"Mayor orden y control": Gobierno evalúa uso de uniformes en cárceles de alta seguridad
Según el ministro Jaime Gajardo, la iniciativa costaría unos $10 mil millones de pesos.
Durante este lunes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, deslizó que el Gobierno está evaluando la implementación de uniformes obligatorios en los recintos de máxima seguridad como parte de una nueva medida.
Lo anterior, sería una medida similar a lo habitualmente utilizado en otros continentes, específicamente Europa o Estados Unidos, en el caso de Norteamérica, como directriz destinada a mantener el orden dentro de los recintos penitenciarios.
En conversación con Radio Universo, el secretario de Estado, señaló que "nosotros no tenemos uniforme, pero estamos estudiando la posibilidad". En esa línea, explicó que se ha descartado esta medida para todos los reos del país, por cuestiones de costo, dijo que “nos costaría aproximadamente $10 mil millones y siempre hay que priorizar”, acotó la autoridad.
Además, puntualizó que debido al tamaño reducido de los recintos de máxima seguridad de Chile, “sería posible, y estamos estudiando, evaluando los costos, evaluando las distintas alternativas, respecto a implementar uniformes en máxima seguridad”.
Por otra parte, el titular de Justicia precisó que la medida contribuiría en mejorar los controles, ya que permitiría que los reos no ingresen absolutamente nada, garantizando un mayor orden y seguridad dentro del recinto penitenciario.
“Cada vez que ingresan cosas en nuestro sistema penitenciario siempre se corre algún riesgo. Aunque uno lo revise bien, aunque uno lo pase por distintos filtros, siempre se corre algún riesgo, porque está la posibilidad de ingresar cosas. Si hay prohibición de ingresar nada, es mucho más sencillo y se mejora el control”, argumentó el ministro.
Finalmente, se resaltó que la experiencia en otros países respalda esta iniciativa, donde Gajardo señaló que “estamos evaluando, a medida que vimos, que funciona en Colombia, funciona en Brasil. Para máxima seguridad el costo es menor”.
31 de agosto de 2026
La casa de estudios confirmó que reducirá su dotación para recuperar el equilibrio económico. La institución aseguró que las actividades académicas continuarán con normalidad.



Fiscales y peritos de la PDI realizaron diligencias durante tres días en Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales por una presunta sobrestimación de la producción.
El organismo rechazó la sanción de un mes de suspensión aplicada por el Hospital Regional y ordenó reabrir el proceso por una eventual vulneración grave a la probidad administrativa.
Se constató que el sector es parte de la Ruta 1 que está bajo la administración del MOP a través de su Dirección de Vialidad. El agua tendría origen en napas subterráneas.
La clínica Ultravisión deberá indemnizar a un paciente que sufrió pérdida de visión un ojo, después de que no le realizaran adecuadamente los controles posoperatorios tras una cirugía láser.
Buscan revisar la responsabilidad administrativa del alcalde tras la demanda de tutela laboral y acoso sexual, presentada por un funcionario contra del Secretario Ejecutivo, Jonathan Vergara.
El procedimiento se desarrolló en el sector Feria de Las Pulgas, donde a 4 ciudadanos extranjeros fueron denunciados por exceder el plazo de permanencia y por ingreso irregular.
Más de 52 mil alumnos faltaron al menos al 10% de sus clases entre marzo y mayo de 2026. La región supera el promedio nacional y mantiene niveles mayores a los de prepandemia.
Impulsado por Escondida | BHP y Fundación Minera Escondida, el concurso beneficiará a 64 organizaciones de distintas comunas de la región, a través de financiamiento y acompañamiento para fortalecer sus capacidades e iniciativas comunitarias.
El ejercicio se desarrollará esta semana y tiene por objetivo evaluar la coordinación entre las entidades competentes dentro del terminal aéreo, incluyendo autoridades regionales.
El máximo tribunal desestimó a acción de la defensa que buscaba acceder a una audiencia para discutir la sustitución de su pena de cárcel, por libertad vigilada intensiva.
















































































