La fundación Procultura recibió $100 millones de pesos para realizar trabajos en el campamento Betsabé de Antofagasta, que según los vecinos no se hicieron, sostiene el reportaje de Meganoticias. En tanto, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por cuatro convenios firmados entre la fundación y la Seremi del Minvu, entre septiembre y octubre del 2022 por más de $511 millones de pesos.

En esa fecha, aún ejercía el exseremi Carlos Contreras. La querella sostiene que los trabajos para los cuales fue depositado el dinero no se realizaron, además los recursos tampoco fueron devueltos y la cuenta corriente de Procultura tampoco tenía fondos.

"Al final, lo que le interesa a la ciudadanía es dónde quedaron los dineros. Eso es lo más relevante, dónde están los fondos. Y eso no se sabe, de eso no tenemos conocimiento", sostiene en entrevista para el reportaje, Pablo Toloza, abogado querellante de la UDI en el caso.

Al consultarle a la abogada defensora, Susana Borzutzky, si la fundación se apropió de manera indebida de los fondos, ella responde "la fundación Procultura no se ha apropiado de ningún peso, ni sus representantes, ni su director ejecutivo, ni ninguna persona natural relacionada directa o indirectamente. El Estado no ha tenido ningún perjuicio vinculado a Procultura".

En diciembre presentaron dos querellas por el delito de prevaricación administrativa, ya que a su juicio no existían los argumentos para poner fin a los convenios. "Una empresa puede caer en insolvencia y una fundación también es un organismo privado que cayó en insolvencia. ¿Y por qué cae en insolvencia? Porque de forma unilateral le pusieron término imprevisto a todos los convenios", sostiene Borzutzky.

Sobre dónde estarían estos dineros, la abogada defensora sostiene "los dineros se destinaron a cumplir todos los convenios que estaban ejecutándose y el resto a pagar sueldos".

María Constanza Gómez, representante legal de Procultura, sería una de las personas que de acuerdo a la querella del Consejo de Defensa del Estado se habría apropiado indebidamente de dineros públicos. Desde el 2018 figura como gerente y en sus redes sociales señala haber cumplido el rol de directora de Comunicaciones y Desarrollo Social, además en algunos convenios sostienen que es actriz de profesión.

"Procultura en un principio uno podría decir que está bien, por el nombre, que una actriz sea la que está a cargo de esta fundación. Pero si uno empieza a ver todo lo que empieza a desarrollar esta fundación, en todas las materias que está comprometida. Es obvio, que no es la persona idónea", comenta al respecto, el abogado querellante Toloza.

En relación a este punto, la abogada defensora de Procultura, señala "María Constanza Gómez, a mi parecer merece más que respeto, es una mujer que trabajó casi la mayor parte del tiempo de existencia en la fundación. Partió desde abajo y llegó hasta arriba, hizo carrera en la fundación".