un computador en su domicilio, lo que llamó la atención de los detectives. En paralelo, se revisan escritos, publicaciones y su actividad en juegos virtuales para establecer eventuales motivaciones. De acuerdo con informes policiales internos, el hecho ha sido calificado como una “masacre” debido a la planificación, la violencia ejercida y la cantidad de víctimas involucradas. Investigadores incluso plantean la hipótesis de que el atacante habría intentado emular episodios de violencia escolar ocurridos en otros países. El día del ataque, el establecimiento realizaba una jornada de “jeans day”. Meneses llegó al colegio, pero no ingresó a clases y permaneció deambulando por el recinto hasta encerrarse en un baño. Fue en ese momento cuando dos inspectoras se acercaron para pedirle que regresara a clases, instante en que el estudiante salió encapuchado, vestido de negro y portando un arma blanca de doble filo de aproximadamente 30 centímetros. Tras atacar a la inspectora, el imputado se desplazó hacia el patio del establecimiento, donde alumnos de segundo medio se encontraban en clases de música, atacando a tres estudiantes. La agresión fue detenida gracias a la intervención de un alumno de 15 años que logró derribarlo y, junto a otros compañeros, reducirlo y quitarle el arma. Durante el fin de semana, la PDI también incautó en la habitación del imputado otras armas blancas con inscripciones relacionadas a autores de ataques escolares en Estados Unidos, además de diversos elementos que habrían sido adquiridos días antes del hecho. Con estos antecedentes, la Fiscalía prepara la formalización del imputado, instancia en la que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso que ha generado conmoción a nivel nacional.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la medida cautelar de prisión preventiva para N.C.P.V., imputada por el Ministerio Público como autora del delito de homicidio calificado, cometido en contra de la hija menor de edad de su conviviente. El hecho ocurrió el pasado martes 17 de marzo en la ciudad. La decisión fue adoptada durante la audiencia de formalización realizada este sábado 21 de marzo, instancia en la que el magistrado Juan Pablo Torres determinó el ingreso de la imputada al Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta. El tribunal consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, el juez fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual el Ministerio Público deberá reunir los antecedentes necesarios para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, durante la mañana del 17 de marzo de 2026 la imputada trasladó a la víctima, una niña de tan solo 4 años y 9 meses, hasta el Centro Asistencial Norte de Antofagasta. En el recinto de urgencia se constató que la menor ingresó sin signos vitales y con evidentes lesiones atribuibles a la intervención de terceros. Posteriormente, el informe de autopsia realizado por el Servicio Médico Legal estableció que la causa de muerte correspondió a una hipovolemia provocada por traumatismos encéfalo craneanos y abdominales de carácter homicida. El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, mientras la imputada permanecerá en prisión preventiva durante el periodo fijado por el tribunal.
La Fiscalía de Antofagasta formalizó por cuasidelito de homicidio a un exfuncionario de la Seremi de Salud, por su presunta responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte de una profesional de 25 años que realizaba labores sanitarias en la región durante la pandemia. De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, en junio de 2022 la víctima fue contratada por la institución pública para desempeñarse en la toma de muestras de COVID-19 en los pasos fronterizos Hito Cajón y Jama. Dichas funciones se realizaban bajo la supervisión del imputado, quien en ese entonces se desempeñaba como encargado territorial de la Oficina Sanitaria de Fronteras. Según detalló la Fiscalía, entre los meses de junio y julio de ese año la joven comenzó a presentar diversos problemas de salud mientras cumplía sus labores en el sector fronterizo. Sin embargo, estos síntomas no habrían sido debidamente atendidos por su superior, quien los atribuyó a la “puna”, también conocida como mal de altura o mal de montaña. El Ministerio Público sostiene que el imputado no habría adoptado las medidas necesarias para resguardar la salud de la trabajadora, pese al deterioro progresivo de su estado. Posteriormente, el 4 de julio de 2022, la joven fue trasladada en taxi y sin monitoreo médico hasta su domicilio en Antofagasta. Días después, al agravarse sus síntomas, la víctima acudió por sus propios medios al Hospital Regional de Antofagasta, donde finalmente falleció el 6 de julio. De acuerdo con la investigación, la muerte se habría producido por complicaciones médicas derivadas de la exposición a la altura, situación que, según la Fiscalía, estaría vinculada a un actuar imprudente y negligente del imputado. Por resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el exfuncionario quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de 150 días para esclarecer las eventuales responsabilidades penales en el caso.
La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que presentará un recurso de apelación contra la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que rechazó la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público respecto de cuatro de los cinco imputados en la arista Gore Metropolitano del denominado caso ProCultura. Durante la jornada, el tribunal desestimó tanto la medida cautelar de prisión preventiva como el arresto domiciliario total, resolución adoptada por el magistrado Patricio Álvarez. De esta manera, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme quedaron sujetos únicamente a la medida cautelar de arraigo nacional, manteniéndose en libertad con prohibición de salir del país. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para el desarrollo de las diligencias pendientes. A la salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín se retiró sin entregar declaraciones a la prensa. En tanto, la defensa de los imputados valoró la resolución judicial. Cristian Arias, abogado del representante legal de la Fundación ProCultura, sostuvo que el fallo está debidamente fundado y que no se observaron antecedentes que acrediten una defraudación al Fisco. El jurista afirmó además que la tesis presentada por el Ministerio Público “carecía de sustento serio” y recalcó que Larraín no habría tenido un rol de apropiación de recursos fiscales, agregando que tampoco revestía la calidad de funcionario público. Respecto a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la fundación, Arias indicó que los antecedentes expuestos demostrarían que los proyectos ejecutados no eran iniciativas ficticias, sino programas reales, aunque reconoció que podrían existir observaciones de carácter administrativo. Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, en tanto, reiteraron que la decisión judicial será revisada por un tribunal superior, al considerar que existen fundamentos suficientes para insistir en medidas cautelares de mayor intensidad, atendida la gravedad de los hechos investigados y el volumen de recursos públicos involucrados en esta arista del caso Convenios. La apelación busca revertir el fallo y reforzar la postura del Ministerio Público en una de las investigaciones más relevantes vinculadas al traspaso de fondos públicos desde gobiernos regionales hacia organizaciones privadas.
Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa desarrollando una serie de diligencias para reunir antecedentes que permitan al fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, formalizar este martes 31 de marzo al estudiante Hernán Meneses Leal, de 18 años, por los delitos de homicidio calificado consumado y tres homicidios frustrados tras el ataque ocurrido el viernes pasado en el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta. El Ministerio Público solicitó el sábado ampliar la detención del imputado con el objetivo de profundizar en la dinámica de los hechos ocurridos la mañana del 27 de marzo, alrededor de las 10:30 horas, cuando se desató la tragedia al interior del establecimiento educacional. Las primeras diligencias realizadas por los detectives apuntan a que el ataque habría sido planificado con antelación. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el joven habría estado elaborando su plan durante al menos cuatro meses. Parte de esa planificación habría quedado registrada en un cuaderno incautado por la policía y que actualmente es sometido a pericias. En ese escrito, el imputado habría manifestado ideas violentas contra la comunidad escolar e incluso referencias a quitarse la vida tras el ataque. El hecho terminó con la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, quien recibió múltiples heridas con un arma cortante de grandes dimensiones y falleció en el patio del establecimiento. Además, otra funcionaria resultó gravemente herida y tres estudiantes también sufrieron lesiones de consideración. Las indagatorias también se centran en el análisis del teléfono celular del imputado y de sus redes sociales. Según los investigadores, no se encontró un computador en su domicilio, lo que llamó la atención de los detectives. En paralelo, se revisan escritos, publicaciones y su actividad en juegos virtuales para establecer eventuales motivaciones. De acuerdo con informes policiales internos, el hecho ha sido calificado como una “masacre” debido a la planificación, la violencia ejercida y la cantidad de víctimas involucradas. Investigadores incluso plantean la hipótesis de que el atacante habría intentado emular episodios de violencia escolar ocurridos en otros países. El día del ataque, el establecimiento realizaba una jornada de “jeans day”. Meneses llegó al colegio, pero no ingresó a clases y permaneció deambulando por el recinto hasta encerrarse en un baño. Fue en ese momento cuando dos inspectoras se acercaron para pedirle que regresara a clases, instante en que el estudiante salió encapuchado, vestido de negro y portando un arma blanca de doble filo de aproximadamente 30 centímetros. Tras atacar a la inspectora, el imputado se desplazó hacia el patio del establecimiento, donde alumnos de segundo medio se encontraban en clases de música, atacando a tres estudiantes. La agresión fue detenida gracias a la intervención de un alumno de 15 años que logró derribarlo y, junto a otros compañeros, reducirlo y quitarle el arma. Durante el fin de semana, la PDI también incautó en la habitación del imputado otras armas blancas con inscripciones relacionadas a autores de ataques escolares en Estados Unidos, además de diversos elementos que habrían sido adquiridos días antes del hecho. Con estos antecedentes, la Fiscalía prepara la formalización del imputado, instancia en la que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso que ha generado conmoción a nivel nacional.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la medida cautelar de prisión preventiva para N.C.P.V., imputada por el Ministerio Público como autora del delito de homicidio calificado, cometido en contra de la hija menor de edad de su conviviente. El hecho ocurrió el pasado martes 17 de marzo en la ciudad. La decisión fue adoptada durante la audiencia de formalización realizada este sábado 21 de marzo, instancia en la que el magistrado Juan Pablo Torres determinó el ingreso de la imputada al Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta. El tribunal consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, el juez fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual el Ministerio Público deberá reunir los antecedentes necesarios para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, durante la mañana del 17 de marzo de 2026 la imputada trasladó a la víctima, una niña de tan solo 4 años y 9 meses, hasta el Centro Asistencial Norte de Antofagasta. En el recinto de urgencia se constató que la menor ingresó sin signos vitales y con evidentes lesiones atribuibles a la intervención de terceros. Posteriormente, el informe de autopsia realizado por el Servicio Médico Legal estableció que la causa de muerte correspondió a una hipovolemia provocada por traumatismos encéfalo craneanos y abdominales de carácter homicida. El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, mientras la imputada permanecerá en prisión preventiva durante el periodo fijado por el tribunal.
La Fiscalía de Antofagasta formalizó por cuasidelito de homicidio a un exfuncionario de la Seremi de Salud, por su presunta responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte de una profesional de 25 años que realizaba labores sanitarias en la región durante la pandemia. De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, en junio de 2022 la víctima fue contratada por la institución pública para desempeñarse en la toma de muestras de COVID-19 en los pasos fronterizos Hito Cajón y Jama. Dichas funciones se realizaban bajo la supervisión del imputado, quien en ese entonces se desempeñaba como encargado territorial de la Oficina Sanitaria de Fronteras. Según detalló la Fiscalía, entre los meses de junio y julio de ese año la joven comenzó a presentar diversos problemas de salud mientras cumplía sus labores en el sector fronterizo. Sin embargo, estos síntomas no habrían sido debidamente atendidos por su superior, quien los atribuyó a la “puna”, también conocida como mal de altura o mal de montaña. El Ministerio Público sostiene que el imputado no habría adoptado las medidas necesarias para resguardar la salud de la trabajadora, pese al deterioro progresivo de su estado. Posteriormente, el 4 de julio de 2022, la joven fue trasladada en taxi y sin monitoreo médico hasta su domicilio en Antofagasta. Días después, al agravarse sus síntomas, la víctima acudió por sus propios medios al Hospital Regional de Antofagasta, donde finalmente falleció el 6 de julio. De acuerdo con la investigación, la muerte se habría producido por complicaciones médicas derivadas de la exposición a la altura, situación que, según la Fiscalía, estaría vinculada a un actuar imprudente y negligente del imputado. Por resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el exfuncionario quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de 150 días para esclarecer las eventuales responsabilidades penales en el caso.
La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que presentará un recurso de apelación contra la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que rechazó la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público respecto de cuatro de los cinco imputados en la arista Gore Metropolitano del denominado caso ProCultura. Durante la jornada, el tribunal desestimó tanto la medida cautelar de prisión preventiva como el arresto domiciliario total, resolución adoptada por el magistrado Patricio Álvarez. De esta manera, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme quedaron sujetos únicamente a la medida cautelar de arraigo nacional, manteniéndose en libertad con prohibición de salir del país. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para el desarrollo de las diligencias pendientes. A la salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín se retiró sin entregar declaraciones a la prensa. En tanto, la defensa de los imputados valoró la resolución judicial. Cristian Arias, abogado del representante legal de la Fundación ProCultura, sostuvo que el fallo está debidamente fundado y que no se observaron antecedentes que acrediten una defraudación al Fisco. El jurista afirmó además que la tesis presentada por el Ministerio Público “carecía de sustento serio” y recalcó que Larraín no habría tenido un rol de apropiación de recursos fiscales, agregando que tampoco revestía la calidad de funcionario público. Respecto a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la fundación, Arias indicó que los antecedentes expuestos demostrarían que los proyectos ejecutados no eran iniciativas ficticias, sino programas reales, aunque reconoció que podrían existir observaciones de carácter administrativo. Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, en tanto, reiteraron que la decisión judicial será revisada por un tribunal superior, al considerar que existen fundamentos suficientes para insistir en medidas cautelares de mayor intensidad, atendida la gravedad de los hechos investigados y el volumen de recursos públicos involucrados en esta arista del caso Convenios. La apelación busca revertir el fallo y reforzar la postura del Ministerio Público en una de las investigaciones más relevantes vinculadas al traspaso de fondos públicos desde gobiernos regionales hacia organizaciones privadas.
