Presidente Boric anuncia licitación de planta desaladora en Coquimbo
El compromiso adquirido el año pasado busca abordar la escasez hídrica con un enfoque multipropósito, tanto para el consumo humano como las necesidades de riego.
El Presidente Gabriel Boric confirmó el inicio de la licitación para la construcción de una planta desaladora multipropósito en la Región de Coquimbo, respondiendo así a la crítica situación de escasez hídrica que afecta a la zona. Este anuncio es parte de los compromisos adquiridos durante la visita presidencial en octubre de 2023.
La planta desaladora forma parte de una iniciativa pública de concesión que se ubicará en el sector Panul de la comuna de Coquimbo y se espera que entre en operación en 2029. Con una capacidad de 1.200 litros por segundo y una inversión estimada de $302 millones de dólares, la planta tendrá un enfoque multipropósito, abasteciendo tanto el consumo humano como las necesidades de riego.
Además, se prevé la generación de 280 empleos y beneficiará a aproximadamente 540.000 personas en la conurbación Coquimbo-La Serena, y también proporcionará agua desalinizada a Ovalle.
Este proyecto contempla la construcción de cuatro desaladoras, siendo la de Coquimbo la primera en ser licitada por concesión. Las otras tres destinadas a Servicios Sanitarios Rurales (APR), serán construidas por el Ministerio de Obras Públicas con operaciones previstas para el año 2029 en las provincias del Limarí y Choapa, mientras que la desaladora El Esfuerzo en la Provincia de Quilimarí iniciará operaciones en 2025.
La Región de Coquimbo enfrenta una prolongada sequía, con todas sus comunas declaradas en estado de catástrofe y emergencia agrícola debido al déficit hídrico. Este anuncio busca mitigar los impactos de la escasez y garantizar el suministro de agua potable a la población, así como apoyar a los sectores productivos afectados en la región.
1 de junio de 2026
El Presidente anunció medidas entre las que incluyó proyectos de ley para bajar el número de ministerios, Plan Retorno para migrantes irregulares, ayudas económicas, entre otras.



Los funcionarios involucrados corresponden a Natalia Cáceres, directora de Aseo; Francisco González, director de Medio Ambiente; y Rodrigo Silva, director de Cultura.
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