El caso Democracia Viva experimentó un giro significativo luego de que el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolviera excluir a los querellantes de carácter político que participaban en la causa. Entre ellos se encontraban el representante de los diputados del Partido Republicano, Sergio Rodríguez; el abogado Pablo Toloza, en representación de parlamentarios de la UDI; el senador socialista Fidel Espinoza; y el partido Revolución Democrática. El tribunal declaró el abandono de las querellas por diversas razones, principalmente por incumplimientos procesales como no asistir a audiencias, no impulsar las causas o no realizar gestiones dentro de los plazos legales. Según señaló BioBio, En el caso de los diputados republicanos, su abogado explicó que la exclusión se debió a que la parte querellante no contaba con un domicilio válido en Antofagasta, requisito esencial para continuar en el proceso. La resolución también incluyó un fuerte reproche al Ministerio Público, ya que el magistrado acogió los reclamos de las defensas por inconsistencias en la acusación y por la entrega incompleta de antecedentes. En consecuencia, se ordenó a la Fiscalía Regional entregar copia íntegra de toda la investigación en un plazo de cinco días, además de corregir y organizar la acusación en seis días, clasificando con precisión la prueba ofrecida. El tribunal estableció que, si las defensas detectan información faltante, deberán informarlo antes del 19 de enero para evitar nuevos retrasos en la audiencia de preparación del juicio oral. Desde la defensa de Daniel Andrade, el abogado José Ignacio Figueroa valoró la decisión y destacó que la Fiscalía no imputa apropiación de dinero en su acusación.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la Ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva entidad dentro del Ministerio Público.Esta fiscalía especializada tendrá como objetivo enfrentar con mayor eficiencia el crimen organizado y los delitos complejos con alcance suprarregional o transnacional. La iniciativa busca dotar al sistema judicial de una estructura más moderna para combatir las nuevas formas de delincuencia. El Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para implementar la nueva fiscalía y designar a su fiscal jefe y al personal. Se espera que en el primer año se incorporen 15 fiscales y 28 funcionarios. Posteriormente, en un plazo de tres años, la dotación se ampliará a un total de 98 personas, incluyendo 35 fiscales y 63 funcionarios. La Fiscalía Supraterritorial operará de manera autónoma, pero en estrecha colaboración con las Fiscalías Regionales y sus Sistemas de Análisis Criminal. El fiscal jefe será de la exclusiva confianza del fiscal nacional y estará sujeto a sus instrucciones. Entre las principales funciones se encuentran: se entrega un reglamento que deberá dictar el Fiscal Nacional con la determinación de las condiciones de experiencia o especialización y las reglas especiales en materia de evaluación de desempeño de quienes trabajen en la Fiscalía Supraterritorial, explicaron desde el Gobierno. Junto con ello, se consagra la posibilidad para el Fiscal Nacional de establecer mediante instrucción los criterios específicos para la determinación de las investigaciones que tendrá a su cargo la Fiscalía Supraterritorial. Por último, la nueva Ley también crea el Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, el cual reemplaza al actual Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos presentes en las Fiscalías Regionales. Chile no se rinde y combate con todas las herramientas que le otorga la Constitución, el derecho y la legitimidad para vencer al crimen organizado en todas sus manifestaciones. El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó la promulgación de la Ley que incorpora… pic.twitter.com/azEgh8jjTx — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 16, 2025
En entrevista televisiva, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, encendió las alarmas por el aumento del crimen organizado y la sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público, advirtiendo que la seguridad de los fiscales está en riesgo. “esperemos que nunca nos encontremos con un fiscal asesinado, pero hoy hay muchos fiscales con medidas de seguridad pues están amenazados. Ibarra explicó que el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que aun duerme en el congreso —presentado en 2023 y que contemplaba la incorporación de 205 nuevos fiscales— está basado en datos desactualizados de 2022, cuando ingresaban 1,3 millones de causas anuales. Hoy, esa cifra supera los 1,65 millones, con un alza de 20% en un año, mientras que la dotación de fiscales se mantiene. En regiones como Antofagasta, cada fiscal puede tener más de mil causas simultáneas. La dirigente advirtió que la falta de recursos humanos impacta directamente en la protección de víctimas, incluidas aquellas afectadas por delitos de violencia intrafamiliar o amenazas. “La delincuencia no se detiene, sigue operando 24/7, y nosotros debemos estar disponibles igual. La mayor afectación es para las víctimas”, subrayó. Asimismo, pidió al Poder Legislativo acelerar la aprobación de la ley y aumentar la meta a 600 nuevos fiscales, junto con medidas de seguridad urgentes como accesos diferenciados en tribunales y audiencias remotas para reducir riesgos. “El crimen organizado es cada vez más violento y temerario; no podemos permitir que avance más que el Estado”, concluyó.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó este miércoles que se emitió una alerta internacional para la captura de Martín de los Santos Lehmann, imputado por la agresión a Guillermo Oyarzún, conserje de un edificio en la comuna de Vitacura. Este martes, De los Santos participó vía telemática en la audiencia de revisión de sus medidas cautelares, en la que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago cambió su régimen de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima por prisión preventiva, tras nuevos antecedentes presentados por la Fiscalía. Sin embargo, al día siguiente se conoció que el imputado habría salido del país rumbo a Brasil, aprovechando que no contaba con arraigo nacional en su contra. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre un posible error del Ministerio Público al no solicitar dicha medida en la primera audiencia. Consultado por la prensa, el ministro Cordero señaló que la emisión de una alerta internacional “es el procedimiento habitual de lo que va a suceder”, y añadió que “habiéndose decretado, debe estar en estos momentos ya comunicada a la Policía de Investigaciones”. Además, confirmó que el abogado defensor de De los Santos, Carlos Mora, renunció a su representación por “diferencias irreconciliables”. Sobre los cuestionamientos al rol del Ministerio Público por no haber solicitado el arraigo nacional en su momento, el secretario de Estado indicó que “me parecería apresurado emitir un juicio” y que no corresponde opinar sin conocer los antecedentes que se evaluaron en la audiencia respectiva. En cuanto al paradero del imputado, cuya fuga a Brasil ha sido mencionada en diversos reportes, Cordero afirmó que esa información debe ser reportada exclusivamente por el Ministerio Público, y no es competencia del Ejecutivo. El caso ha generado conmoción pública, ya que la agresión ocurrió el pasado 17 de mayo, cuando el imputado golpeó brutalmente a un conserje de 70 años, provocándole lesiones graves, incluida la pérdida de visión en un ojo y daño en el sentido del olfato. Ahora, con el imputado presuntamente fuera del país, las autoridades activan protocolos de búsqueda internacional para asegurar su comparecencia ante la justicia.
El caso Democracia Viva experimentó un giro significativo luego de que el Tribunal de Garantía de Antofagasta resolviera excluir a los querellantes de carácter político que participaban en la causa. Entre ellos se encontraban el representante de los diputados del Partido Republicano, Sergio Rodríguez; el abogado Pablo Toloza, en representación de parlamentarios de la UDI; el senador socialista Fidel Espinoza; y el partido Revolución Democrática. El tribunal declaró el abandono de las querellas por diversas razones, principalmente por incumplimientos procesales como no asistir a audiencias, no impulsar las causas o no realizar gestiones dentro de los plazos legales. Según señaló BioBio, En el caso de los diputados republicanos, su abogado explicó que la exclusión se debió a que la parte querellante no contaba con un domicilio válido en Antofagasta, requisito esencial para continuar en el proceso. La resolución también incluyó un fuerte reproche al Ministerio Público, ya que el magistrado acogió los reclamos de las defensas por inconsistencias en la acusación y por la entrega incompleta de antecedentes. En consecuencia, se ordenó a la Fiscalía Regional entregar copia íntegra de toda la investigación en un plazo de cinco días, además de corregir y organizar la acusación en seis días, clasificando con precisión la prueba ofrecida. El tribunal estableció que, si las defensas detectan información faltante, deberán informarlo antes del 19 de enero para evitar nuevos retrasos en la audiencia de preparación del juicio oral. Desde la defensa de Daniel Andrade, el abogado José Ignacio Figueroa valoró la decisión y destacó que la Fiscalía no imputa apropiación de dinero en su acusación.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la Ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva entidad dentro del Ministerio Público.Esta fiscalía especializada tendrá como objetivo enfrentar con mayor eficiencia el crimen organizado y los delitos complejos con alcance suprarregional o transnacional. La iniciativa busca dotar al sistema judicial de una estructura más moderna para combatir las nuevas formas de delincuencia. El Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para implementar la nueva fiscalía y designar a su fiscal jefe y al personal. Se espera que en el primer año se incorporen 15 fiscales y 28 funcionarios. Posteriormente, en un plazo de tres años, la dotación se ampliará a un total de 98 personas, incluyendo 35 fiscales y 63 funcionarios. La Fiscalía Supraterritorial operará de manera autónoma, pero en estrecha colaboración con las Fiscalías Regionales y sus Sistemas de Análisis Criminal. El fiscal jefe será de la exclusiva confianza del fiscal nacional y estará sujeto a sus instrucciones. Entre las principales funciones se encuentran: se entrega un reglamento que deberá dictar el Fiscal Nacional con la determinación de las condiciones de experiencia o especialización y las reglas especiales en materia de evaluación de desempeño de quienes trabajen en la Fiscalía Supraterritorial, explicaron desde el Gobierno. Junto con ello, se consagra la posibilidad para el Fiscal Nacional de establecer mediante instrucción los criterios específicos para la determinación de las investigaciones que tendrá a su cargo la Fiscalía Supraterritorial. Por último, la nueva Ley también crea el Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, el cual reemplaza al actual Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos presentes en las Fiscalías Regionales. Chile no se rinde y combate con todas las herramientas que le otorga la Constitución, el derecho y la legitimidad para vencer al crimen organizado en todas sus manifestaciones. El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó la promulgación de la Ley que incorpora… pic.twitter.com/azEgh8jjTx — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 16, 2025
En entrevista televisiva, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, encendió las alarmas por el aumento del crimen organizado y la sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público, advirtiendo que la seguridad de los fiscales está en riesgo. “esperemos que nunca nos encontremos con un fiscal asesinado, pero hoy hay muchos fiscales con medidas de seguridad pues están amenazados. Ibarra explicó que el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que aun duerme en el congreso —presentado en 2023 y que contemplaba la incorporación de 205 nuevos fiscales— está basado en datos desactualizados de 2022, cuando ingresaban 1,3 millones de causas anuales. Hoy, esa cifra supera los 1,65 millones, con un alza de 20% en un año, mientras que la dotación de fiscales se mantiene. En regiones como Antofagasta, cada fiscal puede tener más de mil causas simultáneas. La dirigente advirtió que la falta de recursos humanos impacta directamente en la protección de víctimas, incluidas aquellas afectadas por delitos de violencia intrafamiliar o amenazas. “La delincuencia no se detiene, sigue operando 24/7, y nosotros debemos estar disponibles igual. La mayor afectación es para las víctimas”, subrayó. Asimismo, pidió al Poder Legislativo acelerar la aprobación de la ley y aumentar la meta a 600 nuevos fiscales, junto con medidas de seguridad urgentes como accesos diferenciados en tribunales y audiencias remotas para reducir riesgos. “El crimen organizado es cada vez más violento y temerario; no podemos permitir que avance más que el Estado”, concluyó.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó este miércoles que se emitió una alerta internacional para la captura de Martín de los Santos Lehmann, imputado por la agresión a Guillermo Oyarzún, conserje de un edificio en la comuna de Vitacura. Este martes, De los Santos participó vía telemática en la audiencia de revisión de sus medidas cautelares, en la que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago cambió su régimen de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima por prisión preventiva, tras nuevos antecedentes presentados por la Fiscalía. Sin embargo, al día siguiente se conoció que el imputado habría salido del país rumbo a Brasil, aprovechando que no contaba con arraigo nacional en su contra. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre un posible error del Ministerio Público al no solicitar dicha medida en la primera audiencia. Consultado por la prensa, el ministro Cordero señaló que la emisión de una alerta internacional “es el procedimiento habitual de lo que va a suceder”, y añadió que “habiéndose decretado, debe estar en estos momentos ya comunicada a la Policía de Investigaciones”. Además, confirmó que el abogado defensor de De los Santos, Carlos Mora, renunció a su representación por “diferencias irreconciliables”. Sobre los cuestionamientos al rol del Ministerio Público por no haber solicitado el arraigo nacional en su momento, el secretario de Estado indicó que “me parecería apresurado emitir un juicio” y que no corresponde opinar sin conocer los antecedentes que se evaluaron en la audiencia respectiva. En cuanto al paradero del imputado, cuya fuga a Brasil ha sido mencionada en diversos reportes, Cordero afirmó que esa información debe ser reportada exclusivamente por el Ministerio Público, y no es competencia del Ejecutivo. El caso ha generado conmoción pública, ya que la agresión ocurrió el pasado 17 de mayo, cuando el imputado golpeó brutalmente a un conserje de 70 años, provocándole lesiones graves, incluida la pérdida de visión en un ojo y daño en el sentido del olfato. Ahora, con el imputado presuntamente fuera del país, las autoridades activan protocolos de búsqueda internacional para asegurar su comparecencia ante la justicia.
