Este lunes, el Gobierno anunció la suspensión de la tramitación de todos los decretos de rebaja de condena, independiente del delito, hasta que se defina el futuro del proyecto que busca derogar la ley que permite acceder al beneficio, Ley 19.856. La medida fue anunciada por el vocero Gonzalo Arenas, quien explicó que la decisión fue adoptada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el pasado jueves 5 de noviembre, y que será implementada mientras se resuelve el avance de la iniciativa que cuenta con el respaldo del Ejecutivo. El ministro Rabat se comprometió a no dar trámite a decretos que tenían relación con delitos sexuales que afectaban a menores y, desde ese pronunciamiento, el ministro efectivamente no ha dictado ningún decreto sobre esa materia, señaló Arenas. Y luego agregó que: El ministro también ha sumado la decisión de parar cualquier decreto, desde el jueves anterior hasta que se resuelva cuál va a ser la situación definitiva de las personas que están acogidas a la ley en general. En medio del anuncio, Arenas fue consultado por el caso de Peter Rojas Gallardo, expuesto durante esta jornada por Biobio, quien recibió una rebaja de 10 meses en su condena de 5 años, por el homicidio de un adulto mayor de 83 años en Catemu, región de Valparaíso. Justamente, la rebaja se concretó el pasado 5 de noviembre, documento que también lleva la firma de la subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, quien asumió el cargo tras la salida de Luis Silva. En este escenario, en vocero reiteró que el secretario de Estado sólo había suspendido la rebajas para los condenados por delitos sexuales contra menores, lo que finalmente se extendió para todo tipo de delitos de manera oficial durante esta jornada.
Este jueves, se revelaron nuevos sobre decretos de reducción de condena dictados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el inicio del Gobierno de José Antonio Kast, los que también habrían alcanzado a dos condenados por secuestros y torturas que cumplen su condena en Punta Peuco. Según información entregada por Biobío, se trata tres decretos por esos delitos dictados desde el 11 de marzo, el que contempla a los dos condenados en Centro de Detención preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco, y otro condenado también por secuestro calificado. Entre los casos mencionados, corresponderían a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que cometieron delitos de lesa humanidad; uno de ellos es un condenado por secuestro calificado y el otro por el delito de tortura. En tanto, el tercer caso no estaría recluido en el mismo recinto, pero también se enmarcaría a un delito de gravedad. Sin embargo, el oficio de la subsecretaría de Justicia donde estaría la información, no individualizaría a los beneficiados con la reducción, sus causas, ni tampoco cuantos meses fueron descontados de cada condena. Los antecedentes, se suman a la polémica por los 56 decretos de rebaja a condenados por delitos de abuso sexual y violación que fueron firmados por el Ministerio de Justicia. En dicho caso, el ministro titular de la cartera, Fernando Rabat, la firma de las rebajas estaría respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, de acuerdo al medio citado anteriormente, en cuatro causas por delitos sexuales el máximo tribunal respaldó negar el beneficio por hechos anteriores a la reforma de 2022; justamente, tres de ellas corresponden a las resueltas durante el actual gobierno.
Este miércoles, se expuso que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó 56 decretos de rebaja a condenados por delitos sexuales contra menores entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, período correspondiente al Gobierno de José Antonio Kast. La información fue revelada a través de un reportaje de Interferencia, c uya información fue obtenida en el ORD. 7067, a la que tuvieron acceso a través de una solicitud de transparencia, respondida por la Subsecretaría de Justicia. De acuerdo al sitio, durante el período donde se aprobaron las rebajas, el promedio desde un decreto cada 3 días. De ellos, 27 corresponden a abuso sexual y 29 a violación ; en el caso de abuso sexual de menor, sólo una solicitud fue rechazada. Además, según consigna el medio, ninguna de las rebajas fue aprobada por medio de un recurso de amparo o cualquier mecanismo judicial, sino que las solicitudes ingresaron directamente al ministerio, que las acogió. En este escenario, el ministro de la cartera, Fernando Rabat, abordó las circunstancias en el Congreso, donde vinculó la situación a la doctrina de la Suprema. La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio —incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos— fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema, sostuvo el ministro. Tras ello, fue consultado por la opinión del Gobierno al respecto y el Secretario de Estado agregó que: El gobierno no comenta los fallos judiciales. Con todo lo anterior el Partido Comunista anunció que buscará interpelar al Ministro de Justicia, por lo que iniciará el proceso de reunir las firmas necesarias para la interpelación. El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable; indultar a criminales que son violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación, afirmó el diputado de la bancada PC, Marcos Barraza.
La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó este jueves en el Diario Oficial el llamado a licitación internacional para la concesión del nuevo establecimiento penitenciario de Calama, proyecto que busca ampliar y modernizar la infraestructura carcelaria en el norte del país. La iniciativa contempla la construcción, conservación y operación de un recinto penitenciario con una superficie aproximada de 71.858 metros cuadrados y una capacidad para albergar a 1.850 personas privadas de libertad. La futura cárcel se emplazará en un terreno fiscal ubicado en la Ruta B-195, en la intersección con Ruta 23, en la comuna de Calama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta. Desde el MOP informaron que la licitación tendrá carácter internacional, permitiendo la participación de personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, ya sea de manera individual o formando parte de grupos licitantes, siempre que cumplan con las exigencias establecidas en la Ley de Concesiones y las respectivas bases administrativas y técnicas. El cronograma establece que la recepción de ofertas se realizará el próximo 24 de noviembre de 2026, a las 12:00 horas, en el auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé 71, tercer piso, en Santiago. En tanto, la apertura de las ofertas económicas quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026, también en dependencias del MOP. La cartera detalló que el presupuesto oficial estimado para el proyecto alcanza las UF 8.690.107, cifra que no incluye IVA y que refleja la magnitud de una obra considerada estratégica para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, destacó la importancia del proyecto señalando que “el país necesita más capacidad penitenciaria, mejor infraestructura, tecnología y recintos modernos para que el sistema funcione con orden”. La autoridad agregó que el trabajo coordinado entre el MOP y el Ministerio de Justicia apunta a fortalecer la seguridad pública y mejorar la administración penitenciaria. “Estamos poniendo la infraestructura al servicio de una prioridad nacional: que el Estado recupere capacidad para enfrentar el delito, fortalecer la seguridad de las familias y administrar sus recintos penitenciarios con estándares modernos y responsables”, sostuvo el secretario de Estado. La construcción de este nuevo recinto penitenciario forma parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el aumento de la población penal y mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema carcelario en distintas regiones del país.
Este lunes, el Gobierno anunció la suspensión de la tramitación de todos los decretos de rebaja de condena, independiente del delito, hasta que se defina el futuro del proyecto que busca derogar la ley que permite acceder al beneficio, Ley 19.856. La medida fue anunciada por el vocero Gonzalo Arenas, quien explicó que la decisión fue adoptada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el pasado jueves 5 de noviembre, y que será implementada mientras se resuelve el avance de la iniciativa que cuenta con el respaldo del Ejecutivo. El ministro Rabat se comprometió a no dar trámite a decretos que tenían relación con delitos sexuales que afectaban a menores y, desde ese pronunciamiento, el ministro efectivamente no ha dictado ningún decreto sobre esa materia, señaló Arenas. Y luego agregó que: El ministro también ha sumado la decisión de parar cualquier decreto, desde el jueves anterior hasta que se resuelva cuál va a ser la situación definitiva de las personas que están acogidas a la ley en general. En medio del anuncio, Arenas fue consultado por el caso de Peter Rojas Gallardo, expuesto durante esta jornada por Biobio, quien recibió una rebaja de 10 meses en su condena de 5 años, por el homicidio de un adulto mayor de 83 años en Catemu, región de Valparaíso. Justamente, la rebaja se concretó el pasado 5 de noviembre, documento que también lleva la firma de la subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, quien asumió el cargo tras la salida de Luis Silva. En este escenario, en vocero reiteró que el secretario de Estado sólo había suspendido la rebajas para los condenados por delitos sexuales contra menores, lo que finalmente se extendió para todo tipo de delitos de manera oficial durante esta jornada.
Este jueves, se revelaron nuevos sobre decretos de reducción de condena dictados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el inicio del Gobierno de José Antonio Kast, los que también habrían alcanzado a dos condenados por secuestros y torturas que cumplen su condena en Punta Peuco. Según información entregada por Biobío, se trata tres decretos por esos delitos dictados desde el 11 de marzo, el que contempla a los dos condenados en Centro de Detención preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco, y otro condenado también por secuestro calificado. Entre los casos mencionados, corresponderían a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que cometieron delitos de lesa humanidad; uno de ellos es un condenado por secuestro calificado y el otro por el delito de tortura. En tanto, el tercer caso no estaría recluido en el mismo recinto, pero también se enmarcaría a un delito de gravedad. Sin embargo, el oficio de la subsecretaría de Justicia donde estaría la información, no individualizaría a los beneficiados con la reducción, sus causas, ni tampoco cuantos meses fueron descontados de cada condena. Los antecedentes, se suman a la polémica por los 56 decretos de rebaja a condenados por delitos de abuso sexual y violación que fueron firmados por el Ministerio de Justicia. En dicho caso, el ministro titular de la cartera, Fernando Rabat, la firma de las rebajas estaría respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, de acuerdo al medio citado anteriormente, en cuatro causas por delitos sexuales el máximo tribunal respaldó negar el beneficio por hechos anteriores a la reforma de 2022; justamente, tres de ellas corresponden a las resueltas durante el actual gobierno.
Este miércoles, se expuso que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó 56 decretos de rebaja a condenados por delitos sexuales contra menores entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, período correspondiente al Gobierno de José Antonio Kast. La información fue revelada a través de un reportaje de Interferencia, c uya información fue obtenida en el ORD. 7067, a la que tuvieron acceso a través de una solicitud de transparencia, respondida por la Subsecretaría de Justicia. De acuerdo al sitio, durante el período donde se aprobaron las rebajas, el promedio desde un decreto cada 3 días. De ellos, 27 corresponden a abuso sexual y 29 a violación ; en el caso de abuso sexual de menor, sólo una solicitud fue rechazada. Además, según consigna el medio, ninguna de las rebajas fue aprobada por medio de un recurso de amparo o cualquier mecanismo judicial, sino que las solicitudes ingresaron directamente al ministerio, que las acogió. En este escenario, el ministro de la cartera, Fernando Rabat, abordó las circunstancias en el Congreso, donde vinculó la situación a la doctrina de la Suprema. La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio —incluso en las resoluciones respectivas se cita cada uno de esos fallos— fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema, sostuvo el ministro. Tras ello, fue consultado por la opinión del Gobierno al respecto y el Secretario de Estado agregó que: El gobierno no comenta los fallos judiciales. Con todo lo anterior el Partido Comunista anunció que buscará interpelar al Ministro de Justicia, por lo que iniciará el proceso de reunir las firmas necesarias para la interpelación. El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable; indultar a criminales que son violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación, afirmó el diputado de la bancada PC, Marcos Barraza.
La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó este jueves en el Diario Oficial el llamado a licitación internacional para la concesión del nuevo establecimiento penitenciario de Calama, proyecto que busca ampliar y modernizar la infraestructura carcelaria en el norte del país. La iniciativa contempla la construcción, conservación y operación de un recinto penitenciario con una superficie aproximada de 71.858 metros cuadrados y una capacidad para albergar a 1.850 personas privadas de libertad. La futura cárcel se emplazará en un terreno fiscal ubicado en la Ruta B-195, en la intersección con Ruta 23, en la comuna de Calama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta. Desde el MOP informaron que la licitación tendrá carácter internacional, permitiendo la participación de personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, ya sea de manera individual o formando parte de grupos licitantes, siempre que cumplan con las exigencias establecidas en la Ley de Concesiones y las respectivas bases administrativas y técnicas. El cronograma establece que la recepción de ofertas se realizará el próximo 24 de noviembre de 2026, a las 12:00 horas, en el auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé 71, tercer piso, en Santiago. En tanto, la apertura de las ofertas económicas quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026, también en dependencias del MOP. La cartera detalló que el presupuesto oficial estimado para el proyecto alcanza las UF 8.690.107, cifra que no incluye IVA y que refleja la magnitud de una obra considerada estratégica para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, destacó la importancia del proyecto señalando que “el país necesita más capacidad penitenciaria, mejor infraestructura, tecnología y recintos modernos para que el sistema funcione con orden”. La autoridad agregó que el trabajo coordinado entre el MOP y el Ministerio de Justicia apunta a fortalecer la seguridad pública y mejorar la administración penitenciaria. “Estamos poniendo la infraestructura al servicio de una prioridad nacional: que el Estado recupere capacidad para enfrentar el delito, fortalecer la seguridad de las familias y administrar sus recintos penitenciarios con estándares modernos y responsables”, sostuvo el secretario de Estado. La construcción de este nuevo recinto penitenciario forma parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el aumento de la población penal y mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema carcelario en distintas regiones del país.
