Fiscalía desenmascara megafraude de empresarios por $240 mil millones
Conforme al fiscal principal de Pudahuel, Eduardo Baeza, los acusados integraban una organización delictiva conformada por seis bandas o clanes con funciones específicas, actuando desde el año 2014 hasta el 2018.
El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos.
Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una "asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas". Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018.
Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales.
Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticias, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile.
Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso.
Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar.
El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.
11 de agosto de 2026
La víctima, una joven de 21 años, se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Antofagasta tras ser atropellada en la vía pública.
La Seremi de Salud detectó que en 9 de 11 fiscalizaciones a locales de venta de juguetes se incumplía la normativa vigente en materia de seguridad y etiquetado.
La justicia rechazó fijar la audiencia solicitada por la defensa de la exalcaldesa, al no existir aún un informe favorable de Gendarmería, requisito clave para evaluar la libertad vigilada intensiva.
Los casos corresponden a la ballena jorobada que fue encontrada con una red de pesca en Hornitos, mientras que la otra corresponde a un lobo marino que apareció con heridas atribuibles a la acción humana.
Se dispondrán de horarios de dos funcionamiento; hasta las 4:00 de la madrugada para locales de sectores ubicados fuera de la ciudad y hasta la 01:00 horas en zonas residenciales.
Se constataron una serie de deficiencias como falta de operadores con certificación; fugas y corrosión en tuberías; y filtraciones activas en líneas de agua.
La imputada ofrecía obtener departamentos mediante gestiones especiales a cambio de dinero. Utilizaba documentos falsos y aseguraba tener apoyo de una supuesta funcionaria de Serviu.
Dirigente del TransAntofagasta acusa fallas en la validación de tarjetas, perjuicios a usuarios y conductores, y pide restablecer temporalmente el pago en efectivo.
El servicio ofició a la empresa tras recibir casi 40 reclamos por parte de los usuarios, quienes acusan cobros irregulares, descuentos duplicados y transacciones que no reconocen.
Los establecimientos quedaron entre los resultados más bajos en el ranking de gestión elaborado por el Ministerio de Salud, donde fueron evaluados 62 hospitales a nivel nacional.
La nueva infraestructura, diseñada bajo los estándares de la Ley de Accesibilidad Universal, incorpora una rampa de 160 metros, espacios de descanso y mobiliario urbano, promoviendo un acceso más inclusivo, seguro y equitativo para toda la comunidad universitaria.
