En una jornada considerada histórica, la Sala del Senado ha aprobado y despachado a ley la esperada reforma al Sistema Notarial y Registral. Este proyecto, que se extendió por más de seis años en el Congreso, busca modernizar integralmente el sistema, poniendo un fuerte énfasis en la transparencia, la fiscalización y la calidad del servicio que se entrega a la ciudadanía. Tras este hito legislativo, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, un paso estándar en el procedimiento legal vigente. Ante esto, la nueva ley, que actualiza los aspectos orgánicos y funcionales del sistema notarial y registral, forma parte fundamental de la agenda de modernización del Estado y el fortalecimiento institucional. Entre sus avances más destacados, se incluyen la implementación de estándares claros de transparencia, la instauración de procesos de selección de notarios, conservadores y archiveros mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, y el establecimiento de un límite de edad de 75 años para el ejercicio del cargo, poniendo fin a los cargos vitalicios. Además, la reforma introduce la fijación de tarifas máximas para los trámites notariales, basándose en un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía. Un aspecto crucial es la incorporación del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) como organismo con facultades de fiscalización efectiva, permitiendo a los ciudadanos presentar reclamos ante problemas de atención, servicios o cobros irregulares. La modernización y digitalización también son pilares, garantizando el acceso remoto y gratuito a los registros y la creación de sitios web informativos y canales de reclamo. Se establecen horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico para mejorar la atención al público. Finalmente, a nivel regional, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, expresó su satisfacción por el respaldo a este proyecto, calificándolo como un anhelo tanto para el sistema de justicia como para los ciudadanos. Figueroa destacó que la ley traerá cambios significativos, estableciendo requisitos mínimos para la prestación del servicio, horarios de funcionamiento claros, medidas sobre el soporte digital y, fundamentalmente, fortaleciendo la fiscalización de notarías, archiveros y conservadores en todo el país.
En una jornada considerada histórica, la Sala del Senado ha aprobado y despachado a ley la esperada reforma al Sistema Notarial y Registral. Este proyecto, que se extendió por más de seis años en el Congreso, busca modernizar integralmente el sistema, poniendo un fuerte énfasis en la transparencia, la fiscalización y la calidad del servicio que se entrega a la ciudadanía. Tras este hito legislativo, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, un paso estándar en el procedimiento legal vigente. Ante esto, la nueva ley, que actualiza los aspectos orgánicos y funcionales del sistema notarial y registral, forma parte fundamental de la agenda de modernización del Estado y el fortalecimiento institucional. Entre sus avances más destacados, se incluyen la implementación de estándares claros de transparencia, la instauración de procesos de selección de notarios, conservadores y archiveros mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, y el establecimiento de un límite de edad de 75 años para el ejercicio del cargo, poniendo fin a los cargos vitalicios. Además, la reforma introduce la fijación de tarifas máximas para los trámites notariales, basándose en un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía. Un aspecto crucial es la incorporación del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) como organismo con facultades de fiscalización efectiva, permitiendo a los ciudadanos presentar reclamos ante problemas de atención, servicios o cobros irregulares. La modernización y digitalización también son pilares, garantizando el acceso remoto y gratuito a los registros y la creación de sitios web informativos y canales de reclamo. Se establecen horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico para mejorar la atención al público. Finalmente, a nivel regional, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, expresó su satisfacción por el respaldo a este proyecto, calificándolo como un anhelo tanto para el sistema de justicia como para los ciudadanos. Figueroa destacó que la ley traerá cambios significativos, estableciendo requisitos mínimos para la prestación del servicio, horarios de funcionamiento claros, medidas sobre el soporte digital y, fundamentalmente, fortaleciendo la fiscalización de notarías, archiveros y conservadores en todo el país.
