Condenan a exmilitares por homicidio de conductor de Antofagasta durante el Golpe de Estado
El ministro Sergio Troncoso indicó que un chofer, tras un accidente con un vehículo militar, fue detenido y llevado a la Intendencia, donde fue asesinado por los dos exmilitares.
En una reciente resolución, el ministro en visita extraordinaria para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza, dictó sentencia contra dos exmilitares por el homicidio calificado de Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, ocurrido el 15 de septiembre de 1973, durante el tumultuoso periodo del Golpe de Estado.
El tribunal condenó al coronel en retiro Patricio Ferrer a 12 años de prisión efectiva, junto con inhabilitaciones legales para ejercer cargos públicos y profesionales. En paralelo, el suboficial en retiro Miguel Lorca fue sentenciado a 4 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada, pero también enfrentará las mismas inhabilitaciones y deberá asumir las costas judiciales.
La investigación reveló que Espinoza, un conductor de Antofagasta, fue detenido sin justificación legal tras un accidente vehicular que involucró a un vehículo militar. En las instalaciones de la Intendencia Regional de Antofagasta, Ferrer y Lorca custodiaban a Espinoza, quien fue sometido a un interrogatorio bajo la orden del coronel Adrián Ortiz Gutman. En un acto que ha sido calificado como "irregular", los exmilitares dispararon contra el detenido, causándole la muerte por traumatismo craneano y torácico.
El fallo del ministro Troncoso enfatiza que los crímenes cometidos durante este periodo son considerados crímenes de lesa humanidad, lo que implica la aplicación estricta de normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, excluyendo beneficios como la prescripción o la amnistía. La sentencia subraya que los actos de los condenados fueron perpetrados con alevosía, aprovechando la indefensión de Espinoza en un contexto donde el régimen militar tenía control absoluto.
El magistrado concluyó que no existieron pruebas que vincularan a la víctima con actividades delictivas o políticas relevantes, lo que resalta la gravedad de la detención y posterior ejecución del crimen.
7 de octubre de 2026
Según reportan desde Argentina, el músico se encontraba internado en hospital en estado grave.
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El único imputado por el femicidio de la joven fue sentenciado a presidio perpetuo calificado, lo que deberá cumplir una vez terminada la condena que cumple actualmente por dos robos.
1.411 mujeres se han realizado el examen de tamizaje de cáncer de cuello uterino en la región, a través de PAP y VPH, alcanzando una cobertura regional del 51,12%.
El operativo contempla 126 viviendas que presentan graves fallas estructurales y que fueron ocupadas ilegalmente, por lo que deberán ser demolidas.
El accidente se registró cerca de la laguna Inka Koya y además, también dejó a otras cuatro personas lesionadas.
Entre las medidas de seguridad, se establecerá la prohibición de ventas de alcohol en los sectores aledaños al Estadio Regional Calvo y Bascuñán.
En el caso de obras públicas, la iniciativa incluye proyectos en Quebrada Bonilla, y la Conservación del borde costero desde el Balneario Municipal hasta Playa El Cable.
Durante los últimos años, el sector del juego digital en España ha vivido una transformación notable. Cada apuesta y operador en España sigue normas estrictas que protegen al usuario. Las normas actuales fijan requisitos claros para operar legalmente y establecen controles que dan confianza al público en las plataformas autorizadas. Entender este marco normativo es clave para quien desee jugar con seguridad y conocer sus derechos en este ámbito regulado.
Pronostican el desarrollo de vientos que oscilarían desde los 60 a los 100 km/h en distintas zonas de la región, incluyendo el sector de la Puna de Atacama.
El operativo antidrogas también permitió la incautación de 124 gramos de pasta base de cocaína, seis gramos de marihuana, más de $120.000 de dinero en efectivo.
El recinto fue denunciado por exceso de público y no contaban con el informe sanitario que permite la prestación de servicios para más de 100 personas.











































































