Durante la jornada del pasado martes, la defensa de la diputada Catalina Pérez presentó una apelación ante la Corte Suprema por el desafuero dictado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ante esto, la Corte Suprema deberá analizar la apelación para aprobar o rechazar lo impuesto por la defensa de Pérez y determinar si será formalizada por el delito en el Caso Democracia Viva. Para contextualizar, el fallo de la Corte de Antofagasta, leído el pasado jueves 20 de febrero, detalló las pruebas que llevaron a los magistrados a aceptar el desafuero. Según el tribunal, existían indicios suficientes para acreditar que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios fraudulentos firmados con la fundación, y que incluso habría participado activamente en la recopilación de información para su ejecución, sabiendo que la fundación no cumplía con los requisitos básicos para acceder a los fondos públicos. Finalmente, luego de la decisión de la Corte Suprema, la defensa de la diputada no podría seguir apelando en caso de rechazo y deberá ser formalizada.
La diputada Catalina Pérez enfrenta una carrera contra el tiempo. Este martes 25 de febrero es el último día para que su defensa ingrese un recurso de apelación ante la Corte Suprema, buscando revocar el desafuero dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La decisión, que fue unánime entre los cinco ministros del Tribunal Pleno, permitió al Ministerio Público avanzar con la solicitud para que la parlamentaria sea formalizada por fraude al fisco, un delito presuntamente cometido en el marco del caso Democracia Viva. Ante esto, el fallo de la Corte de Antofagasta, leído el pasado jueves, detalló las pruebas que llevaron a los magistrados a aceptar el desafuero. Según el tribunal, existían indicios suficientes para acreditar que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios fraudulentos firmados con la fundación, y que incluso habría participado activamente en la recopilación de información para su ejecución, sabiendo que la fundación no cumplía con los requisitos básicos para acceder a los fondos públicos. Asimismo, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Beckios, defendió la seriedad de la investigación, subrayando que las acusaciones no son arbitrarias ni motivadas políticamente. La Corte basó su decisión en varios elementos, incluyendo los vínculos de Pérez con los imputados Daniel Andrade, su expareja y director de la fundación Democracia Viva, y Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada y exseremi de Vivienda en la región. Por su parte, la defensa de la diputada sostiene que, aunque existen pruebas de irregularidades, no son suficientes para implicar a Pérez en el fraude. El abogado defensor, Gonzalo Medina, argumenta que la diputada no tuvo una participación activa en los delitos cometidos. En este contexto, el exabogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, analizó el fallo de la Corte de Antofagasta, destacando que la decisión de desaforar a Pérez está respaldada por pruebas que podrían complicar aún más su situación. Finalmente, este martes será decisivo, ya que si la Corte Suprema revoca el desafuero, Pérez podría evitar su formalización. En caso contrario, los fiscales solicitarán fecha para la formalización y podrían pedir medidas cautelares, como la prisión preventiva, lo que marcaría un nuevo capítulo en este complejo caso judicial.
La mañana de este jueves, el tribunal de alzada dio a conocer los detalles del veredicto que concedió por unanimidad el desafuero de la diputada Catalina Pérez, en medio de su formalización por presunto fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Fue así, que el fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que concedió el desafuero de la parlamentaria deja conforme al Ministerio Público, puesto que reconoce que el ente persecutor ha presentado antecedentes serios, objetivos y suficientes para sustentar dicha solicitud. Existen antecedentes que justifican la existencia del delito y la participación en este caso de la persona desaforada. Esto es relevante porque descarta que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza, sostuvo el fiscal. Asimismo, agregó que la resolución de la Corte de Apelaciones es importante porque reconoce que los antecedentes que ha recabado el Ministerio Público y que presentó en detalle durante una extensa audiencia el pasado 10 de febrero, satisfacen plenamente el estándar de plausibilidad que se exige en esta etapa del procedimiento. El estándar para desaforar a un parlamentario se basa en la plausibilidad de la imputación penal, lo que implica que los antecedentes deben mostrar una probabilidad razonable de éxito en la persecución penal, sin requerir una prueba concluyente de la culpabilidad o no en esta etapa, y eso se ha cumplido con creces, precisó. Finalmente, Castro Bekios, tras conocer la sentencia, indicó que el Ministerio Público queda atento a una posible apelación por parte de la defensa de la parlamentaria, la cual debería concretarse en un plazo de cinco días.
Este jueves, a las 9:00 hrs. se presentó el fallo que acogió la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en contra de la diputada Catalina Pérez en el marco de la investigación del denominado Caso Convenios. Ante esto, el ministro de la Corte de Apelaciones Antofagasta, Hernán Cárdenas Sepúlveda junto con los ministros Dinko Franulic Cetinic, Juan Opazo Lagos, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca en forma unánime permiten aprobar la formación de acusa en contra de la diputada. Asimismo, en la resolución se explica lo siguiente: Junto a los vínculos de la diputada Pérez con los suscriptores de los convenios y su posición de poder político y laboral respecto de estos, existen elementos de investigación objetivos que hacen plausible la afirmación de que conoció su suscripción y que incluso participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada. Se suma a ello una serie de antecedentes que dan cuenta de su intervención directa para, primero, aparentar que la fundación cumplía los requisitos necesarios y para que los otros involucrados asumieran exclusivamente la responsabilidad por la suscripción de los convenios de transferencia de fondos, dejándola fuera de toda responsabilidad, incluso dando directrices de cuál deberían ser el discurso común para tales objetos. Finalmente se detalla que: SE ACOGE la solicitud impetrada por el fiscal adjunto jefe del Ministerio Público de Antofagasta y, en consecuencia, SE HACE LUGAR a la formación de causa en contra de la diputada Catalina Pérez Salinas, respecto de los hechos investigados en la causa RUC 2300673070-1, Rit O-5428-2023 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.
El abogado de la diputada Catalina Pérez, Gonzalo Medina presentó un reclamo formal ante el Fiscal Nacional contra fiscales de la Fiscalía Regional y Local de Antofagasta por la filtración de información reservada de una investigación por un presunto delito de aborto. Argumentó que, pese a la confidencialidad establecida por la Corte Suprema en el Acta N° 44-2022, datos del caso se filtraron a la prensa, vulnerando los principios del sistema judicial y afectando tanto a su representada como al debido proceso. El abogado también denunció que no ha tenido acceso al expediente debido a las restricciones impuestas, mientras que los medios de comunicación accedieron a información reservada antes que los defensores legales.
Durante la jornada del pasado martes, la defensa de la diputada Catalina Pérez presentó una apelación ante la Corte Suprema por el desafuero dictado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ante esto, la Corte Suprema deberá analizar la apelación para aprobar o rechazar lo impuesto por la defensa de Pérez y determinar si será formalizada por el delito en el Caso Democracia Viva. Para contextualizar, el fallo de la Corte de Antofagasta, leído el pasado jueves 20 de febrero, detalló las pruebas que llevaron a los magistrados a aceptar el desafuero. Según el tribunal, existían indicios suficientes para acreditar que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios fraudulentos firmados con la fundación, y que incluso habría participado activamente en la recopilación de información para su ejecución, sabiendo que la fundación no cumplía con los requisitos básicos para acceder a los fondos públicos. Finalmente, luego de la decisión de la Corte Suprema, la defensa de la diputada no podría seguir apelando en caso de rechazo y deberá ser formalizada.
La diputada Catalina Pérez enfrenta una carrera contra el tiempo. Este martes 25 de febrero es el último día para que su defensa ingrese un recurso de apelación ante la Corte Suprema, buscando revocar el desafuero dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La decisión, que fue unánime entre los cinco ministros del Tribunal Pleno, permitió al Ministerio Público avanzar con la solicitud para que la parlamentaria sea formalizada por fraude al fisco, un delito presuntamente cometido en el marco del caso Democracia Viva. Ante esto, el fallo de la Corte de Antofagasta, leído el pasado jueves, detalló las pruebas que llevaron a los magistrados a aceptar el desafuero. Según el tribunal, existían indicios suficientes para acreditar que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios fraudulentos firmados con la fundación, y que incluso habría participado activamente en la recopilación de información para su ejecución, sabiendo que la fundación no cumplía con los requisitos básicos para acceder a los fondos públicos. Asimismo, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Beckios, defendió la seriedad de la investigación, subrayando que las acusaciones no son arbitrarias ni motivadas políticamente. La Corte basó su decisión en varios elementos, incluyendo los vínculos de Pérez con los imputados Daniel Andrade, su expareja y director de la fundación Democracia Viva, y Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada y exseremi de Vivienda en la región. Por su parte, la defensa de la diputada sostiene que, aunque existen pruebas de irregularidades, no son suficientes para implicar a Pérez en el fraude. El abogado defensor, Gonzalo Medina, argumenta que la diputada no tuvo una participación activa en los delitos cometidos. En este contexto, el exabogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, analizó el fallo de la Corte de Antofagasta, destacando que la decisión de desaforar a Pérez está respaldada por pruebas que podrían complicar aún más su situación. Finalmente, este martes será decisivo, ya que si la Corte Suprema revoca el desafuero, Pérez podría evitar su formalización. En caso contrario, los fiscales solicitarán fecha para la formalización y podrían pedir medidas cautelares, como la prisión preventiva, lo que marcaría un nuevo capítulo en este complejo caso judicial.
La mañana de este jueves, el tribunal de alzada dio a conocer los detalles del veredicto que concedió por unanimidad el desafuero de la diputada Catalina Pérez, en medio de su formalización por presunto fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, una vez que la sentencia quede ejecutoriada. Fue así, que el fiscal regional, Juan Castro Bekios, afirmó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que concedió el desafuero de la parlamentaria deja conforme al Ministerio Público, puesto que reconoce que el ente persecutor ha presentado antecedentes serios, objetivos y suficientes para sustentar dicha solicitud. Existen antecedentes que justifican la existencia del delito y la participación en este caso de la persona desaforada. Esto es relevante porque descarta que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza, sostuvo el fiscal. Asimismo, agregó que la resolución de la Corte de Apelaciones es importante porque reconoce que los antecedentes que ha recabado el Ministerio Público y que presentó en detalle durante una extensa audiencia el pasado 10 de febrero, satisfacen plenamente el estándar de plausibilidad que se exige en esta etapa del procedimiento. El estándar para desaforar a un parlamentario se basa en la plausibilidad de la imputación penal, lo que implica que los antecedentes deben mostrar una probabilidad razonable de éxito en la persecución penal, sin requerir una prueba concluyente de la culpabilidad o no en esta etapa, y eso se ha cumplido con creces, precisó. Finalmente, Castro Bekios, tras conocer la sentencia, indicó que el Ministerio Público queda atento a una posible apelación por parte de la defensa de la parlamentaria, la cual debería concretarse en un plazo de cinco días.
Este jueves, a las 9:00 hrs. se presentó el fallo que acogió la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en contra de la diputada Catalina Pérez en el marco de la investigación del denominado Caso Convenios. Ante esto, el ministro de la Corte de Apelaciones Antofagasta, Hernán Cárdenas Sepúlveda junto con los ministros Dinko Franulic Cetinic, Juan Opazo Lagos, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca en forma unánime permiten aprobar la formación de acusa en contra de la diputada. Asimismo, en la resolución se explica lo siguiente: Junto a los vínculos de la diputada Pérez con los suscriptores de los convenios y su posición de poder político y laboral respecto de estos, existen elementos de investigación objetivos que hacen plausible la afirmación de que conoció su suscripción y que incluso participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada. Se suma a ello una serie de antecedentes que dan cuenta de su intervención directa para, primero, aparentar que la fundación cumplía los requisitos necesarios y para que los otros involucrados asumieran exclusivamente la responsabilidad por la suscripción de los convenios de transferencia de fondos, dejándola fuera de toda responsabilidad, incluso dando directrices de cuál deberían ser el discurso común para tales objetos. Finalmente se detalla que: SE ACOGE la solicitud impetrada por el fiscal adjunto jefe del Ministerio Público de Antofagasta y, en consecuencia, SE HACE LUGAR a la formación de causa en contra de la diputada Catalina Pérez Salinas, respecto de los hechos investigados en la causa RUC 2300673070-1, Rit O-5428-2023 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.
El abogado de la diputada Catalina Pérez, Gonzalo Medina presentó un reclamo formal ante el Fiscal Nacional contra fiscales de la Fiscalía Regional y Local de Antofagasta por la filtración de información reservada de una investigación por un presunto delito de aborto. Argumentó que, pese a la confidencialidad establecida por la Corte Suprema en el Acta N° 44-2022, datos del caso se filtraron a la prensa, vulnerando los principios del sistema judicial y afectando tanto a su representada como al debido proceso. El abogado también denunció que no ha tenido acceso al expediente debido a las restricciones impuestas, mientras que los medios de comunicación accedieron a información reservada antes que los defensores legales.
