La Fiscalía de Antofagasta formalizó por cuasidelito de homicidio a un exfuncionario de la Seremi de Salud, por su presunta responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte de una profesional de 25 años que realizaba labores sanitarias en la región durante la pandemia. De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, en junio de 2022 la víctima fue contratada por la institución pública para desempeñarse en la toma de muestras de COVID-19 en los pasos fronterizos Hito Cajón y Jama. Dichas funciones se realizaban bajo la supervisión del imputado, quien en ese entonces se desempeñaba como encargado territorial de la Oficina Sanitaria de Fronteras. Según detalló la Fiscalía, entre los meses de junio y julio de ese año la joven comenzó a presentar diversos problemas de salud mientras cumplía sus labores en el sector fronterizo. Sin embargo, estos síntomas no habrían sido debidamente atendidos por su superior, quien los atribuyó a la “puna”, también conocida como mal de altura o mal de montaña. El Ministerio Público sostiene que el imputado no habría adoptado las medidas necesarias para resguardar la salud de la trabajadora, pese al deterioro progresivo de su estado. Posteriormente, el 4 de julio de 2022, la joven fue trasladada en taxi y sin monitoreo médico hasta su domicilio en Antofagasta. Días después, al agravarse sus síntomas, la víctima acudió por sus propios medios al Hospital Regional de Antofagasta, donde finalmente falleció el 6 de julio. De acuerdo con la investigación, la muerte se habría producido por complicaciones médicas derivadas de la exposición a la altura, situación que, según la Fiscalía, estaría vinculada a un actuar imprudente y negligente del imputado. Por resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el exfuncionario quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de 150 días para esclarecer las eventuales responsabilidades penales en el caso.
La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que presentará un recurso de apelación contra la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que rechazó la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público respecto de cuatro de los cinco imputados en la arista Gore Metropolitano del denominado caso ProCultura. Durante la jornada, el tribunal desestimó tanto la medida cautelar de prisión preventiva como el arresto domiciliario total, resolución adoptada por el magistrado Patricio Álvarez. De esta manera, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme quedaron sujetos únicamente a la medida cautelar de arraigo nacional, manteniéndose en libertad con prohibición de salir del país. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para el desarrollo de las diligencias pendientes. A la salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín se retiró sin entregar declaraciones a la prensa. En tanto, la defensa de los imputados valoró la resolución judicial. Cristian Arias, abogado del representante legal de la Fundación ProCultura, sostuvo que el fallo está debidamente fundado y que no se observaron antecedentes que acrediten una defraudación al Fisco. El jurista afirmó además que la tesis presentada por el Ministerio Público “carecía de sustento serio” y recalcó que Larraín no habría tenido un rol de apropiación de recursos fiscales, agregando que tampoco revestía la calidad de funcionario público. Respecto a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la fundación, Arias indicó que los antecedentes expuestos demostrarían que los proyectos ejecutados no eran iniciativas ficticias, sino programas reales, aunque reconoció que podrían existir observaciones de carácter administrativo. Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, en tanto, reiteraron que la decisión judicial será revisada por un tribunal superior, al considerar que existen fundamentos suficientes para insistir en medidas cautelares de mayor intensidad, atendida la gravedad de los hechos investigados y el volumen de recursos públicos involucrados en esta arista del caso Convenios. La apelación busca revertir el fallo y reforzar la postura del Ministerio Público en una de las investigaciones más relevantes vinculadas al traspaso de fondos públicos desde gobiernos regionales hacia organizaciones privadas.
Carabineros de Chile informó la desvinculación de tres funcionarios de la 1ª Comisaría de Calama, en el marco de una investigación por presuntos delitos de cohecho que afectaron a empresas mineras y ferroviarias de la Región de Antofagasta. La medida fue adoptada tras diligencias desarrolladas por el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS.9, bajo la dirección del Ministerio Público y en coordinación con el Departamento de Asuntos Internos de la institución De acuerdo con el comunicado oficial, los funcionarios desvinculados corresponden a un cabo primero y dos cabos segundos, quienes al momento de los hechos se desempeñaban en la unidad policial dependiente de la Prefectura El Loa. La determinación se fundamenta en antecedentes que darían cuenta de faltas graves a la ética profesional, asociadas a conductas incompatibles con los principios institucionales Desde la institución señalaron que este tipo de situaciones son absolutamente contrarias a los valores que rigen el actuar de Carabineros, por lo que se aplicaron con rigor las medidas administrativas correspondientes, en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad Asimismo, Carabineros reafirmó su compromiso con la transparencia y el estricto apego a la ley, asegurando una colaboración activa con los organismos competentes para esclarecer los hechos y resguardar la confianza de la ciudadanía. En ese sentido, recalcaron que este episodio no representa el trabajo de los miles de hombres y mujeres que integran la institución a nivel nacional La investigación penal continuará su curso bajo la supervisión del Ministerio Público, mientras que la institución policial mantiene activos sus procesos internos para determinar eventuales responsabilidades adicionales y prevenir hechos similares en el futuro.
El caso Democracia Viva experimentó un giro significativo luego de que el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolviera excluir a los querellantes de carácter político que participaban en la causa. Entre ellos se encontraban el representante de los diputados del Partido Republicano, Sergio Rodríguez; el abogado Pablo Toloza, en representación de parlamentarios de la UDI; el senador socialista Fidel Espinoza; y el partido Revolución Democrática. El tribunal declaró el abandono de las querellas por diversas razones, principalmente por incumplimientos procesales como no asistir a audiencias, no impulsar las causas o no realizar gestiones dentro de los plazos legales. Según señaló BioBio, En el caso de los diputados republicanos, su abogado explicó que la exclusión se debió a que la parte querellante no contaba con un domicilio válido en Antofagasta, requisito esencial para continuar en el proceso. La resolución también incluyó un fuerte reproche al Ministerio Público, ya que el magistrado acogió los reclamos de las defensas por inconsistencias en la acusación y por la entrega incompleta de antecedentes. En consecuencia, se ordenó a la Fiscalía Regional entregar copia íntegra de toda la investigación en un plazo de cinco días, además de corregir y organizar la acusación en seis días, clasificando con precisión la prueba ofrecida. El tribunal estableció que, si las defensas detectan información faltante, deberán informarlo antes del 19 de enero para evitar nuevos retrasos en la audiencia de preparación del juicio oral. Desde la defensa de Daniel Andrade, el abogado José Ignacio Figueroa valoró la decisión y destacó que la Fiscalía no imputa apropiación de dinero en su acusación.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la Ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva entidad dentro del Ministerio Público.Esta fiscalía especializada tendrá como objetivo enfrentar con mayor eficiencia el crimen organizado y los delitos complejos con alcance suprarregional o transnacional. La iniciativa busca dotar al sistema judicial de una estructura más moderna para combatir las nuevas formas de delincuencia. El Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para implementar la nueva fiscalía y designar a su fiscal jefe y al personal. Se espera que en el primer año se incorporen 15 fiscales y 28 funcionarios. Posteriormente, en un plazo de tres años, la dotación se ampliará a un total de 98 personas, incluyendo 35 fiscales y 63 funcionarios. La Fiscalía Supraterritorial operará de manera autónoma, pero en estrecha colaboración con las Fiscalías Regionales y sus Sistemas de Análisis Criminal. El fiscal jefe será de la exclusiva confianza del fiscal nacional y estará sujeto a sus instrucciones. Entre las principales funciones se encuentran: se entrega un reglamento que deberá dictar el Fiscal Nacional con la determinación de las condiciones de experiencia o especialización y las reglas especiales en materia de evaluación de desempeño de quienes trabajen en la Fiscalía Supraterritorial, explicaron desde el Gobierno. Junto con ello, se consagra la posibilidad para el Fiscal Nacional de establecer mediante instrucción los criterios específicos para la determinación de las investigaciones que tendrá a su cargo la Fiscalía Supraterritorial. Por último, la nueva Ley también crea el Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, el cual reemplaza al actual Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos presentes en las Fiscalías Regionales. Chile no se rinde y combate con todas las herramientas que le otorga la Constitución, el derecho y la legitimidad para vencer al crimen organizado en todas sus manifestaciones. El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó la promulgación de la Ley que incorpora… pic.twitter.com/azEgh8jjTx — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 16, 2025
La Fiscalía de Antofagasta formalizó por cuasidelito de homicidio a un exfuncionario de la Seremi de Salud, por su presunta responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte de una profesional de 25 años que realizaba labores sanitarias en la región durante la pandemia. De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, en junio de 2022 la víctima fue contratada por la institución pública para desempeñarse en la toma de muestras de COVID-19 en los pasos fronterizos Hito Cajón y Jama. Dichas funciones se realizaban bajo la supervisión del imputado, quien en ese entonces se desempeñaba como encargado territorial de la Oficina Sanitaria de Fronteras. Según detalló la Fiscalía, entre los meses de junio y julio de ese año la joven comenzó a presentar diversos problemas de salud mientras cumplía sus labores en el sector fronterizo. Sin embargo, estos síntomas no habrían sido debidamente atendidos por su superior, quien los atribuyó a la “puna”, también conocida como mal de altura o mal de montaña. El Ministerio Público sostiene que el imputado no habría adoptado las medidas necesarias para resguardar la salud de la trabajadora, pese al deterioro progresivo de su estado. Posteriormente, el 4 de julio de 2022, la joven fue trasladada en taxi y sin monitoreo médico hasta su domicilio en Antofagasta. Días después, al agravarse sus síntomas, la víctima acudió por sus propios medios al Hospital Regional de Antofagasta, donde finalmente falleció el 6 de julio. De acuerdo con la investigación, la muerte se habría producido por complicaciones médicas derivadas de la exposición a la altura, situación que, según la Fiscalía, estaría vinculada a un actuar imprudente y negligente del imputado. Por resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el exfuncionario quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de 150 días para esclarecer las eventuales responsabilidades penales en el caso.
La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que presentará un recurso de apelación contra la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que rechazó la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público respecto de cuatro de los cinco imputados en la arista Gore Metropolitano del denominado caso ProCultura. Durante la jornada, el tribunal desestimó tanto la medida cautelar de prisión preventiva como el arresto domiciliario total, resolución adoptada por el magistrado Patricio Álvarez. De esta manera, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme quedaron sujetos únicamente a la medida cautelar de arraigo nacional, manteniéndose en libertad con prohibición de salir del país. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para el desarrollo de las diligencias pendientes. A la salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín se retiró sin entregar declaraciones a la prensa. En tanto, la defensa de los imputados valoró la resolución judicial. Cristian Arias, abogado del representante legal de la Fundación ProCultura, sostuvo que el fallo está debidamente fundado y que no se observaron antecedentes que acrediten una defraudación al Fisco. El jurista afirmó además que la tesis presentada por el Ministerio Público “carecía de sustento serio” y recalcó que Larraín no habría tenido un rol de apropiación de recursos fiscales, agregando que tampoco revestía la calidad de funcionario público. Respecto a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la fundación, Arias indicó que los antecedentes expuestos demostrarían que los proyectos ejecutados no eran iniciativas ficticias, sino programas reales, aunque reconoció que podrían existir observaciones de carácter administrativo. Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, en tanto, reiteraron que la decisión judicial será revisada por un tribunal superior, al considerar que existen fundamentos suficientes para insistir en medidas cautelares de mayor intensidad, atendida la gravedad de los hechos investigados y el volumen de recursos públicos involucrados en esta arista del caso Convenios. La apelación busca revertir el fallo y reforzar la postura del Ministerio Público en una de las investigaciones más relevantes vinculadas al traspaso de fondos públicos desde gobiernos regionales hacia organizaciones privadas.
Carabineros de Chile informó la desvinculación de tres funcionarios de la 1ª Comisaría de Calama, en el marco de una investigación por presuntos delitos de cohecho que afectaron a empresas mineras y ferroviarias de la Región de Antofagasta. La medida fue adoptada tras diligencias desarrolladas por el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS.9, bajo la dirección del Ministerio Público y en coordinación con el Departamento de Asuntos Internos de la institución De acuerdo con el comunicado oficial, los funcionarios desvinculados corresponden a un cabo primero y dos cabos segundos, quienes al momento de los hechos se desempeñaban en la unidad policial dependiente de la Prefectura El Loa. La determinación se fundamenta en antecedentes que darían cuenta de faltas graves a la ética profesional, asociadas a conductas incompatibles con los principios institucionales Desde la institución señalaron que este tipo de situaciones son absolutamente contrarias a los valores que rigen el actuar de Carabineros, por lo que se aplicaron con rigor las medidas administrativas correspondientes, en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad Asimismo, Carabineros reafirmó su compromiso con la transparencia y el estricto apego a la ley, asegurando una colaboración activa con los organismos competentes para esclarecer los hechos y resguardar la confianza de la ciudadanía. En ese sentido, recalcaron que este episodio no representa el trabajo de los miles de hombres y mujeres que integran la institución a nivel nacional La investigación penal continuará su curso bajo la supervisión del Ministerio Público, mientras que la institución policial mantiene activos sus procesos internos para determinar eventuales responsabilidades adicionales y prevenir hechos similares en el futuro.
El caso Democracia Viva experimentó un giro significativo luego de que el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolviera excluir a los querellantes de carácter político que participaban en la causa. Entre ellos se encontraban el representante de los diputados del Partido Republicano, Sergio Rodríguez; el abogado Pablo Toloza, en representación de parlamentarios de la UDI; el senador socialista Fidel Espinoza; y el partido Revolución Democrática. El tribunal declaró el abandono de las querellas por diversas razones, principalmente por incumplimientos procesales como no asistir a audiencias, no impulsar las causas o no realizar gestiones dentro de los plazos legales. Según señaló BioBio, En el caso de los diputados republicanos, su abogado explicó que la exclusión se debió a que la parte querellante no contaba con un domicilio válido en Antofagasta, requisito esencial para continuar en el proceso. La resolución también incluyó un fuerte reproche al Ministerio Público, ya que el magistrado acogió los reclamos de las defensas por inconsistencias en la acusación y por la entrega incompleta de antecedentes. En consecuencia, se ordenó a la Fiscalía Regional entregar copia íntegra de toda la investigación en un plazo de cinco días, además de corregir y organizar la acusación en seis días, clasificando con precisión la prueba ofrecida. El tribunal estableció que, si las defensas detectan información faltante, deberán informarlo antes del 19 de enero para evitar nuevos retrasos en la audiencia de preparación del juicio oral. Desde la defensa de Daniel Andrade, el abogado José Ignacio Figueroa valoró la decisión y destacó que la Fiscalía no imputa apropiación de dinero en su acusación.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la Ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva entidad dentro del Ministerio Público.Esta fiscalía especializada tendrá como objetivo enfrentar con mayor eficiencia el crimen organizado y los delitos complejos con alcance suprarregional o transnacional. La iniciativa busca dotar al sistema judicial de una estructura más moderna para combatir las nuevas formas de delincuencia. El Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para implementar la nueva fiscalía y designar a su fiscal jefe y al personal. Se espera que en el primer año se incorporen 15 fiscales y 28 funcionarios. Posteriormente, en un plazo de tres años, la dotación se ampliará a un total de 98 personas, incluyendo 35 fiscales y 63 funcionarios. La Fiscalía Supraterritorial operará de manera autónoma, pero en estrecha colaboración con las Fiscalías Regionales y sus Sistemas de Análisis Criminal. El fiscal jefe será de la exclusiva confianza del fiscal nacional y estará sujeto a sus instrucciones. Entre las principales funciones se encuentran: se entrega un reglamento que deberá dictar el Fiscal Nacional con la determinación de las condiciones de experiencia o especialización y las reglas especiales en materia de evaluación de desempeño de quienes trabajen en la Fiscalía Supraterritorial, explicaron desde el Gobierno. Junto con ello, se consagra la posibilidad para el Fiscal Nacional de establecer mediante instrucción los criterios específicos para la determinación de las investigaciones que tendrá a su cargo la Fiscalía Supraterritorial. Por último, la nueva Ley también crea el Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, el cual reemplaza al actual Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos presentes en las Fiscalías Regionales. Chile no se rinde y combate con todas las herramientas que le otorga la Constitución, el derecho y la legitimidad para vencer al crimen organizado en todas sus manifestaciones. El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó la promulgación de la Ley que incorpora… pic.twitter.com/azEgh8jjTx — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 16, 2025
