el miércoles pasado a las 9:10
La diputada Catalina Pérez enfrenta una carrera contra el tiempo. Este martes 25 de febrero es el último día para que su defensa ingrese un recurso de apelación ante la Corte Suprema, buscando revocar el desafuero dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La decisión, que fue unánime entre los cinco ministros del Tribunal Pleno, permitió al Ministerio Público avanzar con la solicitud para que la parlamentaria sea formalizada por fraude al fisco, un delito presuntamente cometido en el marco del caso Democracia Viva.
Ante esto, el fallo de la Corte de Antofagasta, leído el pasado jueves, detalló las pruebas que llevaron a los magistrados a aceptar el desafuero. Según el tribunal, existían indicios suficientes para acreditar que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios fraudulentos firmados con la fundación, y que incluso habría participado activamente en la recopilación de información para su ejecución, sabiendo que la fundación no cumplía con los requisitos básicos para acceder a los fondos públicos.
Asimismo, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Beckios, defendió la seriedad de la investigación, subrayando que las acusaciones no son arbitrarias ni motivadas políticamente. La Corte basó su decisión en varios elementos, incluyendo los vínculos de Pérez con los imputados Daniel Andrade, su expareja y director de la fundación Democracia Viva, y Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada y exseremi de Vivienda en la región.
Por su parte, la defensa de la diputada sostiene que, aunque existen pruebas de irregularidades, no son suficientes para implicar a Pérez en el fraude. El abogado defensor, Gonzalo Medina, argumenta que la diputada no tuvo una participación activa en los delitos cometidos. En este contexto, el exabogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, analizó el fallo de la Corte de Antofagasta, destacando que la decisión de desaforar a Pérez está respaldada por pruebas que podrían complicar aún más su situación.
Finalmente, este martes será decisivo, ya que si la Corte Suprema revoca el desafuero, Pérez podría evitar su formalización. En caso contrario, los fiscales solicitarán fecha para la formalización y podrían pedir medidas cautelares, como la prisión preventiva, lo que marcaría un nuevo capítulo en este complejo caso judicial.
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